A menudo, cuando pensamos en la maternidad, vienen a la mente imágenes de madres felices cargando a sus bebés con gran alegría y plenitud. En esas representaciones casi parece no haber lugar para la ambivalencia o las experiencias negativas. Se nos presenta como una etapa de máximo disfrute y hasta de una supuesta realización de la mujer. Sin embargo, esta narrativa de maternidad romantizada, glorificada y casi perfecta no sólo esconde la realidad de buena parte de las madres, sino que también oculta una dimensión olvidada y ausente en el debate público: los numerosos riesgos, costos y agravios a los que las mujeres se pueden enfrentar con la llegada de la maternidad. En este breve ensayo, quisiera ahondar en esta dimensión con el objeto de visibilizar esos costos, ponerlos en el debate político y plantear la necesidad de resignificar a la maternidad.
La primera condición para ejercer una maternidad con dignidad es que sea elegida. Sin embargo, aún en ese caso las mujeres se enfrentan a una serie de riesgos y costos, e incluso —en el peor de los escenarios— pueden ser víctimas de agravios por su condición de madres. Esta dimensión implica que las madres están en posición de desventaja respecto de los padres, pero también en relación con otras mujeres que no tienen hijos. Y es que debido a la vigencia de la división sexual del trabajo —por la construcción social de roles de género, que responsabiliza a las mujeres del trabajo reproductivo y las relega al espacio doméstico— la maternidad supone asumir costos diferenciales.[2] Además, a pesar de ser una tarea fundamental y vital de la reproducción social, no tiene el suficiente reconocimiento ni valoración política, social o económica. Esto tiene consecuencias directas en el bienestar de las mujeres que ejercen la maternidad ya que lo hacen en condiciones de inferioridad y desventajas casi en forma permanente.
Por estos motivos, la maternidad puede entenderse como un riesgo social. Ruezga Barba define los riesgos sociales como contingencias que afectan la salud, la vida, la capacidad laboral y los ingresos económicos necesarios para llevar una existencia digna.[3] Si entendemos que el advenimiento de la maternidad afecta directamente todas estas áreas, entonces es razonable demandar que sus costos diferenciados y riesgos especiales sean cubiertos por esquemas de seguridad social.[4] Conceptualizar a la maternidad bajo estas condiciones, implica reconocer que la misma tiene efectos diferenciados sobre las mujeres y en aras de alcanzar igualdad es necesario compensar estos costos, aliviando la carga desproporcionada que actualmente asumen. Para coadyuvar a que las mujeres ejerzan la maternidad con dignidad, libertad y en igualdad de condiciones que los hombres, se requiere que dichos esquemas de seguridad social promuevan una deconstrucción de los roles de género en el cuidado y la crianza de la niñez.[5]
Unos cuantos ejemplos pueden ilustrar cómo la maternidad supone costos diferenciados para las mujeres. El embarazo y el parto, si bien no son considerados una enfermedad, a menudo conllevan la probabilidad de complicaciones de salud —incluida la muerte materna—sobre todo si la embarazada no recibe la atención médica adecuada. Las embarazadas también se exponen al riesgo de sufrir violencia obstétrica, depresión posparto, entre otros padecimientos relacionados con el puerperio. La presencia de bebés y/o niños y niñas menores de cinco años en un hogar suponen un aumento exponencial de horas dedicadas a las tareas de cuidado, lo que a su vez implica que quienes se dedican a dichas tareas —mayoritariamente las mujeres—no puedan utilizar ese tiempo en otras actividades productivas y por lo tanto remuneradas.
No se puede dejar de mencionar que estos costos se han visto agravados a causa la pandemia derivada del Covid-19. Ésta ha visibilizado y agudizado las brechas de género existentes, al situar a las mujeres en general, pero a las madres en particular, en una clara posición de desventaja. El cierre de las escuelas y guarderías, así como la necesidad de proteger a los adultos mayores, ha puesto en crisis los esquemas tradicionales de cuidados y la gestión de las tareas domésticas, afectando el normal funcionamiento de los hogares. En este contexto, las mujeres se han visto desproporcionadamente más afectadas que los hombres, aumentando en forma dramática la carga de tareas reproductivas —no remuneradas— y predisponiéndolas a mayores riesgos sociales. Esto supone un costo de oportunidad muy grande para ellas y una disminución del tiempo que podrían dedicar a actividades productivas remuneradas. Justamente uno de los desafíos más críticos para las madres durante esta pandemia ha sido permanecer en el mercado laboral.
Los costos más agudos son económicos y laborales, no sólo debido al género, sino también a la parentalidad. La presencia de niños y sus edades son condiciones relevantes en las decisiones del mercado laboral femenino. Al ser las madres las principales cuidadoras de la primera infancia, esto compromete su capacidad de participar activamente en el mercado laboral. Además, los ingresos de las mujeres reciben un golpe sustancial y duradero cuando se convierten en madres, y sufren costos adicionales por cada nuevo hijo, debido a la menor probabilidad de estudiar, el mayor tiempo fuera de la fuerza laboral y el mayor costo de búsqueda de empleo.[6] En México, por ejemplo, la llegada de los hijos e hijas tiene un impacto diferenciado en las trayectorias laborales de las madres y los padres. Sandra Aguilar Gómez et.al encuentran que, al momento del nacimiento del bebé, la participación laboral de la madre cae hasta en 28 puntos porcentuales, mientras que la del padre no sufre ningún cambio. Adicionalmente, a un año del nacimiento del bebé, las mujeres pierden en promedio 33% de su ingreso, mientras que el ingreso de los hombres se incrementa 11%.[7]
Para finalizar quisiera manifestar que el primer paso para acabar con esta injusta situación es visibilizarla, denunciarla y promover un nuevo pacto social que suponga mejores condiciones para ejercer la maternidad. Ya es hora de que al pensar en las maternidades también venga a nuestra mente —y al debate público— esta dimensión de costos, riesgos y agravios a los que las mujeres, a menudo, se enfrentan con la llegada de los hijos e hijas. La maternidad, además de una elección, es también un derecho; es decir, el derecho de toda mujer a ser madre sin renunciar a ningún ámbito de su realización personal; sin verse discriminada por ese motivo y en igualdad de condiciones con los hombres.[8] Contribuyamos a resignificarla, valorarla y politizarla hasta lograr el reconocimiento de su rol vital en la reproducción social.
[1] Especialista de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Candidata a doctora en ciencia política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México.
[2] Pilar Carrasquer et al., “El trabajo reproductivo”, Papers. Revista de Sociología, núm. 55, 1998, p. 97.
[3] Antonio Ruezga Barba, Seguridad social: una visión latinoamericana, CIESS, Ciudad de México, 2009, p. 3.
[4] Lourdes Jimenez Brito, Maternidad y seguridad social, CISS, Ciudad de México, 2020.
[5] Ibid., capítulo III.
[6] Michelle J. Budig y Paula England, “The Wage Penalty for Motherhood”, American Sociological Review, núm. 66, vol. 2, 2001, pp. 204-225.
[7] Sandra Aguilar-Gomez, Eva Arceo-Gomez y Elia de la Cruz Toledo, Inside the Black Box of Child Penalties (December 2, 2019). Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3497089
[8] Ana Marrades Puig, Luces y sombras del derecho a la maternidad: análisis jurídico de su reconocimiento, Universitat de València, Valencia, 2002.
