- Los hechos:
Durante la noche del 05 de abril de 2024, la Policía Nacional ecuatoriana tomó por asalto las instalaciones de la embajada de México en Quito. Los miembros de la fuerza pública se abrieron paso forzando puertas, escalando muros y amedrentando con sus armas a los funcionarios mexicanos. Esta flagrante violación de uno de los principios más fundamentales del derecho internacional, la inviolabilidad de los locales de una misión diplomática en el extranjero, representa un hecho inusual e insólito. A lo largo de la historia existen muy pocos casos en los que se haya irrespetado la inviolabilidad de una embajada, y en casi ninguno de ellos el perpetrador de la violación ha sido el Estado anfitrión.
El objetivo del asalto fue capturar al ex Vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Habiendo ocupado los cargos de Ministro y Vicepresidente durante los gobiernos de Rafael Correa, Glas fue una de las figuras clave de la política nacional durante varios años. Sin embargo, su protagonismo se trasformó radicalmente cuando en 2017, mientras ocupaba el cargo de Vicepresidente del gobierno de Lenin Moreno, fue condenado a ocho años de prisión por haber sido parte de una compleja trama de sobornos tejida por la constructora brasileña Odebrecht. En noviembre de 2022, tras haber cumplido la mitad de su condena, Glas obtuvo la libertad condicional mediante un recurso de habeas corpus. Su excarcelación le valió de poco. A finales de 2023 debió enfrentar nuevamente a la justicia ecuatoriana al ser acusado por malversar los fondos recaudados en el gobierno de Correa para la reconstrucción de la provincia de Manabí, territorio que fue el epicentro del terremoto que azotó a Ecuador en 2016. En vista de la inminencia de un nuevo juicio, y previendo su potencial desenlace, Glas se alojó en la embajada de México en Ecuador e inició las gestiones para obtener asilo político.
La estancia de Glas en la embajada mexicana generó cierta tensión en las relaciones entre Ecuador y México. Sin embargo, la situación cobró un cariz más intenso a raíz de una declaración pública en la que Andrés Manuel López Obrador asoció la victoria electoral de Daniel Noboa, actual Presidente del Ecuador, con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Las palabras de López Obrador no fueron bien recibidas por el gobierno ecuatoriano, cuya reacción inmediata fue declarar persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur y desplegar un fuerte contingente policial en los exteriores de la embajada de México.
El Presidente mexicano definió la reacción del gobierno de Noboa como un acto publicitario, excesivo y prepotente. Esta definición fue coronada con la frase: “(…) pero, así son los fachos”. Acto seguido, México le concedió la condición de asilo político a Glas. Esta sucesión de hechos desembocó en el asalto a la embajada protagonizado por la Policía Nacional ecuatoriana, la detención de Jorge Glas y su posterior traslado a La Roca, una prisión de máxima seguridad ubicada en las afueras de Guayaquil.
- Las consecuencias
Las reacciones al asalto, tanto a nivel doméstico como internacional, no se hicieron esperar. Un amplio sector de la opinión pública ecuatoriana condenó el hecho. Es importante recalcar que las críticas provinieron de sectores políticos diversos, incluyendo a un número importante de figuras que tradicionalmente se han perfilado como opuestas al correismo. Por su parte, miembros de Revolución Ciudadana, el partido político liderado por Rafael Correa, manifestaron su intención de plantear ante la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político en contra de los Ministros de Relaciones Exteriores, Gobierno y Defensa. Estas declaraciones constituyen un claro rompimiento del particular acuerdo político que en los últimos meses han sostenido el correismo y el gobierno, acuerdo que le ha garantizado al Presidente la oportunidad de gobernar sin tener que enfrentar una oposición recalcitrante y que ha permitido la aprobación de varios proyectos de ley presentados por Noboa en la Asamblea.
A nivel internacional, un amplio número de Estados ha manifestado su condena sobre el accionar del gobierno ecuatoriano. Las críticas han encontrado eco en el seno varias organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Por su parte, en el seno del Parlamento del Mercado Común del Sur (Mercosur) se han emitido declaraciones en las que se propone la suspensión de Ecuador como miembro del bloque económico.
Si bien las reacciones mencionadas hasta este punto se traducen en una grave pérdida de legitimidad del Estado ecuatoriano ante los ojos de la comunidad internacional, es fundamental reconocer que las repercusiones no solo se remitirán al plano simbólico y discursivo. México ha presentado una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, proceso del que con seguridad el Estado ecuatoriano no tendrá mayor oportunidad de salir bien librado. Adicionalmente, México rompió de forma definitiva sus relaciones diplomáticas con Ecuador. Esta acción implicó el retiro del personal diplomático y la suspensión indefinida de los servicios consulares mexicanos en territorio ecuatoriano. Actualmente, miles de solicitudes de visado para el ingreso a México se encuentran paralizadas y deberán ser tramitadas por medio de las embajadas de países como Colombia y Perú, lo que producirá un significativo aumento en los tiempos de espera y los costos relacionados con el trámite.
