Esfera pública: Entrevista a Ana María Serna

Por Jacques Coste y Hugo Garciamarín

Revista Presente (RP): ¿Cómo puede el concepto de la esfera pública explicar algunos fenómenos sociales de la realidad mexicana?

Ana María Serna (AMS): Comencé a utilizar el concepto de esfera pública en un artículo sobre la prensa revolucionaria, a partir de la tesis de que, en los años en que el Porfiriato entraba en crisis y hasta bien entrada la década de 1940, México vivió una etapa de libertad de expresión particularmente significativa. Recibí críticas basadas en que el concepto de esfera pública no era aplicable al caso mexicano. Como sabes, yo venía de una formación con Claudio Lomnitz y había leído también trabajos como los de Pablo Piccato. Eso me llevó a tomar muy en serio el problema y a estudiar con mayor profundidad si el concepto podía o no adaptarse a la realidad mexicana.

Las conclusiones a las que llegué son difíciles de resumir brevemente. De ese proceso surgieron un seminario en el que llevamos ya diez años discutiendo sobre la esfera pública, un curso de doctorado que he impartido en tres ocasiones en el Instituto Mora y, eventualmente, dos o tres libros. No es algo fácil de condensar, pero sí puedo compartir algunos aprendizajes centrales.

En primer lugar, el libro de Habermas —Historia y crítica de la opinión pública—, del que surge este concepto inicial más rígido de una esfera pública europea, tiene para mí dos aportes fundamentales. A partir de estudiarlo con detenimiento, creo que permite identificar momentos en los que la esfera pública se abre y se vuelve más fuerte, y otros en los que se cierra o se contrae. El término “madurez” quizá no sea el más adecuado, porque sugiere una idea de progreso lineal, pero sí podemos pensar en momentos de mayor densidad y vitalidad del diálogo público.

Aunque suele leerse como un texto normativo, el libro de Habermas es mucho más complejo. Se trata de un esfuerzo por situar históricamente —con gran detalle— el surgimiento de la esfera pública. De ahí rescato, sobre todo, dos elementos. El primero es la idea del diálogo entre individuos privados, un espacio de intercambio en el que el Estado o el poder estatal están ausentes. Esa conversación entre particulares es, para mí, el núcleo del concepto de esfera pública.

El segundo elemento que me resultó especialmente útil para pensar el caso mexicano es el concepto de “publicidad representativa”, que Habermas identifica como una forma distinta y previa a la esfera pública moderna. México combina históricamente ambos modelos: prácticas de diálogo entre particulares y formas de publicidad representativa ligadas al poder, lo cual lo convierte en un caso especialmente interesante, pero también problemático, para aplicar el concepto.

Finalmente, Habermas plantea una tercera etapa, la de la comunicación de masas, donde el debate público se transforma profundamente. Ese proceso no es nuevo: lo venimos viviendo desde hace varias décadas y hoy se intensifica con los fenómenos que mencionabas —las redes sociales, la mediatización extrema y las nuevas tecnologías.

RP: Suele decirse que en las redes sociales no es posible que funcione adecuadamente la esfera pública por la facilidad de recurrir al insulto. ¿Qué función ha desempeñado históricamente?, ¿qué lugar ocupa hoy el insulto en la esfera pública de México?

AMS: Llegué al tema del insulto por un camino indirecto, a partir de un proyecto al que me invitó Ignacio Marván sobre los archivos de la Suprema Corte de Justicia. Mi tarea fue analizar los expedientes relacionados con casos de libertad de expresión, lo que me llevó a estudiar de cerca las leyes que la protegían, pero también las que la limitaban. En la práctica, eso implicó adentrarme en la historia de la censura, porque muchas veces los límites a la libertad de expresión han sido, en realidad, mecanismos censores.

En ese proceso aprendí a distinguir dos cosas fundamentales: por un lado, la regulación del lenguaje —las normas culturales, jurídicas y sociales que buscan encauzar la expresión pública, como ocurre hoy con el discurso de odio— y, por otro, la censura propiamente dicha, que opera a partir de tabúes culturales y de la idea de que ciertas palabras o expresiones son “contaminantes” para el orden social.

Al revisar los casos judiciales, me di cuenta de que la mayoría no giraban en torno a ideas abstractas de libertad de expresión, sino a los llamados delitos contra el honor: difamación, injuria y calumnia. En casi todos los expedientes aparecía el insulto como el núcleo del conflicto. Personas o instituciones —el Ejército, funcionarios públicos, figuras de poder— se decían insultadas por expresiones públicas y acudían al sistema judicial para defender su reputación, lo que en muchos casos funcionaba como una forma de censura.

