La llamada guerra sucia mexicana fue un conflicto armado interno que duró de mediados de la década de los sesenta hasta mediados de los ochenta. Una parte de la izquierda socialista se radicalizó, formó más de cuarenta organizaciones clandestinas y comandos, popularmente conocidos como grupos guerrilleros –aunque no todos pusieran en práctica la estrategia de la guerra de guerrillas– y le declaró la guerra al Estado y al sistema capitalista. El gobierno mexicano respondió a este desafío haciendo uso de las estrategias contrainsurgentes que oficiales de corporaciones militares y policiacas aprendieron en las escuelas de guerra y las academias de policía de países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entre otros.
Las campañas contrainsurgentes no sólo incluyeron el uso extensivo de la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, el desplazamiento de población, la tierra arrasada, la formación de aldeas estratégicas y las fumigaciones aéreas con herbicidas, sino también los llamados programas de acción cívica (programas de asistencia social para desalentar el apoyo popular a los insurgentes) y la guerra psicológica. Esta última entrañaba una censura férrea de los medios de comunicación por parte de la Secretaría de Gobernación y la promoción de un discurso que deshumanizaba y estigmatizaba a los guerrilleros, quienes eran tachados de terroristas, abigeos, inadaptados sociales, delincuentes comunes, infiltrados de la CIA, etc.
La combinación de la contrainsurgencia, los programas de acción cívica y la guerra psicológica, más los errores propios de los grupos guerrilleros, provocaron que la mayoría de la población se mantuviera indiferente al conflicto, se abstuviera de apoyar a los insurgentes o manifestara activamente su oposición a ellos. Algunos líderes de grupos guerrilleros gozaron de cierta simpatía social, como los guerrerenses Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, pero esto no se tradujo en un apoyo masivo. En casos excepcionales, los guerrilleros movilizaron a cientos o miles de estudiantes, campesinos o jornaleros de Guerrero, Sinaloa, Jalisco y la Sierra Tarahumara, pero no lograron mantener ese respaldo popular por mucho tiempo.
Al margen de que hayan sido pocos o muchos los simpatizantes que tuvo cada organización armada clandestina, en conjunto, la sociedad no interpretó la guerra sucia como un episodio de la historia mexicana digno de discutirse y recordarse. Al término del conflicto, los gobiernos del PRI siguieron fomentando el silenciamiento y el olvido sobre aquellos hechos sangrientos. Además, los intelectuales de élite difundieron la idea de que México era un país estable y pacífico, comparado con las dictaduras del resto de América Latina, negando la existencia misma de una guerra sucia doméstica.
Tuvieron que transcurrir décadas para que periodistas e investigadores revelaran que México tuvo una guerra sucia que compartió muchas características con sus contrapartes latinoamericanas, a la par que tuvo marcadas diferencias. Por ejemplo, se trató de un conflicto que en su momento no recibió ninguna denominación en particular y, a la fecha, el nombre más aceptado (“guerra sucia”) sigue siendo materia de disputa. Fue un conflicto en el que la izquierda revolucionaria fue exterminada no por una dictadura sino por un gobierno autoritario con tintes populistas. El conflicto no dio pie a la transición a la democracia sino a una reforma política promulgada en 1977, que permitió a los partidos opositores al PRI contender en elecciones, aunque sus efectos en términos de desalentar la actividad guerrillera fueron bastante retardados, pues ésta continuó al menos hasta 1982. Nunca hubo un recuento puntual del número de torturados, presos, desplazados, muertos y desaparecidos en todo el país, pues ninguna institución pública, social o privada se propuso hacerlo.
