Los orígenes
El 16 de agosto de 2024, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, que es uno de los cinco mecanismos que integran la Comisión de Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (COVEH) presentó los seis volúmenes y anexos de uno de sus dos informes finales, titulado Fue el Estado (1965-1990), el cual género todo tipo de comentarios y debates entre los colectivos de víctimas de la guerra sucia, los académicos especializados en el tema, algunos periodistas y miembros de la comunidad de defensores de derechos humanos.
Lamentablemente, el tema no trascendió ese ecosistema de actores. Básicamente, son los mismos –con algunas nuevas presencias– que en 2006 discutieron la filtración del informe del equipo histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado de la Procuraduría General de la República (FEMOSPP-PGR), ¡Que no vuelva a suceder! coordinado por José Sotelo Marbán. La FEMOSPP condenó la filtración, despidió a todos los trabajadores del equipo de Sotelo sin pagarles e hizo una versión del informe que modificaba el uso del léxico contrainsurgente y eliminaba las descripciones más explícitas sobre la violencia estatal, con lo cual buscó diluir la magnitud del terror estatal y la responsabilidad de las fuerzas armadas. La FEMOSPP fue desmantelada al final del sexenio de Vicente Fox y el informe rasurado estuvo colgado por unas cuantas semanas en el sitio oficial de la PGR, sin que haya tenido ninguna trascendencia. El informe Sotelo nunca se publicó y sólo en años recientes se dio a conocer en la página de “Sitios de Memoria” de la Secretaría de Gobernación. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad denunciados en el informe nunca fueron investigados judicialmente.
Las administraciones post-transición mostraron un desdén absoluto hacia el tema de la guerra sucia y la de AMLO parecía encaminarse a la misma dirección, pues durante el primer año y medio de su mandato no hizo nada al respecto. Sin embargo, la cuestión de los desaparecidos había sido parte de sus promesas de campaña, por su cercanía con la líder emblemática del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra. Así, la primera iniciativa oficial sobre el tema se dio a conocer el 2 de octubre de 2020. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada por Alejandro Encinas dio a conocer la creación de un Comité Asesor para diseñar la Política de Verdad y Memoria del Pasado reciente, cuyas funciones eran la investigación histórica, la memorialización de las víctimas y el impulso a la justicia. Los funcionarios de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos (DGEADH), Félix Santana, Camilo Vicente y Mariana Godoy coordinaron esa encomienda. El Comité Asesor reunió a familiares de desaparecidos, académicos y abogados, entre los que se encontraban Eugenia Allier, Aleida García, Alicia de los Ríos, Fabián Sánchez Matus, Pilar Noriega, César Valdés y Alejandra Cartagena. Algunos de ellos se convirtieron en los arquitectos tanto del decreto como del proceso por el que se organizaría la comisión presidencial de la verdad.
A partir de junio de 2021, un grupo de colectivos de familiares y sobrevivientes de la violencia de Estado, entre los que se encontraban el Comité Eureka y sus brazos regionales, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, la Federación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guerrero (AFADEM), el Colectivo Rodolfo Reyes Crespos de Jalisco y Sinaloa, H.I.J.O.S México, Nacidos en la Tempestad, el Comité de Madres de Chihuahua, la A.C. Sobrevivientes de la Guerra Sucia y la familia Cabañas, se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aceptó la formación de una comisión de la verdad a condición de que los colectivos se pusieran de acuerdo en una propuesta única. Así, los colectivos mencionados, a los que posteriormente se sumó el Comité Unitario de Jalisco, comenzaron a organizar mesas de trabajo con el fin de diseñar la propuesta que presentarían al presidente.
El 30 de agosto de 2021, el presidente López Obrador anunció públicamente la creación de una comisión de la verdad presidencial. El decreto fechado el 2 de octubre de 2021 y publicado el 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, justificaba el carácter presidencial de la comisión con base en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Ley Pública Federal que otorga al ejecutivo federal la facultad de crear comisiones. El decreto también justificaba la creación de la comisión a partir de la constitución mexicana, los instrumentos jurídicos internacionales firmados por México y otros de carácter nacional, como la ley general de víctimas y las leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas, así como las recomendaciones que organismos nacionales e internacionales han hecho al Estado mexicano en torno a las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado reciente.
El decreto especificaba la integración de la comisión por personas servidoras públicas de seis instituciones gubernamentales: la SEGOB, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Archivo General de la Nación (AGN), la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), así como cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional, quienes ejercerían sus cargos a título honorífico. Asimismo, el decreto establecía que la comisión dependería de la SEGOB, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. La vigencia del decreto fue establecida del 7 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024.
