El (des)orden del cambio

Hugo A. Garciamarín Hernández [1]

Introducción

Las formas de dominación y su cambio a lo largo del tiempo son uno de los intereses principales de la ciencia política, y tema recurrente en nuestra conversación pública. Prácticamente en todas las mesas de discusión de la televisión y en las opiniones escritas en diarios y revistas se habla del poder. ¿Quién lo ejerce? ¿Cómo lo ejerce? ¿Cuáles podrían ser las verdaderas razones por las que se toman ciertas decisiones políticas? Éstas son las preguntas ahí debatidas.

En nuestro presente, el de las y los mexicanos, es todavía más evidente el interés por la dominación y el cambio. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado muchísimos debates: sobre su estilo de gobernar y su relación con el empresariado, las instituciones, los partidos políticos. Sin embargo, la mayoría de los análisis se quedan en el ruido de las redes sociales y de cierto círculo de comentaristas, y no logran desarrollar un diagnóstico más profundo sobre las variaciones en el ejercicio del poder.

Recientemente, en la revista Nexos, Mariano Sánchez Talanquer presentó un análisis titulado “Orden y desorden político en México”,[2] en el que intenta salir de la inmediatez de la conversación pública y trazar algunas líneas de análisis sobre el proceso de cambio político que vive nuestro país. En este ensayo retomamos la buena fe del autor por pensar el presente fuera del ruido del debate diario y elaboramos una crítica a su trabajo para exponer de un modo distinto cuáles son los patrones de dominación que caracterizan el desorden del cambio de época.

 

La ficción sobre el ejercicio de la dominación

Sánchez Talanquer comienza con el acierto de salir de la “polvareda” que levanta el seguimiento diario al presidente, para tratar de pensar seriamente el proceso de transformación en el que nos encontramos, centrándose, sobre todo, en las modificaciones del ejercicio del poder. En su opinión, nuestro presente se caracteriza por el desmantelamiento de “la competencia equilibrada con tres partidos políticos y el esquema constitucional de separación de poderes y controles legales del ejercicio del poder” a partir de dos corrientes de cambio: el fortalecimiento de la figura presidencial y la erosión del sistema de partidos.

En síntesis, el autor plantea que el desorden actual se basa en que el presidente se ha encargado de destruir, poco a poco, controles constitucionales e institucionales para fortalecer al Ejecutivo. Esto a partir de la retórica demagógica de que el Poder Ejecutivo representa con fidelidad la voluntad del pueblo, y a fin de disminuir política y discursivamente el papel de la oposición, los organismos autónomos y el viejo sistema de partidos. El orden que seguirá a este proceso —aunque más lento de lo que suele augurarse— se caracterizará por el autoritarismo. No obstante, su análisis parte de una premisa ficticia y esto provoca que su trabajo pierda potencia explicativa. Para él, la manera en que se distribuía formalmente el poder y el entramado institucional —que exaltan las y los ideólogos de la transición a la democracia— era la base de los arreglos políticos y económicos en los que se sostenía el viejo régimen, pero no menciona los mecanismos informales que daban forma a la política de verdad existente. Su comparación se da entre una realidad política que no existió (con contrapesos institucionales y un Estado de derecho) y un proceso de cambio ciertamente desconcertante.

En sus palabras, “el Legislativo deja de ser el poder en el que se diluyen las decisiones colectivas vinculantes (las leyes) a través del diálogo”. Porque antes, desde luego, no existían ni los moches, ni los acuerdos cupulares y externos a la representación ­—como el Pacto por México— ni se legislaba a puerta cerrada o cambiando de sede ante el descontento popular. De igual forma, dice que el Poder Judicial es “poco a poco arrinconado, intimidado, presionado” por el Ejecutivo. Cuestión que antes supuestamente no existía y en donde nombres como Eduardo Medina Mora son anécdotas menores.

