He reflexionado en otros espacios sobre cómo Morena ha comprado batallas innecesarias contra el empresariado nacional y extranjero, que han espantado a la inversión a cambio de muy pocos beneficios redituables para el grueso de la sociedad. Un ejemplo claro es la reforma judicial. Causó una enorme incertidumbre jurídica y amplia desconfianza entre los inversionistas y los empresarios, pero sus efectos de justicia social se limitaron a reivindicaciones simbólicas: las sesiones de la Corte en diversas regiones del país, los bordados indígenas en las togas de los ministros y el ascenso loable —pero hasta el momento poco significativo en la práctica— de una persona indígena, Hugo Aguilar, a la presidencia del máximo tribunal.
Mi argumento central ha sido que los gobiernos de izquierda siempre deben remar contracorriente debido a que el capital desconfía de ellos por sus afanes de redistribución de la riqueza, su discurso y sus políticas favorables a las clases populares, así como su promoción de la igualdad y los derechos laborales. Por tanto, los gobiernos izquierdistas deben elegir sus batallas con el empresariado sabiamente: al tomar decisiones a favor de la justicia social —que normalmente causan desconfianza e incertidumbre entre los inversionistas y las empresas— deben estar seguros de que los beneficios materiales y políticos para las clases populares serán mayores que los perjuicios en términos de desempeño económico y desarrollo social.
Quienes nos consideramos de izquierda vemos estos dilemas como algo injusto y molesto, pues los gobiernos centristas o de derecha jamás se enfrentan a tales disyuntivas y el escrutinio empresarial sobre ellos es mucho más suave. Sin embargo, se trata de un reto prácticamente inexorable para el quehacer político de las izquierdas que, por tanto, deben ser especialmente responsables en el ejercicio del gobierno si quieren lograr conciliar sus metas de crecimiento, desarrollo, justicia social y bienestar.
Los gobiernos de izquierda —en especial en América Latina— enfrentan un dilema similar en relación con Estados Unidos, y más aún en tiempos de Trump: por más antimperialistas y soberanistas que sean, la práctica política exige ser cuidadosos de no provocar innecesariamente a una administración estadounidense que es abiertamente injerencista, que ha regresado a la región al centro de su política exterior, que opera bajo un sistema de castigos y sanciones que se podrían calificar como chantaje y que está encabezada por un personaje mercurial, caprichoso y megalómano.
Aunque nos parezca injusto y tedioso que las derechas no enfrenten este desafío, también en este rubro los gobiernos de izquierda deben elegir sus batallas sabiamente: defender la soberanía cuando el injerencismo afecte el desarrollo social, la gobernabilidad y la estabilidad política del país, y dejar pasar las bravatas trumpistas cuando se trate de provocaciones retóricas con fines electorales, burlas irrelevantes o asuntos de carácter privado (como el retiro de una visa a una persona que no es un funcionario público de importancia).
Eso no significa ser acomodaticio o antipatriota. Significa ser pragmático y prudente. Se trata de ejercer “el noble oficio político” con responsabilidad, visión de Estado y poniendo por delante el interés nacional.
En serio, ¿vale la pena que México —sí México, porque a veces parece que olvidan que gobiernan un país— se compre ese pleito con Estados Unidos por respaldar a un político de tan poca monta?
Tal como ha elegido irresponsablemente sus batallas con el empresariado y los inversionistas, la coalición gobernante ahora está escogiendo erróneamente sus pleitos con Estados Unidos. Luego de la bravucona carta de Andy López Beltrán a Trump, la presidenta Sheinbaum y prácticamente todos los cuadros relevantes de Morena saltaron en defensa del hijo del expresidente López Obrador. En serio, ¿vale la pena que México —sí México, porque a veces parece que olvidan que gobiernan un país— se compre ese pleito con Estados Unidos por respaldar a un político de tan poca monta?
Recordemos que López Beltrán ha sido operador electoral y traficante de influencias —eso y nada más que eso— durante su carrera política al amparo de su padre. Entiendo que, al tratarse del hijo del fundador de Morena, el impulso sea defenderlo, ya que en realidad el respaldo va para el padre. Sin embargo, es profundamente irresponsable armar un escándalo de esta magnitud porque le retiraron la visa —lo cual no equivale a una acusación legal, al menos no todavía— a un aspirante a diputado federal.
El grave problema con esta manera de proceder por parte de la coalición gobernante es que, incluso cuando el escándalo se apacigüe, la “cabeza fría” regrese y la presidenta intente atemperar las aguas, la respuesta irresponsable ya habrá quedado ahí, registrada a la vista de todos, y sus efectos nocivos para la relación bilateral seguirán vigentes. Es lo mismo que le ocurrió a la coalición gobernante luego de aprobar la reforma judicial: trató de cortejar a los inversionistas con el Plan México pero el golpe estaba dado, la desconfianza había crecido, la incertidumbre se había agravado y, por tanto, los capitales nunca llegaron.
México se encuentra en especial vulnerabilidad por factores estructurales como su posición geográfica, su integración económica con Estados Unidos y la voluntad imperialista del vecino, pero también por errores propios, como la negativa de la presidenta a conducir una limpia dentro del partido cuando estalló el escándalo de Adán Augusto López y La Barredora, el respaldo incondicional a Rocha Moya y el consentimiento al berrinche de López Beltrán.
Lejos de mitigar nuestras vulnerabilidades ante el imperialismo, las decisiones de la coalición gobernante las están aumentando. Al defender a Rocha Moya, López Beltrán y compañía, Morena y la presidenta están exponiendo los flancos más débiles de la soberanía nacional.
Hay un patrón común en la elección de batallas innecesarias con los inversionistas y con Estados Unidos: Morena ha priorizado asegurar el dominio y la continuidad de su partido por encima de los beneficios políticos, materiales y de derechos para el grueso de la sociedad
Hay un patrón común en la elección de batallas innecesarias con los inversionistas y con Estados Unidos: Morena ha priorizado asegurar el dominio y la continuidad de su partido por encima de los beneficios políticos, materiales y de derechos para el grueso de la sociedad. “Actúan como jefes de grupo o de camarilla y no como hombres de Estado”, sentenció López Beltrán en su carta refiriéndose a Marco Rubio y Christopher Landau. Lo mismo se podría decir de los mandamases de nuestro gobierno.
Textos de Jacques Coste en la Revista Presente
