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El agua y el puente: 40 años de “Por una democracia sin adjetivos”

Por Ronaldo González Valdés

¿Ha sido infravalorado el llamado tránsito a la democracia en México, aquel de fines del siglo XX y del advenimiento de la alternancia con Fox en diciembre de 2000? ¿Ha sido más bien sobrevalorado? La pregunta me asaltó después de escuchar la entrevista hecha por Ciro Gómez Leyva a Enrique Krauze, el pasado lunes 15 de enero, a propósito de los 40 años de la publicación del ensayo “Por una democracia sin adjetivos” (Vuelta, enero de 1984).

Puede ser que estén ocurriendo ambas cosas. Con toda evidencia, el gobierno de López Obrador ha estructurado un silencio en torno a un tema que no aparece ni en sus discursos, ni en la lectura histórica de Morena, ni en los nuevos libros de texto. De la parte antilopezobradorista, por el contrario, no deja de insistirse un solo día en la necesidad de recuperar ese tránsito para consolidar nuestra “germinal” democracia —como la ha llamado José Woldenberg—, amenazada hoy por quienes detentan el poder.

Más allá de las razones de la política práctica —de la que se ocupan con creces la opinocracia y los periodistas en busca de lo “noticioso”—, esto es explicable desde los subrayados y las omisiones detectables en cada una de las dos versiones de nuestra historia inmediata.  Por el lado del lopezobradorismo, básicamente todo lo ocurrido desde la presidencia de Salinas de Gortari hasta antes de 2018, queda subsumido en una palabra que da cuenta, digamos, de una hegemonía o una mera dominación: neoliberalismo. No les falta, de algún modo, razón.

Por rumbos de los autonombrados demócratas liberales, el problema reside en que el esforzado pasaje a la consolidación democrática, con todas sus deficiencias, está siendo radicalmente obstaculizado por un régimen populista y autoritario que pretende copar el poder en su conjunto: desde la subordinación del Legislativo y el Judicial al Ejecutivo, hasta el desmantelamiento de los organismos públicos que gozan de autonomía constitucional. Tampoco les falta, de algún modo, razón.

Unos se postulan representantes del pueblo y otros de la ciudadanía, unos hablan en nombre de lo popular y otros en nombre de la sociedad civil. Ambos, sin embargo, pierden de vista lo fundamental: desde la hegemonía neoliberal —o, si usted quiere, desde el inicio del tránsito democrático, pues las dos trayectorias iniciaron casi al mismo tiempo— ha corrido ya mucha agua bajo el puente, es decir, el mundo cambió, la vida de la gente cambió. Parafraseando a Breton: la vida está ya en otra parte.

El neoliberalismo existió y sigue existiendo. Continúa siendo el modelo económico, ideológico y cultural dominante en el mundo contemporáneo, y lo ha sido desde tiempos de Reagan y Thatcher por lo menos (aunque con ellos, en la medida en que había un interés político y, todavía más, geopolítico, se conoció como neoconservadurismo). En México, las presiones de ese neoliberalismo dieron lugar a la destrucción de sistemas productivos, a la apertura casi indiscriminada del comercio, a la precarización y el despojo, al crecimiento de la economía informal, a la progresiva pérdida de la capacidad adquisitiva, al desarraigo de comunidades enteras, a la “flexibilización” de las relaciones laborales y al sometimiento del individuo a las impersonales fuerzas ya no sólo del Estado sino del mercado y la macroeconomía.

Lo curioso es que, antes que antineoliberal, el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación se esté traduciendo más bien en una modalidad, acaso más relajada (y relajienta), del neoliberalismo económico: la apuesta por la inversión extranjera, el nearshoring y el TMEC, algo dicen acerca de esto. Por lo demás, recientes estudios sobre los resultados de dicho arreglo internacional (el TLCAN primero, el TMEC después), como el publicado por Gerardo Otero (“Los perdedores”, nexos 553, enero de 2024), siguen demostrando con números duros la disminución del PIB per capita promedio en México, el empobrecimiento de las clases trabajadoras y la reducción de sus posibilidades al punto de incrementar —señala Otero— la percepción de la actividad delincuencial como una opción atractiva de empleo y de codificación simbólica de su vida, especialmente entre la juventud. Aunque “codificación” es un eufemismo escolar: nunca habían muerto violentamente tantos jóvenes mexicanos como en los días que corren, tal y como lo muestra la información del 24 de enero del INEGI cuando informa que el homicidio es la principal causa de muerte entre jóvenes de 25 a 44 años en nuestro país (https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EDR/EDR2023_En-Jn.pdf).

