México enfrenta una crisis de desapariciones sin precedentes. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, más de 110,000 personas han sido reportadas como desaparecidas, mientras que miles de cuerpos sin identificar y recientes hallazgos de fosas clandestinas confirman la magnitud del problema.
Las desapariciones forzadas no son un fenómeno nuevo en México. Durante la Guerra Sucia (1960-1980), el Estado utilizó esta práctica contra opositores políticos, pero a partir de 2006, con el inicio del sexenio de Felipe Calderón y su política de “guerra contra el narcotráfico”, las desapariciones aumentaron de manera alarmante; y a pesar de que han transcurrido casi veinte años y el partido al frente ha cambiado dos veces, la situación no se ha transformado.
El caso más reciente y alarmante es el de Teuchitlán, Jalisco, donde la desaparición de jóvenes y el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina pusieron en evidencia la gravedad del problema y que la violencia no es un suceso aislado, sino un conjunto de consecuencias, resultado de la mala gestión de las estructuras económicas e institucionales.
Muchos de los jóvenes que desaparecieron en Teuchitlán, estaban en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y esa fue la última noticia que tuvieron de ellos; lo que desmonta la narrativa de que quienes sufren por la violencia son «daños colaterales» o personas que andaban en malos pasos. Como Teuchitlán, lamentablemente, hay otros campos encontrados en el país que muestran que en esos sitios se destruyen o incineran los cuerpos de las víctimas para evitar su identificación, lo cual demuestra que en México no sólo se desaparece, sino que también se extermina a gran escala. Todo esto evidencia la falla estructural del Estado mexicano: las instituciones de justicia han sido incapaces de prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.
Ante estas desgracias, surge la pregunta: ¿es viable un mecanismo de justicia transicional para abordar la crisis de desapariciones? Este tipo de medidas ha sido utilizado en países con conflictos armados o dictaduras para garantizar la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La justicia transicional es un conjunto de medidas y procesos judiciales y extrajudiciales diseñados para ayudar a los Estados a superar períodos de conflicto, violencia o represión. Su propósito es abordar las violaciones a los derechos humanos y promover la reconciliación social a través de cuatro pilares fundamentales. El primero es la búsqueda de la verdad, que implica el esclarecimiento de los hechos mediante la instalación de Comisiones de la Verdad, encargadas de documentar y reconocer las violaciones ocurridas. El segundo pilar es la justicia, que se centra en el procesamiento de los responsables y en la lucha contra la impunidad, para garantizar que quienes cometieron crímenes sean juzgados y sancionados conforme a la ley. En tercer lugar, la reparación busca indemnizar a las víctimas y a sus familiares, tanto de manera material como simbólica, y reconocer el daño sufrido y promoviendo su dignificación. Finalmente, las garantías de no repetición se enfocan en la implementación de modificaciones legislativas y reformas institucionales estructurales, con el objetivo de prevenir la recurrencia de estos crímenes y fortalecer el Estado de derecho.
México enfrenta un desafío sin precedentes en materia de derechos humanos. La justicia transicional podría ayudar a esclarecer la verdad, juzgar a los responsables y reparar a las víctimas. Pero para que funcione es fundamental garantizar autonomía judicial, combatir la impunidad, incluir a las víctimas, trabajar con colectivos en la búsqueda, superar la resistencia política y la militarización y asegurar mecanismos de protecciones para testigos y denunciantes.
Las desapariciones forzadas y la existencia de colectivos como las Madres Buscadoras y Guerreros que Buscan, han demostrado que el Estado ha fallado en garantizar justicia. No se trata solo de un problema del pasado, sino de una crisis que sigue en el presente y amenaza con repetirse en el futuro. Si México no adopta medidas urgentes para enfrentar esta crisis, las desapariciones seguirán marcando generaciones enteras. La justicia transicional no es solo una alternativa, es una necesidad moral e histórica.
Frida Barbosa (@fridabarrbosa) es abogada feminista.
