1.Estado, individuo o las aporías de la (pos)modernidad política
En la necesidad de moderar la diseminación del Covid-19, muchos gobiernos recurrieron a distintas restricciones a la libertad de circulación de los ciudadanos (cuarentenas estrictas, toques de queda, etc.). A partir de estas restricciones (cuya ejecución condujo a numerosas arbitrariedades y formas de violencia institucional) surge el debate público sobre su legitimidad y el peligro para las democracias modernas que representa aceptar un avance del Estado sobre los derechos individuales en pos de asegurar la salud del pueblo.[1] No es un debate nuevo, sino un problema que ya aparece en las primeras conceptualizaciones del Estado moderno. Tomemos por ejemplo a uno de los principales autores de la tradición liberal, John Locke, quien considera que el artificio político tiene que respetar y proteger la propiedad individual de sus ciudadanos (por propiedad entiende vida, libertad y posesiones). Sin embargo, sostiene la necesidad de la prerrogativa real, que implica afectar los derechos de algunos ciudadanos por el bien público (como cuando en un incendio se destruye sin consentimiento una casa privada para evitar que el fuego se propague). Los Estados contemporáneos reconocen la necesidad de esta prerrogativa excepcional y muchos la incluyen en sus constituciones bajo la forma de “estado de sitio”, “estado de emergencia”, etc. El problema del estado de excepción, cuándo es legítimo invocarlo y qué tipo de controles puede tener, fue uno de los principales tópicos de la filosofía política del siglo XX, entre otras razones porque Hitler recurrió a este instrumento como canciller de Alemania y nunca derogó formalmente la constitución de Weimar.
Otra arista del problema es el conflicto entre dos de las finalidades fundamentales de los Estados: garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos. El ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 provocó que esta contradicción fuera central en el desarrollo político de este siglo. Frente al peligro de que cualquier ciudadano sea en realidad un terrorista, los gobiernos de Estados Unidos y muchos otros países dictaron una serie de leyes que restringen los derechos civiles (sobre todo los vinculados con la privacidad) para intentar disminuir el peligro. Esto es una situación diferente a la desarrollada en el párrafo anterior, porque no se trata de una suspensión temporal y excepcional de los derechos para hacer frente a una situación específica, sino de una disminución permanente de derechos ante un peligro que se considera constante.
El Estado recurrió a su capacidad de restringir derechos excepcionalmente durante la pandemia. Pero además de su carácter excepcional, cabe destacar que los motivos que justifican las restricciones de movilidad y la obligación de usar máscaras guardan similitud con los motivos que llevaron a varios Estados a disminuir de manera permanente derechos tras el 2001: todos somos sospechosos de ser portadores del Covid. No deja de ser llamativo que en muchos lugares del mundo los sectores sociales y políticos que defendieron la disminución de derechos en pos de la seguridad nacional se manifestaron contra las restricciones debidas al Covid y, a la inversa, muchos de los que defendieron estas restricciones se oponen a las medidas antiterroristas.