Hace cuatro años, en diciembre de 2019, el politólogo Leonardo Morlino afirmaba que “México se encontraba en su camino a la democracia desde el 2000; sin embargo, en 2011 se estancó en una crisis sin consolidación democrática. Hay un límite muy fuerte a la independencia judicial, hay problemas en la manera en que se desarrolla el proceso civil. Hay crimen organizado, violencia y corrupción; además, las organizaciones de derechos humanos son limitadas en su actividad. Hay —concluía el estudioso— un gobierno inefectivo” (Cfr. https://redaccion.nexos.com.mx/leonardo-morlino-advertencias-para-mexico/ y “En México hay un gobierno inefectivo: Leonardo Morlino”, consultado en https://www.ucol.mx/noticias/nota_7735.htm.). Al margen de lo que pueda decirse de las fechas citadas como referencias, Morlino no nos cuenta ninguna novedad: a tirones y jalones, México llegó a la primera estación, el “tránsito”, pero no pudo arribar, hasta ahora, a las dos siguientes: la “consolidación” y la “profundización democrática”. Antes lo contrario, hemos pasado del tránsito al estancamiento y, enseguida, a lo que él llama una “crisis de la democracia”. Y esto sucedió, para él, en 2011, es decir, mucho antes del arribo de López Obrador a la presidencia. Las preguntas se desgranan solas: por qué ha ocurrido esto, cómo llegamos a este estancamiento, sino es que a este retroceso de nuestra incipiente democracia.

Cuando Krauze publicó “Por una democracia sin adjetivos”, la hegemonía neoliberal apenas daba sus primeros pasos en firme en México. No hay que olvidar que entonces, después del desastre lopezportillista, entre los círculos empresariales y parte importante de la alta intelectualidad, se veían con indisimulada simpatía los anuncios de desmantelamiento de paraestatales, lo mismo que el discurso del combate a la corrupción (la decepcionante “renovación moral” delamadridista), medidas a las cuales Krauze dedicó un apartado de su famoso ensayo, incluyendo algunas sugerencias para su profundización. Esto desembocaba, a final de cuentas, en la búsqueda de la eficacia por encima de los fines sociales del gobierno. Cosa interesante: la resonancia del tránsito democrático ocurrió en pleno ascenso de la tecnocracia a los puestos de mando público. Una tecnocracia que, salvo por el control de la inflación, resultó tan ineficiente como la clase política posrevolucionaria que le antecedió.

Ahora mismo, por razones como estas, lo que se extraña es un balance sin concesiones de lo que ocurrió con nuestra democracia “sin adjetivos”, la que ciertamente permitió que tuviéramos elecciones limpias, una institucionalidad que ofreció mayor transparencia y rendición de cuentas, una relativa división de poderes (aunque los alineamientos legislativos siguieron obedeciendo a los acuerdos cupulares y los magistrados del Poder Judicial siguieron debiendo su nombramiento al presidente en turno), una prensa menos sujeta a los designios del poder y el estreno de la alternancia en la presidencia con la victoria de Vicente Fox el año 2000. 

Pero no hay que olvidar, y esto no lo dice Lorenzo Córdova en su artículo conmemorativo del texto de Krauze (“A cuarenta años de ‘Por una democracia sin adjetivos’”, Letras Libres 301, enero de 2024) que la “germinal” democracia mexicana terminó, literalmente, secuestrada por los partidos en México. A diferencia del pasado inmediato, se podía elegir, pero el abanico de lo elegible, de lo discutible o lo opinable, quedó acotado siempre por las recicladas y reciclables oligarquías partidistas. La gente se desencantó de esa democracia partidocrática, rendida al pragmatismo, a las negociaciones intra e interpartidistas para repartir cargos, diputaciones, senadurías, gubernaturas y otros cargos a cambio de alianzas electorales y legislativas coyunturales (el caso del “Pacto por México” en la presidencia de Enrique Peña Nieto, firmado en diciembre de 2012, fue, acaso, el más resonante de estos tratos hechos por los partidos y el poder con exclusión de cualquier otro actor social, salvo, quizá, algunos poderes fácticos empresariales). 

Quienes se siguen considerando los verdaderos liberales y demócratas mexicanos, tendrían que reconocer que muy pronto —ya a principios del siglo XXI, con la finalización del gobierno de Vicente Fox y la “guerra contra las drogas” de su sucesor Felipe Calderón— la democracia mexicana empezó a chorrear por todos sus poros banalidad, desencanto, cierto cinismo y no poca sangre de las víctimas de una desatada violencia. Pero estos demócratas continúan con la misma cantinela de la democracia sin más, salpicada con algunas viejas advertencias, casi dichas al paso, acerca de que la democracia no es la panacea de todos los males (y aquí no puede faltar la famosa remisión a Churchill que Krauze, desde luego, cita en “Por una democracia sin adjetivos”). Sí, no sólo no es la panacea, sino que, de hecho, puede prohijar la paradójica tendencia a una cultura antidemocrática marcada por la abulia ciudadana, la percepción de inseguridad, el vacío existencial prohijado por el déficit de cohesión, el escándalo mediático de lo “noticioso” y la negociación a ultranza del detentador del Ejecutivo con las élites partidistas y algunos poderes fácticos incluso antisistémicos e ilegales.

