Esta entrevista forma parte de Presente y Futuro, no. 7. Coria, Cáceres (España): Revista Presente. ISSN 3020-4658, 2025. Disponible en este enlace.
La Reforma al Poder Judicial de la Federación, impulsada por Andrés Manuel López Obrador a pocos meses de concluir su mandato, y consolidada por la presidenta Claudia Sheinbaum junto a la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras, se ha planteado como una vía para democratizar a los tribunales y poner la justicia al servicio del pueblo. Mientras que los miembros de la coalición gobernante aseguran que la reforma solucionará los problemas de corrupción y tráfico de influencias en el Poder Judicial, sus opositores argumentan que la reforma mermará la división de poderes y pondrá a los tribunales al servicio del gobierno.
Para aclarar qué es la reforma judicial, para qué sirve y a quién beneficia, platicamos con Pablo Mijangos, profesor-investigador de la Universidad Metodista del Sur (ubicada en Dallas, Texas), miembro de la Academia Mexicana de la Historia y autor de Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México (El Colegio de México, 2019), entre otros libros sobre historia constitucional e historia del derecho.
Jacques Coste (JC) y Hugo Garciamarín (HG): Pablo, empecemos por lo básico: ¿Qué es la reforma judicial y cuál es su motivación?
Pablo Mijangos (PM): A grandes rasgos, la reforma judicial consiste en una purga y reemplazo masivo del Poder Judicial en México, acompañado de la imposición de controles más severos sobre la labor jurisdiccional, gestionados desde un nuevo “Tribunal de Disciplina”. Uno de los aspectos más distintivos de esta reforma es la eliminación de garantías tradicionales de independencia judicial, como el principio de inamovilidad, así como el mecanismo de carrera judicial diseñado en las últimas décadas para favorecer la profesionalización de la judicatura. A partir de ahora, los titulares del Poder Judicial serán electos periódicamente por la ciudadanía.
JC y HG: ¿Y eso servirá para democratizar al Poder Judicial y acercarlo a la gente?
PM: Lo democratiza en el sentido de que sus titulares serán electos por la población. Pero es necesario aclarar que esta democratización es muy relativa, pues las candidaturas judiciales serán decididas por comités de evaluación que podrán “filtrar” las opciones para garantizar que la mayoría de los candidatos sean afines al partido gobernante. Es decir, no debemos imaginar este proceso como una elección tradicional, en la que un grupo político se organiza y se postula libremente a partir de una cierta agenda. Los comités de evaluación son el instrumento clave para garantizar que el resultado final se ajuste a las expectativas de quienes controlan el proceso.
Por otro lado, es importante advertir que, por sus propias dimensiones, la elección judicial sólo podrá funcionar mediante una movilización controlada de la participación ciudadana. En la Ciudad de México, por ejemplo, habrá casi 200 cargos judiciales en juego y más de mil candidatos. La única manera de asegurar que llegue gente a las casillas, evitar la dispersión del voto y lograr resultados inteligibles consiste en movilizar estructuras clientelares encargadas de asegurar la victoria de una lista predeterminada de candidatos (y la única organización que tiene una estructura territorial capaz de realizar esta tarea es el partido hegemónico, Morena). También cabe añadir que la “democratización” de los tribunales no resuelve un solo problema de la administración de justicia, ni tampoco borra la corrupción en el Poder Judicial. Muy al contrario, la reforma promete introducir un alto grado de disfuncionalidad e inestabilidad en el sistema, al menos durante los años que dure la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios judiciales.
JC y HG: Hasta ahora, la discusión pública se ha centrado en la elección de los juzgadores por voto popular, pero ¿qué viene después de la elección? Mencionabas, hace un momento, que la reforma retira las garantías de independencia judicial. ¿Cómo afecta esto a la impartición de justicia en México? ¿Cómo impacta al ciudadano de a pie?
