La disputa por la academia y el consenso democrático

Por Alonso Vázquez Moyers

Todo régimen político necesita mecanismos de legitimación. Lo sabía bien Maquiavelo: aún aquellos gobernantes que se hacían del poder por medios ilegítimos (como el asesinato), necesitaban establecer vínculos con la población para que les reconociera autoridad y por ende obedeciera. El florentino entendió que a largo plazo el miedo no basta para mantener la estabilidad política y en última instancia el poder.

La legitimidad crea y refuerza vínculos dentro de una comunidad política y fundamenta las relaciones sociales internas. Es el cimiento del respeto a las reglas, el reconocimiento de las y los miembros de la comunidad y la obediencia a las autoridades.

Acaso esté de más subrayarlo, pero me sirve para el argumento: la legitimidad no existe por sí misma. Necesita de rituales y símbolos discursivos que construyan su significado y el de todas y todos quienes participan en el establecimiento de ese vínculo, ya sea la ciudadanía o las autoridades. Las primeras para convertirse en sujetas[1] de derechos, que pueden ser oponibles a los demás; las segundas, para que se les confiera y reconozca poder.

La obra de Durkheim[2] permite identificar la importancia de los rituales para la construcción del poder, así como distinguir los rituales de las sociedades que él denomina premodernas de las modernas. Las distinciones entre una y otra se manifiestan sobre todo en las formas jurídicas y políticas. Para no hacer una digresión innecesaria, me concentraré en los rituales y construcción simbólica de las sociedades modernas y específicamente, de las democracias contemporáneas.

«5. Title page from Il Principe” by Niccolò’ Machiavelli» by Embassy of Italy in the US is licensed under CC BY-ND 2.0

Las formas modernas de legitimidad cristalizan en una construcción simbólica inasible, abstracta: la ley, que es el fundamento del ejercicio del poder. Pero la ley es legítima en tanto que es producto de un ritual o una serie de ellos que le dotan de significado. Es la forma de construir su obligatoriedad.

Los rituales de la ley son los procesos legislativos en toda su extensión: quienes participan en ellos, las reglas mismas para que una ley sea publicada, e incluso, la posibilidad de controvertir su significado y alcances.

Posteriormente, en el discurso público se movilizan significados culturales e históricos que reproducen, mantienen y refuerzan la legitimidad del orden político, los acuerdos que se establecen, las formas jurídicas y el ejercicio del poder. Las formas jurídicas y políticas pueden ser las mismas, los significados o códigos históricos y culturales, no; ya que dependen de cada sociedad en particular.

Lo anterior es válido tanto para los regímenes democráticos como los no democráticos, aunque, si quisiéramos conocer el carácter democrático o no de un régimen político, tendríamos que analizar los discursos que se movilizan, la forma en que son llevados a la esfera pública, los actores que participan en su construcción y reproducción. Independientemente de lo anterior, más allá de las características específicas de las formas jurídicas y políticas que ordenan las relaciones sociales, la idea es que ese orden permanezca en el tiempo.

En principio, esto último no es un problema para la democracia contemporánea porque tiende a la inclusión a la tolerancia y a la diversidad, de allí que lo único que se transforma es la esfera de derechos de la ciudadanía, que tendería a crecer; de tal manera que no necesitaría de mayor mecanismo de legitimación que los resultados mismos del régimen.

Sin embargo, el orden político contemporáneo está siendo cuestionado en varios lugares del planeta, de diversas maneras y a partir de discursos diversos que en su conjunto revelan que ha perdido legitimidad.

El modelo que conocemos de democracia y el que se discute en la mayoría de las aulas y la opinión pública, responde a una serie de premisas y políticas públicas que comenzaron a instrumentarse a partir de los años setenta y ochenta[3]. Es a partir de entonces que tomó fuerza la idea del mercado (lo que sea que eso signifique) como modelo social y político.

Su gestación se remonta muchas décadas atrás mediante reuniones y foros más o menos académicos, lejos de las universidades, pero formuladas por académicos (o al menos por personas con cierta inspiración académica) que posteriormente llevaron a las universidades la nueva teoría económica política y social, después al sector público y, con ello, al diseño del Estado y su burocracia. Los centros educativos fueron punta de lanza.

