I
La invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, reveló una transformación en el orden internacional. Durante las tres décadas posteriores al fin de la Guerra Fría, la guerra continuó bajo diversas modalidades: intervenciones, guerras civiles y campañas militares de gran escala en los Balcanes, Medio Oriente y Asia Central. Aun con esa persistencia, el arreglo posterior a 1991 mantuvo bajo control un umbral específico de violencia: la confrontación directa y prolongada entre grandes potencias, junto con alteraciones territoriales abiertas capaces de modificar de forma estructural el equilibrio regional sin detonar una reacción inmediata. La ofensiva rusa atravesó ese límite y reconfiguró el marco dentro del cual se entendía la estabilidad internacional.
Ese umbral reposaba en la ubicación estratégica de Estados Unidos dentro del sistema internacional y en una capacidad de disuasión claramente identificable. Su primacía militar, la densidad de sus alianzas y la voluntad de intervenir ordenaron el campo de acción global. Aun sin despliegues directos, su gravitación fijaba los límites de lo concebible. Los conflictos se extendieron por distintos territorios, aunque su escalamiento enfrentaba un dique en la previsión de una respuesta estadounidense.
La invasión rusa alteró ese equilibrio y tensionó los supuestos que lo sostenían. La guerra prosiguió sin una intervención militar directa de Estados Unidos, que recurrió a sanciones, asistencia financiera y militar, así como a mecanismos de presión estratégica. Esta modalidad de actuación configuró un umbral distinto en el ejercicio del poder occidental: permitió sostener el conflicto sin una confrontación directa entre potencias nucleares, al tiempo que abrió interrogantes sobre el alcance efectivo de la capacidad estadounidense para contener o resolver guerras entre Estados.
Ese desplazamiento encontró un eco elocuente también para Rusia en septiembre de 2023, cuando Azerbaiyán lanzó una ofensiva sobre Nagorno-Karabaj y desmanteló en pocos días la entidad armenia que había subsistido durante décadas. La operación redefinió el equilibrio territorial en el Cáucaso y Rusia, pese a su gravitación histórica en la zona, se abstuvo de intervenir; Estados Unidos tampoco pudo alterar el desenlace. El episodio consolidó la impresión de un orden internacional en el que la disuasión tradicional perdió capacidad de estructurar los resultados regionales.
Un mes después, el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 amplió el ciclo de guerra. La respuesta israelí adquirió la forma de una invasión abierta de Gaza. El objetivo consistió en desmantelar el control territorial de Hamás y derivó en un genocidio. Hezbolá, en Líbano, en respuesta a las acciones de Israel, abrió un frente activo en la frontera, coordinado dentro de una estrategia más amplia impulsada por Irán y sus aliados.
El Mar Rojo fue otro escenario de confrontación que surgió por las acciones de Israel. Milicias hutíes de Yemen, apoyadas por Irán, atacaron embarcaciones comerciales y alteraron una de las principales rutas del comercio global. Estados Unidos y el Reino Unido respondieron mediante bombardeos directos. Ambos países se vieron obligados a actuar como garantes del funcionamiento de una infraestructura esencial para la circulación del capital.
Con Donald Trump como presidente, a diferencia de la estrategia que utilizó Joe Biden, los Estados Unidos debían reafirmar su posición global y no quedarse atrás en esta reconfiguración bélica. La operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en territorio venezolano el 3 de enero de 2026 constituye un hecho sin precedentes en América Latina en las últimas décadas, y se vincula directamente con los hechos que he narrado hasta el momento. La administración estadounidense, con Marco Rubio como vocero central, defendió la operación como una medida necesaria para la seguridad hemisférica ante un régimen aliado de Irán: “Todo el aparato de política exterior cree que todo es Libia, todo es Irak, todo es Afganistán. Esto no es el Medio Oriente. Y nuestra misión aquí es muy diferente. Este es el hemisferio occidental […] Venezuela ya no puede acercarse cómodamente a Hezbolá e Irán en nuestro propio hemisferio”.
