Paquete Contra la Inflación y Carestía (PCIC)

Por Jorge Tonatiuh Martínez Aviña[1]

El miércoles 5 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció junto a integrantes de la iniciativa privada, un plan para mitigar en el corto plazo la escalada de cierto conjunto de precios. El fenómeno inflacionario esta sucediendo en todo el mundo, el último dato señala un incremento interanual en el país de 7.45% a marzo de 2022. A este mismo mes, en Estados Unidos la inflación llegó a 8.5%, en Canadá a 6.7%, Brasil 11.30%, Chile 9.4%, Argentina a 55.1% y en Colombia 8.53%, por mencionar algunos. Los puntos difundidos son medidas para dinamizar la producción, lo que generaría en el corto plazo dos efectos: 1) la disminución en la velocidad de crecimiento del índice en su conjunto, y 2) su disminución.

El propósito de este documento es analizar los efectos del PCIC. Desmenuzar los puntos que lo componen y explicar los principales riesgos que enfrenta. De inicio destaquemos su duración. Se plantea como plazo máximo 6 meses, a finales de 2022 se espera que los efectos el conflicto entre Ucrania y Rusia este en una etapa diferente, que haya cesado. La inflación energética en 2021 llegó a 15.5% en promedio para los países de la OCDE. Al primer trimestre de 2022, este valor subió a casi el doble, 28.6%. La gráfica siguiente ilustra el crecimiento del factor energético en los precios para países seleccionados.

La inflación energética impacta de manera transversal la actividad económica. Cuando esta sube, presiona los costos fijos y variables de las empresas, disminuyendo su margen de ganancia que pueden alcanzar y crece la posibilidad de que el aumento en costos sea transferido al consumidor final. Si el conflicto armado cesa o disminuye, es altamente probable que los precios de petróleo y gas comiencen una tendencia a la baja, en beneficio de las industrias en su conjunto.

 

Gráfica 1. Inflación energética en el mundo

(países seleccionados): 2021 – 1Q2022

Sobre los dos grandes ejes del PCIC, tenemos uno que va en beneficio de las empresas, reduciendo sus costos y otro que va directamente a la olla familiar. El primero abarca los siguientes puntos:

  1. Estabilización del precio de las gasolinas y el diésel
  2. Aumento en la producción de granos
  3. Incremento de beneficiarios del Programa de Fertilizantes para el Bienestar
  4. Eliminación de la cuota para la importación de sulfato de amonio
  5. Fortalecimiento la seguridad en las carreteras
  6. No aumento de peajes a cargo de CAPUFE
  7. Exención de carta porte del SAT (productos e insumos básicos)
  8. No incremento de tarifas ferroviarias
  9. Reducción de costos y tiempo del despacho aduanal
  10. Despacho ágil de carga en los puertos marítimos
  11. Aranceles cero a la importación de alimentos e insumos básicos
  12. Constitución de una reserva estratégica de maíz
  13. Precios de garantía en maíz, arroz, frijol y leche
  14. Fortalecimiento del programa de abasto de Diconsa y Liconsa
  15. Participación en el paquete contra la carestía
  16. No incremento de los precios de Telmex y Telcel

La inflación energética está asociada a combustibles y energía eléctrica. La estabilización en el precio de los combustibles auxiliará tanto a familias que tengan vehículo, pero también a las usuarias de otros medios de transporte, pues los gremios de microbuses, por ejemplo, no deberían presionar por un alza en el precio a pagar por el transporte. Las empresas usuarias de servicios de transporte mantendrán estable el gasto ejercido en este rubro por el mismo motivo. Además, aquellas empresas que tengan una integración vertical de medios de trasporte mantendrán estable este importante costo.[2]

La ayuda al campo es fundamental, pues el incremento general de la inflación esta presionado de manera relevante por el aumento del precio de los alimentos. En primer lugar, la distribución de más fertilizante y la eliminación del impuesto a la importación del sulfato de amonio tenderá a incrementar la producción por la distribución de un bien complementario y el abaratamiento del costo de adquisición del fertilizante. En segundo lugar, llevar a 0 el costo del arancel a productos de importación de alimentos e insumos básicos,[3] dinamizará la oferta de productos disponibles y disminuirá el precio al consumidor final.

El costo que implica el traslado de bienes de un lugar a otro de la república puede llegar a representar un tercio del precio final pagado por los consumidores. El gobierno plantea agilizar el traslado de bienes y abaratar parte de su costo manteniendo estable el precio de los peajes, fortaleciendo la seguridad en las carreteras (reducción de precio por aseguramiento carretero).

En el mundo, el transporte marítimo representa el 80% del comercio internacional, agilizar la carga en los puertos nacionales, así como disminuir tiempo de despacho aduanal y reducir los costos que implica, busca aumentar la cantidad de bienes disponibles, pero sobre todo abaratar el costo que conlleva el transporte marítimo, y nuevamente detener el impacto en precio al consumidor final.

Presidencia

En términos generales el PCIC busca aumentar la producción de bienes primarios, pero también beneficia a la industria en su conjunto, sobre todo la disminución de costos de transporte, donde el beneficio no es dirigido, sino sobre el total de las actividades económicas. De igual forma, mantener una política pública de estabilización sobre los precios energéticos ayuda a las empresas a no trasladar costos energéticos al bolsillo de las familias. Además, sumar a las cadenas comerciales minoristas del país garantiza una oferta estable del precio de la canasta básica. Junto con el fortalecimiento de Diconsa y Liconsa, que geográficamente están distribuidas en zonas del país con población de menores ingresos económicos.

Los retos que enfrenta están relacionados principalmente a la duración del conflicto armado entre Rusia y Ucrania, cuya duración pone en jaque los costos de las industrias en general. En el rubro internacional China y Estados Unidos tienen connotaciones relevantes, por un lado, en China siguen los confinamientos por el aumento del virus SARS-COV-2 y sus variantes, lo que ha disminuido tanto su capacidad de consumo y producción, afectando a la economía global. Por otro lado, Estados Unidos afronta una posible recesión económica, lo que impactaría necesariamente y de manera negativa al crecimiento económico de México. Finalmente, el factor interno que se debe cuidar es el de las finanzas públicas. El financiamiento del PCIC se plantea con los excedentes de la venta de crudo. El Presupuesto de Egresos de la Federación presupuestó un precio de alrededor de 50 dólares por barril, el precio actual es de arriba de 100 dólares por barril, sin embargo, la importación de gasolinas aún es relevante. Sobre este último punto, es verdad que este gobierno ha tenido una visión completada de la seguridad energética y ha aumentado la producción interna de gasolina y disminuido la importación. Por tanto, el programa debe revisarse en seis meses para conocer futuros alcances y financiamiento.

Pixabay

[1] Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM | correo: [email protected]

[2] No omito destacar la política de estabilización del precio de la energía eléctrica seguida por el actual gobierno desde antes de la pandemia y que se ha mantenido, incluso en momentos de elevada tensión. Como los vividos en 2021, por el incremento en el precio del gas.

[3] Se habla de 21 productos básicos: aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina y zanahoria. Y de cinco insumos: harina de maíz y de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo.

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