Eso permite ver dos dimensiones del insulto en la esfera pública. Por un lado, cómo escribían los periodistas y cómo utilizaban un lenguaje irónico, burlesco o directamente injuriante, especialmente en las primeras décadas del siglo XX, cuando el estilo era un arma central del combate político. Por otro, cómo el sistema judicial se convirtió en un espacio de interpretación casi hermenéutica del lenguaje, donde una o dos palabras podían definir la culpabilidad de un periodista.

Históricamente, el insulto ha sido una herramienta clave en la esfera pública mexicana. No sólo como una agresión gratuita, sino como forma de denuncia, de combate político y de canalización de la ira frente a los abusos del poder. Existe incluso una tradición cultural que entiende la injuria como un arte, una forma sofisticada de dañar reputaciones o exhibir vicios públicos.

Hoy, ese uso del insulto sigue presente, pero se ha vuelto especialmente problemático por el recurso creciente al acoso judicial como mecanismo de silenciamiento. Lo que estudié en expedientes de principios del siglo XX reaparece de manera alarmante en el presente, en casos contra periodistas, académicos y medios. El insulto sigue siendo un arma poderosa del discurso público, pero también un punto vulnerable desde el cual se intenta restringir la crítica y limitar la deliberación democrática.

Ana María Serna es profesora-investigadora en el Instituto Mora.
Es autora de Dolo y Malicia. Regulación del lenguaje, criminalización del periodismo y libertad de expresión en México, 1901-1931 (Instituto Mora/Tirant lo Blanch, 2021), Se solicitan reporteros: Historia oral del periodismo mexicano en la segunda mitad del siglo XX (Instituto Mora, 2015) y otros libros y artículos en los que ha estudiado el desarrollo del periodismo y la esfera pública en distintos momentos de la historia de México.
Además, coordina el Seminario de investigación de Esfera Pública, Cultura y Ciudadanía del Instituto Mora.

En ese sentido, el insulto no ha desaparecido de la esfera pública mexicana: ha cambiado de forma, de escenario y de consecuencias, pero sigue ocupando un lugar central en la disputa por la palabra, el poder y la reputación. Y hoy en día se sigue usando como pretexto jurídico para silenciar a los críticos de políticos e instituciones poderosas.

RP: Muchas veces el insulto no es espontáneo, sino que se utiliza de forma estratégica para activar emociones en las audiencias o provocar reacciones en figuras políticas concretas. A partir de ese cruce entre insulto y emociones, ¿qué papel han desempeñado históricamente las emociones en la esfera pública y cómo operan hoy día?

AMS: Lo primero que hay que subrayar es una obviedad: los seres humanos no solo pensamos, también sentimos. Eso aplica tanto a la vida privada como a la esfera pública. Durante mucho tiempo se intentó analizar el espacio público como si estuviera guiado únicamente por la razón, pero hoy sabemos —gracias a la historia de las emociones, un campo historiográfico muy prolífico— que eso es una ficción.

Asumir la dimensión emocional de la esfera pública no sólo es inevitable, sino sano. Pretender que las personas no se enojen, no se frustren, no se depriman o no expresen emociones intensas —incluso de manera poco cuidada— es desconocer cómo funciona la experiencia humana. El problema no es la existencia de emociones en el espacio público, sino cómo se usan y con qué fines.

Desde el punto de vista histórico, es importante distinguir entre distintas formas de relación entre emociones y política. No es lo mismo la manipulación deliberada de las emociones desde el poder —como ocurre en regímenes autoritarios o en aparatos de propaganda, ya sea en el nazismo o en ciertos populismos contemporáneos— que la expresión emocional como forma de resistencia, de protesta o de construcción de comunidad. En este sentido, varios movimientos políticos han operado como verdaderas “comunidades emocionales”, donde los afectos compartidos articulan identidades y acciones colectivas.

Las emociones siempre han estado presentes en la esfera pública. Discursos como los de Eva Perón, Franklin D. Roosevelt o Lázaro Cárdenas apelaban claramente a ellas, pero no necesariamente a partir del odio o la polarización extrema. Hoy vemos un cambio importante: la manipulación emocional se ha intensificado y sistematizado, apoyada en tecnologías que permiten una circulación constante e inmediata de opiniones.

La tecnología actual nos ha dado a todos la posibilidad de opinar todo el tiempo, y eso ha desdibujado las fronteras entre información, opinión y deliberación. En ese contexto, muchas expresiones emocionales se producen sin mediación ni reflexión, lo que debilita la elocuencia, la capacidad de persuasión y el diálogo público. No es lo mismo la expresión emocional en redes sociales que en el periodismo riguroso, el trabajo académico o los espacios deliberativos formales.

Por lo tanto, las emociones han sido y siguen siendo centrales en la esfera pública. El reto no es eliminarlas, sino comprender sus usos históricos, distinguir entre expresión y manipulación, y pensar cómo pueden contribuir —o deteriorar— la deliberación democrática en un contexto de alta polarización.

Tres políticos acusados de traición siendo desalojados por la policía. Wellcome Collection.
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