El mismo decreto determinó que las personas expertas deberían ser elegidas en un plazo no mayor a quince días hábiles posteriores a su entrada en vigor. Esta premura llevó a un proceso de selección al vapor y cargado de irregularidades, con cambios constantes en las normas de participación. El comité de selección estuvo presidido por Alejandro Encinas y Alicia de los Ríos en representación de los colectivos de víctimas, a pesar de que ella era también parte del Comité Asesor de la DGEADH-SEGOB. Jesús Peña fungió como observador externo por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Aunque las entrevistas con los candidatos a comisionados fueron transmitidas en vivo en redes sociales, nunca se hicieron públicos ni los puntajes de los candidatos ni las minutas de la asamblea de colectivos de víctimas donde presuntamente se eligió a los comisionados.
Los académicos, periodistas y abogados expertos en guerra sucia y comisiones de la verdad fueron descartados y en su lugar fueron elegidas personas que no eran reconocidas como especialistas en el tema ni habían trabajado previamente con las víctimas del periodo. El conflicto de interés fue manifiesto. Dos de las comisionadas, las académicas Eugenia Allier y Aleida García, ya eran parte del Comité Asesor de la DGEADH-SEGOB. Abel Barrera fue invitado a participar en el proceso de selección por Pilar Noriega, también miembro del Comité Asesor, a pesar de que él ya era parte del grupo de acompañamiento del caso de los 43 estudiantes desaparecidos ante la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. El jesuita David Fernández fue ex director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro,” el mismo que desde hace un par de décadas litiga el caso de la desaparición forzada de la madre homónima de Alicia de los Ríos. El quinto elemento, el académico e intelectual público Carlos Pérez Ricart, quien era conocido por su postura crítica pero afín a la administración de López Obrador.
Se trató pues de una comisión controlada, resultante de una relación directa entre el presidente y los colectivos de víctimas de la guerra sucia. No se trataba de una comisión de la verdad autónoma, con financiamiento público pero independiente de las instituciones y de los agraviados, sino de una comisión interinstitucional con presencia de actores externos cuya independencia fue cuestionable desde el principio, dada su cercanía con la SEGOB, a la 4T o las víctimas convocadas a diseñar la comisión. El carácter sectario de la iniciativa le restó credibilidad social e impidió que trascendiera a la esfera pública. El mismo presidente pareció olvidarse de la comisión, pues a pesar de su poder mediático, nunca le dio suficiente seguimiento al tema en sus conferencias “mañaneras.”
La implementación
La comisión presidencial de la verdad no fue inaugurada en Guerrero, donde se encontraban más del 80% de las víctimas de la guerra sucia, sino en Chihuahua, sin que nadie diera ninguna explicación al respecto. A los familiares de las víctimas de otros estados se les ofreció trasladarlas en aviones del ejército, un acto agraviante que muchas de ellas rechazaron por ser evocativo de los llamados “vuelos de la muerte,” un presunto método de exterminio de sus familiares desaparecidos. La comisión fue inaugurada con presencia de los militares y el presidente, en un ambiente más festivo que solemne. A partir de entonces se produjo una gran fractura en los colectivos de víctimas, que hasta entonces habían estado unidos en su propósito de impulsar a la comisión.
La comisión presidencial también hizo algo que no estaba contemplado en el decreto inicial, que fue la formación de cinco mecanismos: el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y Acceso a la Verdad (MEH) dirigido por los comisionados independientes, el Mecanismo de Impulso a la Memoria (MIM), el Mecanismo Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas (MEBPD), el Mecanismo Especial de Reparación y Compensación (MERC) y el Mecanismo para el Impulso a la Justicia (MIJ). En este último, a diferencia de los anteriores conformados por servidores públicos, también había especialistas independientes que no fueron elegidos por ninguna instancia.
En sus menos de tres años de existencia, la comisión acumuló la renuncia de la comisionada Aleida García al MEH y de los especialistas independientes del MIJ Carlos Pérez Vázquez y Fabián Sánchez Matus. En sus sendas cartas de renuncia, los susodichos detallaron las irregularidades con las que operaba la comisión, así como la falta de presupuesto y de condiciones materiales para desarrollar su mandato. Los especialistas en derecho también denunciaron la falta de un acuerdo entre la comisión y la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales para trabajar sobre los casos del periodo. Con su salida, el MIJ quedó prácticamente disuelto. Tiempo después, el MEH se dividió en dos facciones, una encabezada por Allier y la otra por Fernández, Barrera y Pérez Ricart.