Por otra parte, está convencido de que el gobierno actual amenaza la posibilidad de ejercer “la libertad personal sin intimidación, sin miedo”, pero no menciona que en México, desde hace varios años, no se puede ejercer el periodismo libremente, por poner un ejemplo. Además, plantea que la transformación del Ejecutivo en un poder supremo, “implica también una neutralización de los centros de poder autónomo a nivel local”, insinuando que antes el federalismo era fuerte y no cedía ante el poder central ni vivía fuertemente subsidiado.

Sorprende que un trabajo que quiere salir de la inmediatez y clarificar el ejercicio del poder ignore elementos fundamentales de la dominación del viejo régimen. Como ya mencionamos, esto le resta potencia explicativa a su análisis. El autor termina cegado por su propia ficción y su trabajo queda disminuido a una defensa de una interpretación histórica: la democracia acechada por el impulso autoritario de López Obrador. Como se verá más adelante, esto provoca que se pasen a segundo término aspectos interesantes.

Tres elementos de desorden

La ficción de la que parte Sánchez Talanquer le impide observar con detenimiento la crisis de las viejas formas de ejercicio del poder y la manera con la que el régimen naciente intenta sustituirlas. Por esta misma razón, no vislumbra que la sensación de desorden político se basa en la distinta intensidad en el cambio de los mecanismos de dominación de nuestro presente.

En un estudio de años atrás,[3] Octavio Rodríguez Araujo explica que durante los momentos de crisis los mecanismos de dominación política, ideológica y económica se tambalean y son susceptibles a modificaciones. La intensidad de éstas depende de la capacidad de actores del viejo régimen para contener el ímpetu de cambio y de los actores opositores de impulsarlo radicalmente. El resultado de este proceso es un empate de fuerzas que puede derivar en un viraje de ciento ochenta grados en el orden existente o una modificación parcial en las estructuras de dominación. En nuestra opinión, actualmente vivimos tres procesos de desorden producto de la crisis del viejo régimen.

  1. a) Primer desorden: democracia y entramado institucional

Sánchez Talanquer plantea que parte del desorden actual se basa en el desprecio a la cara institucional de la democracia y en apelar al pueblo para quitar capacidad de influencia a los adversarios y acumular poder.  Sin embargo, omite dos elementos importantes: el primero es que el viejo régimen se erigió sobre una idea de democracia más preocupada por los contrapesos institucionales al Poder Ejecutivo que por la soberanía del pueblo. Es decir, más por su forma que por su contenido.  El segundo es que, detrás del entramado institucional que derivó de esa idea de democracia, se erigieron prácticas informales de distribución del poder que le restaron importancia a la representación política.

Esto produjo una forma de gobernar en el vacío:[4] élites que se perpetuaban a sí mismas por medio de mecanismos formales —exaltados como lo esencial de la democracia— e informales, mientras se mantenían ajenas a las mayorías y a la representación popular, bajo el discurso de la ciudadanización de la política. Durante la transición a la democracia se privilegió la construcción de un andamiaje institucional “ciudadano” junto a mecanismos de vigilancia del Poder Ejecutivo, y con cargos directivos que eran elegidos por políticos y funcionarios con criterios real o supuestamente técnicos.  Además, se logró un acuerdo entre burocracias de partido de una normalidad política basada en cierto reparto equitativo de cuotas dentro de tal entramado institucional.

En 2018, esta idea de democracia fue vencida por otra que pone en el centro a la representación política y al papel de las mayorías. Como resultado, ha iniciado un proceso de transformación de la vieja forma de dominación política: la crítica a los organismos autónomos y a las élites que se conformaron en su interior y en la periferia; la construcción de una nueva idea de servicio público basada más en la honestidad, la vocación de servicio y la austeridad que en la técnica; la erosión del viejo sistema de partidos y sus acuerdos cupulares de repartición medianamente equitativa de cuotas y su sustitución por una nueva identidad política, el lopezobradorsimo, que trasciende a los mecanismos tradicionales de representación, incluyendo a Morena.