Tras la captura de Maduro, Washington avanzó para influir directamente en el comercio petrolero venezolano y promovió acciones contra redes que, según su narrativa, vinculaban el crudo venezolano con intereses iraníes. La operación, por tanto, no puede entenderse sólo como respuesta a la crisis interna de Venezuela. Se inscribe en una estrategia más amplia orientada a limitar la proyección de Irán en la región y a reconfigurar equilibrios de poder en un contexto internacional marcado por la competencia estratégica y la disputa por recursos energéticos.
En este contexto, el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026 marcó un nuevo punto de inflexión. Durante décadas, la confrontación entre Washington y Teherán se estructuró principalmente a través de mecanismos de presión (aunque esto no significa que no existieran acciones directas): sanciones económicas, operaciones encubiertas y conflictos por intermediarios regionales permitieron sostener una rivalidad persistente sin abrir un escenario de guerra directa entre ambos Estados. La operación militar conocida en Estados Unidos como Epic Fury —y en Israel como Lion’s Roar— atravesó ese umbral al dirigir ataques aéreos contra centros de poder del régimen iraní. El bombardeo que provocó la muerte del líder supremo Ali Jamenei constituyó un ataque de decapitación contra la cúpula política del Estado iraní y elevó significativamente el nivel de confrontación entre las potencias involucradas.
En mi opinión, el encadenamiento de estos conflictos no responde únicamente a decisiones coyunturales ni a la voluntad de líderes específicos. Expresa, más bien, el agotamiento del ciclo de globalización neoliberal que durante tres décadas sostuvo tanto la expansión del capital como el orden internacional surgido tras la Guerra Fría. Ese orden descansaba en una premisa implícita: la integración económica global —articulada en torno a cadenas de valor transnacionales, apertura comercial y primacía financiera— funcionaría como principio organizador de la estabilidad internacional. Mientras ese mecanismo aseguró crecimiento, acceso a mercados y una circulación relativamente fluida de recursos estratégicos, las rivalidades geopolíticas permanecieron contenidas dentro de límites manejables.
Ese equilibrio comenzó a erosionarse cuando la globalización dejó de producir los resultados que la habían legitimado. La desaceleración del crecimiento, la fragmentación de las cadenas de suministro, la competencia por recursos energéticos y tecnológicos, así como la creciente presión migratoria y el debilitamiento de los Estados frente a actores criminales transnacionales, fueron descomponiendo las bases materiales que habían sostenido el orden posterior a 1991. En ese contexto, la interdependencia económica dejó de operar como mecanismo de estabilización y empezó a convertirse en un terreno de disputa estratégica.
Cuando ese principio organizador se debilita, el sistema internacional pierde uno de los dispositivos que limitaban el uso abierto de la fuerza. Las potencias vuelven entonces a recurrir a instrumentos clásicos de dominación para redefinir posiciones, asegurar recursos estratégicos y reorganizar zonas de influencia. La guerra reaparece así no como una anomalía externa al sistema, sino como uno de los mecanismos mediante los cuales el propio capitalismo reconfigura sus condiciones de acumulación y el equilibrio de poder que las hace posibles. El ciclo de conflictos que se ha abierto en los últimos años puede leerse, en ese sentido, como uno de los síntomas más visibles de la transición hacia un orden distinto.
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II
El Estado adquiere sentido en la medida en que asegura las condiciones generales que hacen posible la continuidad de las relaciones capitalistas. No constituye una entidad con contenido fijo ni un sujeto con voluntad autónoma; corresponde a una forma histórica cuya configuración responde a las exigencias de la acumulación en cada momento. Cada régimen político expresa, por tanto, una modalidad concreta de esta función general, inscrita en las condiciones específicas que permiten al capital reproducirse.
