El cemento que junta a esta sociedad
es el miedo que cada quien tiene a pensar ideas y opiniones propias
Fiódor Dostoyevski
La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum repite la grave paradoja observada por don Daniel Cosío Villegas cuando Luis Echeverría Álvarez hizo su propia reforma en 1976, dando ‘representación a minorías’ (es decir, plurinominales), en el contexto de una sociedad apática y un partido dominante: la contradicción entre la necesidad imperiosa de tener una ciudadanía participativa e informada, por un lado; y, por otro, un sistema de partidos, aparatos burocráticos y medios de comunicación a los cuales no les conviene que la ciudadanía sienta el deseo o tenga interés en participar en la vida pública.
Examinando la tasa de abstencionismo electoral del 40% en los años setenta del siglo pasado (no muy distinta de las cifras de las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, donde prácticamente cuatro de cada diez personas habilitadas para votar en México no lo hicieron), don Daniel lamentaba: “[una] conclusión que puede derivarse de las cifras oficiales, es el presentimiento de que el abstencionismo no solo es un fenómeno general, sino deliberadamente provocado…”[1].
Usando expresiones quizá más suaves que las que empleaban otros intelectuales críticos del régimen posrevolucionario, como Pablo González Casanova y Arnaldo Córdova, Cosío Villegas era igualmente certero, pues el rasgo común de quienes ocupan las instituciones de representación política, así como las de información y comunicación, es aferrarse a no abrirlas ni admitir la participación de la gente de a pie. Un botón de muestra, en pleno 2026, serían los canales y medios del Sistema Público de Radiodifusión, que pasaron de las pocas manos de una comentocracia ‘conservadora neoliberal’, a las pocas manos de una comentocracia ‘humanista mexicana’.
Luego entonces, de lo anterior se desprende que partidos, burocracia y medios han operado durante décadas como inhibidores sutiles, pero terriblemente eficaces, de la participación ciudadana a la hora de votar, fabricando una antesala de silencio, donde la libertad de expresión se ha vuelto un privilegio de gobernantes, legisladores, tecnócratas, presentadores de televisión, periodistas, intelectuales y otros ‘notables’ del así llamado círculo rojo. Así, tan lógico y comprensible resulta que la reforma de Sheinbaum contemple combatir los nuevos métodos de manipulación de la opinión pública operados mediante granjas de bots e inteligencia artificial, como ilógico e incomprensible resulta darle esta tarea a un aparato vinculado orgánicamente a partidos, gobiernos y medios, como el Instituto Nacional Electoral (INE).
¿Qué usuario de redes sociales —un usuario de carne y hueso, no una cuenta automatizada— no abriga la sospecha de que los mecanismos destinados a inflar tendencias, fabricar fenómenos virales y orquestar linchamientos digitales o funas en Facebook, X, TikTok y otras plataformas operan con financiamiento público, a través de partidas de publicidad oficial canalizadas hacia medios privados? Esta sospecha no surge únicamente de la observación técnica de estos fenómenos, sino también de la percepción de que existe una convergencia entre recursos estatales, intereses políticos y estructuras mediáticas orientadas a moldear la opinión pública.
Se trata de circuitos presupuestales y financieros en los que el Instituto Nacional Electoral también participa, en su calidad de nodo institucional que articula relaciones entre gobiernos, partidos y medios de comunicación frente a una ciudadanía que permanece excluida de las decisiones cotidianas del poder político. En este sentido, el INE no opera únicamente como un árbitro electoral, sino también como una instancia que interviene en la distribución de recursos, visibilidad y legitimidad dentro del espacio público mediatizado. Esta posición lo sitúa como una correa de transmisión entre las estructuras formales de la política y los dispositivos de comunicación que configuran la percepción colectiva.
