ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: CONQUISTA CIUDADANA

Por Miriam Rojas Piña

La conquista ciudadana del acceso a la información

En México  se ha desarrollado de manera progresiva una importante regulación en materia de acceso a la información pública. Si bien en 1977 se reformó el artículo 6º constitucional que estableció la garantía de este derecho por parte del Estado, tuvieron que pasar 25 años para que se publicara la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con ello la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el antecedente del INAI.

Esta ley nació gracias a la organización ciudadana, en específico, fue el  “Grupo Oaxaca”, quien colocó en la agenda nacional el acceso a la información como derecho fundamental para el control del ejercicio gubernamental. Dicho grupo estaba formado por Juan Francisco Escobedo Delgado, Jorge Islas López, Issa Luna Pla, Salvador O. Nava, Roberto Rock, Luis Ernesto Salomón, Luis Javier Solana, Miguel Treviño, Ernesto Villanueva y Jenaro Villamil (hoy Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano).  Posteriormente se sumaron más figuras de la academia y sociedad civil, para finalmente articular un movimiento social que permitió fortalecer el andamiaje normativo e institucional que exigía la transición democrática (1).

Esta lucha ciudadana llevó a las reformas del artículo 6° constitucional en 2007 y en 2014, las cuales reconocieron el derecho de acceso a la información como fundamental, dotando de autonomía a los organismos encargados de garantizarlo (tanto nacionales como estatales).  Finalmente, en la en 2015 se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que estableció los principios y bases generales para la garantía del acceso a la información en nuestro país y nos permitió contar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Con lo anterior, también se instaló el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), que integra a todos los órganos locales de transparencia e instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF),  para no sólo desarrollar  los lineamientos, sino también las políticas públicas que permitirían promover, garantizar y ejercer los derechos humanos al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. 

El poder de la transparencia y las resoluciones del INAI

El INAI  nos ha permitido conocer la integración de cualquier institución gubernamental, la forma en la que se ejerce  el  presupuesto y ha sido base para investigaciones periodísticas que e han documentado  actos de corrupción. .

Como ejemplo, está el caso Odebrecht, uno de los más representativos del soborno a personas servidoras públicas, en el cual el Instituto ordenó abrir y entregar la información que la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Pemex no querían otorgar a las personas solicitantes.

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Se suma al caso anterior, el de la llamada “Casa Blanca”, en donde, a partir de solicitudes de información quedó demostrada la existencia del conflicto de interés por parte del titular del poder ejecutivo federal; y  la “Estafa maestra”, investigación realizada a partir de solicitudes y recursos de revisión ante el INAI que expuso el desvió de recursos por parte de una enorme red de personas servidoras públicas, dependencias de gobierno y Universidades de nuestro país (2).

Un ejemplo más reciente, es el desfalco millonario de “Segalmex”, detectado en la Cuenta Pública de 2019 por la Auditoría Superior de la Federación, en donde el INAI ha ordenado a dicha institución, y a sus filiales Liconsa y Diconsa, entregar información a las personas solicitantes; y a la Fiscalía General de la República a informar sobre denuncias relacionadas con este caso. Todo esto como resultado de que en un primer momento estas instancias habían negado a la ciudadanía dicha información.

Estos casos muestran cómo el INAI y la normativa con la que contamos en materia de transparencia y acceso a la información han obligado a las instituciones públicas a dar a conocer sus deliberaciones, actos relacionados con sus atribuciones e información que tengan en su posesión. Así, este Instituto, junto con los que existen en cada entidad de nuestro país, aseguran que cualquier autoridad entregue la información pública que las personas soliciten, salvo aquellos casos en donde el Instituto determine que por su naturaleza es reservada o confidencial.

El mundo ideal

Bajo normalidad democrática, el INAI estaría conformado por siete personas Comisionadas; sin embargo, desde abril de 2022 se encuentra incompleto y a partir de abril de 2023, con la salida de otro Comisionado, ya no puede sesionar, pues no reúne el mínimo de cinco integrantes para hacerlo. Hoy, con sólo cuatro de ellos, nos encontramos en un mundo ideal para la opacidad: sin un Instituto con capacidad para atender las inconformidades de la población ante la falta de respuesta a solicitudes de información, y sin una autoridad que respalde y vigile nuestro derecho a saber. Todo ello por falta de voluntad y de acuerdos políticos.

Más de cuarenta años de sembrar la idea de transparencia en el país, veintiuno de materializarlo y a ocho años de contar con un INAI autónomo, es inaudito concebir que se busque su desaparición, que se proponga que el propio gobierno absorba esas funciones o que se compare con un ejercicio de comunicación política que sólo da difusión y promoción a la agenda de gobierno por las mañanas.

Este último mecanismo, si bien permite a la sociedad conocer algunos temas públicos, muestra sólo una parte de las acciones del gobierno, las que éste quiere dar a conocer y únicamente durante una parte del día. Por ello, la transparencia y el acceso a la información pública no pueden cambiarse por ningún ejercicio que responda a intereses propios por conservar la información sobre cuestiones públicas o en posesión de las autoridades. El conocimiento y el debate público no puede ser para unas cuantas personas. 

No se puede imaginar un mundo ideal en donde la verdad sólo se encuentre en el Estado y el privilegio de conocerla recaiga únicamente en personas que trabajan en el gobierno, si lo hacemos de esta forma, nos encontraríamos ante una tecnocracia que, como bien lo decía Norberto Bobbio, es antitética de la democracia (4).

La transparencia, el acceso a la información pública y el INAI sirven para exigir al gobierno publicitar su información y entregar aquella que le sea solicitada por todas las personas y a su vez abre paso a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Por ello, los ejercicios de comunicación política no pueden compararse con la transparencia, pues éstos son mera difusión gubernamental y el mundo ideal para la sociedad requiere datos, archivos, documentos y portales gubernamentales con información cierta, que esté completa, sea clara y se encuentre actualizada.   

El derecho de acceso a la información es producto de una lucha ciudadana y su ejercicio exige la verdad del actuar institucional y una auténtica rendición de cuentas, el Estado tiene la obligación de cumplir este mandato constitucional, actuar en sentido contrario, como se ha desarrollado en fechas recientes, es ir incluso contra nuestra Carta Magna y su progresividad.

Muchos han sido los esfuerzos realizados hasta ahora y sí, como cualquier institución, el INAI es perfectible, pero jamás será un cero a la izquierda. Es el momento para recordar el impulso que tuvo el Grupo Oaxaca y abrirnos espacios. Que no se nos olvide que lo que está en juego son dos derechos humanos: el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

 

Pixabay

 

1. Juan Francisco Escobedo Delgado (Coord.), La agenda democrática del Grupo Oaxaca: Balance y Futuro, INAI, 2020

2. INAI, “Resoluciones emblemáticas” (s/f). Disponible en https://micrositios.inai.org.mx/todasytodos/?page_id=378 

 3. Norma Julieta del Río Venegas, “Gracias al INAI se conocen presuntos actos de corrupción”, El Financiero, Ciudad de México, martes 11 de abril de 2023

4. Jesús Rodríguez Zepeda, Estado y transparencia: un paseo por la filosofía política, INAI, México, 2015

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