Durante el sexenio de López Obrador, el proceso histórico de militarización se aceleró y adquirió nuevas dimensiones. El presidente recargó su proyecto político en las Fuerzas Armadas, por lo que éstas se transformaron en el principal brazo operativo del Estado, incrementaron sustancialmente su peso político, aumentaron su capacidad de injerencia en las decisiones de gobierno y se consolidaron como un portentoso jugador económico.
Las consecuencias de este proceso son funestas. Ya empiezan a sentirse, pero serán más perceptibles durante el próximo sexenio, cuando la personalidad arrolladora del presidente no opaque el poder político que —tras bambalinas— ejercen las Fuerzas Armadas; cuando hayan salido de Palacio Nacional los notables reflejos de López Obrador para responder al escrutinio público desviando la atención hacia otros temas; en fin, cuando la próxima presidenta tenga que enfrentarse a una élite empresarial-militar deseosa de más negocios públicos y a un gobierno dependiente de la capacidad operativa de los cuerpos castrenses.
Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Basta un sexenio para transformar de fondo la relación cívico-militar? ¿Las cúpulas militares no se enriquecían antes de este sexenio? ¿Acaso la militarización no es culpa de la guerra de Calderón? ¿Qué tanto cambió realmente la función política de las Fuerzas Armadas con López Obrador?
La militarización es un proceso histórico transexenal; no inició en el gobierno de López Obrador, pero sí adquirió nuevos bríos y mayor profundidad. Para entender cómo llegamos hasta aquí, es importante distinguir entre las causas estructurales del proceso de militarización —aquéllas que permitieron a López Obrador usar al Ejército a su antojo— y las dinámicas que cambiaron durante este sexenio, es decir, aquellas decisiones y acciones del presidente que empoderaron a las Fuerzas Armadas y debilitaron al gobierno civil.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La función política del Ejército ha ido cambiando a lo largo de la historia de México. Las Fuerzas Armadas no se despolitizaron totalmente a partir de los años cuarenta (como dice el mito priista, que siguen replicando hasta hoy muchos políticos y analistas).1 Los cuerpos castrenses desempeñaban funciones cruciales para el régimen posrevolucionario, sobre todo a nivel territorial y regional: la conducción de gobiernos locales, la represión y vigilancia de movimientos sociales, así como la regulación informal de mercados ilegales por medio de la venta de protección a particulares a cambio de una tajada de sus negocios.
En otras palabras, las Fuerzas Armadas fueron una pieza clave de la estabilidad política y el alto nivel de gobernabilidad en el territorio que distinguieron al régimen posrevolucionario. Los cuerpos castrenses funcionaban como intermediarios entre el gobierno federal y los poderes regionales, así como entre los negocios lícitos y los mercados irregulares o ilegales. A cambio de esta impunidad y de esta lucrativa vía para hacer negocios, el gobierno se valía del Ejército para garantizar el orden y la gobernabilidad del país. Ése era el acuerdo político que regulaba la relación cívico-militar durante los tiempos del PRI.
En los años setenta, el gobierno empezó a utilizar más y más a las Fuerzas Armadas para mantener la estabilidad política e imponer la gobernabilidad territorial en las regiones. Esto se tradujo en la violenta represión de diversos movimientos considerados subversivos, casi todos ellos de izquierda radical y de carácter campesino. Ése es el proceso conocido como “Guerra Sucia”, en la cual cientos de personas, principal pero no únicamente pertenecientes a las guerrillas, fueron desaparecidas, torturadas o asesinadas.
Durante todo este tiempo, el Ejército contribuyó con el gobierno federal en la contención del narcotráfico, a veces mediante la violencia y otras tantas por medio de la negociación. Sin embargo, a partir de los años ochenta y noventa, incrementó gradualmente la participación de las Fuerzas Armadas ya no en la contención, sino en el combate contra el narcotráfico.
A partir de la alternancia del año 2000, los gobiernos democráticamente electos fueron delegando a las Fuerzas Armadas cada vez más facultades y recursos, sin a la par construir nuevos arreglos políticos, instrumentos jurídicos y mecanismos de rendición de cuentas para regular la relación cívico-militar y limitar la capacidad de incidencia política de los cuerpos castrenses.
