En un sugerente ensayo, Hugo Garciamarín recomendó no tomar a la ligera el anuncio del presidente sobre el envío de una nueva iniciativa de reforma constitucional para otorgar formalmente el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, una vez que se conforme el nuevo Congreso derivado de la elección de 2024. De acuerdo con el autor, luego de este anuncio, “la militarización puede convertirse en el centro de una elección que parecía encaminarse hacia un simple referéndum de continuar o no con la ‘Transformación’”.
A riesgo de pecar de simplismo, resumiré el argumento de Garciamarín en este párrafo: que la militarización sea un tema central de la elección supone varios riesgos antidemocráticos, en especial, una posible ruptura en el interior de las Fuerzas Armadas, así como la mayor injerencia político-electoral de los cuerpos castrenses y de las organizaciones criminales. Sin embargo, también surge la gran oportunidad de que, por primera vez, discutamos con seriedad sobre la militarización.
El autor sostiene que, por un lado, esto brinda la posibilidad de que ganen fuerza en la discusión pública las voces de las madres buscadores, los familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos y otros colectivos similares. Por otro lado, este contexto podría incentivar la discusión de alternativas para desmilitarizar al país.
Concuerdo con Garciamarín en cuanto a que el anuncio del presidente coloca en el centro de las elecciones de 2024 a la participación de las Fuerzas Armadas en la vida pública y su papel en el gobierno, pero soy menos optimista que él. Pienso que lo que estará en la boleta no será la militarización frente a la desmilitarización, sino el militarismo ante la militarización.
En términos llanos, la militarización se puede entender como la transferencia de tareas y responsabilidades públicas ajenas a la seguridad nacional del gobierno civil a las Fuerzas Armadas, o bien como la adopción de una lógica militar para la solución de problemas públicos o para la ejecución de programas de gobierno.
En la discusión pública mexicana, se suele comprender el militarismo como la incidencia de las instituciones castrenses en la toma de decisiones gubernamentales, los debates legislativos y el juego político, en ámbitos más allá de la seguridad nacional.
No obstante, hay otras acepciones de militarismo que, a mi entender, empleamos poco en el debate público mexicano, pese a que resultan fundamentales para la vida pública nacional. De acuerdo con la historiadora de la universidad de Oxford, Margaret MacMillan, el militarismo es el enaltecimiento de los soldados como los miembros más admirables de la sociedad y la difusión de sus valores —por ejemplo, el patriotismo, la disciplina, la lealtad o la obediencia— entre la población civil.
La militarización no estará en juego en 2024. La participación militar en tareas policiacas y de “combate” al crimen organizado viene de lejos. En su libro La droga. La verdadera historia del narcotráfico en México, Benjamin T. Smith narra cómo, desde mediados del siglo XX —e incluso en ocasiones esporádicas en épocas previas— el gobierno federal enviaba al Ejército a quemar plantíos de marihuana o amapola, a perseguir líderes de organizaciones criminales y a realizar decomisos y redadas.
Ernesto Zedillo y, sobre todo, Vicente Fox acentuaron el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la “lucha” contra los cárteles de la droga. Sin embargo, desde el sexenio de Felipe Calderón, pasando por el de Peña Nieto y el de López Obrador, los militares son la piedra angular de la política de seguridad pública del gobierno federal.
Más allá de los cambios y continuidades al respecto, lo que me interesa es señalar que el PAN y el PRI llevan lustros impulsando la militarización de la seguridad pública y, en la práctica, lo siguen haciendo. Por ejemplo, casi ninguno de sus gobernadores ha puesto en marcha esfuerzos serios para reducir la violencia en sus estados con estrategias locales; casi todos ellos recurren a la solución fácil: solicitar al gobierno federal el envío de tropas para “combatir” el crimen organizado.
Otra muestra del gusto de la oposición por la militarización es la propuesta legislativa que el PRI impulsó el año pasado para extender la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028. Finalmente, el léxico que los partidos de oposición emplean para hablar de seguridad y violencia jamás usa expresiones como “justicia transicional”, “pacificación”, “justicia restaurativa” o “reparación”. Más bien, utilizan un lenguaje bélico para referirse al tema: “combate al crimen organizado”, “lucha contra la delincuencia”, “policías armadas y equipadas”, etcétera.
Esto me lleva a no ser optimista ante la posibilidad de que la oposición ofrezca otra cosa que no sea más militarización en materia de seguridad y justicia.
En cuanto al oficialismo, el gobierno de López Obrador impulsa cada vez más abiertamente el militarismo en sus dos acepciones. Por una parte, ha fomentado el empoderamiento político y económico de las Fuerzas Armadas: político, al recargar por completo la ejecución de su programa de gobierno en los cuerpos castrenses (lo que ha permitido que el Ejército tenga cada vez mayor incidencia en la toma de decisiones gubernamentales y en su ejecución) y económico, al aumentar sustancialmente el presupuesto de las instituciones militares, al tiempo de encargar a las cúpulas castrenses la administración de jugosos negocios públicos, como varios tramos del Tren Maya, las aduanas, algunos aeropuertos e incluso el probable surgimiento de una aerolínea comercial militar.
Por otra parte, López Obrador es excesivamente elogioso con las Fuerzas Armadas en su discurso y enaltece constantemente su patriotismo, su disciplina, su compromiso y, ante todo, su lealtad total y su honestidad a toda prueba. Se refiere al Ejército como “pueblo uniformado” y lo coloca en el lado bueno de la historia: en el bando de la supuesta “transformación” y en el frente opuesto a los “conservadores”.
Por supuesto, estas caracterizaciones de las Fuerzas Armadas como incorruptibles y serviles hasta la médula son más que cuestionables, pero eso poco importa a López Obrador. Dado el carácter moralino y catequístico de su discurso, es clara la intención de difundir las supuestas virtudes militares como modelos a seguir para los ciudadanos.
En conclusión, concuerdo con Hugo Garciamarín en cuanto a que la intención del presidente López Obrador al anunciar la reforma de la Guardia Nacional es colocar a las Fuerzas Armadas en la boleta de la elección de 2024. Desafortunadamente, no veo esto como una oportunidad para desmilitarizar a México, sino como un paso más hacia la irreversibilidad de la militarización y la consolidación del militarismo.
Jacques Coste es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022)
