Estos días hemos podido ver opiniones a favor y en contra de la iniciativa de reforma en materia eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal[1], las cuales nos muestran con números si es o no buena idea aprobarla. Lo cierto es que poco se ha dicho del beneficio que dicha reforma puede traer a cada una de las personas que usan el servicio eléctrico en el día a día de sus vidas.
La electricidad, actualmente, es un bien indispensable, no sólo para los procesos comerciales del país, sino porque cada persona la usa para poder desempeñar sus necesidades más básicas. Es por ello que no podríamos imaginar prescindir de ella. Luego entonces, ¿cómo un bien tan relevante se intenta dejar únicamente en el análisis de lo que con números nos intentan demostrar en cuanto a lo oportuna o no que es la dicha iniciativa? La realidad es que es de suma importancia tomar en cuenta otras cuestiones, como la seguridad del suministro eléctrico.
La reforma de 2013 tenía un limitado carácter en este sentido, pues la toma de decisiones era hasta hace poco en el sentido de propiciar un “mercado eléctrico próspero y competitivo”[2], sin considerar que las instituciones públicas deben impulsar el bienestar y, pese a la obligación contenida en el artículo primero de nuestra Carta Magna, las autoridades impulsaron una serie de violaciones que le impactan directamente al usuario final. Entonces, en retrospectiva, los objetivos de la reforma de 2013, es decir, reducción de los costos y las tarifas de electricidad, encaminar y acelerar la transición a un sistema eléctrico crecientemente basado en tecnologías limpias, poner fin a la pobreza energética en que viven millones de mexicanos y, principalmente, modernizar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, desde una lógica de mercado y no de bienestar;[3]; podemos ver que han pasado cerca de 8 años y, contrario a lo que se pretendía, los resultados han sido devastadores y lentos.
No solo nos encontramos ante un momento crítico, en el que es solicito ponderar nuestra soberanía energética por sobre todo lo demás, no sólo por el rescate de la única empresa que ha hecho frente a la necesidad de la población en todo momento, sino porque es urgente establecer limites al saqueo al que constantemente nuestro país está sometido.
La electricidad, como bien jurídicamente protegido por derechos humanos, obliga a las autoridades a que encaminen sus estrategias, regulación y acciones con base en qué es lo mejor para el individuo. Y es que no basta con poner líneas de transmisión y distribución, puesto que únicamente se estaría cubriendo su acceso: se requiere que dicha electricidad sea de calidad, continua, confiable y asequible.
Por lo tanto, un mercado pensado en un despacho a base de costos cero no sólo ocasiona que la electricidad a la larga sea cara[4], sino que la intermitencia de éstas —en demasía— provoca inestabilidad en la seguridad del sistema, lo cual se traduce en un servicio deficiente, costoso y violatorio de derechos humanos.
Este atentado en contra de la dignidad humana nos permite entrever la urgencia de exigir a nuestros gobernantes ponderar el bienestar social que garantice de forma integral que la calidad de vida de sus ciudadanos a largo plazo, que las medidas que se tomen sean eficientes y eficaces y que se involucre a todas las personas jurídicas a responsabilizarse de lo que les toca.
Pareciera que lo que las autoridades de entonces, en el sexenio anterior, lo que hicieron fue ponderar derechos patrimoniales de las personas jurídicas sobre derechos humanos de las personas físicas que no sólo tenían un impacto en sus derechos patrimoniales —indirectamente también—, sino que en todo momento se atentó contra del uso, goce, disfrute de la electricidad de forma continua, confiable y asequible principalmente[5].
Una de las grandes críticas que se ha hecho a la reciente propuesta de reforma eléctrica, es que la misma inhibe la competencia por solo dejar a los privados un 46% de participación a los privados en el mercado cuyo despacho quedaría desplazado por energías sucias. Esto es un argumento falaz puesto que, primeramente, si nos evocamos a cómo funciona nuestro mercado actualmente, la competencia del despacho eléctrico está limitado por aquellas generadoras que entran sin competir y además trasladan sus costos operativos y deficitarios a los demás participantes[6], esto es, todos los permisos que son representados por el Generador de Intermediación.