La falta de voluntad política para apoyar los trabajos de la comisión quedó evidenciada en un evento que se realizó en el Campo Militar No. 1 el 22 de junio de 2022, el cual reunió al presidente, a los integrantes de la comisión presidencial, los colectivos de víctimas y familiares de los soldados caídos en acciones contrainsurgentes. Los colectivos de víctimas ignoraban que estos últimos habían sido convocados. No está claro si la iniciativa de reunir a familiares de los dos bandos antagónicos provino directamente del Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Luis Crescencio Sandoval, pero lo que debió ser un acto de desagravio, perdón y demostración de voluntad política para ajustar cuentas con el pasado, se convirtió un acto de rotunda revictimización.
El Gral. Sandoval no sólo dio muestras de ignorar la gravedad de los crímenes que se le imputaban al instituto armado, sino que se mantuvo en una línea de glorificación de las fuerzas armadas. La única novedad discursiva fue el establecimiento oficial de la versión mexicana de la “teoría de los dos demonios»: el ejército estaría dispuesto a reconocer a las víctimas del bando enemigo a cambio de que se le permitiera memorializar a sus propios caídos, bajo el presupuesto de que hubo bajas qué lamentar de ambos lados. Lejos de poner límites al ejército, el presidente respaldó este discurso haciendo un llamado a honrar la memoria “de los que se nos adelantaron y que lucharon por un ideal o lucharon en cumplimiento de un deber.”
Aunque el presidente mató a su propia iniciativa de esclarecer el pasado y hacer justicia al supeditarla a lógica militar, y aun cuando las víctimas le manifestaron su indignación, la comisión presidencial continuó con sus labores: la SEDENA le permitió el acceso a su archivo histórico y a algunas instalaciones militares, a fin de que civiles que estuvieron retenidos en las prisiones clandestinas pudieran llevar a cabo inspecciones oculares. No obstante, un año más tarde el MEH denunció que la SEDENA obstruía de forma sistemática el acceso a sus archivos. No sólo se le cerró el paso a los investigadores del MEH, sino que, de acuerdo con algunas investigaciones periodísticas, los expedientes más comprometedores pudieron haber sido mutilados. La SEDENA ha mentido todos estos años al haber declarado que todo su archivo correspondiente a las décadas de los sesenta, setenta y ochenta había sido transferido al AGN. Un resultado contraproducente de obligar a la SEDENA a abrir el acceso a su archivo histórico pudo ser la destrucción de lo que sobrevivió a esa época.
La SEDENA por sí sola hubiera sido el obstáculo más formidable para que la comisión presidencial cumpliera su cometido, pero ésta tuvo otro obstáculo igualmente infranqueable en la FGR, presidida por uno de los viejos represores de los setenta, Alejandro Gertz Manero, que como funcionario de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo mismo mandó a torturar a coleccionistas de piezas prehispánicas que a presuntos campesinos marihuaneros y amapoleros, como coordinador de la campaña nacional anti-drogas en el sexenio de Echeverría. Gertz mantuvo una defensa férrea del pacto de impunidad y silencio que lo ataba a esa época. Durante el periodo de labores de la comisión presidencial, los agentes del ministerio público de la Coordinación General de Investigación (CGI), encargados de los expedientes de los desaparecidos de la guerra sucia, fueron transferidos a otras áreas y los más de trescientos casos fueron asignados a dos agentes nuevos, que no tenían ninguna familiaridad con el tema. De esta manera, se configuró una amnistía de facto para los represores del pasado, idéntica a la de administraciones anteriores.
La comisión presidencial concluyó sus trabajos sin que se hubiera indiciado a ningún servidor público involucrado en violaciones graves a los derechos humanos. El MIM no concretó ninguna iniciativa para memorializar a las víctimas. No se logró la identificación positiva de ningún desaparecido. Los casos que se investigaron al respecto fueron ajenos a los trabajos de la comisión presidencial, como el hallazgo de presuntos desaparecidos en el Panteón Civil de Dolores anunciado por Encinas en octubre de 2023. El MERC estuvo muy lejos de satisfacer las demandas de las víctimas en torno a la reparación integral del daño. La SHCP falló una vez más en incluir las reparaciones a las víctimas en sus cálculos. Se produjo así una revictimización institucional masiva contra los agraviados, quienes llevan más de cincuenta años exigiendo verdad y justicia.
