Tras meses de incertidumbre, al fin conocemos la propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum, expuesta en la conferencia matutina de este miércoles por Pablo Gómez y Rosa Icela Rodríguez. La presidenta informó que presentarán la propuesta al congreso el próximo lunes, por lo que debemos esperar hasta entonces para conocer su contenido específico. Mientras tanto, esta exposición sirvió para confirmar y desmentir especulaciones sobre los principales temas que la definen.
La reforma se sostiene de cuatro ejes y diez puntos. Los ejes son los siguientes: elección directa de la representación proporcional (RP) en el Congreso de la Unión, manteniendo la fórmula vigente, reducir el costo de las elecciones, tanto en gasto operativo como en financiamiento, una mayor fiscalización de los recursos de los partidos políticos, y fortalecer los mecanismos de democracia participativa en los tres órdenes de gobierno. Los diez puntos son: integración del poder legislativo por votación directa, reducir en 25% el costo de las elecciones, mayor fiscalización por el Instituto Nacional Electoral (INE), voto en el extranjero, reducción de tiempos en radio y televisión, regulación de uso de inteligencia artificial y prohibición de uso de bots, eliminar el PREP e iniciar el cómputo distrital una vez terminada la jornada electoral, ampliar la democracia participativa mediante el uso del voto electrónico, e incorporar la reforma contra el nepotismo y la no reelección consecutiva a partir de 2030.
Tras la exposición de ambos funcionarios, la presidenta ahondó durante la sesión de preguntas en los temas y detalles de la reforma electoral, donde insistió en que los partidos y sus candidaturas deben salir a territorio a ganarse el voto, a dar la cara al pueblo. Destacó también que la reforma incorpora las propuestas y opiniones recopiladas en los foros convocados por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que los partidos aliados deberían explicarle al pueblo si están de acuerdo o no con la reforma y por qué, y que ella tenía la responsabilidad de presentar la reforma, más allá del interés partidista de sus aliados y su propio partido. Por último, también precisó que no se quitará el fuero, se eliminarán las juntas distritales permanentes, y no incluye algún mecanismo para prevenir el llamado “chapulineo”, que los representantes cambien de partido una vez en su puesto.
La información presentada este miércoles plantea dos puntos a discutir. El primero es, indudablemente, la RP: propone eliminar los senadores por este principio y mantener sólo la primera minoría, así como los 200 diputados, pero ahora elegidos no por votación indirecta, sino por un modelo muy peculiar. Sin modificar la fórmula de asignación vigente (que depende de un cálculo matemático y el principio de voto indirecto), la idea es que 97 sean asignados a las candidaturas de los partidos que no ganaron, pero obtuvieron los mejores resultados, 95 a votación directa por circunscripción eligiendo hombre y mujer, y 8 para mexicanos residentes en el extranjero.
La propuesta de eliminar la RP del Senado es correcta, ya que es contraria al principio representativo de la cámara: representa al pacto federal, no a la población que ya lo está en la cámara de Diputados. Sin duda podría transformar la calidad del liderazgo político en las bancadas, pues ahora quienes aspiren a coordinar e integrar los órganos de gobierno del Senado deberán pasar por el escrutinio popular en la campaña. En ese sentido, también fortalecerá una relativa horizontalidad entre las bancadas y puede servir para la renovación de cuadros partidistas.
Sin embargo, la propuesta para la Cámara de Diputados me parece un desatino. A grandes rasgos, la fórmula actual de RP funciona de la siguiente manera: divide al país en cinco circunscripciones, y a cada una le corresponden 40 diputaciones bajo este principio. La fórmula se llama cociente natural y resto mayor, es decir, se divide la votación total en cada circunscripción entre 40 para definir cuántos votos necesitan los partidos para obtener una diputación en esa circunscripción. Si aún quedan votos y curules por asignar, se reparten con base en el orden de los partidos que aún tengan la mayor cantidad de votos para asignar las diputaciones. La cláusula de sobrerrepresentación establece que ningún partido puede tener más de 300 diputados por ambos principios; si un partido rebasa ese tope, pierde diputaciones de RP que se asignan a otros partidos.
