Uno de los libros más importantes que ha dado la teoría política mexicana es “El principito, o sea oficio de políticos”, de Don Fernando Escalante Gonzalbo. En él se distingue con claridad entre dos tipos de repúblicas: las burocráticas y las mafiosas. En las mafiosas, por ejemplo, son más importantes las relaciones personales que las institucionales; el poder depende de las personas que ocupan los puestos y no tanto del cargo o nombramiento que se ostente, y el honor y la palabra en los pactos de poder están por encima —y al margen— de la ley. (Parafraseo sin el libro a la mano).
México corresponde al tipo mafioso de la clasificación. Lo que no sabemos a estas alturas del partido es si sigue perteneciendo al género de las repúblicas, pues una misma fuerza política ocupa los tres poderes de la Unión con una mayoría legislativa ilegítima que no obtuvo por los votos; por una elección manifiestamente fraudulenta del Poder Judicial y por una amenaza reciente sobre una reforma electoral que favorecería su propia sobrerrepresentación y cortaría las posibilidades de construir nuevas mayorías. Pero eso es harina de otro costal.
La amenaza de reforma deslumbró a la oposición, que dejó de lado la crisis política proveniente del elemento mafioso del régimen y su gobierno actual. La presidenta de la República desplazó, seguramente con toda intención, el debate hacia ese sitio. Por ello designó al arrogante, pero ruidoso polemista, Pablo Gómez, como vocero de su supuesta reforma política (más allá de que haya sido una forma elegante de correrlo de la Unidad de Inteligencia Financiera).
Detrás del debate lleno de alharaca y soberbia que tejió alrededor de su reforma yace el daño excesivo que está haciendo al gobierno de Claudia Sheinbaum la exposición del caso de La Barredora en Tabasco y el involucramiento directo, obvio e incontestable que tuvo Adán Augusto López Hernández, del que López Obrador fue consciente porque se lo reportaron fuentes de inteligencia militar. Lo mafioso del régimen goza de cabal salud y está fuera de toda duda, expuesto además frente al público.
Y el caso de Tabasco debe leerse en continuidad con el de los decomisos de huachicol realizados por el gobierno federal en ese mismo estado, en Baja California (hallado en un predio propiedad del exsenador Novelo, un personaje allegado al expresidente) y en Tamaulipas, sitio de operación de Sergio Carmona, el financiador de Morena que invirtió ilegalmente, según versiones, más de mil millones de pesos en las campañas morenistas de 2021 y que fue extrañamente asesinado después de ese proceso electoral (un financiador, por cierto, ligado a Mario Delgado, a quien ahora se evidencia por su enriquecimiento inexplicable).
Al caso de Tabasco debe sumarse, además, la elección de Rubén Rocha Moya, marcada por el secuestro de los operadores del PRI (puede verse la columna más reciente de Peniley en Reforma) y la de 2024, cuando fue secuestrado el secretario de organización del partido sinaloense, sólo para aparecer después en el equipo de Morena como estratega electoral. Y a esa elección debe añadirse el asesinato de Héctor Melesio Cuén, obsesión política de Rocha por su fuerza y liderazgo; un asesinato que se quiso esconder mediante un montaje de la fiscalía estatal, evidenciado por la Fiscalía General de la República, pero que no ha sido todavía aclarado.
Si con Felipe Calderón, Genaro García Luna fue el nombre del intermediario; si con Peña Nieto nos enteramos de que el autogobierno de los penales por los cárteles era obvio y abierto –auspiciado por la Secretaría de Gobernación– y su papel como epicentro de la acción política criminal se incrementó; si en el mismo sexenio su exescolta, León Trauwitz, se convirtió en el huachicolero en jefe de la república mafiosa, podemos decir también que esta condición se multiplicó con López Obrador en todas sus vertientes. Su lugar en la historia incluirá los de Rubén Rocha Moya y los Chapitos, Américo Villarreal y Sergio Carmona, Adán Augusto López y La Barredora, además de todos sus narcos y huachicoleros de confianza, aunque no quiera.
Este es el momento de discutir la república mafiosa, sin dejar de tener en mente la reforma electoral que busca consolidar la autocratización, pero sin comprar del todo la agenda mediática presidencial.