El neoliberalismo inauguró una configuración estatal que transformó estas condiciones. La apertura de los mercados, la liberalización financiera y la expansión de las cadenas globales de producción desplazaron los centros efectivos de acumulación hacia espacios que exceden los marcos tradicionales de regulación estatal. La capacidad de recaudar, redistribuir y orientar la economía perdió fuerza. La garantía jurídica de las transacciones y la protección de la propiedad adquirieron mayor centralidad, mientras se debilitaban los mecanismos para lograrlo. La acumulación encontró nuevos soportes en la movilidad del capital, en la integración de los mercados financieros y en la subordinación de los territorios nacionales a circuitos de valorización global.
Los efectos de esta reconfiguración se manifiestan en la estructura misma de las sociedades contemporáneas. Amplios sectores económicos operan dentro de circuitos transnacionales que restringen el alcance de las decisiones estatales. Las grandes corporaciones organizan la producción mediante redes que atraviesan múltiples jurisdicciones. Esta estructura reduce la capacidad de cualquier Estado para condicionar sus operaciones y sus efectos sociales: migraciones, diversidad cultural, organizaciones sociales de todo tipo que disputan la organización de las sociedades. La expansión de economías ilegales vinculadas al narcotráfico y a otros mercados ilícitos consolidó, además, formas de acumulación que se desarrollan en espacios donde el control estatal presenta límites efectivos.
Todo esto introdujo una tensión en el interior de la forma estatal, incluso en los países que tradicionalmente se consideraban como Estados fuertes, como es el caso de Estados Unidos. Cuando las instituciones pierden eficacia, el proceso de acumulación enfrenta obstáculos que comprometen su continuidad.
La historia del capitalismo muestra que el Estado responde mediante la transformación de sus instrumentos, con el propósito de restablecer las condiciones necesarias para la acumulación. En el momento actual, esta reorganización encuentra uno de sus ejes centrales en la guerra. Ésta permite reorganizar el espacio, redefinir jerarquías y asegurar condiciones para cambiar la forma en que se reproduce el capital. La guerra, es importante señalar, no se reduce a un enfrentamiento entre Estados ni a una competencia por recursos específicos. La guerra redefine relaciones de poder, nacionales e internacionales; reorganiza espacios de valorización, impulsa ciertos tipos de mercado y abre nuevas posibilidades para la acumulación.
Sugiero, por tanto, que las guerras que comenzamos a presenciar a lo ancho del globo, son producto del agotamiento relativo de la forma estatal que se consolidó durante la expansión del neoliberalismo y la globalización. La integración global de los mercados facilitó la expansión del capital durante décadas. Este mismo proceso debilitó capacidades estatales necesarias para garantizar su reproducción en el largo plazo. La reactivación del aparato militar expresa la búsqueda de una nueva articulación entre el Estado y el capital.
III
La imagen del Estado fuerte, capaz de regular de manera simultánea lo político, lo social y lo económico, corresponde a una coyuntura histórica delimitada. Su consolidación se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la devastación material, el trauma social y la amenaza sistémica del bloque soviético impulsaron a las potencias occidentales a edificar aparatos estatales con capacidades ampliadas de planificación, recaudación, provisión de bienestar y dirección macroeconómica. Entre 1945 y la década de 1970, el Estado adquirió una densidad institucional inédita: administró la reconstrucción, promovió políticas industriales, expandió derechos sociales y reguló el conflicto laboral dentro de marcos relativamente estables.
Sin embargo, ese momento no define la totalidad de la experiencia histórica. Antes de ese periodo, los órdenes sociales que podríamos, con sus matices, denominar Estados, funcionaron como formas específicas de dominación que competían con otras instancias por la organización de la vida colectiva. Con frecuencia, el poder central delegó zonas enteras de administración a actores locales, aceptó autonomías de facto o toleró arreglos híbridos. La idea de un Estado omnipresente y soberano en cada rincón del territorio constituyó más una aspiración normativa que una realidad empírica prolongada.
