Un fantasma verde recorre América Latina

Cecilia Marcela Hopp, (Universidad de Buenos Aires)

Los movimientos feministas están presentes en Argentina desde el regreso de la democracia en 1983. Las luchas por los derechos de las mujeres han abarcado un amplio espectro de demandas vinculadas a la igualdad, la opresión y la no discriminación.[1] Derechos civiles básicos como el divorcio vincular, la patria potestad compartida o el aborto libre estaban presentes ya en las militancias feministas de los años ochenta.[2] La articulación de la agenda feminista en torno a la violencia de género no fue la primera, pero fue la que más éxito tuvo, sobre todo en la convocatoria a movilizaciones masivas a partir de 2015, y la que logró instalarse con mayor éxito en las agendas políticas.

Sin embargo, diez años antes de la primera movilización de Ni Una Menos, en 2005, se había creado ya la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que reunió a una gran cantidad de organizaciones feministas en torno al reclamo por la legalización del aborto. Durante quince años se trabajó en la redacción y actualización de un proyecto de ley, en la creación de espacios de discusión y debate, y en el incremento de la movilización social alrededor del tema. También se creó el pañuelo verde como símbolo de esta lucha, que recorre ya toda América Latina. La forma del pañuelo es la misma que la del que llevan las Madres de Plaza de Mayo, mientras que el color fue una elección del movimiento.[3]

El proyecto de ley de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito chocó reiteradamente contra el bloqueo de los partidos políticos, que consideraban que se trataba de un tema que genera polarización, divisiones y pérdida de votos para los partidos que aspiran a captar voluntades provenientes de un amplio espectro ideológico.[4] Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar en 2015, cuando el feminismo se convirtió en el movimiento político más pujante de nuestro país.[5] Las movilizaciones de Ni Una Menos, que comenzaron en 2015 como protestas por los femicidios, rápidamente se transformaron en luchas feministas que sensibilizaron a la sociedad sobre las distintas formas de violencia de género. Los movimientos feministas pudieron dar a conocer daños que habían permanecido invisibles en nuestra sociedad. Ése fue el contexto que forzó el debate legislativo del aborto en 2018. En esa oportunidad, el Senado de la Nación rechazó el proyecto, pero fue evidente que el tema no había terminado.

Es que el debate no fue en vano. La votación de 2018 llegó tras meses de intenso debate en que se escucharon argumentos, experiencias e información a favor y en contra de la legalización. Fueron más de 700 expositoras y expositores nacionales e internacionales que iluminaron la discusión desde todas las perspectivas. El debate no sólo se enfocó en el drama de la criminalización que cada año impone la clandestinidad a 500,000 mujeres, causa alrededor de 50,000 hospitalizaciones con graves consecuencias para la salud y 43 muertes evitables. También tuvo protagonismo la identidad de las mujeres que consideramos la prohibición del aborto como algo ajeno a nuestra concepción sobre nosotras mismas. Fuimos capaces de expresar abiertamente que nuestros cuerpos no necesariamente son para la maternidad, que nuestra sexualidad es para gozar y su esencia no es la reproducción. Las jóvenes lo sabemos, pero la mayoría de nuestras madres y abuelas no habían logrado tomar la palabra para enunciar deseos y objetivos distintos a la concepción patriarcal sobre el rol de las mujeres. La revolución de las mujeres dejó claro que no esconderemos más nuestras identidades, la búsqueda del placer y el rechazo a la opresión. Este grito abrió un diálogo intergeneracional, donde las madres de mujeres adultas pudieron contarles a sus hijas que ellas abortaron y no se arrepienten. Las mujeres maduras pudieron hablarlo con sus amigas y comprender que la angustia y la soledad que sintieron al temer morir o ser encarceladas las padecieron también muchas de sus coetáneas. Las mujeres que hoy crían hijas pudieron repensar los roles que asignamos a niñas y adolescentes.

