Esfera pública: entrevista a Vanessa Freije

Revista Presente (RP): ¿Es posible utilizar la noción de esfera pública habermasiana para explicar el siglo XX en México?

Vanessa Freije (VF): He terminado por aplicar el concepto de manera crítica, porque logra condensar varias de las inquietudes que enfrentamos quienes estudiamos la prensa y, en ciertos casos, sigue siendo útil. Sin embargo, mi relación con el concepto sigue siendo ambivalente.

La crítica que más me convence —y que yo misma he formulado— es la que se ha desarrollado desde América Latina, aunque puede hacerse también desde muchos otros contextos del Sur Global. La idea de la esfera pública en Habermas es histórica: él identifica un momento muy específico, en el siglo XVIII europeo, en el que se dieron ciertas condiciones —sociales, económicas y culturales— que permitieron la emergencia de una esfera pública particular, ligada al ascenso de la burguesía y a su capacidad de influir en la política.

El problema es que ese modelo se construye a partir de un espacio profundamente idealizado y excluyente, pensado para hombres con recursos, de cierta clase social, mayoritariamente blancos. No es casual que posteriormente muchas autoras y autores hayan intentado imaginar cómo sería una esfera pública que incluyera a las mujeres, a las clases populares o a otros grupos históricamente marginados. Sin embargo, el concepto original ya nace limitado por esa exclusión.

Mi dificultad con la esfera pública tiene que ver con que rara vez encontramos, en otros contextos históricos o geográficos, una esfera que cumpla con los requisitos que Habermas establece: debate racional, deliberación equilibrada, autonomía frente al Estado y capacidad de incidir en la política. Si esos criterios casi nunca se cumplen fuera de ese caso europeo tan específico, entonces cabe preguntarse qué tan útil es el concepto.

En América Latina, esta tensión es particularmente clara. Resulta muy difícil identificar espacios de debate que sean plenamente racionales, deliberativos y equitativos, y que al mismo tiempo tengan un impacto directo en las decisiones políticas. Eso me llevó a preguntarme si no era necesario repensar el concepto mismo, en lugar de intentar encontrar réplicas imperfectas del modelo europeo.

Siguiendo críticas como las que formuló Nancy Fraser desde hace varias décadas, empecé a cuestionar la idea de que el consenso generado en la esfera pública sea necesariamente democrático o equitativo. Puede haber consenso sin representación justa, sin igualdad real en la participación y sin simetría en las voces.

Mi argumento, entonces, es que si vamos a seguir usando el concepto de esfera pública, debemos construir nuevas historias sobre su surgimiento en contextos distintos, en lugar de medirlos siempre contra el patrón del siglo XVIII europeo. En el caso de México, lo que sostengo es que la esfera pública no surge a pesar de las desigualdades, sino apoyándose en ellas. Las desigualdades no son una anomalía del proceso, sino una condición constitutiva.

Por eso, más que buscar una esfera pública ideal, creo que es fundamental analizar cómo se delibera realmente: quién puede hablar, en qué condiciones, con qué recursos y con qué efectos. Ahí es donde el concepto sigue siendo útil, siempre y cuando se use de manera crítica y situada.

RP: En tus investigaciones has trabajado el escándalo mediático. ¿Cómo se desarrolla dicho escándalo en la esfera pública?

VF: En mi libro utilizo el escándalo mediático como una herramienta analítica para entender cómo distintos públicos se articularon en torno a temas comunes. Me interesó especialmente el periodo de las décadas de 1960, 1970 y 1980, cuando el PRI todavía mantenía un fuerte control sobre los medios, pero comenzaban a abrirse ciertos espacios de crítica.

Lo que observé es que muchos escándalos surgieron primero en ámbitos relativamente cerrados: medios de élite, publicaciones especializadas o espacios intelectuales. Sin embargo, su importancia radicó en su capacidad para saltar a otros medios y formatos —historietas, televisión, cine, incluso teatro callejero— y, con ello, alcanzar públicos mucho más amplios. Esa circulación expandida permitió que temas como la corrupción, los abusos del poder, la violencia política y la democratización se convirtieran en asuntos de discusión pública más generalizada.

Al mismo tiempo, esa ampliación hacía al escándalo más vulnerable a la manipulación y a los giros narrativos. Una vez que salía del ámbito de la investigación periodística original, el control sobre su sentido se diluía: ni el periodista ni los actores que filtraban información desde el poder podían ya controlar completamente la narrativa. Esto es una constante tanto en México como en otros contextos.

En ese sentido, sostengo que el escándalo cumplió una función democratizadora, no en el plano de la política formal, sino en el de la formación de un público crítico. Permitió que más voces participaran en debates sobre qué significaba la democracia, la legitimidad del gobierno o la rendición de cuentas. Fue un momento histórico particular, en el que aún existía la posibilidad de formar una opinión pública relativamente cohesionada, gracias a la apertura de nuevos medios que aireaban críticas relevantes.

Analizo tanto los escándalos que fueron muy visibles en su momento como aquellos que, con el paso del tiempo, se consolidaron como hitos en la narrativa de la democratización mexicana. Un caso emblemático es el escándalo del auge y la posterior crisis petrolera de finales de los años setenta y principios de los ochenta. En él se combinan la expectativa de riqueza nacional, la revelación de una enorme malversación de fondos y la caída de una figura central del poder político, el entonces director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, quien terminó encarcelado.