Los resultados tangibles
El MEH llevó a cabo una serie de ejercicios de recolección de testimonios en diferentes partes del país denominados “Diálogos por la verdad.” Sobrevivientes de la represión y víctimas indirectas de la guerra sucia fueron convocados a rendir su testimonio en un formato controlado, con límites de tiempo. Para muchas de las personas que asistieron a los encuentros, se trató de un proceso casi burocrático, donde más que ser escuchadas con detenimiento se les hizo sentir que se cumplía con una formalidad. La mayoría de esas víctimas ya habían dado su testimonio a múltiples autoridades desde hace décadas, por lo que algunas sostuvieron que la comisión presidencial era otra iniciativa para ir a meterles el dedo en las llagas gangrenadas sin resolverles nada. A pesar de sus limitaciones y problemas logísticos, y considerando que ninguna administración anterior organizó este tipo de encuentros con las víctimas, este acto de escucha colectiva puede ser considerado como uno de los aciertos del MEH.
El principal resultado de la comisión presidencial es el informe final del MEH. El 16 de agosto del presente, la facción de Fernández, Barrera y Pérez Ricart presentó los seis volúmenes y anexos del reporte titulado Fue el Estado (1965-1990). La comisionada Allier presentará en septiembre su reporte Verdades innegables. Por un México sin impunidad. El primer informe se enfoca en los crímenes estatales contra comunidades campesinas, indígenas, afromexicanas, disidencias político-partidistas, urbano-populares, sociales y sexuales, las víctimas de las campañas antidrogas y los opositores al desarrollismo. El segundo se aboca a la estructura y funcionamiento del sistema represivo, las tácticas contrainsurgentes empleadas contra movimientos sociales y organizaciones político-militares y las afectaciones psicosociales de la violencia de Estado.
Fue el Estado se basa en la investigación de casos novedosos que van más allá del marco de referencia de lo que se entiende por guerra sucia, mientras que Verdades innegables entra de lleno en esta temática. Ambos reportes presentan recomendaciones generales al Estado mexicano para establecer políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación del daño y ofrecer garantías de no repetición de esos crímenes. Está por estudiarse a profundidad qué tanto aportan de nuevo en comparación con el informe de la FEMOSPP de 2006, el de la Comisión de la Verdad de Guerrero de 2014 y la Recomendación 98VG/2023 de la CNDH. Ni el presidente ni el secretario de la defensa acudieron a la presentación del primer informe, desdeñando así una oportunidad para reconocer la gravedad de lo acontecido y pedir perdón a los agraviados públicamente. Además, los canales oficiales de comunicación no le dieron ninguna relevancia al informe, por lo que su impacto público fue limitadísimo.
La respuesta de la mayoría de los colectivos de víctimas de la guerra sucia ha sido de sorpresa y desconcierto ante el informe. Primero, porque no se les compartieron los resultados en privado, antes de hacerlos públicos. Segundo, porque la investigación de los comisionados abarca diversos casos de violencia política ajenos a lo que en estricto sentido fue la Guerra Sucia. La comisión presidencial de la verdad quizá sea la única en la historia de comisiones similares en América Latina que, teniendo la misión concreta de investigar un conflicto armado interno, se desvió hacia la investigación de la violencia de Estado en general. Aunque el informe del MEH permite dimensionar el alcance y la magnitud de las prácticas de terror estatal a lo largo de tres décadas, no puede pasarse por alto que la comisión no fue creada para elaborar un resumen académico ni un inventario de todas las formas de violencia estatal.
El enfoque adoptado por el MEH no se justifica. Primero, porque los comisionados del MEH se legitimaron en una asamblea de colectivos de víctimas de la guerra sucia que fueron quienes presuntamente los eligieron. Ellos aceptaron jugar el juego de la SEGOB que promovió el eslogan de “una comisión formada por víctimas para las víctimas” y debieron atender, antes que nada, las demandas de esos colectivos, sin cuyo activismo tenaz la comisión presidencial nunca habría existido. En lugar de aportar una investigación sobre los desaparecidos que facilitara las labores de los agentes del ministerio público y los privara de pretextos para dilaciones y obstrucción de la justicia, el MEH no le dio ninguna centralidad a ese tema. Esa tarea quedó en manos de la CNB, pero no parece haber existido una coordinación armoniosa entre ambos organismos. Para las familias de los desaparecidos, esto representa una oportunidad perdida para conocer el destino de sus seres queridos.