Las que hemos accedido desde la década pasada a información sobre el modo de hacer un aborto seguro con medicamentos sabemos que abortar es un ejercicio de libertad, una decisión tomada con responsabilidad, y no tenemos dudas de que el acompañamiento y la no estigmatización aseguran que cada una viva con su decisión sin angustias impuestas por valores que no sean los propios.

La votación en Cámara de Diputados en 2018 llegó sin certezas acerca del resultado. Un millón de personas —en su abrumadora mayoría mujeres— permanecieron en vigilia durante las 22 horas que duró la discusión. Las mujeres en las calles fuimos determinantes; las y los representantes nos vieron y comprendieron su misión de reconocer lo que ya no vamos a esconder. El panorama en el Senado no era favorable. Repetimos la vigilia, estuvimos allí con la ilusión de replicar el triunfo, pero no se logró en 2018. Sin embargo, nunca una victoria fue tan amarga para los ganadores. Luego del rechazo, quienes clamábamos por la legalización nos fuimos con la certeza de que al clóset no volveremos más. La alianza intergeneracional e interpartidaria por el reconocimiento del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el destino de nuestra sexualidad y nuestras identidades era ya indestructible.

En la campaña presidencial de 2019, el candidato del partido que resultó ganador se pronunció a favor de la legalización del aborto y se comprometió a promoverla. Fue así como en 2020 se presentó el nuevo proyecto de ley que, esta vez sí, consiguió la aprobación del Congreso Nacional y reconoció el derecho al aborto durante las primeras 14 semanas de gestación.

La conquista del derecho al aborto es el resultado de la fuerza de los movimientos feministas, fruto de la organización en torno a múltiples estrategias, pero también, y muy especialmente, se vincula a la transformación de las subjetividades femeninas. Veamos, resumidamente, algunos hitos en este recorrido sinuoso que podría inspirar a otros movimientos feministas latinoamericanos.

El aborto terapéutico y en casos de violación es legal en Argentina desde 1921, pero este sistema de indicaciones no tuvo implementación durante décadas.[6] A partir de mediados de los 2000 comenzaron a conocerse casos de niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad que reclamaban la interrupción de sus embarazos, por ser producto de una violación. En aquel entonces, las que acudían a hospitales públicos eran rechazadas sistemáticamente por el sistema de salud y debían judicializar sus reclamos para acceder a lo que necesitaban, a pesar de que el aborto era legal según la ley vigente desde 1921. Muchas mujeres y niñas encontraban barreras impuestas por el sistema de salud, la falta de información, los grupos fundamentalistas religiosos y el Poder Judicial. Estos obstáculos conspiraban contra la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo en los términos permitidos legalmente.

Las noticias daban cuenta de las repercusiones sociales por la difusión y judicialización de estos casos, testimonios de autoridades provinciales y procedimientos judiciales insensibles, crueles, que expusieron a las niñas y a sus familias al escrutinio público, y permitieron el hostigamiento por parte de los medios de comunicación y de grupos fundamentalistas.

Hubo casos cuya crueldad es incomprensible, como el de Ana María Acevedo,[7] que no recibió tratamiento para el cáncer porque estaba embarazada y la quimioterapia era incompatible con la gestación. Ella no recibió información sobre su derecho a abortar y priorizar el tratamiento de su enfermedad. El cáncer avanzó a la par de la gestación. Los padres de Ana María solicitaron el aborto, pero las y los médicos se negaron a realizarlo. A las 22 semanas de embarazo el cuerpo de Ana María ya no resistía y le hicieron una cesárea. La niña que nació murió 24 horas después de la operación y Ana María falleció un mes más tarde.