Ese escándalo muestra también cómo estos episodios pueden articular alianzas entre actores con intereses muy distintos. Por un lado, figuras de la izquierda como Heberto Castillo, quien investigó y denunció los malos manejos del petróleo; por otro, sectores del propio gabinete de López Portillo que filtraron información para debilitar a Díaz Serrano. Aunque el escándalo pudo haber servido a intereses particulares, una vez que circuló públicamente se transformó en una narrativa más amplia sobre la corrupción estructural del PRI, imposible de controlar del todo.

Otro caso significativo es el de Arturo Durazo, el temido jefe de la policía de la Ciudad de México, asociado con la corrupción, la tortura y los vínculos con el narcotráfico. Su figura se convirtió, a través del escándalo, en un símbolo de la descomposición y la pérdida de legitimidad del régimen. En conjunto, estos casos muestran cómo el escándalo mediático funcionó como un mecanismo central para ampliar la conversación pública, articular públicos diversos y poner en disputa el sentido mismo de la democracia en México.

RP: ¿Crees que el escándalo sigue teniendo el mismo impacto actualmente?

VF: Creo que de los escándalos se pueden extraer algunas lecciones que siguen vigentes, pero también es posible identificar tendencias que distinguen claramente el momento contemporáneo. Lo que permanece es su función básica: centrar —o desviar— la atención pública. Un escándalo sigue siendo, ante todo, una narrativa que concentra la mirada colectiva y articula una conversación en torno a casos concretos, generalmente relacionados con el gobierno o la corrupción.

Por lo tanto, los escándalos continúan cumpliendo la función de focalizar el debate público. Sin embargo, hoy operan en un contexto muy distinto, marcado por al menos dos transformaciones importantes.

La primera es la multiplicación de las fuentes de información. No sólo existen más medios, sino que las redes sociales han contribuido a dispersar la atención y a fragmentar los públicos dentro de un mismo país o región. A diferencia de otros momentos históricos, resulta cada vez más difícil que un solo escándalo articule una conversación pública amplia y compartida.

La segunda transformación es que la fabricación del escándalo se ha convertido en un negocio. Existen estructuras y actores especializados en producirlos o en manejarlos, lo que ha amplificado debilidades que siempre estuvieron presentes en este tipo de fenómenos. Esta profesionalización del escándalo ha terminado por debilitar su potencial para abrir o fortalecer la esfera pública.

RP: En México suele criticarse que las columnas de opinión concentran demasiada atención y recursos, en detrimento del periodismo de investigación y del trabajo de reporteros de base. Dado que has estudiado a fondo el género de la columna política y los archivos de distintos columnistas, ¿podrías contarnos cuál es la historia reciente de este género y por qué se volvió tan preponderante en el ecosistema mediático mexicano?

VF: Lo interesante es que muchas de las críticas que hoy se hacen al género ya existían hace décadas. Desde finales de los años setenta surgió incluso el término columnismo, utilizado de forma peyorativa para referirse al uso de la columna como instrumento de calumnia o ataque político. Esa crítica apareció, paradójicamente, en el mismo momento en que algunas columnas comenzaban a volverse más críticas e independientes del discurso oficial, mientras otras seguían usando el espacio para golpear adversarios. Esto muestra que la preocupación por el poder y la influencia de las columnas no es nueva.

Un primer elemento central es, entonces, la relación de cercanía entre columnistas y funcionarios, una relación que otorgó a las columnas un peso político considerable. Pero hay un segundo fenómeno, más propio del presente, que resulta especialmente preocupante y que no es exclusivo de México.

Hoy, bajo una fuerte presión económica, muchos medios consideran más viable invertir en columnas de opinión que en periodismo de investigación. Es más barato pagar una columna de análisis que financiar reportajes de largo aliento en el terreno. Este patrón también se observa en otros países, como Estados Unidos. A ello se suma que la identidad de muchas publicaciones se ha ido construyendo alrededor de sus columnistas, más que del trabajo reporteril, en parte porque eso también responde a expectativas de las audiencias.

En ese sentido, no sólo influyen las decisiones editoriales, sino también lo que los medios creen que los lectores demandan para competir en un ecosistema saturado de plataformas y contenidos. El resultado es una tendencia clara: la reducción de la inversión en periodismo de investigación y de campo, y un desplazamiento hacia contenidos producidos desde la redacción.

El vacío que deja esa retirada ha sido parcialmente llenado por lo que suele llamarse periodismo ciudadano. En contextos críticos —desastres naturales, protestas, conflictos armados—, cuando no hay periodistas en el terreno o se les impide el acceso, son los propios ciudadanos quienes documentan y difunden información, como ha ocurrido recientemente en Gaza o en distintos escenarios de crisis. Sin embargo, lo que me preocupa a largo plazo es la posible desaparición del periodismo de investigación profesional. Para comprender fenómenos complejos, opacos o deliberadamente ocultos, sigue siendo indispensable el trabajo sistemático de quienes investigan, contrastan fuentes y llevan esos hallazgos a la atención pública. Sin ese trabajo, la esfera informativa se empobrece, incluso cuando la opinión sigue ocupando un lugar central.