El 90.6 por ciento de la población de Culiacán tiene miedo. Al inicio de la administración del Dr. Rubén Rocha, en Culiacán la percepción de inseguridad era de 61.9. Aumentó 28.7 puntos porcentuales en este periodo. Comparativamente, antes de este gobierno estábamos 2.5 puntos por debajo del promedio nacional y tres años después estamos 28.9 puntos por arriba.
A su vez, el 67.7 por ciento de la población de Mazatlán tiene miedo. Al inicio de la administración del Dr. Ruben Rocha, en Mazatlán la percepción de inseguridad era de 51.7. Aumentó 16 puntos porcentuales en este periodo. Comparativamente, antes de este gobierno estaban 12.8 puntos por debajo del promedio nacional y tres años después están seis puntos por arriba. Es información oficial, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
Son las cifras más graves; más elevadas, para Sinaloa; desde que INEGI mide la percepción de inseguridad de los ciudadanos por ciudad, desde 2013. Son resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana que se aplicó en diciembre pasado. “Se me hace exagerado el 90 por ciento del que habla el INEGI, es exagerado, a ustedes les sirve para notas” respondió Rocha Moya a la pregunta de los periodistas. “Simplemente aquí en Culiacán, cuántos fueron al beisbol, 22 mil 700”, añadió.
El 16 de enero, a las 8 y media de la mañana, un comando asesinó a un agente ministerial, que tenían secuestrado desde días antes. El homicidio fue en la banqueta del Congreso del Estado. Dejaron su cadáver ahí, junto con un mensaje en cartulina. Lo mataron en la sede del poder legislativo. Horas después el gobernador aseguró: “en Sinaloa se puede vivir perfectamente bien”.
Las fallidas instituciones de seguridad pública
En octubre de 2024 en Yucatán la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes fue de 0.25 mientras que en Sinaloa fue de 4.52. El problema de asesinatos en Sinaloa es dieciocho veces más grande que en Yucatán. La tasa de homicidio doloso en Mérida fue de 0.30 mientras que en Culiacán fue de 11.23. El problema de asesinatos en Culiacán es 37 veces más grande que en Mérida.
El caso de Coahuila es un ejemplo de buenas prácticas. En junio de 2012 padecieron una tasa de homicidios dolosos no muy diferente a la sinaloense. Fue de 3.43 allá y de 4.20 aquí. Pero en Coahuila desarrollaron una estrategia multidimensional para la paz y lograron tasas como las de Yucatán, 0.24 en octubre pasado
Coahuila en los últimos 10 años, de 120 meses solo en 5 ha tenido una tasa mayor a uno. La última vez fue en mayo de 2016, hace siete años y medio. En Yucatán no rebasan la tasa de uno, desde agosto de 1997, hace 27 años. En Sinaloa, en cambio, en los últimos 336 meses, solo en uno, abril de 2000, tuvimos una tasa menor a uno.
El agente de la policía ministerial asesinado en el congreso había sido el encargado de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la fiscalía estatal y fue secuestrado el 15 de enero mientras llevaba a su hija a la escuela. El nueve de noviembre pasado, ese policía, no acató el alto que le marcó un retén de la Guardia Nacional y, para escapar, condujo en sentido contrario a toda velocidad por la principal avenida de la ciudad.
Al detenerlo advirtieron que la Jeep Gladiator que conducía, con costo de más de un millón de pesos, tenía un reporte de robo. La camioneta era de su cuñada. En el marco de miles de vehículos robados durante la crisis de inseguridad, fingieron el despojo y habían cobrado el seguro. Por este hecho había sido suspendido y litigaba su reincorporación a la policía ministerial cuando fue secuestrado por un comando armado. Aparecieron videos donde era interrogado y hacía imputaciones que involucraban a diferentes políticos con la delincuencia. Luego fue asesinado públicamente en las instalaciones del Estado, en la sede de una de las instituciones que deben ser pilares de la gobernabilidad.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Sinaloa creció 244 por ciento el problema de la desaparición de personas en 2024 en comparación con el 2023. En 2024, la tasa de desaparecidos por cada cien mil habitantes fue la segunda mayor del país. El promedio nacional es de 5.88 desaparecidos por cada cien mil personas, en Yucatán es de 0.24 mientras que en Sinaloa es de 16.11.