Otra mujer padecía una enfermedad cardíaca congénita que generaba enormes riesgos en caso de embarazo, por serias deficiencias respiratorias. Tenía indicada médicamente la esterilización, puesto que cada embarazo le ocasionaba riesgo de muerte. Sin embargo, la ligadura de trompas no se llevó a cabo. En el año 2011 volvió a quedar embarazada y sus médicos acordaron con ella la realización de un aborto terapéutico. La información trascendió inexplicablemente y un médico de otra institución logró que se suspendiera la intervención. Desde entonces la mujer quedó internada porque el embarazo deterioraba su salud. Fue trasladada a cientos de kilómetros de su domicilio sola y permaneció internada durante meses. Luego de la cesárea a la que fue sometida sufrió un accidente cerebrovascular que la dejó con parálisis y secuelas permanentes en la salud.[8]

El conocimiento público de estas crueles experiencias reservadas a las mujeres se debió a que, a pesar de las enormes dificultades, ellas habían podido saber que tienen derecho a abortar, y fueron acompañadas por organizaciones comprometidas con los derechos de las mujeres que hicieron posible reclamar judicialmente la realización de la práctica de manera segura. Esta posibilidad era impensada antes de que los movimientos feministas se organizaran en torno al reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito.

Sin embargo, la legalización del aborto no parecía posible en la primera década de este siglo. Entonces, las circunstancias exigían nuevas estrategias. En 2009 la organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto creó una línea telefónica para que las mujeres recibieran información acerca del modo de hacerse un aborto con medicamentos sin acudir al sistema de salud. La misma organización creó manuales que explicaban en forma sencilla cómo utilizar el misoprostol y esa información se publicó en internet. La apuesta fue revolucionaria y con el tiempo fue replicada por otras organizaciones que comenzaron a crear consultorías para acompañar la experiencia de las mujeres que elegían abortar.[9] Gracias a esta práctica, muchísimas mujeres abortaron en Argentina en forma segura, aunque clandestina. El aborto dejó de ser un escenario de drama y peligro: ya no abortábamos solas, lo hacíamos porque es nuestra elección, sin tener que exponer nuestras razones ni al Estado ni a los médicos.

Al mismo tiempo se desarrollaron estrategias legales, que consistían en crear guías técnicas para facilitar el acceso a los abortos permitidos dentro del sistema de salud.[10] Se trataba de normas provinciales o ministeriales que brindaban seguridad jurídica a las/los profesionales de la salud e intentaban remover obstáculos burocráticos y evitar la judicialización.

Si bien el movimiento no estaba de acuerdo con llevar los casos a juicio, por respeto a las víctimas, las ocasiones en que los grupos conservadores sí lo hicieron, o en los que las mujeres se vieron forzadas a solicitar una orden judicial para que se realizara un aborto legal, dieron lugar a otra estrategia: acudir a los organismos a cargo del control de cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos. Fue así como en 2011 se logró el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos en el caso “LMR v. Argentina”, en el que se condenó al Estado por haber infligido tratos crueles, inhumanos y degradantes a una joven con discapacidad mental que solicitó abortar el producto de su violación y debió soportar tres instancias judiciales hasta que la Suprema Corte provincial ordenó la realización de la práctica. Aun así, el hospital público se negó a realizar el aborto, debido a que el embarazo llevaba 21 semanas y, de acuerdo con los médicos intervinientes, se encontraba demasiado avanzado. LMR abortó gracias al acompañamiento de organizaciones feministas, pero a pesar de que era legal, tuvo que hacerlo tardía y clandestinamente.

De esta manera, en 2012 se llegó a la decisión del caso “F.A.L.” de la Corte Suprema argentina.[11] El tribunal determinó que el sistema de indicaciones vigente en Argentina desde 1921 es compatible con la Constitución y las convenciones de derechos humanos. La Corte aclaró que el Estado debe garantizar el acceso a la práctica. Sin embargo, esa decisión judicial no logró modificar drásticamente la inaccesibilidad del aborto. La Corte Suprema no tuvo capacidad o voluntad de promover los cambios institucionales necesarios para modificar la realidad social.[12] Los términos enfáticos, el discurso jurídico y la exhortación a los poderes públicos fueron entregados a la discrecionalidad política y la sentencia se transformó en argumentos y reclamos en boca de organizaciones de la sociedad civil, sin respaldo de un poder político dispuesto a forzar su realización.