El orden posterior a la Guerra Fría heredó esa imagen del Estado fuerte, aunque la proyectó hacia un horizonte distinto. La expansión del neoliberalismo globalizador se presentó como compatible con una estatalidad robusta que garantizaría mercados abiertos, estabilidad monetaria y marcos jurídicos previsibles. El llamado Coloquio Walter Lippmann de 1938 había subrayado la necesidad de un Estado que preservara la competencia y sostuviera el orden legal del capitalismo; los neoliberales no imaginaron una desaparición del Estado, sino su reconfiguración. En los años noventa, esta premisa convivió con diagnósticos que colocaban al Estado en el centro de la nueva época. Francis Fukuyama, al anunciar el “fin de la historia”, asumía que la democracia liberal impulsada por un Estado constituía el punto de llegada del desarrollo político. Samuel Huntington, al prever un “choque de civilizaciones”, concebía a los Estados como portadores de identidades culturales que estructurarían el conflicto global. Ambos enfoques partían de la persistencia de la estatalidad como unidad decisiva del sistema internacional.
El curso de las décadas siguientes desmintió la expectativa de un Estado fuerte que convivía con la globalización. La liberalización financiera, la fragmentación de cadenas productivas y la creciente autonomía de actores transnacionales erosionaron capacidades fiscales, regulatorias y distributivas. Incluso en los países del llamado “centro”, tareas clásicas de la soberanía —controlar flujos de capital, orientar el desarrollo industrial, asegurar cohesión social— comenzaron a enfrentar límites estructurales. La externalización de funciones, la dependencia tecnológica y la financiarización comprimieron márgenes de maniobra. El Estado no desapareció, pero perdió densidad en ámbitos estratégicos y vio tensionada su autoridad frente a corporaciones globales, organismos multilaterales y redes ilícitas.
La guerra creó al Estado y el Estado hizo la guerra, explica Charles Tilly. Los procesos bélicos han operado históricamente como catalizadores de expansión estatal. La movilización de recursos, la necesidad de reclutar ejércitos, financiar campañas y sostener poblaciones afectadas obligaron a perfeccionar sistemas tributarios, burocracias administrativas e instrumentos de planificación. Las guerras del siglo XX no sólo multiplicaron capacidades militares; impulsaron políticas de bienestar para veteranos y damnificados, promovieron programas de reconstrucción y consolidaron pactos sociales. La ingeniería estatal alcanzó entonces una intensidad excepcional.
El escenario actual sugiere un movimiento similar, aunque bajo condiciones distintas. Los ataques de Estados Unidos contra objetivos vinculados a Irán reactivaron discusiones sobre seguridad y capacidad militar en Europa. Emmanuel Macron anunció la mejora y la movilización del armamento nuclear de Francia; el Reino Unido y Alemania manifestaron su disposición a respaldar un eje occidental más cohesionado frente a amenazas percibidas (aunque Reino Unido planteó que no se involucraría en acciones directas y España, con Pedro Sánchez a la cabeza, decidió no apoyar las acciones de Estados Unidos). China, en tanto, ha mantenido su respaldo a Irán, pero únicamente por la vía diplomática. La guerra, o su inminencia, vuelve a demandar coordinación fiscal, inversión estratégica y reorganización industrial. El capitalismo parece orientarse hacia una fase donde la seguridad energética, la relocalización productiva y la autonomía tecnológica ocupan un lugar prioritario.
No obstante, la reactivación estatal contemporánea no reproduce el modelo del siglo XX. Las sociedades son más complejas, las economías más interdependientes y la legitimidad política más fragmentada. La reconstrucción de capacidades no se despliega sobre territorios cerrados, sino en redes globales de suministro y finanzas. La ampliación del gasto militar convive con presiones fiscales y con demandas sociales que no encuentran cauces estables. La pregunta abierta concierne, por tanto, a la forma que adoptará esta nueva articulación entre guerra, Estado y capital. Una expansión de capacidades orientada exclusivamente a la confrontación podría profundizar la competencia geopolítica sin resolver las tensiones internas que debilitan a las democracias. Un rediseño que combine seguridad con cohesión social exigiría pactos distributivos y reconfiguraciones institucionales de mayor alcance. El horizonte, como siempre, es incierto, mientras los pueblos sufren las consecuencias.