PM: De entrada, no debemos menospreciar el efecto de la sustitución masiva de jueces y magistrados a partir de 2025. Limitándome solamente a hablar de los tribunales federales, debemos tener en cuenta que resuelven decenas de miles de asuntos cada año. Muchos casos ya enfrentan un rezago significativo ahora mismo. Es previsible que esta situación se complique aún más durante los primeros años de la implementación de la reforma.
En teoría, el Tribunal de Disciplina tendrá la facultad de verificar que los casos sean resueltos en los tiempos marcados por la Constitución. En la práctica, el ejercicio de esta facultad se enfrentará a una infinidad de obstáculos de orden práctico. Es indispensable entender que el rezago judicial no obedece al supuesto elitismo, a la “falta de patriotismo” o a alguna otra tontería por el estilo. Los rezagos y problemas del sistema obedecen a la conjunción de muchos factores difíciles de resolver de un plumazo, como la insuficiencia presupuestal, los barroquismos de la legislación procesal, las estrategias de los litigantes y de sus representados, y las imponderables limitaciones de cualquier oficina pública. Pensar que el rezago se resolverá por decreto gracias a la reforma es wishful thinking.
Es evidente que esto afectará muchísimo al ciudadano de a pie, que muy probablemente tendrá que lidiar con jueces y funcionarios inexpertos, y con un sistema diseñado para ejercer control político pero no necesariamente para mejorar la eficiencia de la administración de justicia. Muy poca gente sabe lo difícil que es formar jueces profesionales, bien calificados, con la formación necesaria para entender y resolver un asunto. La reforma va a destruir la carrera judicial y el costo de esa decisión absurda será pagado por los usuarios del sistema de justicia.
JC y HG: Ahora bien, ya que nos explicaste el impacto a nivel micro, a nivel del ciudadano de a pie, ¿nos podrías platicar sobre las consecuencias a nivel macro, a nivel del Estado? En otras palabras: ¿Cuáles son las consecuencias de la reforma para la división de poderes y la relación entre los tres poderes?
PM: Si nos guiamos por las expresiones públicas y las columnas de opinión de algunos de los defensores más vocales de la reforma, como Eduardo Andrade y Lenia Batres, podemos asumir que el objetivo último de la reforma judicial consiste en construir una nueva judicatura que marche al compás del nuevo régimen político. Los líderes de Morena han criticado ferozmente a la Suprema Corte, porque ha anulado leyes aprobadas por la mayoría del Congreso o decisiones particularmente importantes para el expresidente López Obrador, a quien se representa como la única Voz autorizada de la Soberanía Popular. También han sido explícitos en su rechazo al activismo judicial, en el sentido de que quieren ver tribunales que básicamente confirmen cualquier decisión tomada por el presidente o el Congreso, como se hacía en el régimen priísta. Les molesta que los jueces les corrijan la plana a los representantes populares invocando doctrinas de juristas extranjeros, tratados de derechos humanos o la jurisprudencia de tribunales internacionales. Basta ver su rechazo a la sentencia de la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva oficiosa. Lo que podemos esperar en el futuro es un Poder Judicial a la usanza antigua, y una anulación casi total de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, al menos mientras la coalición política de Morena permanezca unificada bajo un solo mando.
JC y HG: Decías que nos espera una especie de regreso a los tiempos del priísmo clásico. Tú llevas años estudiando la historia del Poder Judicial con mucho detalle. Con este bagaje, ¿consideras que la reforma judicial es una regresión completa a los tiempos del PRI o que estamos frente a un fenómeno nuevo? ¿Cómo leer la reforma judicial desde una perspectiva histórica?