Al llegar al poder en 2006, Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico: la palabra guerra no es una mera creación de sus detractores, sino que él se refería así a su política de seguridad, la cual se basaba en el combate frontal y de alta intensidad contra los grupos criminales. En consecuencia, la política de seguridad pública se militarizó por completo, adquirió mayor peso político y escaló a un nivel inusitado de violencia.
Ése fue el momento en el que estalló la terrible violencia que todavía hoy asola al país. La escalada de homicidios, desapariciones y extorsiones no antecedieron a la guerra contra el narcotráfico, sino al contrario: estallaron a causa de aquélla.
Enrique Peña Nieto promovió algunos cambios en las políticas de seguridad pública y abandonó la retórica de guerra contra las drogas, pero mantuvo a las Fuerzas Armadas en las calles, llevando a cabo tareas policiacas. Además, el Ejército continuó realizando labores de monitoreo y, en ocasiones, represión de movimientos sociales. El caso más famoso es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero no es el único.
Así las cosas, con Calderón, los militares adquirieron una centralidad política y discursiva inusitada: los símbolos, la retórica, los éxitos y los fracasos del gobierno calderonista descansaban en las Fuerzas Armadas. Con Peña Nieto, esa centralidad política se redujo, pero el Ejército y la Marina siguieron ahí, en la calle y en el campo, vigilando a movimientos sociales y, sobre todo, “combatiendo” al narcotráfico.
En suma, el presidente López Obrador recibió tres grandes herencias históricas en lo que respecta a la relación cívico-militar. En primer lugar, la transición democrática de México se caracterizó por la falta de nuevos arreglos institucionales, constitucionales y políticos para regular a las Fuerzas Armadas e incluirlas en el sistema de rendición de cuentas y pesos y contrapesos. Segundo, en la práctica, los cuerpos castrenses se convirtieron en una fuerza de ocupación territorial y combate contra los grupos criminales, cada vez más organizados, fuertes y militarizados. Tercero, las Fuerzas Armadas crecieron notablemente en presupuesto, elementos activos, peso político e importancia estratégica por ser las encargadas de la seguridad pública federal; pero, al mismo tiempo, la militarización se limitaba precisamente a ese ámbito (la seguridad pública).
¿Qué pasó en el gobierno de López Obrador?
Pese a recibir estas pesadas herencias, en su campaña, López Obrador prometió regresar al Ejército a sus cuarteles.2 Fue un acto de irresponsabilidad, ingenuidad y deshonestidad: irresponsabilidad porque probablemente sabía que esto era imposible; ingenuidad si acaso no lo sabía y pensaba que era viable; y deshonestidad porque, desde su Proyecto Alternativo de Nación de 2004, López Obrador aseveraba que la participación del Ejército en el “combate al narcotráfico” era necesaria, aunque en el mismo documento sostenía que las Fuerzas Armadas no debían realizar labores civiles.3
Como ya todos sabemos, al llegar a la presidencia, AMLO hizo todo lo contrario: intensificó la militarización del Estado hasta llegar al militarismo. Como en tantos otros temas, prometió irresponsablemente en campaña y fue incapaz de cumplir en la presidencia: es muy fácil ser candidato, pero es muy difícil gobernar.
Se han hecho incontables listados sobre la cantidad de responsabilidades civiles que López Obrador ha delegado a las Fuerzas Armadas: desde la represión a migrantes hasta el transporte de vacunas, desde la entrega de programas sociales hasta la construcción de obra pública, desde la dirección de dependencias estatales y federales tradicionalmente civiles hasta la reparación de carreteras y caminos. Son más de cien las tareas que el presidente ha encargado a los militares en este sexenio de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado del CIDE.4
En su reciente libro Érase una vez un país verde olivo, María Marván, Jesús Garza Onofre y sus coautores analizan las irregularidades y trampas jurídicas en las que el gobierno ha incurrido para transferir a las Fuerzas Armadas tantas responsabilidades y recursos.5 Asimismo, este trabajo arroja luz sobre cómo el presidente López Obrador se ha valido del Ejército para dotar de un manto de opacidad a los actos estratégicos de su gobierno, incluida la construcción de sus grandes proyectos de infraestructura.