Si Sánchez Talanquer no estuviera tan atrapado en su ficción, no sólo podría ver que el desprecio al contenido de la democracia fue el origen de la crisis política, sino que el desorden actual no tiene resultados tan evidentes como los que imagina. Por el contrario, no hay claridad. Ni Morena tiene tintes de ser un partido del régimen como el viejo PRI, ni es evidente cuáles son las características de las nuevas élites; tampoco hay propuestas definidas de qué hacer con las funciones que actualmente desempeñan los organismos autónomos, ni cómo fortalecer elementos importantes de las instituciones como el servicio profesional de carrera.

  1. b) Segundo desorden: ideología y élites neoliberales

El segundo desorden se caracteriza por la noción de que la transformación de la ideología neoliberal y la sustitución de las élites neoliberales no es tan evidente. En realidad, pareciera que hay una continuidad pese a la retórica gubernamental, cuestión que pasa completamente desapercibida por Sánchez Talanquer.

Si bien es cierto que hay cambios evidentes en la relación con el poder económico (programas sociales para apoyar a las poblaciones más vulnerables, proyectos con ideas de desarrollo acompañadas de una noción de bienestar como el Tren Maya, derechos sociales elevados a rango constitucional y una reforma fiscal en los hechos gracias al cobro de impuestos a los grandes empresarios —la cual cambia radicalmente las relaciones informales del viejo régimen—), hay también políticas que preservan la esencia neoliberal y actores neoliberales con gran poder de decisión en el gobierno.

Un ejemplo de lo anterior son los fideicomisos y las estancias infantiles. Es verdad que ambos casos partían del supuesto, muy neoliberal, de que la sociedad civil y las organizaciones privadas administran de mejor manera los recursos públicos y son el vehículo más eficiente para enfrentar, paradójicamente, los problemas colectivos. El desmantelamiento de estos intermediarios, criticado por el autor, puede entenderse como una reivindicación del papel del Estado en la construcción de bienestar. Sin embargo, la propuesta para sustituirlos se basa únicamente en transferencias directas. El Estado no está construyendo servicios. Espera que, entregando el dinero directamente a los afectados, éstos puedan encontrar una solución en el mercado. Dichas transferencias pueden ser una buena forma de solucionar las necesidades inmediatas de la población, pero también deberían ser acompañadas de servicios estatales. En este sentido, se mantiene una lógica neoliberal en la política gubernamental.

Otro ejemplo es la negativa a reformar profundamente el sistema de pensiones. A pesar de tener la mayoría en las Cámaras y de contar con la evidencia de que en todo el mundo se está revirtiendo su privatización, el gobierno decidió mantener el modelo privado y de contribución definida e ignorar las puertas giratorias que hay entre las Afores y la Secretaría de Hacienda.

Además, hay que sumar la importante capacidad de incidencia de empresarios neoliberales como Alfonso Romo y Ricardo Salinas Pliego en la política de la Cuarta Transformación. En resumen, la crisis de la ideología y la estructura económica ha derivado en una convivencia de ciertos mecanismos de transformación con el mantenimiento de actores e ideas neoliberales.

  1. c) Tercer desorden: debilidad estatal

El último desorden es la transparente debilidad del Estado. Esto es bien identificado por Sánchez Talanquer. En su opinión, el Estado es “completamente incapaz de mantener la paz, resolver conflictos entre particulares, dar servicios de salud y educación”. Esto se debe, siempre según el autor, a que durante los últimos años México avanzó en la construcción de una democracia, pero no de un Estado. Sin embargo, su interesante reflexión sobre la necesidad de transitar a un Estado fuerte que incluso toma como base las ideas del desarrollo político de Francis Fukuyama, se pierde nuevamente en la ficción y se difumina en una reflexión sobre cómo los líderes populistas aprovechan esta debilidad para hacerse del poder.