El asesinato de los hermanos Gael y Alexander y de su padre, Antonio, nos conmocionó. El secretario de Seguridad Estatal aseguró que fue “un hecho circunstancial” y que los vidrios polarizados del automóvil habrían impedido a los agresores ver a sus ocupantes. Por lo que anunció lo que consideró la solución: quitar los vidrios polarizados de todos los vehículos.
Las fallidas instituciones de la economía
La información que ya registra el impacto del Megaculiacanazo es la del empleo con seguro social
Por crecimiento de puestos de trabajo registrados ante el IMSS en 2024 nuestra entidad ocupó el lugar 26 del ranking nacional, uno de los últimos. El promedio de puestos de trabajo del estado siempre subía, entre 15 mil a 30 mil registros al año. Ahora solo lo hizo en 327.
Entre los meses de antes del inicio de la crisis de inseguridad y los meses de después del inicio de la crisis de inseguridad hay contrastes notables. En febrero de 2024 había 626 mil 138 sinaloenses registrados como trabajadores y en diciembre de ese mismo año, luego de estallada la crisis, solo eran 605 mil 219. Disminuyó en 20 mil 919.
En comparación a diciembre de 2023, donde hubieron 607 mil 613, se advierte que en un año se perdieron 2 mil 394 empleos formales. Solo en la pandemia se había dado que un diciembre de un año tuviera menos empleos registrados que el diciembre anterior. La liquidación de un empleo registrado ante el IMSS es mucho más costoso para los empleadores que hacerlo con un empleo informal. Esto permite suponer que los malos números del empleo formal deben ser mucho más graves para el sector informal.
En lugar de generar los 45 mil empleos anuales que necesitan los jóvenes que se incorporan a la fuerza laboral nuestra economía pierde empleos. El salario promedio nacional registrado en el IMSS es de 17 mil 766 pesos mensuales mientras que el promedio sinaloense es de 13 mil 745. Cuatro mil 21 pesos menos, según el Sistema de Estadísticas Laborales de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal.
El 26 de noviembre pasado la reportera Belem Ángulo del periódico Noroeste reportó: “Señala Rocha Moya a comerciantes y empresarios de exagerar pérdidas por inseguridad en Sinaloa” “El Gobernador del Estado declaró que los grandes empresarios manipulan al resto del sector comercial para pedir apoyos”.
La política económica ante la crisis puede ser bosquejada por las declaraciones del secretario de gobierno sobre el cierre de restaurantes: “El cierre de cadenas gringas es porque presentan bajo consumo por no estar ligados a la cultura sinaloense”.
El gobierno ha pretendido evadir su responsabilidad en las consecuencias económicas del megaculiacanazo y su obligación de apoyar a los damnificados del desastre. Problemas derivados de su incapacidad por garantizar la seguridad pública.
Algunos empresarios exigieron, hicieron eventos para apoyar a músicos y meseros, se juntaron con otros inconformes y elaboraron un plan emergente de recuperación económica. Fue la primera expresión social de inconformidad.
Luego de mucha demanda, luego de 30 días de violencia, a un sistema económico de 40 mil micro, pequeñas y medianos establecimientos -sin contar la informalidad que no cuenta con locales- al inicio de octubre le entregaron 386 cheques de un monto insuficiente para pagar un recibo de luz.
La narrativa fue: solo unos pocos necesitan un poco de apoyo. Esos pocos beneficiarios serán los que no exijan, los que aplaudan y que repitan que la tranquilidad ha vuelto. Entre ellos se han identificado funcionarios municipales de Escuinapa, amigos de dirigentes empresariales y militantes de Morena sin negocio.
El gobernador llamó exagerados a los empresarios exigentes sin contraponer un solo dato. Después, el 29 de noviembre en la presentación del informe ante el congreso, dijo que había ido al mercado y nadie le había pedido nada y que la señora del atole ya había salido a vender lo cual probaba que la economía mejoraba. Los empresarios exigentes anunciaron que visitarían el congreso y el gobierno federal. El gobierno les pidió cancelar esa visita a cambio de una reunión. Los empresarios no cancelaron y propusieron una reunión pública para abordar el plan después de la visita. El gobierno reaccionó aumentando la cantidad de cheques aunque con la mismas condiciones y los funcionarios siguieron llamando “grillitas” a las exigencias y propuestas de los empresarios exigentes.