Además, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, durante este sexenio, ha aumentado significativamente el presupuesto destinado a las dependencias militares, el cual pasó de 151,000 millones de pesos en 2018 a 437,000 millones de pesos en 2024, convirtiéndose así en el segundo cuerpo institucional con mayor presupuesto, sólo por debajo de la Secretaría de Educación Pública.6 Por su parte, México Unido Contra la Delincuencia ha demostrado que, además de este aumento presupuestario, año con año, las Fuerzas Armadas han adquirido recursos adicionales por medio de figuras como los fideicomisos y los negocios públicos que operan (aerolíneas, trenes, aeropuertos, aduanas), los cuales son poco escrutables y se emplean con arbitrariedad.7
En resumen, López Obrador recibió tres pesadas lozas históricas, pero lejos de frenar o contener las inercias militaristas, las aceleró y le añadió varias capas al proceso de militarización del Estado mexicano. Es probable que el presidente haya tomado esta decisión por dos razones principales. La primera sería que los cuerpos castrenses le permitieron llevar a cabo su programa político con opacidad y discrecionalidad, toda vez que los militares no están sometidos a los mecanismos de escrutinio público y transparencia que rigen a las instituciones civiles. Una segunda razón sería la política de austeridad republicana: con los recortes de personal y presupuesto que enfrentaron las instituciones civiles, el Estado perdió buena parte de su capacidad operativa. Por decisión del presidente —no por casualidad—, el Ejército quedó como el único ente con presencia territorial y capacidades para ejecutar la mayoría de las políticas públicas.
Más allá de cifras, razones y mecanismos de la militarización (que ya han sido ampliamente estudiados y discutidos), me importa señalar las consecuencias de las decisiones militaristas de López Obrador.
Para empezar, el gobierno se volvió totalmente dependiente de las Fuerzas Armadas para cumplir con sus responsabilidades más elementales. Gran parte de la capacidad operativa del Estado mexicano reside ahora en las Fuerzas Armadas. El gobierno civil es aún más débil que antes: no es por nada que los grandes proyectos del presidente se han atorado una y otra vez; y, en cada ocasión, su solución ha sido encargar a los militares sacar esos objetivos adelante.
Por tanto, se ha desbalanceado profundamente la relación cívico-militar. Al tener bajo su control las capacidades operativas del Estado, los cuerpos castrenses cuentan con gran poder de incidencia en las decisiones y acciones de gobierno. No es difícil suponer que el presidente se ha mostrado tan protector y generoso con las Fuerzas Armadas en las investigaciones de Ayotzinapa y la Guerra Sucia, en el caso del general Cienfuegos y en el fracaso de la Guardia Nacional, precisamente por ese motivo.
Además, la asignación de recursos y negocios públicos sin precedentes ha consolidado a una élite empresarial-militar corrupta y que opera bajo una lógica de negocios, no de seguridad nacional.8 Por ejemplo, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el general Luis Cresencio Sandoval compró un departamento de lujo a una accionista de una empresa proveedora de la Sedena, que previamente había recibido un contrato de 319 millones de pesos.9
Asimismo, un reportaje de Expansión Política arrojó luz sobre el emporio económico que el Ejército construyó en el sector turístico durante este sexenio.10 Según información periodística, entre los negocios operados por el Ejército, el Tren Maya ha sido la joya de la corona. Recientemente, Latinus dio a conocer una serie de llamadas telefónicas que involucran al círculo cercano de los hijos del presidente López Obrador en una red de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito operada por el general Ricardo Vallejo y otros altos mandos militares para hacer negocios irregulares alrededor de la compra de balasto y otros materiales para la construcción y puesta en marcha de este megaproyecto.11
Por si fuera poco, El Financiero reportó que una empresa estadounidense contratada para operar el arrendamiento de aviones y tripulaciones de Mexicana de Aviación denunció que generales del Ejército mexicano amenazaron y coaccionaron a sus representantes para modificar los acuerdos previamente firmados para estos fines.12
Esta última noticia demuestra que la élite empresarial-militar tiene potencial de volverse depredadora, al aprovechar la opacidad y la discrecionalidad que caracterizan a las Fuerzas Armadas, y al valerse de medios castrenses —como la amenaza o el uso de la fuerza— para proteger y ampliar sus feudos económicos. Por otra parte, es probable que la consolidación de esta élite empresarial-militar también esté causando repercusiones negativas dentro de las propias Fuerzas Armadas, al ampliar la brecha de desigualdad entre las cúpulas y la tropa, lo cual podría mermar su espíritu de cuerpo y distraer al Ejército de sus prioridades: esto es, ser el garante de la soberanía y la defensa nacionales, por encima de la operación de negocios públicos.
