Al fin tenemos en nuestras manos la propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Contra nuestras expectativas, sólo es una propuesta de reforma constitucional y no incluye leyes secundarias o reformas a las leyes electorales vigentes hasta ahora. Tras una semana tensa entre la presentación en la conferencia matutina y las negociaciones entre la presidenta y los líderes políticos de la coalición gobernante, ya existe un documento concreto para discutir y no especular. Es claro que la reforma palidece ante la expectativa planteada como compromiso presidencial, más bien nos pinta una realidad que refleja sus propias limitaciones. En lugar de que traduzca fehacientemente la voluntad y el interés presidencial que dice representar, leemos una propuesta tímida, en el mejor de los casos con cambios insustanciales a la forma actual en que se llevan a cabo las elecciones. En el peor de los casos, sólo dará lugar a un embrollo electoral innecesario.
La reforma constitucional propone adicionar o cambiar la redacción de 11 artículos: el artículo 35 incluye el voto electrónico para consultas populares y la prohibición de contratación de propaganda en medios masivos para promocionarlas. El artículo 41 concentra el grueso de las propuestas: reducir el monto base para calcular el financiamiento público de los partidos políticos (del 65 al 48.75% del valor de la unidad de medida y actualización) sin cambiar los criterios de distribución (30% a partes iguales, 70% según porcentaje de votos en la última elección federal). Incluye la prohibición del uso de fondos o recursos extranjeros para actividades y campañas electorales, o de recursos de procedencia ilícita, y establece que sólo pueden recibirse aportaciones privadas mediante el sistema financiero nacional.
También dicta la reducción de 48 a 35 minutos diarios en los tiempos de radio y televisión durante la campaña electoral y el etiquetado de contenidos sobre el proceso electoral generados por inteligencia artificial. Incorpora acciones afirmativas para los procesos de selección y postulación de candidaturas en favor de grupos subrepresentados, y la coordinación institucional con las autoridades, en materia de seguridad e inteligencia financiera, para salvaguardar la integridad del proceso electoral. Igualmente propone el inicio de los cómputos distritales al momento que llegue el primer paquete electoral en cada Consejo Distrital (si hay la eliminación del PREP, sería en las leyes secundarias).
La propuesta más controversial es la representación proporcional, que toca los artículos 52 al 56 y el 63. En diputados cambia el principio a dos listas de 100 integrantes cada una: la primera conformada por candidaturas perdedoras que representen los mejores 20 porcentajes de votación respecto de la votación total que recibió el partido en su circunscripción, y 100 por votación directa que incluye diputaciones de mexicanos en el extranjero. Modifica los requisitos establecidos en el artículo 55 para permitir que personas residentes en el extranjero sean electas como diputados. La reforma al artículo 56 elimina los senadores de representación proporcional por lista nacional y deja sólo la primera minoría y, en consecuencia, reforma el artículo 63 para ajustar los procedimientos de asignación de las diputaciones o senadurías vacantes.
Los cambios a los artículos 115 y 116 incorporan los mecanismos de democracia directa para los municipios y las legislaciones locales correspondientes. También homologa los criterios de financiamiento de los partidos locales con lo establecido por el artículo 41 constitucional. Finalmente, agrega un párrafo al artículo 134 constitucional para permitir que los representantes de los poderes en los tres órdenes de gobierno puedan promover la participación de la ciudadanía en los mecanismos de democracia directa y participativa.
Los artículos transitorios establecen los parámetros esperados de implementación de la reforma: la fecha límite es el 15 de mayo para su aprobación y adecuación del marco jurídico correspondiente, pues la expectativa es que este nuevo orden esté listo para las elecciones de 2027. También establece que las remuneraciones del personal del INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales locales (no dice nada sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) no podrán rebasar las establecidas para la presidenta y deben ajustarse al artículo 127 constitucional.