La debilidad estatal no sólo se origina por la debilidad institucional, sino también por la supremacía que adquirieron actores privados sobre los públicos en espacios de alta relevancia política. Durante años se vivió una privatización de la política que dejó al Estado sin la capacidad de responder a diferentes problemas públicos. Cuando hablamos de privatización de la política, no nos referimos únicamente a la transferencia formal de empresas públicas a empresarios. También se trata de la presencia de actores privados en instancias públicas, de mecanismos informales en los que el beneficio personal está sobre el colectivo, de la poca o nula presencia del Estado en el territorio y de su incapacidad para regular actores económicos, nacionales e internacionales.

Como bien menciona Béatrice Hibou,[5] la privatización de la política o, si se prefiere, del Estado, modifica profundamente la capacidad de este último para ejercer su dominio frente a otros actores. Algunos ejemplos de esto es que agentes privados, empresariales o criminales controlen los puertos y las aduanas, que personajes vinculados con el crimen organizado ocupen instituciones públicas o tengan cooptada la procuración de justicia, o que ante la poca presencia estatal en el territorio haya grupos privados de diferente tipo que asumen la resolución de problemas públicos.

En efecto, como dice Sánchez Talanquer, este proceso lleva mucho tiempo alimentándose en nuestro país. Pero su origen no está en que se fortaleciera la democracia sin fortalecer también al Estado, sino que la lógica de gobernar en el vacío dejó cada vez más espacios sin presencia estatal y que las élites del viejo régimen establecieron una dinámica en la que las instituciones funcionaban para satisfacer intereses privados a partir de la corrupción.

Este tercer desorden de nuestro tiempo proviene de la convergencia entre la debilidad estatal y el intento de este gobierno por recuperar ciertas facultades institucionales. Dicho de otra forma, la imagen del Estado todo poderoso es desmentida en los hechos concretos, en la práctica diaria. Como bien apunta Gauri Marín en un ensayo que forma parte de este número, hay un esfuerzo gubernamental por la reorganización territorial, aunque no siempre con los resultados esperados.  No obstante, lo que sí queda claro es la pretensión del gobierno federal de reforzar la presencia estatal en el territorio a partir de las políticas de bienestar y proyectos como el Transístmico y el Tren Maya. También puede decirse que la presencia de la Marina en los puertos va en la misma dirección, conseguir que el Estado ocupe espacios de relevancia pública todavía dominados por agentes privados.

Sin embargo, no terminan por verse los resultados de estos esfuerzos en buena parte por la persistente debilidad estatal. En materia de seguridad, aún no hay cambios significativos. En gran parte del país sigue mandando el crimen organizado, tanto en el territorio como en diferentes niveles de gobierno. De igual forma, hay agentes privados que siguen en instituciones públicas, como el citado caso de las puertas giratorias en Hacienda.

Asimismo, la pandemia ha hecho todavía más evidente esta debilidad. De entrada, fue clara la falta de infraestructura hospitalaria y la carencia de personal de salud para enfrentar las repercusiones del Covid-19. Por otra parte, se encuentra la falta de capacidad para responder a la crisis económica con más transferencias o por la decisión de no endeudarse, esto último como resultado no sólo de la convicción gubernamental de no adquirir más deuda, sino por la genuina incapacidad estatal para garantizar que los recursos efectivamente lleguen a los pequeños empresarios y que no sean absorbidos por las grandes empresas.

Es claro que la debilidad estatal también se vive en todo el mundo, al menos en occidente. Países como Alemania, que cualquier estudioso de la ciencia política categorizaría como Estado fuerte (de hecho, es uno de los principales ejemplos del buen desarrollo político de Fukuyama que sigue Sánchez Talanquer), se ha visto en serios problemas de gestión de la pandemia, incluso, para adquirir vacunas e iniciar la aplicación en su país. En México, como en el mundo, se ha evidenciado que hasta los Estados más fuertes tienen espacios de debilidad tanto para cumplir con sus obligaciones como para regular agentes privados que afectan la operación estatal.