Finalmente, si bien la política de seguridad pública está militarizada desde el sexenio de Calderón, también es cierto que tanto él como Peña Nieto intentaron utilizar a cuerpos policiales civiles de forma complementaria y tenían la intención (al menos en el discurso) de transitar gradualmente hacia una policía civil robusta y capaz. López Obrador renunció a este objetivo al militarizar por completo a la Guardia Nacional e incorporarla de facto al control de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El presidente tomó esta decisión bajo la excusa de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles e incapaces de coludirse con el crimen organizado,13 y con el argumento de que sólo los cuerpos castrenses podrían enfrentar el desafío de los grupos delictivos. A la luz de los resultados en materia de seguridad de este sexenio —decenas de miles de asesinatos y desapariciones, y amplias porciones del territorio férreamente controladas por grupos criminales— los cálculos del presidente fallaron estrepitosamente.
¿Cuál es el legado de López Obrador? ¿Qué situación le hereda al siguiente gobierno?
Si la desmilitarización parecía sumamente difícil cuando López Obrador asumió la presidencia, ahora es prácticamente imposible en el corto plazo. Primero, puesto que el gobierno civil depende enteramente de las Fuerzas Armadas para operar, por más que la próxima administración deseara regresar a los militares a sus cuarteles, sería incapaz de lograrlo, pues el gobierno obradorista dejó tan debilitadas a las instituciones civiles que tomará mucho tiempo y esfuerzo regenerar las capacidades perdidas.
Segundo, la élite empresarial-militar dificultará enormemente la desmilitarización del gobierno y la política nacional, toda vez que esto implicaría perder su posición socioeconómica, renunciar a sus privilegios y abandonar los jugosos negocios que en este momento operan.
En otros países —Turquía, Pakistán, Indonesia, entre muchos otros— en los que el Ejército desempeña papeles centrales tanto para el ejercicio de gobierno como en actividades empresariales, la desmilitarización es sumamente complicada porque pone al gobierno civil en un enorme dilema: ¿cómo retirarle poder político y económico a las instituciones de las cuales depende tu monopolio del uso de la fuerza?, ¿cómo quitarle dinero, reconocimiento e influencia a tus guardianes, quienes ostentan el poder de las armas y quienes te protegen de enemigos internos y externos? Tristemente, México está hoy en esta situación.
Tercero, el crimen organizado controla cada vez más zonas de México y no hay policías civiles capaces de hacer frente a los grupos criminales militarizados. No hay de otra: el próximo gobierno tendrá que usar las herramientas a su disposición para intentar pacificar al país y recuperar el territorio. Lamentablemente, esas herramientas son militares: el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.
Finalmente, no se observa en Claudia Sheinbaum, la clara favorita para ganar la presidencia, ni en Xóchitl Gálvez, quien la sigue en un lejano segundo lugar, disposición alguna para desmilitarizar al país en el mediano plazo. Por el contrario, aunque con distintos estilos, ambas candidatas se caracterizan por un discurso militarista: Sheinbaum centrada en la continuidad de las políticas obradoristas, y Gálvez enfocada en el combate frontal al crimen organizado.
Insisto, la desmilitarización en el corto plazo es imposible, pero es sumamente preocupante que ni siquiera se observe un proyecto para lograrla en el mediano plazo. Los primeros pasos en esta dirección serían diseñar una estrategia gradual para retirar poco a poco facultades civiles a los militares, evitar que los cuerpos castrenses colonicen más instituciones públicas y sectores económicos, y plantear una reforma constitucional —con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y tomando en cuenta la voz de los militares, pero sin someterse a sus designios— para introducir a las Fuerzas Armadas en el sistema de rendición de cuentas y pesos y contrapesos: por ejemplo, con audiencias constantes en el Congreso, con reportes públicos periódicos de sus labores de seguridad pública que cuenten con supervisión y verificación de una institución externa al ámbito militar, con la instalación de mecanismos de transparencia en el gasto público y en las actividades de sus empresas, y con la imposición de mayores restricciones al sistema de justicia militar. Lamentablemente, no veo eso en el horizonte de las candidatas presidenciales y, con la probable victoria de Sheinbaum, pronostico un sexenio de profundización de la militarización y el militarismo. Por una parte, López Obrador ya dejó abierta la puerta para ejercer un gobierno opaco y arbitrario basado en la utilización de las Fuerzas Armadas; por la otra, los militares tienen incentivos para continuar expandiendo su campo de acción política y económica.