En primer lugar, es una reforma incompleta si no va acompañada con una propuesta de reforma o iniciativa de ley electoral que refleje adecuadamente el cambio que propone y deja en el juego legislativo de los partidos el diseño de la técnica electoral. En segundo lugar, me parece más una concesión que una declaración de principios: lejos estamos, incluso, del decálogo presentado por la presidenta en sus conferencias matutinas del pasado miércoles 25 de febrero y el martes 3 de marzo. En tercer lugar, la reforma parece ponerse el píe más que allanarse un camino para lograr una transformación sustantiva del sistema electoral, incluso en el caso de la representación proporcional.
Sin duda los puntos más importantes de la reforma no están en los principios que busca incorporar a nuestro sistema electoral (los criterios para regular el uso de inteligencia artificial, la regulación de las aportaciones para forzar su registro en el sistema financiero nacional y la prohibición, más formal que material, del uso de recursos extranjeros o de procedencia ilícita) sino en los cambios que propone a los principios existentes. La reducción de tiempos en radio y televisión a 35 minutos no se puede entender si no conocemos cómo podrán distribuirse, si seguirán o no vigentes las reglas actuales. La reducción del financiamiento sólo en el monto base para calcularlo, y no en los criterios de distribución, refleja que seguirá favoreciendo al partido mayoritario en perjuicio de los partidos minoritarios y sus capacidades operativas en tiempos electorales y no electorales.
También está el problema de los cómputos distritales y el PREP, que reflejan un movimiento malicioso por parte de la presidenta. El PREP y el conteo rápido permiten estimar de manera confiable los resultados y brinda a las autoridades electorales el tiempo para recibir y resguardar correctamente los paquetes electorales en las juntas distritales, tener un mapa claro de incidentes y otros reportes durante la jornada electoral y dar el tiempo para que autoridades y partidos políticos cuenten con la información necesaria al inicio de los cómputos distritales. El cómputo distrital no sólo asienta en actas los resultados de las casillas: gracias al propio obradorismo, se convirtió en el espacio para dirimir las controversias y resolver los conflictos: es el espacio del infame voto por voto, casilla por casilla.
Pasar del modelo actual al cómputo distrital directo aumenta el riesgo de desinformación y asimetría en favor del partido mayoritario, es decir: Morena. Los partidos políticos despliegan personal durante el día de elección para cubrir tanto las casillas como los consejos distritales y locales, igualmente en los consejos de los OPLE. Iniciar los cómputos una vez recibidos los paquetes aumenta la presión en el personal electoral que apoya en esta etapa, y en los partidos para cubrir efectivamente la apertura de los paquetes, los reportes de incidencia y los recuentos. Durante mi experiencia en el INE en 2015, fui testigo de cómo se realizan los cómputos: hay personal electoral que revisa y organiza las boletas de los paquetes abiertos, mientras que los representantes de los partidos vigilan y toman nota al momento; si hay un incidente se reporta inmediatamente al consejo distrital, que debe someter a discusión el incidente. La propuesta de iniciar los cómputos en cuanto llegue el primer paquete es una receta para la desconfianza y la incertidumbre.
El otro problema es la representación proporcional. La eliminación de los plurinominales en el Senado me parece acertada pues, reitero, esta cámara representa el pacto federal y no a las fuerzas políticas entre la ciudadanía. Mantener la primera minoría es un ejercicio acertado, tal vez el único cambio que responde a un principio democrático. Pero en el caso de diputados plantea tres dilemas: uno sobre la conformación de las listas y otros dos sobre la representatividad real bajo este nuevo modelo. La primera lista se conformaría de las candidaturas perdedoras en la elección de mayoría, e incluiría a las 20 que tengan los mejores porcentajes de votación válida en su distrito, respecto de la votación válida total de su partido en esa circunscripción y sin importar en qué lugar quedaron en su distrito. La segunda lista (cuya conformación no explica) son 100 diputaciones por votación directa e integrará las diputaciones electas por mexicanos en el extranjero, sin especificar cuántas.