2.Argentina: crisis y pandemia
El gobierno argentino dictó una cuarentena estricta con cierres de fronteras el 19 de marzo de 2020. La medida contó con amplio consenso social, y en los primeros meses de la pandemia fue muy efectiva. La vuelta a las actividades fue muy lenta, con las primeras aperturas de negocios no esenciales en mayo y con salidas recreativas para niños a partir de fines de abril. En la Ciudad de Buenos Aires estas salidas comenzaron en junio, y las reuniones sociales al aire libre se autorizaron a fines de agosto. A medida que pasaban los meses la cuarentena perdió consenso y, aún cuando permanecía en vigencia su cumplimiento en el área metropolitana de Buenos Aires, se volvió una decisión personal con una utilización muy escasa de la fuerza pública para asegurarla (con la posible excepción de las fiestas clandestinas). En la actualidad, la Argentina ocupa el puesto número 27 a nivel mundial en muertes por Covid (118.82 cada 100,000 habitantes) y, durante el pico de la pandemia, entre los meses de septiembre y octubre de 2020, cuando el promedio de infectados superó el piso de 10,000 casos diarios, la tasa de mortalidad alcanzó un máximo de 4.98%, para estacionarse luego en torno al 3%”.[2]
La Argentina cuenta con una serie de rasgos económicos, sociales y culturales que dificultan la mitigación de la pandemia. En primer lugar, al igual que varios de sus pares latinoamericanos, es un país con una alta desigualdad, con una metrópolis híper poblada donde parte de la población vive en barrios precarios con alta densidad y sin acceso al agua corriente o cloacas. En segundo lugar, una larga y muy positiva tradición de respeto y lucha por los derechos humanos, junto a un gran desprestigio de las fuerzas de seguridad, por lo que un toque de queda estricto y reforzado por las fuerzas de seguridad, como en Chile, es completamente impracticable en Argentina. En tercer lugar, la Argentina comenzó la pandemia en medio de una profunda crisis económica que incluía dos años de recesión, una inflación en el orden del 50%, 35% de pobreza, default de la deuda soberana e incapacidad de acceder al crédito internacional. Por último, las tradiciones culturales de Argentina implican un contacto social cercano y constante que ayuda y mucho a la trasmisión del virus: la costumbre de compartir el mate, saludarse con desconocidos con un beso en la mejilla, reuniones sociales en las casas particulares más de una vez por semana y un largo etcétera. De hecho, la Argentina es el país donde los ciudadanos se sienten más cómodos con la cercanía espacial con un extraño.[3]
El gobierno argentino cometió innumerables errores en el manejo de la pandemia, sin embargo, si se tienen en cuenta las dificultades referidas y se le compara con otros países, tiene logros importantes que mostrar. Argentina es uno de los pocos, sino el único país latinoamericano con una metrópolis cuyo sistema de salud no se vio colapsado y pudo prestar atención adecuada a todos los pacientes con Covid. A pesar de la crisis económica profundizada por la pandemia, no hubo estallidos sociales (como en muchos otros años de crisis económica). Logró un acceso temprano a las vacunas, fue el primer país latinoamericano en empezar a vacunar y ocupa actualmente la tercera posición en personas vacunadas por millón de habitantes en el subcontinente.[4]
3.El discurso económico liberal: fracasos materiales y éxitos discursivos
Desde un primer momento, el debate público sobre las restricciones a la movilidad tuvo la forma de “salud vs. economía”. El argumento central para oponerse a la cuarentena era que la actividad económica también es fundamental para vivir. Que el debate se plantease en estos términos permitió que el análisis de los comportamientos sociales en pandemia se diera siempre desde una perspectiva centrada en decisiones individuales en función del interés personal. La mirada de muchos economistas —con mucha presencia en los medios de comunicación y con análisis que iban desde la economía hasta la epidemiología— aseguraba que, frente al riesgo, las personas iban a desarrollar su actividad económica de manera responsable y que nunca se puede eliminar el riesgo de manera completa.
Así, uno de los extraños argumentos que circularon en las redes sociales para defender dicha posición compara la movilidad de las personas durante la pandemia con la circulación de vehículos: de la misma manera que no se prohíbe el uso de automóviles a pesar de la cantidad de accidentes fatales, tampoco debería prohibirse la circulación de personas. Sin embargo, el tránsito es una muestra de cómo resulta necesario regular la toma de decisiones individuales para bajar el riesgo. Así como un individuo no puede decidir si corresponde o no usar barbijo en un lugar cerrado basado en su autopercepción del riesgo de que esté contagiado, un conductor, no puede decidir si conviene que maneje después de haber tomado alcohol basado en su autopercepción de cuán afectado está por la bebida espirituosa. Y de la misma manera que al principio de la pandemia hubo una cuarentena estricta que limitaba fuertemente la circulación de personas, en muchas ciudades del mundo se restringe por completo la circulación de vehículos, ya sea por el número de patente, ya sea en ciertas zonas de la ciudad, para ordenar la movilidad urbana.