Finalmente, una de las consecuencias más lesivas para la ciudadanía ecuatoriana, será la ausencia de canales que permitan coordinar con México acciones destinadas a socorrer a los cientos de inmigrantes provenientes de Ecuador que diariamente intentan cruzar ilegalmente la frontera mexicana hacia territorio estadounidense. Hoy, Ecuador enfrenta una masiva ola de migración ilegal provocada por el aumento de la violencia y la precarización de las condiciones de vida causada por las políticas públicas implementadas en los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), casi 23.000 ecuatorianos ilegales fueron registrados en territorio mexicano entre enero y febrero del año en curso.
- Las motivaciones.
Tras un breve recorrido por los hechos y las consecuencias que rodean al asalto a la embajada de México en Quito es fundamental afrontar una pregunta clave: ¿Cuáles fueron las motivaciones que empujaron al gobierno de Daniel Noboa a cometer un acto de tal envergadura? Quizá el lugar adecuado para comenzar a elaborar una respuesta sea la Consulta Popular y el Referéndum que han ocupado gran parte de la agenda política del Presidente Noboa y cuyos comicios se celebrarán el próximo 21 de abril.
A breves rasgos, la Consulta Popular y el Referéndum impulsados por Noboa persiguen reformas legales que supuestamente apuntalarán la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Ejemplo de esto son las preguntas que proponen permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos de seguridad doméstica sin la necesidad de declarar un Estado de Excepción. Sin embargo, la Consulta ha tenido que enfrentar duras críticas por parte de la sociedad civil. Por un lado, se afirma que no existen garantías de que los cambios legales que se pretende introducir se traduzcan en una mejora significativa en términos de seguridad. Por otro lado, no faltan las voces que aducen que estos cambios podrían ser introducidos sin necesidad de recurrir a una Consulta Popular o un Referéndum. Esta crítica cobra especial importancia si se reconoce el golpe que los comicios representarán sobre el presupuesto del Estado y la delicada situación económica que atraviesa Ecuador. Finalmente, no faltan los criterios que señalan las intenciones de Noboa de usar la Consulta Popular como una herramienta que beneficie al sector económico oligárquico al que pertenece el Presidente. Estas críticas se ciernen especialmente sobre la pregunta de la Consulta Popular que plantea la precarización de las condiciones laborales mediante una reforma al código del trabajo que legalice la contratación por horas.
A pesar de las críticas resumidas anteriormente, la realidad es que, a menos de dos semanas de la votación, un alto porcentaje de los ciudadanos no conoce las preguntas de la Consulta, ni ha definido aún su voto. Por lo tanto, los resultados del proceso no dependerán de la postura que los ecuatorianos tomen ante las preguntas, sino de la confianza que tengan en el principal promotor de la Consulta, el Presidente. Daniel Noboa, aunque lo niegue rotundamente, es sumamente consiente de esta realidad. Sabe que los resultados de los comicios serán un hito que marcará el desenlace de las próximas Elecciones Generales, de las cuales depende su reelección. Sin embargo, la popularidad del Presidente ha sufrido algunos reveses en los últimos meses.
Primero, se han levantado dudas en torno a la estrategia de seguridad implementada por Noboa. La ciudadanía desconoce los lineamientos que guían las medidas en materia de seguridad y no se perciben resultados concretos con respecto a estas políticas públicas. Estas dudas se acentuaron tras el feriado de Semana Santa, en el que durante un fin de semana más de treinta personas fueron asesinadas por sicarios. Dentro de estos hechos, llamó macabramente la atención el secuestro de 20 miembros de una misma familia que vacacionaba en la turística ciudad de Puerto López y el posterior asesinato de 10 de los secuestrados.
Segundo, el gobierno ha levantado opiniones negativas relacionadas con su accionar en zonas rurales de la provincia de Cotopaxi, donde integrantes de varias comunidades se oponen al ingreso de proyectos mineros en sus territorios. Ante la oposición popular el gobierno optó por calificar a los campesinos como terroristas y reprimirlos violentamente mediante el uso de fuerza policial y militar. Esta reacción ha generado duras críticas debido a la existencia de un grave conflicto de intereses, ya que la familia de Daniel Noboa cuenta con fuertes inversiones de capital dentro del sector minero ecuatoriano.
Finalmente, y quizá uno de los factores que más ha minado la popularidad del Presidente Noboa, fue la implementación de una subida del IVA en 3 puntos, del 12% al 15%. Esta subida estuvo acompañada de un aumento en el precio de los combustibles y del gas licuado de petróleo de uso doméstico. La combinación de ambos fenómenos inmediatamente se tradujo en un aumento de los precios de bienes y servicios y de un encarecimiento generalizado de la vida.
En vista del retroceso que el Presidente ha enfrentado en términos de popularidad, es posible que él y su gobierno hayan percibido el impasse político con México como una oportunidad de dar un golpe de timón que le permita ganar el favor de la ciudadanía. Probablemente, su intención fue la de presentarse ante la opinión pública como un gobierno de mano dura, que actúa sin titubeos a la hora de enfrentar el crimen y la corrupción. Desafortunadamente para él, el golpe parece haber tenido el efecto contrario, elevando los niveles de desconfianza. Sobran las voces que relacionan su accionar con una personalidad caprichosa, impulsiva, autoritaria y violenta, asentada sobre una gran dosis de falta de experiencia y sentido de la estrategia.
Carlos Eduardo Castro es ecuatoriano. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Es profesor de la Universidad San Francisco de Quito e investigador apasionado de la historia social y política de América Latina.