Además de que los siguientes en despachar son aquellos que no son los más eficientes ni económica ni sustentablemente, puesto que el costo cero implica que éstos cobraran a costo de la energía más cara que sí o sí tiene que entrar a “estabilizar” las constantes caídas de la intermitencia. Entonces no sólo estamos hablando que las principales centrales eléctricas que se despachan son aquellas cuyo costo variable es cero, es decir, las fotovoltaicas y eólicas, que es sabido son sumamente contaminantes en su construcción[7], sino que el constante arranque de las energías convencionales es más contaminante que mantenerlas encendidas. Entonces, cuando hablamos de competencia, estrictamente en la operación vemos que hacían falta muchos años más y severos cambios al modelo para que esto pudiera ser realidad.
Muchos han argumentado que el revés que da la reforma energética que ha propuesto el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador hace unas semanas a las inversiones extranjeras traerá consecuencias internacionales importantes por las indemnizaciones, además de que la falta de certeza jurídica inhibirá la inversión en el sector. Eso está muy alejado de la realidad, es decir, bajo qué premisa se tendría que indemnizar cuando la iniciativa de reforma no está trastocando al mercado eléctrico ni está quitando participación privada.
Esto empezó a raíz de que la misma reforma en su exposición de motivos contempla la cancelación de contratos de todos los permisos que no se desempeñaron de forma lícita. Ergo, ¿cómo pretenden aquellos cuya conducta fue ilícita solicitar indemnización? Lo debido es que se devuelva a la sociedad mexicana todo aquello que le fue quitado por años.
La supuesta expropiación indirecta que alegan constantemente, queda en entredicho, en virtud de que, para que la misma pueda recaer en el supuesto, las medidas regulatorias que ponga el Estado tienen que evidenciar una pérdida total o considerable del haber de la empresa[8]. Por lo tanto, la iniciativa supone cancelar aquellos contratos o permisos que primero no realizaban su haber dentro del marco jurídico permisible, así que aquellos que vienen realizando la actividad de forma lícita no tendrían que verse afectados de ninguna manera, ni se reduciría su participación o ganancia.
En pocas palabras, la iniciativa se traduce únicamente en poner orden a un mercado que por años explotó al usuario final, que además tiene una justificada búsqueda del bienestar social y la soberanía energética. Así que, como dijera el dicho: “el que nada debe, nada teme”. Esta reforma eléctrica lo que propone es deshacer las redes que se construyeron para no sólo convertir a la electricidad un bien meramente económico sino como medio de enriquecimiento indebido para algunos a costa de otros, bajo el argumento de que estábamos persiguiendo bajos costos y un medio ambiente sano.
No basta con ser permisivos en poner tecnologías que afectan considerablemente la seguridad energética del país (que por cierto, si se compara con operación de mercado y uso de tecnologías de otros países tienden a poner un límite al uso de energías intermitentes[9]) sino que debe ser planeado estratégicamente para que se tomen decisiones para obtener mejores precios, tenga una incidencia real y para que no se reduzcan en meros ideales o buenos deseos, como hasta ahora se había hecho.
El gran ausente de la reforma de 2013 es la concientización por parte de autoridades y empresas productoras de energía de que un bien jurídicamente protegido por derechos humanos, como lo es la electricidad, no puede comercializarse atentando en contra de la dignidad de los individuos ni contraviniendo otros derechos humanos que son utilizados en el discurso neoliberal, como es el del medio ambiente.
[1] http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/oct/20211001-I.pdf
[2] Se cuestiona que el mercado actual sea próspero y competitivo, puesto que el hecho de que las energías con costo cero cobren lo mismo que las que marginan y además provoquen un gasto adicional por la energía que de forma emergente tiene que salir a respaldar la intermitencia de éstas, deja mucho que desear para ser “próspero y competitivo”.
Véanse los resultados del monitor independiente del mercado eléctrico mayorista de 2019.
[3] 2 “Reforma Energética. Electricidad”. HERNÁNDEZ OCHOA, César Emiliano. Fondo de Cultura Económica. México, 2018. P 16
[4] Porque hay que cubrir servicios conexos u otros productos que permitan estabilizar el sistema y el precio.
[5] “las empresas, debido a su poder económico, obtienen poder político por sobre los Estados, disminuyendo la acción de estos frente a la vulneración de los derechos humanos de aquellas”.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Estudio-empresas-DH-Rol-INDH.pdf
[6] Véase página 160 y 165 de los resultados del monitor independiente del mercado eléctrico mayorista de 2019.
[7] http://www.scielo.org.co/pdf/prosp/v13n1/v13n1a08.pdf
[8] Glamis Gold, Ltd. v. United States of America. UNCITRAL Arbitration. Award of June 8, 2009.
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0378.pdf