La matriz conceptual propia de economía liberal sostiene que las decisiones individuales racionales basadas en el propio interés, más allá de su egoísmo, producen una organización social virtuosa. El mejor ejemplo de ello sería la ley de la oferta y la demanda, que permite fijar precios de equilibrio. Sin embargo, nuevamente el tránsito es un buen ejemplo de cómo las decisiones individuales no siempre tienen resultados sociales virtuosos. Para un individuo, ir a su trabajo en auto puede resultar beneficioso, pero la suma de estas decisiones vuelve a la ciudad intransitable y hace necesaria la existencia de un ente regulador que ya no tome las decisiones en función del beneficio individual, sino de la organización social.
El discurso económico liberal fue tanto un fracaso como un éxito frente a la pandemia. Fue un fracaso porque la toma de decisiones individuales no ayudó ni a aminorar la tasa de contagios ni a reactivar la economía. Muchas personas, motivadas en parte por estos discursos, desobedecieron la cuarentena. Esto llevó a un aumento de casos, frente a lo cual el gobierno sostuvo el aislamiento social obligatorio, lo que a su vez incrementó la desobediencia. De esta forma, tal como lo habían adelantado numerosos artículos sobre la fiebre española en Estados Unidos, la desobediencia prolongó la crisis económica porque la cuarentena continuó y porque la decisión de otros muchos individuos fue aumentar las medidas de precaución disminuyendo el consumo.
Pero el discurso económico liberal, además de incentivar, predijo correctamente el comportamiento de muchas personas. En este punto es importante señalar los problemas que le trajo al gobierno no plantear un debate alternativo al de “salud vs. economía”. Cuando la pandemia se veía como algo excepcional que iba a durar unos pocos meses y, a pesar de la crisis, el Estado podía asistir a empresas y ciudadanos para paliar los efectos económicos de la cuarentena, esta dicotomía permitía presentar la postura gubernamental como la defensa de la vida contra los mercaderes de la muerte. Pero al evidenciarse la deslegitimación de la cuarentena entre la población, en buena medida por su prolongación en el tiempo y por la necesidad de articular la vida social, económica y cultural con la prevención y el cuidado frente al Covid, el gobierno careció de una propuesta conceptual distinta a la de que cada individuo hiciera un uso racional de sus libertades.
4.La salud ¿en cuestión?
Esto se debió, en buena medida, a que el gobierno negó debates más profundos que hubieran permitido producir políticas más comprehensivas frente a la emergencia. La salud no es un concepto fácil de definir o que se encuentre poco disputado. La Organización Mundial de la Salud desde hace varias décadas la define como un completo estado de bienestar, físico, psíquico y social. Es una definición bastante pobre porque convierte uno de los aspectos más importantes y cotidianos de la vida en un ideal inalcanzable, pero da cuenta de que la salud es mucho más que el mero funcionamiento biológico del cuerpo humano y que es incomprensible sin sus dimensiones psicológicas, sociales y culturales. En este sentido, hubo pequeños incidentes que momentáneamente despertaron el debate sobre qué significa cuidar la salud. En abril del 2020, la policía intervino para impedir que una anciana tome sol en un parque, en mayo el historiador José Emilio Burucúa advertía públicamente del daño que causaba no poder acompañar a los seres queridos en el proceso de su muerte.[5] Pero cuando le preguntaron al presidente por las consecuencias emocionales de la pandemia, su respuesta fue que lo fundamental era la vida.
El problema señalado por Burucúa estalló en agosto cuando un padre no pudo despedirse de su hija que murió de cáncer debido a las restricciones de movilidad. Recién en ese mes, se incorporaron psicólogos al equipo de asesores expertos de la presidencia y se hizo un protocolo para que los familiares puedan acompañar a los pacientes enfermos. Estos debates dañaron la imagen del gobierno, pero permanecieron poco tiempo en la agenda pública. En los medios de comunicación, la discusión sobre el mejor modo de enfrentar la pandemia permaneció centrada en las oposiciones vida vs economía y cuarentena vs libertades individuales. Ahora bien, a medida que la pandemia dejó de ser una excepción para volverse la “nueva normalidad”, se fue perdiendo el consenso que había tenido originalmente la cuarentena. La decisión de centrar el discurso oficial en la mera conservación de la vida biológica hizo que, ante el aumento de casos ocurrido desde fines de junio y el consecuente aumento de muertes, el gobierno perdiera el control discursivo de la pandemia y fracasara en su intento de establecer una nueva cuarentena estricta en julio. Una mirada más elaborada de la salud (coherente con un gobierno progresista que defiende, por ejemplo, la inversión estatal en cultura a pesar de los altos grados de pobreza) no sólo hubiera permitido enfrentar mejor al Covid, sino trazar estrategias discursivas capaces de validar la gestión de la pandemia a lo largo del tiempo. Desde julio de 2020, el gobierno ya no supo cómo construir discursivamente una entidad colectiva que permitiera ordenar el comportamiento social y simplemente se dedicó a apelar a la responsabilidad individual. El discurso liberal había triunfado.