Es decir, la academia (o más propiamente, cierta academia) no fue ajena a la transformación del modelo social, sino uno de sus principales objetivos e instrumentos. Por un lado, supuso trastocar los programas académicos y todo el sistema de recompensas: los premios Nobel, las plazas académicas, becas, fondos para investigación y publicaciones, se concentraron en ese modelo y sus premisas. Y, por otro lado, es lógico, también la formación de recursos humanos y la instrumentación de toda la política pública estatal. Se planteó, pues, una nueva forma de organización social y política: un régimen político.

Buen número de académicos incluso participó activamente en el diseño de las instituciones y sus transformaciones, accedieron a puestos burocráticos y ocuparon lugares relevantes en la opinión pública; como es obvio, formaron a otros académicos y funcionarias públicas bajo ese paradigma, que además resultaba favorecedor porque permitía ascender profesionalmente y acceder además a recursos simbólicos, sean posgrados en el extranjero, estímulos económicos o asistencia a congresos.

La pérdida (o falta) de legitimidad de ese modelo, sus premisas, burocracia y arquitectos intelectuales no es particularmente nueva. Las políticas públicas que en México comenzaron a orientarse en el sentido que planteaba el modelo desde finales de los años ochenta; y llegaron con toda su fuerza (política, jurídica e ideológica) con la firma del TLCAN. No se necesita mucho conocimiento de historia para saber que el año ’94 fue marcadamente conflictivo.

Enrique Montalvo[4] tiene una hipótesis sugerente: la transición del año 2000 fue una forma de legitimar las nuevas políticas públicas y todo el modelo social, instrumentados a partir del sexenio de Miguel de la Madrid. Es decir, la transformación política y jurídica que permitió el arribo al poder de un partido distinto al PRI logró consolidar el modelo económico y social. Incluso fue parte esencial del mismo.

Se trata un orden político paradójico. Su diseño autorreferente lo presuponía refractario a formas políticas que lo desafiaran, o sea que sólo podría transformarse de acuerdo con las reglas definidas por el sistema mismo. Para ello movilizó también sus propias formas discursivas, entre las que encontramos la centralidad del individuo, la racionalidad instrumental y el desplazamiento de lo político por lo técnico.

El conflicto permanente del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y la academia se encuentra allí. Es un conflicto de marcos teóricos, lo reconozcan así o no unas y otros. Incluso es mucho más interesante analizarlo y entenderlo de esa manera. Se trata de una disputa por definir la democracia: qué es, fundamentalmente.

Según el modelo sociopolítico que analizamos, la democracia se limita a reglas que posibilitan y, sobre todo,  limitan. Otra vez, sigue la lógica de la racionalidad instrumental. De tal suerte, las leyes sirven para incentivas o desincentivar, según se requiera, los comportamientos individuales, bajo el presupuesto de que siempre son racionales en el sentido económico. O sea, que siempre buscan maximizar su utilidad.

La idea de democracia que se encuentra detrás no se ha traducido en políticas públicas que combatan las desigualdades; difícilmente se detiene o se preocupa por la redistribución. El discurso presidencial se concentra en la formación de élites burocráticas e intelectuales y la distancia entre éstas y las periferias, donde se encuentran los problemas sociales que el modelo no sólo no atiende, sino que acaso provoca e incrementa.

En diversos países occidentales han surgido actores políticos que tratan de ocupar la brecha entre élites y masas. En cada lugar se cuestiona desde una óptica diferente, a partir de la movilización de distintos significados, que, dependiendo, ponen el acento en la inmigración o en la falta de condiciones para acceder a una vida digna, pero siempre con un marcado énfasis en las élites. Vale aclararlo para evitar confusiones: los discursos políticos desafiantes del modelo son variopintos. Y aunque contestan al mismo discurso, no movilizan los mismos significados. Es decir, no todos son democráticos, por lo que no se les puede colocar ni definir a todos bajo una misma etiqueta.

Así, en el surgimiento de movimientos políticos populares como el que llevó a AMLO a la presidencia, vemos elaboraciones de narrativas sociales que de alguna manera enfrentan los fundamentos de ser del modelo, especialmente al momento de entender y definir la democracia.