El primer dilema es la paridad de género: ¿cómo podrían mantenerla en el caso de las candidaturas perdedoras? Si son 100 diputaciones repartidas en 5 circunscripciones (20 cada una), eso significa que deberían ser 10 hombres y 10 mujeres respectivamente. Si existe disparidad entre los 20 mejores porcentajes en favor de un género u otro, ¿cómo lograrían el principio de paridad sin incurrir en una contradicción con el nuevo principio constitucional? Respecto de la segunda lista, la propuesta presentada en la conferencia matutina decía que se votaría a un hombre y una mujer para respetar el principio de paridad, pero ¿cómo podrían lograrlo al incorporar las diputaciones migrantes?
Estas diputaciones también representan el segundo dilema: la propuesta original decía 8 diputaciones migrantes, cantidad que ahora no define la reforma. Dice que se incluirán en esta lista, pero no explica cómo lo harán, ni cómo podrán votar por ellas en el extranjero. Además, está el otro problema: la votación favorecerá a las comunidades de mexicanos en el extranjero más grande (Estados Unidos) sobre otras comunidades alrededor del mundo. ¿Cómo garantiza esta reforma que los intereses de mexicanos en el extranjero sean propiamente representados? La única previsión en la redacción es dejar a la ley la regulación de estas situaciones, en manos de sí, adivinaron: los partidos.
El tercer dilema de la representación nos regresa a la lista de porcentajes de voto. En primer lugar, si no cambian la fórmula de representación proporcional (cociente natural y resto mayor) esto significa que acceder a una curul dentro de esta lista requerirá más votos. En lugar de dividir el total de votos por circunscripción entre 40, como ocurre ahora, se hará entre 20, nuevamente favoreciendo al partido mayoritario. En segundo lugar, este diseño castiga la participación electoral: sin importar la posición que alcancen las candidaturas, este diseño favorece a quienes compitan en distritos con mayor participación electoral y desconoce si la candidatura obtuvo segundo, tercero o n lugar en su distrito.
Ahora bien, también es importante mencionar el gran vacío de la propaganda gubernamental y la promoción electoral de las autoridades durante el proceso electoral. Nuevamente tenemos una reforma que no regula el párrafo octavo del artículo 134 constitucional sobre la propaganda, y sólo adiciona un párrafo que permite la promoción de la participación sin hacerlo en favor de un resultado (cosa por demás ambigua sin reglamentación). Aunque limite esto a los mecanismos de democracia directa, lo cierto es que sólo generaría más ambigüedad si estos mecanismos son concurrentes con las elecciones de poderes de la unión.
Por último, está el problema del financiamiento de las campañas electorales por organizaciones del crimen organizado. En el mejor de los casos me parece ingenua, cuando no abiertamente torpe, la idea de restringir las aportaciones privadas mediante el sistema financiero y ya no en especie o en moneda corriente. Si algo hemos aprendido es que la sofisticación del lavado de dinero y el uso de prestanombres y otros recursos para mover recursos ilegales puede dar vueltas a las restricciones del sistema sin mayor problema.
Contra lo que parecía una propuesta de gran calado, en realidad tenemos una propuesta que crea nuevos problemas en lugar de resolverlos. Si consideramos que el Partido Verde y el PT pusieron trabas un día sí y otro también para presentar la reforma, es claro que está diseñada para no lograr nada. Su redacción es deficiente y ambigua, junto a la falta de una legislación secundaria que permita ver mejor la visión técnica y política de la reforma, sólo refleja un ejercicio fallido por parte de la presidenta, una derrota al interior de su propia coalición gobernante.
Si en mi reflexión anterior considere que era una reforma innecesaria en un momento inapropiado, el texto presentado nos ofrece una reforma deficiente, tímida e incompleta, acompañada por una defensa tibia de una presidenta incapaz de asumir el liderazgo dentro de su coalición gobernante. En vez de que la reforma reflejara su decálogo democrático, se convirtió en un compromiso endeble y sin garantías, que le costó mucho políticamente y no asegura para ella un éxito legislativo más. Más que una expectativa, la realidad de esta reforma electoral es que sólo desgastará más nuestro ya asediado sistema electoral.
