Monterrey: la punta del iceberg de la crisis hídrica y la desigualdad del acceso al agua en México

Por Ángel Merlo

La crisis hídrica en México ha dejado de ser una ficción. Es una realidad que con cada día, semana y año que transcurre parece dirigirse a los escenarios de lucha y guerra que las películas hollywoodenses nos han representado en tono sepia. El análisis del problema precisa ponerse bajo la lupa de la igualdad del acceso al agua, en tanto derecho humano y fundamento de una vida digna en un país como México, donde el acceso ha sido históricamente desigual en función de la clase social.

Cuando observamos al recurso hídrico más allá de las diferencias espaciales de su distribución y exploramos las raíces de las políticas hídricas nacionales y regionales, es posible percatarse de cómo se han promovido medidas de conservación, acceso y uso que además de estar desvinculadas entre sí, se encuentran ajenas a los contextos social y ambiental en los que se aplican. El desarrollo poblacional y económico del país no ha ido necesariamente acompañado de la comprensión de la disponibilidad de agua y, de esta manera, tenemos afincadas y seguimos impulsando actividades de alta demanda hídrica en zonas con limitaciones y en las que se perjudica la calidad para el abastecimiento poblacional.

Este problema se ejemplifica con el caso que se presentó hace unos meses en el área de Monterrey, donde mientras la población recibía agua a duras penas por medio de pipas y tandeo, las grandes empresas embotelladoras y otros sectores de la industria no paraban su productividad. Lo sucedido en Monterrey provocó poner en el centro de la conversación pública el riesgo que corre México ante los efectos del cambio climático en la crisis hídrica, así como resaltar la historia ininterrumpida de injusticias asociadas al acceso al agua. Si bien este caso ha sido el más mediático, no es el único. Por el contrario, es una “normalidad” en lugares como la Ciudad de México, donde colonias populares reciben agua por tandeo, al tiempo que en centros de alta plusvalía se riegan jardines y llenan albercas. También sucede en zonas turísticas como Huatulco, donde la temporada alta de vacacionistas coincide con la temporada de menos lluvias. Si llega a faltar el recurso, el organismo operador cierra las válvulas de las colonias populares, no de los hoteles. Lo mismo ocurre en lugares de gran especulación como la península de Yucatán.

Insisto, estos casos resultan de las decisiones sobre desarrollo urbano, territorial, social y económico que impactan directamente en la seguridad hídrica de la población, en las que se privilegia la ganancia comercial y se soslaya los procesos sociales y ecológicos asociados al agua. De ahí que sea urgente reflexionar acerca de las condiciones de acceso, qué las ha estructurado y cuáles son las vías de solución. La urgencia obedece a que entre 12.5 y 15 millones de habitantes en México no cuentan con acceso al agua potable, ni siquiera ocasional. Este número de personas crecería si contamos a quienes tienen agua, pero de calidad deficiente, lo que les obliga a invertir buena parte de su presupuesto familiar en la compra de garrafones.

A modo de acotación, debe considerarse que también hay factores climáticos y orográficos que dificultan el acceso y distribución del recurso hídrico en algunas zonas del país. Es innegable la influencia del cambio climático en el patrón de lluvias y la disponibilidad inmediata del recurso. No obstante, a estos factores “naturales” (si podemos hablar del cambio climático como algo natural) no se les puede achacar que haya injusticias en el acceso al agua o de la crisis hídrica actual.

Para rastrear las raíces político-institucionales del problema, podemos establecer como punto de partida la reforma de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de Carlos Salinas de Gortari, en 1992. Un aspecto primordial dentro de la LAN fue el reconocimiento del agua como recurso finito y escaso con distribuciones desiguales dentro de los territorios. De ahí se procedió a consolidar un sistema de control y regulación del acceso y el uso de los recursos hídricos nacionales. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) fue la encargada de llevar a cabo el registro púbico de derechos al agua y otorgar concesiones de volumen a los diversos usuarios. Si bien la LAN significó un cambio estructural y de visión sobre los recursos hídricos nacionales, se fincó una nueva visión del agua que produjo una política neoliberal de mercado, priorizando actividades e intereses y beneficiando a los grandes consumidores.

Un pequeño respiro fue la creación de los consejos de cuenca, pensados como órganos descentralizados de participación social para la discusión de problemáticas locales y planteamiento de las soluciones. En los consejos de cuenca participan, en teoría, representantes de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad civil. Sin embargo, en la práctica han resultado en espacios estériles donde los ciudadanos tienen poca incidencia debido a problemáticas logísticas y a que hay subrepresentación. En el peor de los casos, los consejos han funcionado como espacios de legitimación de decisiones que favorecen intereses particulares y profundizan la desigualdad del acceso a los recursos hídricos.

Desde que se promulgó la LAN, no se han producido los cambios necesarios para atacar la problemática de uso, distribución y manejo territorial de los recursos hídricos. Durante esta administración, en 2021, se realizó un cambio para el “aprovechamiento sustentable” del agua, en el cual se “adiciona un párrafo segundo a la fracción III del artículo 9 […] para promoverse el desarrollo e implementación de sistemas alternativos de aprovechamiento y captación de agua pluvial” [1]. Esta visión del agua como recurso y no como resultado de procesos socioambientales sólo enmascara la problemática  y por lo tanto la profundiza.  Las consecuencias de la política hídrica nacional y de la falta de recursos hídricos van más allá de una crisis de acceso temporal en zonas urbanas y periurbanas, o de problemáticas de reducción en la producción agrícola e industrial regional. Es un tema que trastoca asuntos como el derecho humano a la vida digna y a la salud, siendo un impulsor permanente de malestar social.

La crisis hídrica y de desigualdad de acceso al agua es una realidad, una bomba de tiempo que tenemos en las manos y a la que sólo se le mueven las manecillas para extender el tiempo de explosión. La sociedad civil ha hecho propuestas para reformar a profundidad la LAN, con el interés de establecer el derecho humano y universal al agua como eje rector de la política hídrica nacional, sin que haya encontrado eco en fuerza política alguna. Es urgente que la sociedad y los gobiernos de distintos niveles emprendan acciones coordinadas para asegurar que todas las personas tengan la seguridad de abrir un grifo en sus casas y que corra agua de calidad.

Pixabay

 

  1. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2021/Marzo/23/6154-La-Camara-de-Diputados-aprobo-por-consenso-reformas-a-la-Ley-de-Aguas-Nacionales#:~:text=23%2D03%2D2021.,asegurar%C3%A1%20la%20disponibilidad%20del%20l%C3%ADquido.
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