En el México de los ochenta no se habló de algún tipo de agenda de memoria, verdad y justicia, pues el único reclamo que la izquierda social mantuvo vivo fue en torno a los cientos de desaparecidos políticos. La guerra sucia no fue integrada a la memoria colectiva, a pesar de que la figura del guerrillero sí era parte del imaginario social (si bien en referencia al modelo cubano, más que al mexicano). Finalmente, la historiografía de la guerra sucia no comenzó a producirse inmediatamente después de los hechos, sino hacia finales del siglo XX y principios del XXI, en una coyuntura propiciada por los levantamientos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario y la alternancia partidista del 2000. Semejante dilación habla del éxito de la guerra psicológica y del memoricidio llevado a cabo por los gobiernos priístas durante y después del conflicto.
La alternancia posibilitó tanto la creación de una fiscalía especial para investigar la guerra sucia (de acrónimo FEMOSPP) como la apertura de los archivos de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa de aquellos años. Debido a múltiples constricciones, la FEMOSPP devino en un fiasco. Además, persistieron formas de censura por parte de distintos bandos. Las autoridades mantuvieron el acceso restringido a los archivos y crearon múltiples candados para preservar el pacto de silencio e impunidad de los represores. De parte de algunos exguerrilleros, hubo tergiversación o silencio sobre hechos controversiales. Esto último se debe, en buena medida, a que los guerrilleros no recibieron ninguna garantía por parte del Estado de que serían protegidos de posibles represalias por parte de los empresarios, caciques y políticos a los que combatieron. Incluso, algunas voces ignorantes del marco legal se pronunciaron por juzgarlos de nuevo por aquellos hechos.
Un aspecto sobresaliente de la apertura del tema es que permitió que los ciudadanos externaran públicamente (a través de entrevistas en la prensa, reportajes, documentales, etc.) sus recuerdos sobre aquellos años de violencia política. Hubo quienes persistieron en recordar el periodo como la irrupción de grupos de “terroristas” que asaltaban bancos y secuestraban “gente de bien,” y que sin duda se merecían lo que el gobierno les hizo. Otros recordaron su propia lucha como una etapa de radicalismo, cargada de heroísmo y tragedia, que dejó heridas abiertas y saldos pendientes con las víctimas del Estado. Algunos rememoraron esos años como una especie de callejón sin salida en el que la sociedad mexicana quedó en medio de dos bandos que se agredían entre sí. Unos más insistieron en lo encomiable de la lucha del Comité Eureka de Rosario Ibarra a favor de los desaparecidos, sin mencionar una palabra sobre el conflicto armado que causó tales desapariciones.
Es posible advertir que entre las décadas de los setenta y la primera década del siglo XXI, se configuraron al menos cinco marcos de memoria contrastantes para interpretar la guerra sucia, por parte de quienes vivieron aquellos años, los cuales se pueden resumir en los siguientes tipos:
- 1) La condena moral de la lucha armada. Esta visión hizo eco de las campañas de desinformación derivadas de la guerra psicológica del gobierno, que culpaban a los guerrilleros por haber provocado la violencia. Los militantes clandestinos fueron tratados como entes irracionales, enajenados, vengativos, delirantes y sedientos de sangre. Uno de los autores que ha persistido en ese enfoque desde la década de los setenta hasta la fecha es José Woldenberg. En el libro Estado y lucha política en el México actual del año 1976, Woldenberg y Mario Huacuja sostuvieron la tesis paranoica y sin fundamento de que los grupos guerrilleros eran una creación de la CIA para desestabilizar al gobierno. Woldenberg no volvió a retomar esa tesis descabellada, aunque tampoco hizo un balance autocrítico sobre su postura. En 2012, Woldenberg publicó el ensayo Política y Delito y Delirio sobre tres secuestros atribuidos al Partido de los Pobres de Guerrero, donde insistió en presentar al Partido de los Pobres como un grupo de fanáticos delirantes, más cerca de los delincuentes comunes que de los revolucionarios. Julio Scherer y Carlos Monsiváis escribieron en el mismo tono su obra Los Patriotas. De Tlatelolco a la guerra sucia (2004). En las contadas ocasiones que escribió sobre el tema, Monsiváis fue un crítico implacable de los militantes clandestinos, con la desventaja de que sus ensayos al respecto adolecían de fundamento empírico, pues hacía pasar sus apreciaciones subjetivas como argumento de autoridad. Por su parte, la manera en que Scherer se refirió a los guerrilleros como presuntos delincuentes, sugería que la guerra había sido sucia por los dos lados.