En la visita a la CDMX, el 3 de diciembre, esos empresarios exigentes encontraron el respaldo de la opinión pública nacional. Marcaron la agenda mediática del país durante dos días y a su regreso más ciudadanos exigentes se acercaron a sus reuniones y propuestas. La economía de Sinaloa viene perdiendo volumen y dinámica desde hace tiempo y en la administración actual se ha profundizado el declive.
El Dr. Rocha es gobernador desde octubre de 2021.
El porcentaje de incremento del Producto Interno Bruto estatal de Sinaloa en 2023 mereció el lugar 29.
El INEGI nos informó que en 2023 fuimos de los peores estados para incrementar su producto interno bruto. Sinaloa no ha recuperado el nivel previo a la pandemia.
La economía sinaloense todavía no produce los bienes y servicios que producía antes de la pandemia.
El PIB per capita nacional en 2023 fue de 245 mil pesos, el de Sinaloa, de 223 mil.
Las fallidas instituciones de la cohesión social
El Consejo Nacional de Población nos señala que en los cinco años que ha medido el balance entre migración e inmigración, de 2020 a 2024, nuestro estado ha sufrido la pérdida de 22 mil 197 habitantes. El crecimiento social es la diferencia entre el número de personas que deciden venirse a vivir aquí y el número de personas que deciden dejar de vivir aquí. Sinaloa es el único estado del noroeste con crecimiento social negativo. Baja California, Baja California Sur, Sonora y Nayarit son polos de atracción de actividad económica y recursos humanos. Sinaloa es expulsor.
El gobierno del estado no ayuda a los pobres Oculta su insensibilidad detrás de los programas sociales del gobierno federal, tapa su falta de trabajo con las acciones y resultados de la Federación. Presume que la medición de CONEVAL entre 2020 y 2022, señala que bajó la pobreza por ingresos. No precisa que los mismos organismos oficiales como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el CONEVAL informan que esa reducción se debe, en 80 por ciento, al aumento del salario mínimo y, en el porcentaje restante, por los programas de adultos mayores, donde el estado no participa.
El gobernador no dice que esa misma medición de CONEVAL también señala que aumentaron en 123 mil los sinaloenses con carencias sociales. Que con su gobierno llegó a un millón 97 mil los que padecen problemas en sus condiciones básicas de vida. No dice que aumentaron en 13 mil los sinaloenses pobres con rezago educativo. Que con su gobierno llegó a 525 mil los que padecen ese problema.
No dice que aumentaron en 8 mil los sinaloenses pobres con carencias de calidad y espacios de vivienda. Que con su gobierno llegó a 220 mil los que carecen de casa digna.
No dice que aumentaron en 225 mil los sinaloenses pobres sin acceso a los servicios de salud. Que con su gobierno llegó a 820 mil los que padecen ese problema.
No dice que aumentaron en 17 mil los sinaloenses pobres sin acceso a seguridad social . Que con su gobierno llegó a 1 millón 208 mil los que trabajan sin prestaciones.
Lo que le tocaba hacer al gobierno del estado, no lo ha hecho.
Por ejemplo, CONEVAL indicó que en 2022 había 278 mil sinaloenses mayores de edad sin la primaria completa y el Instituto Sinaloense para la Educación de Adultos reporta, en el tercer informe, que solo atendió a 3 mil 400, a ese ritmo transcurrirán 81 años en superarse ese problema. Ciento cincuenta y seis mil sinaloenses viven hacinados, según el informe del CONEVAL. Nueve mil más que antes que empezara la actual administración. En tres años ninguno de ellos ha tenido apoyo, el gobierno estatal no ha construido una sola casa nueva. No han construido ni siquiera las casas de los sinaloenses desplazados por la violencia, a pesar de que el gobierno anterior les dejó comprados los terrenos.