¿Cómo puede coexistir este instrumento con el nuevo arreglo de asignación? Si nos apegamos a lo dicho por la secretaria de gobernación, la asignación de esta fórmula sólo aplicaría para las 97 diputaciones que, hipotéticamente, se conformarían por los mejores segundos lugares. Sin embargo, nuestro modelo actual depende de listas definidas antes, no después de la elección. Si se aprueba este modelo, los 300 segundos lugares (porque seguiremos votando por los distritos de mayoría) conformarían esta lista, y faltaría saber cómo se distribuyen entre partidos y coaliciones, y verificar si mantienen el principio de paridad de género que permitan aplicar esta fórmula de RP. Además, falta un elemento anunciado y se refiere a los candidatos perdedores que obtuvieron los mejores resultados. ¿Cómo definir eso? Si pensamos que cada distrito tiene porcentajes de participación distintos, no pueden pesar igualmente la cantidad de votos, ¿cómo ponderarlo?
Es una contradicción insostenible que, además, conlleva un problema matemático. No hay una forma de repartir equitativamente las 97 diputaciones, ni con las circunscripciones existentes, ni aumentándolas o reduciéndolas (es un número primo que sólo puede dividirse como número entero entre el 1 y él mismo). La única forma sería conformar una gran lista nacional, donde el nuevo problema es cómo definirán a cuántos votos equivaldrá una diputación. La RP nació como una forma de balancear y hacer competitivos a los partidos minoritarios, pero nunca renunció al principio de representación territorial; esta propuesta conlleva un problema de cómo reconciliar esos elementos.
A eso se agrega la idea de someter a votación 95 diputaciones en lista, donde podríamos votar a un hombre y una mujer. A diferencia de las anteriores, éstas sí pueden repartirse equitativamente en 19 diputaciones por circunscripción, pero su elección directa transforma también el principio de la RP. En lugar de ser un voto proporcional, es un voto mayoritario para una unidad territorial más grande que nuestro distrito y nuestra entidad. Si ya era compleja la asignación, con la supuesta coexistencia de dos tipos de diputaciones se hará más engorroso saber qué votamos y a quiénes votamos. ¿Por qué no dejar que 190 diputaciones de RP se fueran bajo esta fórmula de votación, y 10 para las diputaciones migrantes?
Aunque en apariencia esto quita el control de los partidos y sus élites sobre las listas de RP, en los hechos no es así. Si consideramos que la tendencia tradicional del voto es en bloque y no diferenciado, es altamente probable que quien vote por un partido en su distrito, también lo haga en la lista de RP disponible para votar. Si a eso le sumamos que el sistema favorece a los partidos mayoritarios con una estructura más consolidada de movilización, también es altamente probable que los segundos lugares sean ocupados por el mismo partido que, en otros distritos, sea el primer lugar (como pasó con Morena en la elección de 2024). Salvo que se mantenga la cláusula de sobrerrepresentación (de la que no dijeron nada en la presentación), este diseño favorecerá al partido mayoritario.
El segundo punto es la confianza y el fortalecimiento de las autoridades electorales. Específicamente me refiero al financiamiento, la fiscalización y la propuesta de desaparecer el PREP para dar lugar a los cómputos distritales directamente. Cada uno está planteado para reducir el costo de las elecciones y hacerlas más eficientes, pero en realidad creo que su principal logro sería aumentar la desconfianza en nuestras autoridades electorales. La principal función de los sistemas electorales es generar confianza, entre el pueblo y los actores políticos, de que la competencia electoral refleja de manera fehaciente la voluntad popular.