- 2) La reivindicación de la lucha armada como algo necesario y trascendente. Al finalizar el conflicto, algunos exguerrilleros hicieron un balance general de la lucha armada. Algunos han sido más autocríticos que otros, aunque la mayoría han sostenido la tesis del imperativo político y moral de la lucha armada y han rechazado la idea de que deban arrepentirse o pedir perdón por algo, debido a que ninguna revolución o tentativa revolucionaria está exenta de la violencia de los de abajo. En este rubro destacan los testimonios de exguerrilleros de organizaciones que llevaron a cabo acciones de alto impacto, como la Liga Comunista 23 de Septiembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FRAP) y la Unión del Pueblo (UP clandestina).
- 3) La lucha armada como un error de juventud. Esta es la visión de los llamados “guerrilleros arrepentidos” quienes, en entrevistas, testimonios y novelas, han destacado todos los aspectos negativos de sus organizaciones y su militancia. Entre ellos destacan Gustavo Hirales Morán, Alberto Ulloa Bonermann y Saúl López de la Torre. Estos autores tuvieron una mayor proyección en los medios de comunicación a partir de la década de los noventa, pues de algún modo ayudaron al Estado en la tarea de deslegitimar a los grupos armados del pasado y el presente. Hay que enfatizar que, pese a su rechazo a los métodos de la lucha armada, ninguno de estos autores justificó los métodos del terror estatal.
- 4) La teoría de los dos demonios. Aunque en México no se le nombró de ese modo, sus proponentes claramente aludieron a la idea de que hubo actos ilegales por los dos lados. Algunos de estos autores tienen relaciones personales o de amistad con los represores de la guerra sucia, como Luis de la Barreda Solórzano, hijo de quien fuera director de la Dirección Federal de Seguridad en el sexenio de Echeverría, Luis de la Barrera Moreno, así como la historiadora Ángeles Magdaleno, quien utilizó el acceso privilegiado que tuvo a información confidencial en la FEMOSPP para ayudar a los abogados de Nazar Haro y De la Barreda Moreno en los procesos que les abrió esa fiscalía, como lo mencionó De la Barreda jr. en su obra El pequeño inquisidor, crónica de una infamia (2008). Para estos autores no hay pruebas para hablar de una política generalizada de terrorismo de Estado, por el contrario, se trató de algunos cuantos funcionarios que violaron las leyes, como también lo hicieron los guerrilleros, por los que unos y otros estaban en circunstancias idénticas como quebrantadores del Estado de derecho.
- 5) El terrorismo de Estado. Esta visión considera que el conflicto armado fue un hecho secundario ante los ataques sistemáticos contra la población civil por parte del Estado. Elena Poniatowska, quien en 1980 publicó una colección de ensayos sobre las luchas sociales de los setenta bajo el título Fuerte es el silencio, podría considerarse la precursora de la idea de que lo más relevante del periodo no fue la lucha armada, con la que marca una clara distancia crítica, sino la estela de víctimas de la represión, especialmente los desaparecidos y las madres que luchaban por su presentación con vida. En la obra editada por Andrea Radilla y Claudia Rangel en 2012, Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México. Memorias de la represión en Atoyac, Guerrero durante la década de los setenta, las autoras emplean la categoría de terrorismo de Estado, analizando el periodo a través de la perspectiva de las víctimas de la contrainsurgencia, especialmente las civiles. Es importante hacer notar que enfoque centrado en las víctimas es propio de los derechos humanos y de la búsqueda de la verdad jurídica, por lo que eventualmente puede poner en tensión o entrar en conflicto con la llamada verdad histórica.