De aquí el fenómeno AMLO. Los claros síntomas ya estaban ahí: hasta noviembre de 2018, de acuerdo con Latinobarómetro, un 84 por ciento de los mexicanos se manifestaba insatisfecho con la democracia o, digamos, con su democracia. En México, como se ha dicho tanto, y sin considerar los estallidos del neozapatismo y los movimientos identitarios, la transición democrática de fin de siglo (nuestro propio fukuyameano, tardío y engañoso “fin de la historia”) no pudo resolver los problemas de la exclusión realmente vivida por un 44 por ciento de la población. No sólo eso: la gente no apreció jamás que “vivir en democracia”, como le gustaba decir al presidente Fox, supusiera un verdadero interés en abordar, por lo menos, el secular problema de la desigualdad. Si a ello se suma la flagrante corrupción, la incertidumbre causada por la inseguridad, la aplicación de políticas dictadas por la macroeconomía y, sí, la fatuidad de algunos de los hombres encumbrados en el poder, uno puede entender por qué el mensaje providencialista, machacón y elemental de López Obrador tuvo tanta penetración.

Ya se sabe: frecuentemente, donde falla la política entra la moral. Sin duda, AMLO cree (o ha hecho creer que cree) en la importancia de la moral en la vida pública, indisociable del ejemplo de la vida privada. Y sobre todo, junto con su pretendida convicción moral, postula el igualitarismo. De algún modo, su noción de liberalismo es una deriva de una las acepciones de ese ideario, aquella de cuño más social y menos político surgida del sentimiento de culpa originado por el incumplimiento del generoso anhelo de la justicia distributiva.

Personajes como López Obrador nos recuerdan que la exclusión está ahí. No la exclusión de género, por condición física, orientación sexual o deficiente representatividad política, sino la exclusión material, la primaria, la exclusión en las condiciones básicas de vida. Los temas de la administración pública, del expertise técnico, de la transparencia y la rendición de cuentas, e inclusive los de la llamada agenda “progre” o la violencia y la inseguridad —AMLO lo ha repetido sin descanso— pasan por los de la pobreza, el desempleo, los servicios públicos y, muy particularmente, el ingreso (de ahí la cascada de apoyos directos, sin “perversos intermediarios”, otorgados a través de los programas sociales para adultos mayores, estudiantes, discapacitados, pequeños productores, etcétera). Todos ellos asuntos que tienen que ver con el nivel más básico de la exclusión: el del riesgo de la catástrofe existencial asociado a la marginación.

Para AMLO este es el problema de los expertos: trabajar con estadísticas, con una fría evidencia de gabinete. De aquí proviene, de algún modo, su desprecio por los llamados organismos autónomos. El diseño y evaluación de las políticas públicas, las instituciones de la sociedad civil que se ponen sus propias metas (consideradas egoístas y muy particulares frente al interés general del pueblo mayoritario), la académica gobernanza, todos estos son rollos, numeralia y terminología que vela la existencia de la real discriminación material. Por eso, pese a la incongruencia de su proclama antineoliberal, su popularidad no sufre mella cuando, al atender las indicaciones del gobierno de Trump o de Biden, acepta convertirse, de facto, en tercer país seguro en el tema de la migración con tal de mantener la neoliberal apertura comercial con Estados Unidos.

Desde cierta paráfrasis tropical de Marx, pudiera decirse que AMLO ha descubierto las orejas del lobo explotador, de la “mafia del poder” (los poderosos de siempre, grandes empresarios y clase política tradicional) y sus empleados intelectuales y técnicos (especialistas, periodistas, letrados, académicos, directores y dueños de medios) debajo de la piel de oveja del ciudadano dizque indiferenciado reivindicado durante la transición democrática. 

En alguna medida, lo reitero, no le falta razón. El problema es que ha decidido tirar al niño junto con el agua sucia de la bañera. Entre sus tantas remisiones evangélicas, es esto lo que quiere decir cuando habla de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Ahí se origina también su desprecio por los mecanismos de control institucional de la corrupción o por la reingeniería institucional: el vino nuevo se deposita en los odres hechos del roble de la auténtica voluntad popular, del ejemplo de la vida personal y la voluntad del “pueblo bueno” que, de manera natural, coincidirá con la del líder. 