Reducir en 25% el gasto operativo del Instituto Nacional Electoral, desaparecer las juntas distritales como instancias permanentes, así como del gasto de los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales, conlleva pensar cómo reasignar el presupuesto restante en las funciones que pueden llevar a cabo y cuáles desaparecerán. Claro, es muy bonito decir que se reducirá el costo al limitar los ingresos de la burocracia electoral, que el ahorro se reasignará a gasto social. Sin embargo, hay que seguir el dinero, y mientras no sepamos qué otros recortes y funciones se transformarán, queda en palabras vacías.
Las juntas distritales son un ejemplo: desaparecerlas es perder un vínculo institucional importante para el funcionamiento de nuestro sistema electoral. Contra la falsa idea de la propuesta presidencial, las juntas distritales no sólo trabajan durante el proceso electoral (cosa que sí pasa con los consejos distritales y locales). Las juntas se encargan de administrar y ser el canal territorial para la actualización de la cartografía electoral, el manejo del padrón electoral y la lista nominal, la emisión de la credencial de elector, además de ofrecer un espacio para que el INE esté conectado con la ciudadanía y los actores políticos locales. Desaparecerlas como organismos permanentes como justificación de reducir el gasto operativo limitaría terriblemente la capacidad de acción del instituto.
Respecto a la fiscalización: no importa cuánto acceso tenga el Instituto a los sistemas financieros nacionales, o que prohíban las aportaciones en moneda física, mientras la capacidad sancionadora del Instituto siga limitada por las decisiones del Consejo General. Si el nuevo modelo de fiscalización no otorga autonomía a la Unidad Técnica de Fiscalización para que sus reportes sean vinculantes directamente, sin someterse a votación del Consejo, serán reportes testimoniales sin ningún efecto jurídico. Y eso, de todas maneras, no atiende también el problema del dinero del crimen organizado o de grupos de interés en las elecciones, que se apoyan de manera eficiente en el sistema financiero para no dejar rastro de su intervención.
Por último, y que considero más preocupante, es la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para dar lugar al cómputo inmediato de los votos al finalizar la jornada electoral. La finalidad del PREP no era declarar ganadores, ni dar por terminada la jornada, sino otorgar certeza y transparencia a los resultados de la elección desde su fuente primaria: la casilla. Como sistema de información genera confianza entre la gente, que podía contrastar los resultados y ver que su voto fuera contado. El PREP nunca se usó para sustituir los cómputos distritales, pero presentaba un primer acercamiento en lo que las autoridades electorales iniciaban con el conteo oficial. Una práctica que, además, existe por petición misma del movimiento en el poder.
Si no contamos con información oficial que ofrezca una primera aproximación a los resultados, la desconfianza crecerá, los partidos y los medios ocuparán ese vacío con los riesgos de sesgo que conlleva. Aunado a la reducción de gasto operativo y a lo que parece un modelo endeble de fiscalización, sólo llevará a la desconfianza popular en la autoridad electoral, y a la posibilidad de que la competencia electoral sea rebasada como forma de canalizar los conflictos por el poder político. En suma, más que fortalecer el sistema electoral y dar lugar a una mejor calidad de los procesos, nos enfrentamos a una erosión de la capacidad institucional y de la confianza popular.
La propuesta presidencial deja fuera lo que se propone: fortalecer la democracia y la participación popular. Si estos principios generales, expuestos por su gabinete político, son los que regirán la reforma legal a presentarse el próximo lunes 2 de marzo, nos espera un escenario contrario a la vida democrática. Una reforma caracterizada por su unilateralidad, su opacidad y la negativa a conciliar los intereses y problemas ciudadanos, sólo está destinada a crear un escenario de conflicto que, en este momento, difícilmente necesita nuestro país. Y si la presidenta misma anticipa con sus palabras que existe la probabilidad de que no sea aprobada, nos hace preguntarnos por la pertinencia de la reforma en primer lugar. Si ella misma acompaña de manera tibia su propuesta, si abrió un frente de conflicto con su coalición y su partido, además del ya abierto con la oposición, sólo desgastará un capital político que escasea más y más. Una reforma innecesaria e inapropiada que estará condenada a mermar nuestra democracia.
