La ultraderecha avanza en América Latina. Después de los triunfos en Argentina, Ecuador y Chile, Colombia se unió hace poco al club de gobernantes considerados como de extrema derecha, mientras estamos a la espera de los resultados en la segunda vuelta de Brasil. ¿Qué esperar de un gobierno de este tipo? ¿Cómo entender la llegada de este tipo de gobierno en la política colombiana y en el avance contra las desigualdades? ¿Qué implicaciones tiene este cambio en la política regional?
Colombia es un país que ha sido históricamente dominado por la derecha. En más de 200 años de vida republicana el país ha estado dirigido por gobiernos considerados tanto de derecha como de centroderecha. Sin embargo, las elecciones de 2018 mostraron un cambio en la inclinación política de la población con los entonces candidatos Iván Duque y Gustavo Petro. Si bien la derecha obtuvo la victoria con Duque elegido como presidente, en Colombia no habían existido campañas declaradas de izquierda a nivel presidencial que lograran un respaldo popular relevante: 8 millones de votos frente a 10 millones obtenidos frente al conservadurismo.
En 2022, en un contexto tanto económico como social bastante complicados, Gustavo Petro llegó a la presidencia con más de 11 millones de votos, lo que marcó la primera administración ejecutiva de izquierda en el país andino. No obstante, el panorama político estuvo marcado por una alta polarización en el poder legislativo. La reforma tributaria, la de salud y la de pensiones, por mencionar algunas, estuvieron acompañadas por fuertes enfrentamientos entre las dos principales coaliciones partidistas, las del Pacto Histórico y la liderada por el partido Centro Democrático. Cada reforma propuesta por Petro generaba más polémicas y discusiones entre el oficialismo y la oposición, en donde si bien la coalición gobernante logró la aprobación de ciertas reformas, otras fueron rechazadas.
Mientras que Iván Duque experimentó una serie de intensas manifestaciones sociales durante su administración, el gobierno de Petro se enfrentó a un panorama político cada vez más complicado, tanto en un sentido interno con los múltiples cambios en el gabinete presidencial como frente a los grupos opositores. Este es el contexto en el que se llevaron a cabo las elecciones de este año en Colombia, sin olvidar el asesinato en pleno acto político del parlamentario Miguel Uribe Turbay del partido Centro Democrático el año pasado. Como se vio en las urnas, Colombia se encuentra profundamente polarizada en términos políticos y sociales.
Por otra parte, el gobierno de Petro deja la presidencia con resultados mixtos. En materia social, Colombia presentó para 2025 una tasa de desempleo menor al 10%, una tasa de pobreza de 9,9% —lo que representa una disminución del 28% para este año— y la inflación al 5,8%, en comparación con el 11% con la que Petro asumió la presidencia después de Iván Duque. En materia económica el país se enfrenta a dificultades respecto a la deuda pública y el déficit fiscal, el cual representaba un 7,1% en 2021 y un 6,4% en 2025, al mismo tiempo en que en 2025 se experimentó un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 2,6%.
La llegada de De la Espriella, quien ha declarado que buscará la “reducción del Estado” durante su mandato, probablemente significará un retroceso en el avance hacia la justicia fiscal y la reducción de las desigualdades. De la Espriella manifestó que se enfocará en fomentar el crecimiento económico “acelerado”, la reducción de los impuestos y la creación de beneficios fiscales para el sector empresarial. En uno de los países más desiguales del mundo, las políticas redistributivas son clave para cerrar las brechas sociales. En 2022 el congreso aprobó una reforma propuesta por Petro la cual implicó el aumento del cobro de impuestos a grandes empresas y fortunas, con el objetivo de reducir las desigualdades y de financiar programas sociales. Sin embargo, la llegada de De la Espriella puede significar un giro en esta área de política pública.
De la Espriella también ha presentado propuestas que no son necesariamente consideradas de derecha, como capacitar a 200,000 mujeres cuidadoras para el mercado laboral, promover el ingreso de mujeres a las áreas relacionadas a las ingenierías y la tecnología y combatir los feminicidios y la violencia contra la mujer. Este tipo de discrepancias en la orientación ideológica de las propuestas de De la Espriella podrían respaldar los argumentos de algunos comentaristas que sugieren que el nuevo mandatario no sea considerado de extrema derecha. Sin embargo, la gran mayoría de sus propuestas indican una redirección del país hacia este espectro político, principalmente en temas relacionados al manejo del Estado, la seguridad, la política fiscal y social y el medio ambiente.
Además, la llegada de De la Espriella enciende varias alarmas en materia de derechos humanos. El área de política pública que el nuevo mandatario ha declarado como primordial es el de la seguridad. De la Espriella ha declarado que, inspirado en las medidas de Nayib Bukele de El Salvador, creará “megacárceles” para castigar a criminales. Colombia ha trabajado por años en un proceso de pacificación que ha costado un gran esfuerzo tanto al Estado como a la población colombiana. Si bien han existido fuertes oposiciones contra este proceso, el modelo de paz de Colombia representa una alternativa de pacificación “activa” basada en la reinserción social y en el hecho de que el narcotráfico representa para muchos la única alternativa para llevar alimento a sus hogares. Es decir, una política basada en reconocer la desigualdad de origen de las personas debido a la clase económica, la ubicación geográfica, el tono de piel o el género.
Las elecciones de 2026 también presentan otras implicaciones. Por un lado, estas demostraron que, si bien el candidato Iván Cepeda no resultó ganador, las candidaturas de izquierda han tomado fuerza en Colombia. Históricamente, el electorado colombiano se ha inclinado hacia la derecha, no obstante, en las elecciones recientes la fórmula de la izquierda obtuvo 12 millones 708 mil votos, casi 1 millón 700 mil votos más que los obtenidos por Petro en 2022. Por otra parte, las campañas de continuidad muestran resultados ambivalentes. Actualmente existe un hartazgo generalizado hacia las instituciones porque estas no han entregado niveles de bienestar suficientes. Por lo tanto, candidaturas que se presentan como outsiders, es decir, fuera de las figuras institucionales, tienden a ser más favorecidas. Con excepción del caso de México, diversos casos recientes como el de Estados Unidos y el de Colombia muestran esta tendencia. La campaña de continuidad que representó Cepeda no logró conquistar a los sectores necesarios para lograr la victoria en las elecciones presidenciales.
Por último, con De la Espriella en el poder, México y Brasil quedan prácticamente solos en el escenario político regional. Con Chile y Colombia sumados al espectro político de la derecha, Claudia Sheinbaum y Lula Da Silva enfrentarán una mayor dificultad para impulsar sus iniciativas de política exterior frente a un entorno regional dominado por Estados Unidos y los líderes latinoamericanos afines a este. Las presiones de los estadounidenses en temas relacionados al combate contra el narcotráfico, el manejo de la migración, la relación con Cuba, entre otros temas, probablemente aumentarán en su intensidad y también en su efectividad.
En un escenario como este, el hábil manejo de la relación con Estados Unidos por parte de México quizá ya no sea suficiente para aplacar al vecino del norte. El resultado de las primarias estadounidenses parece representar uno de los únicos factores de optimismo para los únicos mandatarios de izquierda restantes en la región. Es por ello que la integración con otros actores estratégicos será clave para la supervivencia no solo de las líneas de política exterior, sino de los intereses de México en general.
Daniel Hurtado es editor independiente, iinternacionalista por la UNIVA y politólogo por El Colegio de México
Nota: Este texto retoma algunos de los hallazgos de la tesis de posgrado “Política tributaria en Colombia: las reformas de Iván Duque en 2021 y de Gustavo Petro en 2022”.