Treinta y dos mil viviendas de familias pobres necesitan un estufa ecológica que evite que respiren humo al cocinar dice CONEVAL y el tercer informe de gobierno reporta que ha apoyado, en dos años, a solo 390 de ellas. A ese ritmo, en 164 años se superará el problema. El estudio del CONEVAL halló 34 mil personas con casas de muros de cartón o plástico, esto es, 16 mil más que en la medición pasada, en 2020, cuando gobernaba otra administración. El tercer informe de gobierno indica que en tres años no han ayudado a ninguna de estas familias, a nadie, ni un solo muro firme.
El gobierno del estado no ha ayudado a los pobres, no ha creado los programas especiales para los problemas específicos de la pobreza de Sinaloa.
En el Plan Estatal de Desarrollo se comprometió a “Promover con las asociaciones agrícolas un programa de construcción y mejoramiento de alojamientos temporales con servicios básicos”. En los tres informes de gobierno se da cuenta de que no ha construido un solo alojamiento temporal. Durante el gobierno del Dr. Rocha han muerto 25 bebés hijos de jornaleros agrícolas de diarrea o pulmonía, enfermedades vinculadas a las condiciones de los alojamientos donde pasan la temporada de trabajo.
En su comparecencia, le expusieron al gobernador una de las propuestas que ha hecho la sociedad civil: que a las familias afectadas por la actual crisis de inseguridad ; que han perdido sus ingresos, como los músicos, los meseros, los empleados de hoteles; se les eximiera del pago de electricidad y agua para que no perdieran ese servicio.
No quiso.
Le recordaron qué hay un antecedente donde se hizo. En 2021 el gobierno de Tabasco firmó un convenio con CFE para perdonarles once mil millones de deuda a quienes desde 1995 no pagaron para sumarse al movimiento de protesta electoral que convocó Lopez Obrador. Aquí solo serían 30 millones. No quiso, ni siquiera ayudar a gestionar.
Ni las instituciones humanitarias están salvo. Los socorristas y la ambulancia número 235 de la Cruz Roja fue secuestrada por un grupo armado el sábado 25 de enero. Dos días antes, en pleno centro, una persona fue rematada cuando lo trasladaban a bordo de otra ambulancia de la Cruz Roja a recibir atención médica luego de que había sido baleado.
La Cruz Roja emitió un comunicado pidiendo las condiciones para realizar su labor humanitaria. Dirigió su solicitud a quienes su fundamentado conocimiento de la realidad le indica que controlan el territorio, se dirigió a “los grupos antagónicos”.
Las fallidas instituciones políticas
Esta sociedad herida, atemorizada, reclama un diálogo público con el gobernador del estado. Después de más de cuatro meses de asesinatos, robos, balaceras y desapariciones, la sociedad de Culiacán demanda que la autoridad le explique directamente lo que está sucediendo y como y cuando lo va a resolver.
El diálogo público es un ejercicio democrático de rendición de cuentas. De frente, el gobernante explica sus políticas, escucha a los ciudadanos y se establecen acuerdos. Es la forma imprescindible para reconstruir el pacto social roto en Culiacán.
Esa fue una de las demandas de la marcha de niños y padres de familia del jueves 23 de enero. La marcha exigía que saliera el gobernador a dialogar públicamente sobre el problema que vivimos todos los culichis. La cerrazón y la pretensión gubernamental de que solo se dé una plática cerrada con un par de personas para tratar solo detalles particulares provocó la desesperanza y los incidentes.
El gobierno quería una relación a su modo y bajo sus condiciones, no obedeció lo que le pedía el pueblo, que dicen, es el que manda. Mantuvo cerradas las puertas. Para los sinaloenses ha sido muy desesperanzador vivir más de 800 asesinatos, miles robos de vehículos, más de mil levantones, escenas de barbarie como cuerpos desmembrados, incendios, la muerte de niños y escuchar que el gobernador proclama que aquí se vive “perfectamente bien”.
Para los sinaloenses ha sido muy desesperanzador que la mayoría de los diputados, sus representantes, han optado por sumarse al discurso que minimiza el problema y es complaciente con las acciones que no han funcionado.