El horizonte

Para recapitular, en nuestra opinión hay tres tipos de desorden: 1) el desmantelamiento de los postulados políticos de la transición a la democracia sin un horizonte claro del entramado institucional que lo sustituirá; 2) la permanencia de ciertos elementos ideológicos y actores del neoliberalismo en la Cuarta Transformación, y 3) la transparente debilidad del Estado.

De acuerdo con nuestras consideraciones, y en clara discrepancia con Sánchez Talanquer, no es claro qué tipo de orden surgirá. El futuro depende de la contingencia, la libertad de los actores y la capacidad que tengamos para pensar el presente y proponer alternativas. Por esta razón, preferimos pensar cómo debería ser. En primer lugar, debería caracterizarse por conciliar las dos caras de la democracia. Se debe construir un nuevo entramado institucional en el que se respeten los principios de mayoría y se reconozca el impulso popular del mandato en las urnas de 2018, al tiempo que se mantengan algunos controles institucionales del sentido procedimental. La discusión sobre los organismos autónomos debería enfocarse en discutir seriamente qué debe ser autónomo y que no, y en dotar de manera eficiente facultades a las instituciones que los sustituyan, como las secretarías de Estado, a la par de generar mecanismos de vigilancia institucional y mejorar el sistema profesional de carrera.

En segundo lugar, el contexto global y nacional debe llevarnos hacia una política económica posneoliberal. Reflexionar sobre cómo debería ser esa política excede las posibilidades de este ensayo, pero sin duda debería basarse en la idea de que, para concretar la felicidad del pueblo —como apunta el presidente—, es necesario trabajar en los riesgos sociales, vivir en un orden justo con igualdad de oportunidades y asegurar el reconocimiento por igual de la dignidad para todas las personas. Para emprender este camino es necesaria la construcción de servicios y transferencias, pero, aún más importante, es indispensable que haya la pericia política para que los actores neoliberales dentro de la coalición del gobierno no sean los grandes ganadores del empate político del nuevo régimen.

Por último, aunque sea una obviedad, debe declararse que el orden naciente tendría que fortalecer al Estado. Para ello no bastan el esfuerzo institucional ni la buena voluntad. Hace falta política. Es necesario lograr un acuerdo nacional entre el gobierno, actores privados, trabajadores y trabajadoras. Dicho acuerdo debería ser en torno al reforzamiento de servicios estatales, límites morales de participación política y económica, sin dejar de ponderar la construcción paulatina de mayor presencia territorial. Hacemos énfasis en que debe ser un acuerdo, porque es insuficiente la sola voluntad política de una de las partes. La mayoría de los órdenes políticos que surgieron producto de un cambio de época se basaron en líneas comunes de acción.

Por esta razón no sólo debemos salir de la polvareda de la discusión diaria, sino también evitar la ficción intelectual. Como mencionamos en la introducción, tomamos la buena fe de Sánchez Talanquer para iniciar un diálogo en el que se puedan trazar ideas para construir un horizonte en beneficio de todas y todos. El orden que viene debería surgir por empate de fuerzas, en el que la decencia, la democracia y el bienestar forjen los acuerdos comunes.

 

 

[1] El presente ensayo es producto de las reflexiones del Seminario Permanente de Política Mexicana. Agradezco especialmente las revisiones y  comentarios de Gauri Marín, Itzcóatl Jacinto y Antonio Álvarez.

[2] 1 de febrero de 2021. Disponible en https://www.nexos.com.mx/?p=52900

[3] Octavio Rodríguez Araujo, “Crisis políticas en México”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. 32, N°124, 1986, pp. 9-21.

[4] Peter Mair, “Gobernar el vacío”, New Left Review, núm. 1, vol.142, p. 22-46.

[5] Béatrice Hibou, De la privatización de las economías a la privatización de los Estados: análisis de la forma continua del Estado, México: FCE, 2013.

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