5.La pandemia y la institución política de lo social más allá y más acá de los derechos abstractos
A principios de 2020, los epidemiólogos consideraban que las villas de emergencia (barrios populares, precarios, donde se hacinan familias numerosas en pequeñas viviendas) del área metropolitana de Buenos Aires podían ser un foco de contagio altamente riesgoso. A finales de mayo hubo un brote en Villa Azul, un barrio de 5,000 habitantes que fue completamente aislado por dos semanas. Frente a esta cuarentena estricta controlada por las fuerzas de seguridad, hubo voces que cuestionaron que se trataba de una violación de las libertades individuales. Sin embargo, la excepcionalidad del caso resultaba evidente y la cuarentena se llevó adelante sin mayores inconvenientes y con éxito epidemiológico. Ahora bien, este tipo de medidas no fueron viables en villas mucho más pobladas. Allí fue necesario que el gobierno nacional y los locales articularan medidas de prevención, control, aislamiento y asistencia económica con las organizaciones sociales y civiles locales. Esta articulación resultó exitosa y, si bien en estos barrios el pico de casos se alcanzó varias semanas antes que en el resto del área metropolitana, la curva descendió mucho más rápido y se mantuvo controlada por más tiempo.
Uno de los grandes logros de las democracias modernas es la igualdad ante la ley y la universalidad de derechos. Sin embargo, numerosos filósofos políticos critican que, en su universalidad, la ley adquiere un carácter meramente formal y abstracto; Hegel por ejemplo sostiene que es necesario construir mediaciones concretas entre el Estado y la sociedad civil, ya que la opinión pública no resulta suficiente mediación. Este diagnóstico se vio corroborado durante la pandemia en la construcción de las mediaciones que permitieron implementar con alta eficacia las medidas sanitarias en las villas. Por el contrario, en el resto del espacio urbano la articulación para que los ciudadanos cumplieran con las medidas fue mediante los medios de comunicación y la amenaza de la coerción pública. Estos mecanismos no sirvieron para asegurar el cumplimiento de la cuarentena, sino que a medida que pasaba el tiempo y el consenso social se atenuaba, las críticas en los medios a las medidas de prevención (que siempre existieron) fueron cada vez más fuertes y el uso de la fuerza publica para sancionar a los infractores también disminuyó.
6.La educación presencial: riesgo epidemiológico, desigualdades sociales y salud mental
Desde finales de 2020 y hasta principios de 2021, uno de los debates más relevantes sobre la “nueva normalidad” se centró en la necesidad de volver a las clases presenciales. La controversia surgió a partir de distintos colectivos de padres que reclamaban por sus hijos.[6] Aquí los argumentos sí escaparon a la dicotomía economía vs. salud. Se basaban más bien, por un lado, en el derecho a la educación y cómo la virtualidad aumentaba las desigualdades sociales y, por otro, en la necesidad de los niños de compartir tiempo con sus pares por salud mental. Debido a la pésima gestión del ministro de Educación, y a la concepción gubernamental de la salud como funcionamiento biológico, el gobierno nacional no estaba preparado para responder a estos reclamos. En cambio, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en manos de la principal fuerza política opositora, rápidamente hizo suyo el reclamo y anunció clases presenciales antes de finalizado el ciclo lectivo 2020. Sin embargo, la ciudad no estaba preparada para semejante empresa y, tras varios protocolos rechazados por el gobierno nacional, optó por implementar algunas jornadas de revinculación y, finalmente, comenzar el ciclo lectivo 2021 de forma presencial a mediados de febrero. Para entonces, el gobierno nacional había cambiado su discurso y afirmaba ya la necesidad de que las clases comenzaran en todo el país.