Jacques Coste es analista político, historiador y autor de Derechos humanos y política en México (Tirant lo Blanch e Instituto Mora, 2022). Cursa un doctorado en historia en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, en donde estudia la transición mexicana a la democracia.
- Por ejemplo: Guillerma Valdés Castellanos, “Un aspecto ignorado en el debate sobre la militarización”, Letras Libres, 29 de agosto de 2022, en https://letraslibres.com/politica/guillermo-valdes-castellanos-debate-militarizacion/ (consultado el 9 de abril de 2024). ↩︎
- Carolina García, “Así era cuando AMLO prometía regresar a los militares a los cuarteles”, El Universal, 6 de septiembre de 2022, en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/asi-era-cuando-amlo-prometia-regresar-los-militares-los-cuarteles/(consultado el 10 de abril de 2024) ↩︎
- Hugo Garciamarín, “López Obrador no cambió de opinión”, Radiofórmula, 14 de septiembre de 2022, en https://www.radioformula.com.mx/opinion/2022/9/14/lopez-obrador-no-cambio-de-opinion-731625.html (consultado el 11 de abril de 2024). ↩︎
- Sara Elena Velázquez, et al.,Inventario Nacional de lo Militarizado, CIDE, 27 de septiembre de 2021. Disponible en https://ppdata.politicadedrogas.org/. Los datos públicos del inventario solo registran la militarización hasta el año 2021, pero el libro Érase un país verde olivo ofrece una actualización más reciente. ↩︎
- Juan Jesús Garza Onofre, et al., Érase un país verde olivo: Militarización y legalidad en México, Grano de sal, México, 2024, 188 pp. ↩︎
- La fuente de las cifras presupuestarias es la Secretaría de Hacienda. Las cifras están en millones de pesos con valor de 2024. Se incluye la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) debido a que ahí está adscrita formalmente la Guardia Nacional. ↩︎
- México Unido Contra la Delincuencia A. C., “El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero”, 2024. Disponible en https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/Negocio2.0.pdf. ↩︎
- Jacques Coste, “Una peligrosa élite empresarial-militar”, Expansión Política, 17 de mayo de 2023, en https://politica.expansion.mx/voces/2023/05/17/una-peligrosa-elite-empresarial-militar (consultado el 9 de abril de 2024). ↩︎
- Verónica Ayala y Raúl Olmos, “El departamento de lujo del general Luis Cresencio Sandoval”, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 15 de mayo de 2023, en https://contralacorrupcion.mx/el-departamento-de-lujo-del-general-luis-cresencio-sandoval/ (consultado el 9 de abril de 2024). ↩︎
- Carina García, “‘Grupo’ Sedena: El conglomerado empresarial del sexenio”, Expansión Política, 8 de mayo de 2023, en https://politica.expansion.mx/presidencia/2023/05/08/empresas-de-sedena-funciones (consultado el 9 de abril de 2024). ↩︎
- Isabella González y José Manuel Martínez, “Los militares y El Clan: la corrupción de los hijos de AMLO alcanza al Ejército”, Latinus, 10 de abril de 2024, en https://latinus.us/2024/04/10/los-militares-y-el-clan-la-corrupcion-de-los-hijos-de-amlo-alcanza-al-ejercito/ (consultado el 11 de abril de 2024). ↩︎
- Aldo Munguía, “Empresa acusa presión del Ejército para cambiar acuerdo de renta de aviones con Mexicana”, El Financiero, 1 de abril de 2024, en https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2024/04/01/ejercito-amenazo-y-obligo-a-empresarios-a-modificar-contratos-para-renta-de-aeronaves-de-mexicana/?outputType=amp (consultado el 9 de abril de 2024). ↩︎
- Roberto Garduño, “La Guardia Nacional será incorruptible, dice AMLO”, La Jornada, 26 de julio de 2021, en https://www.jornada.com.mx/2021/07/26/politica/003n1pol (consultado el 9 de abril de 2024) ↩︎