En otras palabras, y evocando las preocupaciones expresadas por Daniel Cosío Villegas sobre las formas sutiles de control político en contextos formalmente democráticos, el INE ha desempeñado un papel en la configuración de condiciones que, de manera directa o indirecta, inciden en la participación ciudadana. Bajo esta perspectiva, resulta difícil sostener sin reservas que una institución inserta en estas dinámicas ejercerá de manera neutral las nuevas atribuciones que se le pretenden conferir para “garantizar el derecho a la información y los derechos de las audiencias”. La cuestión de fondo no reside únicamente en las facultades formales, sino en las condiciones estructurales que determinan su ejercicio.
Hablando en plata, el INE ya se ha convertido en el “Gran Inquisidor” (al estilo del espeluznante relato del novelista ruso Fiódor Dostoyevski en Los Hermanos Karamázov) desde que la doctora Sheinbaum llegó a la presidencia en 2024. Las humillantes disculpas públicas y otros castigos que, tanto ese instituto como el Tribunal Electoral, obligaron a cumplir a la ciudadana Karla Estrella por el imperdonable delito de emitir opiniones críticas hacia los morenistas Diana Karina Barreras y Sergio Gutiérrez Luna, evidencian nuevas y graves amenazas a la libertad de expresión. Si en el párrafo anterior se sugirió que el nuevo poder del INE sería extraconstitucional si se aprueba la reforma-Sheinbaum sin cambiarle una coma, es porque el caso de DATO PROTEGIDO exhibió a los órganos electorales como meras defensorías de las castas políticas mexicanas, lo cual viola el artículo sexto de la Constitución consagrando la libre expresión como garantía individual inalienable.
Así pues, hay tela de juicio para señalar que la manipulación de la opinión en las antiguamente llamadas “benditas redes sociales”, por medio de granjas de bots, influencers e inteligencia artificial, ha sido orquestada por quienes ahora pretenden combatirla: las élites gobernantes (más allá de colores partidistas o de grupos mediáticos). Se trata del “sistema del Shigaliovismo”, diría Dostoyevski, pues Shigaliov era el nombre del oscuro ideólogo de la trama de Los demonios, que buscaba conquistar el poder en un mundo “donde una décima parte de la humanidad domina a las nueve partes restantes.”
Profético, Dostoyevski observa, en el mismo sentido de Cosío Villegas, que son la apatía y el temor los verdaderos métodos de dominación en ámbitos que solo en apariencia se rigen por principios político-jurídicos de igualdad y libertad. “El cemento que junta a esta sociedad,” dice Piotr Stepánovich, exponente máximo del Shigaliovismo, “es el miedo que cada quien tiene a pensar ideas y opiniones propias.” Petrusha entiende que el dominio de una minoría sobre las mayorías mediante el miedo involucra degradar deliberadamente la calidad de la conversación en la vida cotidiana, como sucede hoy día en las redes sociales: “echaremos mano a la embriaguez, la calumnia, la delación; recurriremos a la depravación más extremada…”[2]
Finalmente, concentrar aún más poder en élites gobernantes, burocráticas e intelectuales, so pretexto de abordar el gran desafío de la deshumanización de las redes sociales y la inteligencia artificial, como pretende la reforma de la mandataria Sheinbaum, efectivamente suena a Shigaliovismo: una minoría continúa apostando por inhibir el pensamiento crítico por medio del acoso y la vigilancia de ese Gran Inquisidor de dos cabezas, llamadas INE y Tribunal Electoral. En un México actual, dramáticamente parecido al México observado por Cosío Villegas, la apatía y el abstencionismo resultan incomprensibles para quien ignore que, en nuestro actual sistema de partidos, burocracia y medios de información, la participación ciudadana resulta sumamente inconveniente.
[1] Daniel Cosío Villegas, El Estilo Personal de Gobernar, Joaquín Mortiz,Ciudad de México, 1982. p. 81.
[2] Fiódor Dostoyevski, Los Demonios, Ediciones Libertador, Buenos Aires, 2014. p. 298.