En 2021 hubieron 603 asesinatos y la diputada morenista Graciela Domínguez sostuvo en ese entonces que había “luto y dolor en Sinaloa”. Entró el gobierno de Morena y en 2024 asesinaron a 994 personas pero la diputada ya no condenó nada.
El 29 de octubre pasado, la diputada Yeraldine Bonilla festinaba: “En Culiacán la normalidad está regresando nuevamente, la gente ya está recuperando nuevamente la seguridad”. Tres meses después la catástrofica realidad que vivimos echó abajo esa mentira.
El Congreso estatal y la diputación federal sinaloense han sido ineficientes para procesar la demanda social que ha despertado la crisis de inseguridad. Han pretendido imponer un discurso en lugar de escuchar y construir soluciones. Desde el primer día han vertido elogios y alabanzas desmesuradas a acciones y funcionarios que no han dado resultado en lugar de evaluar con profundidad para mejorar la política pública de seguridad.
Es un congreso como en el pasado, una caja de resonancia del gobierno, es la vieja política. Porque esos mecanismos de representación fallaron es la razón por la que se tiene que implementar el diálogo público. El Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) lo expresó: “Al Gobierno del Estado le ha faltado tender puentes con la sociedad civil para escucharla y en conjunto buscar soluciones a la crisis de inseguridad y que cada quien asuma su responsabilidad”
“Las autoridades se han reunido con diversos sectores pero no es suficiente. La coordinación general del CESP tiene comunicación más o menos frecuente con las autoridades pero es deseable que sea más frecuente, para hacer planteamientos, ya que otros órganos de la sociedad civil sólo son espectadores porque no hay un esquema para que sean escuchados. Hay sectores como padres de familia o centros escolares que se han visto afectados y pueden aportar, pero simplemente son espectadores porque no se sientan con el tomador de decisiones gubernamentales”
El diálogo público es una secuencia de reuniones de intercambio abierto sin restricciones y con participaciones libres. No es diálogo público realizar un solo evento con oradores designados. El diálogo público reconstruye los necesarios vínculos entre gobierno y sociedad.
El 18 de julio de 2021, el Dr. Ruben Rocha prometió “pacificar Sinaloa y quitarle el estigma del narcotráfico”. Lo hizo como gobernador electo en declaraciones al periódico “La Jornada”. No ha funcionado gobernar prestando oídos solo al elogio incondicional y al aplauso interesado. Es fundamental atender la diversidad y la pluralidad de la sociedad sinaloense.
El abucheo que recibió el gobernador en la ceremonia del maratón de Culiacán fue otra llamada de atención que alertaba de qué hay inconformidad en la sociedad y que los eventos controlados con participantes adiestrados no resuelven los problemas. No van a encontrar las soluciones si no escuchan a la sociedad, explican sus razones y se organiza una acción pública unificada de Sinaloa.
Han faltado oídos y sobrado bocas que insultan. Dejar de hablar con el espejo. No seguir considerando a las opiniones diferentes como un obstáculo a desaparecer. Diálogo público fue una demanda tanto del movimiento estudiantil de 1968 ,como del CEU en la UNAM en 1986.
No hay instituciones que procesen el problema y construyan las soluciones.
Solo las marchas le quedan a la sociedad sinaloense.
Marchas empapadas de miedo.
El domingo 26 de enero se realizó la mayor marcha que se ha llevado a cabo en la historia de Culiacán. El gobernador respondió qué hay mucha diferencia entre los 5 mil que, según él, marcharon y los 2 millones 200 mil del padrón electoral. El estadio lleno fue argumento gubernamental para respaldar que se puede vivir perfectamente bien.
El 29 de enero el periódico Noroeste informó: “Afición beisbolera protesta contra la violencia con gritos de ’Fuera Rocha’. Gritos y pancartas con esa consigna se hicieron presentes en el Juego 6 de la Serie de México de la Liga Mexicana del Pacífico”
Diputados y funcionarios reaccionaron: anunciaron una marcha para defender al gobernador.
No pensaron en marchar cuando asesinaron personas, la estructura político gubernamental, el poder, decidió marchar cuando se criticó al gobernador.
Así vivimos.
Con asesinatos, robos, balaceras y desapariciones todos los días.
Con miedo.
Sin instituciones y sin diálogo.