Finalmente, el MEH le apostó casi todo a los archivos, cuando la investigación principal debió recaer en los testigos: las decenas de miles de ciudadanos que vieron y supieron algo. Los médicos y enfermeras que laboraban en los hospitales en aquellos años; los trabajadores del Servicio Médico Forense; los panteoneros a los que les tocó enterrar personas asesinadas y torturadas en fosas comunes; el personal de limpieza que limpió la escena de muchas masacres y episodios represivos; los militares jubilados que conocieron directamente las prisiones militares clandestinas; los pilotos de la Fuerza Aérea que operaron en todo el país en esos años, las familias de todos estos personajes que escucharon algo o tal vez resguardaban documentos alusivos a estos hechos en sus casas. En fin, la lista podría ser infinita pero muy pocas de estas voces se traslucen en el informe del MEH.
Los comisionados abordaron el problema de escribir un informe oficial como si fueran a inaugurar el tema, soslayando más de dos décadas de historiografía sobre la guerra sucia. Quizá al toparse con una montaña de información de una temática que habían supuesto poco trabajada, sucumbieron a la tentación de hacer un resumen sobre el periodo al que fueron añadiendo nuevos casos y fuentes, hasta producir un conjunto de gruesos volúmenes que escapan a la capacidad de procesamiento del ciudadano promedio. No obstante, hay que decir que la recolección de semejante cantidad de información en un periodo de dos años y medio con enemigos formidables como el ejército y la burocracia a todos los niveles, es encomiable y sin duda el mérito recae en el equipo de jóvenes investigadores del MEH, quienes laboraron en condiciones muy difíciles. También debe reconocerse que los comisionados tuvieron la integridad necesaria para denunciar los crímenes del aparato de seguridad nacional en su conjunto y ni si quiera está claro si se les ha garantizado protección ante posibles represalias por parte del ejército.
El gobierno de la Cuarta Transformación le falló una vez más a las comunidades campesinas arrasadas y desplazadas por ejército, a los miles de ciudadanos asesinados, arrestados sin orden de aprehensión, torturados y desaparecidos, y a aquellos arrojados al mar desde aviones de la fuerza aérea sin una lógica político-militar, con el único objetivo de generar terror y sufrimiento infinitos, en la imposición de un castigo colectivo. A ese ejército que nunca se depuró y que condecoró a auténticos criminales de guerra, se le premió una vez más con la adopción presidencial de la “teoría de los dos demonios” y se le extendió la amnistía de facto que les otorgaron todas las administraciones anteriores. El silencio oficial que ha seguido a la liberación del informe del MEH es tan escandaloso como el que en 1980 denunció Elena Poniatowska en su obra señera Fuerte es el silencio. La Cuarta Transformación que le prometió verdad y justicia a las víctimas, en lugar de eso ponderó su alianza con un ejército manchado por sus crímenes históricos. Ese es parte de su legado.
En medio de los discursos triunfalistas que están marcando el fin de este sexenio, cabe recordar que los desaparecidos de la guerra sucia, algunos de los cuales llevan más de cincuenta años desaparecidos, no han sido presentados, vivos ni muertos. La desaparición forzada es un crimen que se comete todo el tiempo que la persona está desaparecida y todas las instituciones que se niegan a dar información sobre su paradero son cómplices en la comisión del delito. El genocidio, la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial en un contexto de sistematicidad se consideran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son de carácter imprescriptible.
No importa si los crímenes fueron perpetrados por soldados rasos o policías de a pie, se aplica la lógica del escalamiento de mandos según la cual todos los que no castiguen esos delitos son cómplices por aquiescencia u omisión. Además, no estamos hablando de algunos malos elementos que usaron su posición en las instituciones para delinquir, sino de políticas de Estado que buscaron el exterminio de la oposición armada y el disciplinamiento político-social a través del terror. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador comparten la misma responsabilidad moral y penal por estos crímenes en su calidad de titulares del poder ejecutivo y comandantes supremos de las fuerzas armadas. Esto puede aplicarse también a la administración entrante si, en lugar de aceptar las recomendaciones del informe del MEH, escoge mantener la impunidad estructural de las corporaciones policiacas y militares. Es menester enfatizar que la infamia no prescribe, ni en el derecho, ni en la memoria, ni en la historia.
Adela Cedillo es profesora-investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad de Houston. Ha publicado artículos en revistas indexadas y de divulgación y capítulos en obras colectivas sobre la guerra sucia mexicana, las organizaciones armadas revolucionarias, las mujeres guerrilleras, los derechos humanos y la guerra contra las drogas en la década de los 1970. Ha colaborado en varios medios impresos y digitales. Es coeditora de la obra Challenging Authoritarianism in Mexico. Revolutionary Struggles and the Dirty War, 1964-1982 (Routledge, 2011) y autora de El Fuego y el Silencio. Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional de México (Comité ‘68 Pro Libertades Democráticas, 2008). Twitter: @eliseirena