«Diálogos por la Paz: AMLO» by Eneas is licensed under CC BY 2.0

AMLO nunca ha dejado de definirse como demócrata, en su extraña elaboración histórica hay un permanente intento de reelaborar la idea de democracia en oposición al régimen neoliberal[5]. En esa reelaboración hay una moral, una idea de cómo construir nuevas relaciones sociales y políticas. Y las élites que él identifica (es decir, no las propias), son parte del problema.

Las declaraciones del presidente son problemáticas porque también están permeadas por muchas de las premisas ideológicas del modelo sociopolítico del cual intenta separarse. Dejando de lado las políticas públicas, que reiteradamente son acusadas de tener el sello del neoliberalismo, vemos las mismas atribuciones de racionalidad a la hora de hablar del crimen, por ejemplo. Para explicar la lógica de la violencia y las elevadísimas tasas de homicidios, normalmente se acude a las ideas de disputa territorial y asesinatos entre grupos criminales, que actúan todos, bajo la lógica de la maximización de ganancias, es decir, bajo la lógica de incentivos y desincentivos.

Del otro lado, el de los opositores, se defiende al modelo, sus premisas y formas: la idea de democracia instrumental (procedimental), la racionalidad y la separación de lo político de lo técnico. Se trata de una defensa de un marco teórico en el que fueron formadas tanto académicas como funcionarios públicos y comentaristas. Aunque podría entenderse como una defensa a los privilegios, así lo entiende y declara el presidente, es sobre todo una defensa a una serie de ideas y una forma de entender las relaciones sociales.

Como paréntesis, aunque en la academia hay una cierta hegemonía del modelo y discurso neoliberal[6], que, como indiqué, redefinió toda la organización del sistema de recompensas, no hay una uniformidad ideológica. También encontramos disputas de posiciones y recursos, como lo señaló recientemente la lingüista Violeta Vázquez[i].

No debería sorprender que, en los momentos de cambio político, sobre todo cuando se cuestionan las estructuras fundamentales del orden imperante, se cuestionen también a los arquitectos y portavoces de ese orden (aunque sorprenden, para mal, las acusaciones desmedidas y las etiquetas simplificadoras). Tampoco debería sorprender que éstos acudan a las categorías que construyeron en su modelo para explicar el surgimiento de todo actor y todo discurso que lo cuestione. Como dije, se trata de un modelo autorreferente.

Lo interesante sería analizar las contradicciones de unas y otros, sus limitantes teóricas y empíricas. Acaso por ahora sea imposible porque tenemos una disputa entre una figura con una legitimidad popular muy particular y fuerte y un modelo sin anclaje social, pero con mucha fuerza simbólica, tanto, que buena parte de sus premisas están en el propio quehacer del presidente López Obrador.

 

  • El autor del texto es doctor en Investigación en Ciencias Sociales (FLACSO-México).

 

«Ricardo Cayuela Gally, Enrique Krauze y Mario Vargas Llosa» by Casa de América is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

 

[1] Para efectos de lenguaje inclusivo se utilizarán de manera indistinta los géneros femenino y masculino en algunas oraciones. De tal forma, el uso de un género incluirá al otro. Lo anterior para facilitar la lectura.

[2] Ver: Durkheim, Emile La División Social del Trabajo, Colofón: México 2002 y Las formas elementales de la vida religiosa, Fondo de Cultura Económica: México, 2013.

[3] Véase: Harvey, David Breve historia del neoliberalismo, Akal: Madrid, 2007.

[4] Montalvo, Enrique, Neoliberalismo: la dictadura( realmente) perfecta, México, Ariel-INAH, 2013.

[5] Hasta aquí había evitado utilizar el término neoliberal porque más allá de sus definiciones, en el discurso político de Andrés Manuel López Obrador tiene un significado especialmente negativo y al cual se opone. Más allá de eso, hay una disputa sobre si las políticas públicas que instrumenta el gobierno que encabeza siguen o no la dogmática neoliberal.

[6] Lo señala Fernando Escalante en Historia Mínima del Neoliberalismo (México: El Colegio de México, 2017). Por su parte, la academia como campo puede definirse a partir de los trabajos de Bourdieu; especialmente Nobleza de Estado, (Siglo XXI: México, 2005)

[i] Vázquez Rojas, Violeta “31 científicos y dos narrativas extremas” El Chamuco web. Disponible en https://elchamuco.com.mx/2021/09/29/31-cientificos-y-dos-narrativas-extremas/

 

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