PM: La historia nunca se repite, pero rima. Sin duda hay muchas similitudes entre el momento actual y otros momentos históricos de anulación de la independencia judicial. Esta reforma, por ejemplo, se parece mucho a la reforma cardenista de 1934, que también eliminó el principio de inamovilidad y removió de golpe a todo el Poder Judicial Federal. ¿Qué diferencias hay? La más obvia es la elección popular de los jueces. Durante los años del PRI, se fue construyendo, con todas sus limitaciones, un Poder Judicial más o menos profesional y especializado, en el sentido de que muchos jueces empezaban su carrera en los escalones más bajos de la judicatura, aprendían el oficio durante varios años y después hacían carrera cobijados por redes clientelares dirigidas desde la Suprema Corte. No era un sistema perfecto, pero al menos favorecía que los juzgadores adquirieran la formación necesaria para hacer bien su trabajo.
El nuevo sistema está diseñado para impedir eso y para que los jueces sigan la línea que les llegue desde el Tribunal de Disciplina. En la práctica esto puede ser un desastre, primero, porque ese Tribunal no tendrá la capacidad de supervisar lo que se hace cada día en todos los juzgados y tribunales federales del país, y, segundo, porque este sistema obligará a los jueces a invertir una muy buena parte de su tiempo en la grilla y la campaña electoral permanente, en lugar de leer expedientes, revisar sentencias y hacer una infinidad de tareas procedimentales que no dan lustre político alguno.
Hacer carrera judicial será una labor muy parecida a la de un político que vive saltando de un puesto público a otro, que se dedica profesionalmente a las componendas y negociaciones debajo de la mesa, y que requiere siempre del visto bueno del partido gobernante para preservar su modus vivendi. Sin duda veremos más jueces en Instagram, Twitter y Tiktok, y un esfuerzo más grande para publicitar decisiones que ganen likes en redes sociales, pero es una tontería pensar que eso traerá algún beneficio significativo a los usuarios del sistema de justicia.
JC y HG: Ante todos los riesgos, desafíos y problemas que describes, ¿hay marcha atrás? ¿Qué factores pueden amortiguar o empeorar la puesta en marcha de la reforma? ¿Hay espacio para corregir vicios y asegurar una implementación más suave o consideras que las consecuencias negativas para el ciudadano y para el Estado, que acabas de describir, son prácticamente inevitables?
PM: Honestamente, creo que en este momento no hay condiciones para amortiguar la puesta en marcha de la reforma. Algunas personas tienen la esperanza de que una futura sentencia de la Corte Interamericana obligará a la presidenta y al Congreso a rectificar, pero esa es una esperanza inútil, un callejón sin salida que además puede tardar muchos años en materializarse.
No creo que los efectos negativos de esta reforma puedan corregirse mediante mecanismos propiamente jurídicos. Estamos hablando de un nuevo régimen que desprecia el derecho, que opera en un contexto global favorable al nacionalismo autoritario y que trata a la Constitución como una libreta que se puede romper, rayar y desechar en cualquier momento. Hay quienes creen que la presión de inversionistas extranjeros o del gobierno de Estados Unidos podría moderar un poco a los líderes de Morena, pero basta ver el éxito de dichas estrategias de presión económica o diplomática en Venezuela, Cuba y Nicaragua para darse cuenta de que ese no puede ser el camino.
Paradójicamente, la única manera de revertir la hiperpolitización de la justicia es mediante la movilización política de la ciudadanía. Para reconstruir la democracia liberal y un sistema de justicia medianamente funcional y equilibrado, se requiere primero construir mayorías políticas capaces de corregir el rumbo actual del país. Sé que eso es un reto mayúsculo y que hoy día no existen liderazgos o partidos opositores dispuestos a hacer esta tarea, pero esa es la única solución de largo plazo dentro de un marco democrático.
Copyright de la imagen. Museo Nacional del Prado
Jacques Coste (@jacquescoste94) es historiador y autor de Derechos humanos y política en México (Tirant lo Blanch e Instituto Mora, 2022). Cursa un doctorado en historia en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, donde estudia la transición mexicana a la democracia.
Hugo Garciamarín (@Hgarciamarin) es politólogo y Director de la Revista Presente
