La condonación de impuestos y privilegios fiscales que la FIFA gozará en México durante la Copa Mundial 2026 reenciende un candente debate surgido en Inglaterra cuando este país perdió la organización del mundial varonil de fútbol ante países como Rusia y Qatar: ¿Cuál es la ética detrás de que un organismo internacional sin fines de lucro termine lucrando con un evento deportivo por la vía de no pagar impuestos? ¿Y cómo afecta esto la legalidad del país anfitrión?
El tema finalmente salió a la superficie cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre las exenciones fiscales aprobadas para el organismo rector del balompié mundial en la Ley de Ingresos de la Federación 2026, desahogada en el Senado de la República. “Se trata de un acuerdo firmado en el sexenio del (expresidente) Enrique Peña Nieto, cuyos detalles serán explicados por el secretario de Hacienda”, afirmó la Jefa de Estado.
Efectivamente, la FIFA obliga a los gobiernos de los países interesados en hospedar su codiciado evento a firmar ocho cláusulas que, entre otras cosas, significan la suspensión de derechos laborales, de controles migratorios y de códigos fiscales y/o tributarios tanto para la FIFA como para sus socios comerciales, tales como Coca-Cola, Adidas y McDonald’s. Así se desprende del reportaje “FIFA’s Dirty Secrets”[“Los Secretos Sucios de FIFA”] transmitido en 2010 en el clásico programa de periodismo Panorama de la BBC.
“La FIFA no les llama cláusulas, sino más bien ‘garantías’ con carácter de confidenciales, mismas que en realidad equivalen a tomar leyes nacionales y arrojarlas por la ventana”, contaba el finado periodista británico Andrew Jennings, quien obtuvo el documento del acuerdo por medio de legisladores holandeses, pues Países Bajos en aquel año también contendía por organizar la Copa Mundial. “Pese a que el gobierno británico promete que hospedar el Mundial traerá gran derrama económica por afluencia de turistas, no hay cálculos precisos sobre los costos: en Holanda incluso se calcula que una justa así involucra pérdidas para el erario.”
Cuantificar beneficios (si los hay) para las finanzas o el desarrollo de un país no solo es casi imposible dado que el porcentaje de utilidades más fácil de calcular corresponde a la FIFA y a la televisión; sino que además, aprovechándose de la popularidad del fútbol, el sector público cae en la tentación de presentar cifras alegres sin aportar base material. La misma presidenta Sheinbaum en la conferencia del lunes 27 de octubre de 2025se mostró atónita e incrédula ante la pregunta de una reportera colombiana, quien sugería que el gobierno de Nuevo León destina “150 mil millones de pesos” en infraestructura para el mundial. “¿Cuánto? ¡No creo que sea tanto, pero bueno!”
En su defensa, la FIFA esgrime que, siendo una organización sin fines de lucro, la Copa Mundial es su única fuente de ingreso “para promover en el mundo la práctica del fútbol.” Sin embargo, como señalaba el propio Jennings entrevistando a especialistas en derecho fiscal y auditores, el “meter en la misma bolsa” utilidades por valor agregado, ingreso, derechos de imagen y de autor, regalías y patentes representa incurrir en conflictos de intereses, donde es difícil distinguir en qué momento un privado o sociedad anónima constituida ex profeso para el Mundial lucra con un bien de dominio público.
En este sentido, las primeras páginas del libro Tarjeta Roja: El Fraude más grande en la Historia del Deporte sobre el escándalo de corrupción FIFAGate, escrito por el periodista Ken Bensinger, son elocuentes: fue en el Mundial de1974donde la FIFA descubrió el gran negocio de la publicidad estática transmitida por televisión internacional en estadios de fútbol que eran propiedad pública en la Alemania Federal. Para el Mundial 2010, la narración de Bensinger es dramática: “Sudáfrica gastó más de tres mil millones de dólares de dinero público… Las proyecciones originales habían estimado cerca de una décima parte de esa cantidad, pero los requisitos de la FIFA elevaron la cifra de forma contundente.”[1]
Así, la opacidad característica del trato de la FIFA con los gobiernos crea una especie de asociación público-privada propicia para la corrupción: según la acusación penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra directivos del fútbol y ejecutivos de diversas televisoras, en 2006 el gobierno sudafricano pagó diez millones de dólares en sobornos para comprar nueve votos de 14 necesarios para asegurar la organización del Mundial 2010. Las personas indiciadas lavaron el dinero vía bancos estadounidenses y de ahí que, de acuerdo a Bensinger, fue aplicada legislación para castigar el fraude, la conspiración y la asociación delictuosa (racketeering).
Finalmente, los problemas de la FIFA con la justicia exhiben una forma de operar inaceptable para sociedades con cultura de la legalidad y del Estado de Derecho. En su reportaje, Jennings entrevista a una brillante legisladora neerlandesa, Renske Leijten, quien mostrándose crítica del opaco proceso de candidatura mundialista, explicó elocuentemente: “una ley solo es efectiva cuando tiene carácter general, de modo que hacer una ley específica para una corporación rompe el principio de igualdad y constituye un privilegio.” Se trata de la filosofía jurídica moderna, según la cual una ley que discrimina termina erosionando a la propia autoridad. Un parlamentario laborista, Lord Corbett, afirmó: “conceder exenciones fiscales [a la FIFA] es un insulto para los contribuyentes de Reino Unido.”
Pero volviendo a México, el trato de excepción para la FIFA a raíz del mundial 2026 choca con la reforma constitucional de 2020 al artículo 28 que prohíbe al Ejecutivo Federal “o a cualquier otra autoridad” la condonación de impuestos. Aunque efectivamente la mano firmante del polémico acuerdo para tener partidos mundialistas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey fue la del expresidente Peña, el asunto pone este balón “ponchado” en el campo de la Suprema Corte de Justicia. La constitucionalidad de las “leyes FIFA” ciertamente es cuestionable: queda saber pues si México será, como Sudáfrica, otro país más al que la FIFA le mete gol.
[1] Ken Bensinger, Tarjeta Roja…, Planeta, México, 2018. p.37.
César Martínez (@cesarkickoff) es maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bristol y en Literatura de Estados Unidos por la Universidad de Exeter.