Incluso con la apelación al derecho a la salud y la educación de los niños, el debate continuó planteándose en el marco de la dicotomía salud vs. economía y en una concepción meramente formal de los derechos. A pesar del evidente riesgo epidemiológico de la vuelta a la presencialidad, ninguno de los gobiernos (nacional o local) ni de los formadores de opinión propusieron cerrar otras actividades riesgosas (como gimnasios cerrados o el interior de los restaurantes) para compensar. Por otra parte, en el debate público masivo no se abordaron las complejidades del regreso a clases presenciales. Si bien se señaló que los más afectados por el pasaje forzado a la educación virtual eran los niños de bajos recursos —sin buenos dispositivos, buena conexión de internet o espacios privados para estudiar—, no formó parte de la discusión pública que para estos mismos niños el regreso a la presencialidad representara un riesgo mayor, ya que también conviven con sus abuelos con más frecuencia que otros.[7] Tanto en el debate como en la elaboración de políticas, la educación presencial apareció como un derecho abstracto, igual para todos los niños.
Estas limitaciones en la forma de concebir el problema se trasladaron a la gestión. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció en diciembre que las clases se iban a iniciar en febrero; sin embargo, recién empezó a reunirse con los directores de las escuelas la última semana de enero para analizar las necesidades específicas. Por su parte, el ministro de Educación de la nación, para defenderse de las críticas, aseguró en febrero que el protocolo marco para el país estaba vigente desde julio del 2020, sin cambios (como si desde julio a febrero no hubiese cambiado nada de nuestro conocimiento del Covid), y comenzó a reunirse con los ministros provinciales recién en enero para articular la vuelta a las actividades presenciales. Tampoco durante el periodo de enseñanza virtual se realizaron sistemáticamente obras para asegurar la adecuación edilicia a las necesidades epidemiológicas ni se buscaron soluciones al hecho que la mayoría de los docentes trabajan en numerosas instituciones, con lo que aumentan las posibilidades de diseminar el virus.
Pero los derechos nunca son realmente abstractos, y el grado de igualdad ante la ley realmente posible depende de cómo el Estado se ocupa de garantizarla frente a la multiplicidad de desigualdades existentes. La decisión de los gobiernos de pensar en la educación como un derecho formal e igual para todos es particularmente grave por dos motivos: en primer lugar, las más afectadas son las familias de bajos recursos, en las que en una misma vivienda suelen convivir más de tres generaciones, y que deben elegir entre la educación de los menores y poner en riesgo a los mayores. En segundo lugar, porque la escuela es una de las principales instituciones que puede servir de mediación entre el Estado y la sociedad civil (no por nada, Althusser la llamaba aparato ideológico). Las escuelas debieron ser una herramienta fundamental para construir ciudadanía y un discurso común frente al Covid por fuera de los medios de comunicación. Sin embargo, la nación, así como la Provincia de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abandonaron la posibilidad de articular políticas públicas con los docentes y las familias que envían sus hijos a la escuela.
7.Algunas reflexiones después de un año de pandemia
La pandemia volvió a poner de manifiesto las tensiones inherentes a los Estados modernos entre seguridad y libertad, entre imperio de la ley y excepcionalidad. Pero más allá de que estas tensiones son insuperables, se pueden concebir de distintas maneras, produciendo distintos efectos tanto en el debate público como en la gestión efectiva de la cosa pública. En este último plano, en la Argentina apareció la necesidad de concebir el derecho a la salud como algo más que el mero funcionamiento biológico, y la igualdad de la ley más allá de su formalidad, como algo que debe ser articulado por el Estado. Su crisis se manifestó en su incapacidad de utilizar la escuela, una de las instituciones de mayor tradición y prestigio en la Argentina, y con mayor penetración en la sociedad civil, para hacer frente a la pandemia.