Hacia una nueva memoria oficial de la guerra sucia
En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el tema de la guerra sucia fue relegado al olvido, a pesar de que las protestas de una decena de comités de familiares de desaparecidos políticos continuaron. Con el triunfo de la coalición encabezada por AMLO en 2018, para las víctimas y sobrevivientes de la guerra sucia se reactivó la esperanza de que sus reclamos de memoria, verdad, justicia y reparación integral del daño fuesen finalmente atendidos. De forma tardía, en el 2021 AMLO dio el visto bueno para conformar una comisión presidencial de la verdad (sic) para ajustar cuentas con ese pasado. En junio del 2022, diversos funcionarios de la administración actual, grupos de víctimas, oficiales de la SEDENA, familiares de militares caídos y el presidente, llevaron a cabo un evento sin precedente en el Campo Militar No. 1.
El presidente produjo un entuerto al optar por darle la razón tanto a víctimas como victimarios, supuestamente en aras del perdón y la reconciliación nacional. AMLO abrazó la
“teoría de los dos demonios” propuesta por el secretario de la Defensa Nacional, Gral. Luis Crescencio Sandoval, el cual equiparó a las víctimas del terror estatal con los militares caídos “en el cumplimiento de su deber,” enfatizando que estos últimos serían memorializados, con la aprobación presidencial. AMLO, a su vez, dijo textualmente que había que honrar “la memoria de los que perdieron la vida, de los que… lucharon por un ideal o lucharon en cumplimiento de un deber.” Esta postura constituyó una revictimización para todos aquellos que sufrieron los peores abusos a manos del instituto armado y que aún no saben dónde están sus familiares, vistos por última vez en instalaciones militares. Dicha “teoría” parte de una concepción errónea sobre la simetría de fuerzas entre el Estado y los grupos guerrilleros. No sólo falta a la verdad, sino que soslaya que la mayoría de las víctimas del conflicto fueron civiles y que los guerrilleros fueron torturados, desaparecidos o ejecutados cuando se encontraban fuera de combate, por lo que su condición de víctimas se superpone legalmente a la de combatientes.
Sería lamentable que, contrario a la postura de la comisión presidencial de la verdad, que se ha pronunciado contra cualquier tipo de homenaje o reconocimiento a los soldados caídos, el presidente insistiera en hacer semejante concesión a las fuerzas armadas. La “teoría de los dos demonios” no debiera ser el marco de memoria oficial sobre la guerra sucia, pues eso implicaría un retroceso catastrófico de las luchas por la verdad, la justicia y los derechos humanos.
Si tal aberración prosperara, México quedaría una vez más rezagado respecto a los países que han adoptado marcos oficiales de memoria centrados en los derechos de las víctimas. La imposición oficial de la “teoría de los dos demonios” sólo confirmaría que el ejército de hoy, como el de ayer, mantiene sus fueros, no es sujeto a ningún tipo de escrutinio por violar derechos humanos y se mantiene en una zona oscura de exclusión del marco legal. En la actual coyuntura, la “teoría de los dos demonios” no es sino un mero termómetro del poder de las fuerzas armadas. Ante ello, la respuesta social debe ser inequívoca, enarbolando el “Nunca más” que se ha hecho escuchar en el resto de América Latina.
Semblanza
Adela Cedillo es profesora-investigadora en el Departamento de Historia de la Universidad de Houston. Ha publicado artículos en revistas indexadas y de divulgación y capítulos en obras colectivas sobre la guerra sucia mexicana, las organizaciones armadas revolucionarias, las mujeres guerrilleras, los derechos humanos y la guerra contra las drogas en la década de los 1970. Ha colaborado en varios medios impresos y digitales. Es coeditora de la obra Challenging Authoritarianism in Mexico. Revolutionary Struggles and the Dirty War, 1964-1982 (Routledge, 2011) y autora de El Fuego y el Silencio. Historia de las Fuerzas de Liberación Nacional de México (Comité ‘68 Pro Libertades Democráticas, 2008). Twitter: @eliseirena