En la política liberal, la prédica moral está siempre subordinada a las leyes. Si las leyes fallan o no se cumplen hay que cambiarlas mediante procedimientos formales. Pues bien, en la “verdadera democracia”, en la “democracia del pueblo”, eso es secundario: no puede haber dos verdades, hay una sola y está vinculada con la moral. Como ocurre en el discurso religioso, hay pequeñas verdades soslayables, pero sobre todas las cosas hay La Verdad insoslayable de quien ha cargado su persona del insumo popular, de quien va más allá de las ideas o de la fría información estadística y se ha alimentado de la llanura y simpleza popular, de la verdad elemental y olvidada del pueblo.

Con todo, al parecer, en la 4T no son tan ingenuos y saben que reorientar las cosas desde la pura prédica es punto menos que imposible. Por eso, como señaló Claudio Lomnitz, lo que AMLO busca es “montar un sistema político distinto sobre la economía existente.” Esa economía, con algunas modificaciones en el funcionamiento de las empresas estatales (como Pemex y la CFE), no sólo seguirá siendo liberal sino neoliberal. El sistema político, en cambio, se centraliza y se centralizará aún más, disminuyendo ostensiblemente las capacidades de los organismos autónomos (“creados para maquillar cifras de los gobiernos neoliberales”), concentra el poder en el Presidente de la República y, en consecuencia, reduce el federalismo a su mínima expresión (Claudio Lomnitz, “El 5% y la realidad”, nexos No. 499, julio de 2019).  

Hay, es cierto, y no debe dejar de consignarse, una afectación directa al federalismo como forma de gobierno consagrada constitucionalmente. Una forma de gobierno que, también hay que decirlo, no ha tenido plena vigencia más que en trechos muy breves de nuestra historia. Después de la Revolución Mexicana, con la consolidación del presidencialismo, se instauró un régimen en el cual el federalismo resultó victorioso en el papel pero derrotado en los hechos. En el otro extremo, no obstante, durante el periodo de la llamada transición democrática, la alternancia en la presidencia de la República y la pluralidad política dieron lugar a negociaciones que, más que afianzar el pacto federal, lo deterioraron. Fue en esos años, a fines del siglo pasado y principios del actual, que se empezó a hablar de “feuderalismo”. Con ese vocablo se designaban las negociaciones de los estados con la federación, mismas que propiciaron el ejercicio discrecional de los recursos públicos por parte de los gobiernos locales.

La lectura que AMLO ha hecho de esta cercana realidad es extrema. Más que renovar el sistema federal, se ha actuado de acuerdo con la estricta lógica de la 4T: con el federalismo de los regímenes neoliberales robaban los funcionarios federales y los locales. ¿Por qué sucedía esto? No por falta de controles institucionales, sino por un déficit moral de los poderosos en todos los niveles. El remedio, por lo tanto, no tiene que ver con una reingeniería institucional ni diseños jurídicos y administrativos, sino, una vez más, con la concentración de las atribuciones, el manejo de los recursos y las decisiones en quienes encarnan el “nuevo humanismo mexicano”.

Sí, esto y más ha pasado. Y en buena medida porque la democracia no encontró el equilibrio entre el krátos y el demos. Ha corrido mucha agua bajo el puente de la transición mexicana de fines del siglo XX hasta nuestros días. Pero sólo el puente de una democracia que trascienda lo procedimental puede soportar sus avenidas. Lo que se impone, en consecuencia, es un profundo hecho de conciencia. Advertir que el quehacer político está cada vez más autorreferido. No está dirigido a los ciudadanos, a las preocupaciones de la gente.  Refiérase nada más, como uno de tantos ejemplos de nuestras simulaciones democráticas, la discusión en curso acerca de la reforma del Poder Judicial, un debate ceñido a la elección o no de magistrados. Y uno se pregunta: ¿y la justicia?, ¿y el déficit de ministerios públicos?, ¿y la cifra negra de la impunidad?, ¿y los expedientes empolvados en juzgados a lo largo y ancho del país? ¿Cuándo la democracia va a propiciar el abordaje de estos temas?

Y termino con las preguntas, no por inveteradas menos válidas: ¿puede la política, en estas condiciones, convertirse, en la idea de Hannah Arendt, en la “búsqueda de la felicidad pública”? ¿Puede nuestra democracia —en la reflexión planteada por Carlos Pereyra en un libro, por cierto, publicado también hace cuarenta años— abrir paso a un orden social justo en el que se formen sujetos representativos de la pluralidad política, económica y, sobre todo, social? (El sujeto de la historia, Madrid, Alianza Editorial, 1984).

Queda al tiempo, que no será mucho, la ardua sentencia.

INE

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Ronaldo González Valdés. Culiacán, Sinaloa (1960). Sociólogo, historiador y ensayista. Sus últimos dos libros publicados son George Steiner: entrar en sentido (Prensas de la Universidad de Zaragoza, España, 2021) y Culiacán, culiacanes, culiacanazos (Ediciones del Lirio, México, 2023).

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