En el plano discursivo se observó la preminencia de la concepción económica liberal de la sociedad, entendida como la interacción de sujetos independientes, capaces de decidir por sí mismos y dotados de libertades individuales. Este discurso se mostró completamente insuficiente para analizar el fenómeno de la pandemia y colaboró sin dudas (Estados Unidos y Brasil sirven de muestra) con la propagación y las muertes consecuentes. La incapacidad del gobierno nacional de elaborar e instalar un discurso alternativo atentó contra sus esfuerzos para disminuir las muertes. Además —en el plano claramente menos relevante de la arena política— le impidió capitalizar sus logros objetivos allí donde el Estado sí pudo darle contenido a los derechos formales: reducción de la circulación para aminorar la propagación del virus y poder mejorar el sistema de salud a fin de evitar su saturación; asistencia social y económica masiva para mitigar los efectos de la crisis en los niveles de empleo y consumo (cuya eficacia se comprobó en la ausencia de estallidos sociales); gestión eficaz del vínculo con la industria farmacéutica local y de la política exterior para tener un acceso rápido a las vacunas.
La teoría moderna del Estado concibe a la sociedad como un agregado de individuos que se relacionan entre sí, sobre todo económica pero también afectiva, política y culturalmente. Como estas relaciones pueden devenir violentas, es necesaria una entidad suprasocial que neutralice los conflictos radicalizados que impiden vivir en comunidad. Para realizar esta tarea, el Estado considera a todos los individuos como iguales (más allá de sus diferencias económicas, sociales, de género, de ideología y un largo etcétera), con los mismos derechos y las mismas obligaciones frente a las leyes. A pesar de ser un fenómeno muy novedoso, la pandemia volvió a mostrar las tensiones y límites de esta concepción. Por una parte, la contradicción de que, para asegurar los derechos individuales, el Estado debe monopolizar la fuerza pública y muchas veces disminuye o ataca esos mismos derechos. Por otra parte, que la mediación abstracta entre la sociedad civil y el Estado a través de las leyes y de la opinión pública no es suficiente para superar verdaderamente el conflicto social y asegurar el cumplimento efectivo de los derechos individuales. Pero, sobre todo, la pandemia mostró la necesidad de pensar a la sociedad como conjunto, más allá de los deseos e intereses de los individuos. Allí donde los Estados renunciaron a su obligación de formular políticas públicas y articular los distintos intereses de la sociedad, el Covid resultó devastador.
[1] En este en ensayo nos vamos a concentrar en las formas en las que este problema apareció en el debate público en Argentina, y no específicamente en los casos de violencia institucional (que fueron muchos). Al respecto puede consultarse: POST Cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia, CELS/Siglo XXI, Buenos Aires, 2021. La idea original era tratar también el debate a partir de los centros de aislamiento preventivo en Formosa, pero el tema fue excluido por falta de espacio. El ensayo se centra en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires porque fueron el epicentro de los contagios, y porque concentran más de 40% de la población de Argentina.
[2] https://www.rtve.es/noticias/20210308/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml y https://www.worldometers.info/coronavirus/ (consulta el 08/03/2021)
[4] https://ourworldindata.org/ (Consultado el 8 de marzo de 2021.)
[5] https://www.infobae.com/cultura/2020/05/25/pandemia-moderna-y-piedad-antigua-que-nos-devuelvan-la-milenaria-humanidad-con-nuestros-enfermos-y-muertos/ (Consultado el 8 de marzo de 2021.)
[6] Entre las defensas más elaboradas del regreso a la presencialidad están los hilos en Twitter de María Victoria Baratta. Por ejemplo, https://twitter.com/decimononnica/status/1346585556625592320 Para argumentos que destacan el peligro epidemiológico de la presencialidad (sin oponerse a ella), se puede consultar el twitter de Rodrigo Quiroga (por ejemplo, https://twitter.com/rquiroga777/status/1346952495839383554)
[7] Para un análisis de este problema en Estados Unidos, ver https://t.co/dUsft802QY?amp=1