La conciencia y la sensibilidad social crecientes sobre la discriminación y la violencia estructural contra las mujeres fue la que abrió paso a la discusión sobre la legalización del aborto.[13] La masiva y constante movilización feminista que se sostiene desde 2015 a partir de los reclamos contra los feminicidios y las violencias contra mujeres y personas LGBT tuvo la potencia de instalar temas de debate político y social. Si bien en un comienzo el movimiento Ni Una Menos surgió a partir de la indignación por la violencia de género y la falta de políticas públicas adecuadas para protegernos, la posterior organización asamblearia del movimiento y su integración por organizaciones feministas logró ampliar la agenda de la movilización e incluyó el histórico reclamo por la legalización del aborto.[14]

De esta forma, muchas líderes feministas provenientes de ámbitos ajenos al derecho, tales como las ciencias sociales, el periodismo, la literatura y las artes, fueron logrando atención mediática para plantear los reclamos. A principio de 2018 las líderes feministas fueron capaces de aprovechar una oportunidad inesperada para llevar la discusión sobre el aborto a las audiencias masivas de televisión y, de allí, a una explosión del debate en las redes sociales. A fines de 2017, el movimiento #MeToo sobre abusos y acosos sexuales en Hollywood llevó la discusión sobre estas formas de violencia de género a espacios que habían permanecido refractarios a este tipo de debates: los programas de audiencia masiva. La escala planetaria que cobró la discusión impuso el tema en todos los espacios televisivos. El análisis de este tema justificaba la invitación a “expertas” que pudieran explicar las implicancias de la discusión. De esta forma, programas populares que solían tener una fuerte impronta machista comenzaron a invitar a militantes y comunicadoras feministas, con el resultado de un rating extraordinario y una gran repercusión en redes sociales. Las invitadas a hablar sobre violencia contra las mujeres aprovecharon esta oportunidad para plantear que la clandestinidad del aborto en Argentina también es una forma de violencia contra las mujeres. Las repercusiones fueron imparables y de esta manera se forzó el debate en el Congreso a partir de marzo de 2018, algo que el movimiento feminista no había logrado antes.[15]

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito se desarrolló en varios escenarios y sucesivas batallas. La declaración del aborto como un derecho por parte de la Corte Suprema fue conmovedora y esperanzó a muchas abogadas y abogados. Sin embargo, no fue allí donde se dieron los combates clave para la victoria que logró liberar nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra identidad del yugo de la maternalización como único destino.

 

Recomendaciones para replicar el sismo del aborto legal

 

Cada país tiene sus instituciones, sus movimientos sociales, su historia y sus oportunidades políticas. En la mayor parte de América Latina, los poderes políticos no han hecho más que decepcionarnos respecto de las iniciativas dirigidas a reconocer a las mujeres como libres e iguales. En algunos lugares, los tribunales han brindado preciadas victorias que declararon la raigambre constitucional de los derechos sexuales y (no) reproductivos.

Sin embargo, la experiencia argentina nos mostró que es posible lograr el derecho a decidir sobre la continuidad o la interrupción del embarazo con los mejores argumentos y a partir de la arrolladora fuerza de los movimientos feministas. Puede parecer difícil o inalcanzable en algunos países, o puede que, como en 2018 en Argentina, la movilización social no termine de enderezar las lógicas del poder político, que se permite dar la espalda a lo que el pueblo exige. Allí habrá que esperar un poco más, pero estas fuerzas crecen y se alimentan de las frustraciones que nos proporcionan las y los representantes.

Entonces, siempre habrá que recordar que una ley no es democrática si regula las consecuencias de la sexualidad femenina sin tener en cuenta que en nuestra sociedad las relaciones de poder entre varones y mujeres se encuentran fuertemente condicionadas en razón del género y que muchas mujeres no eligen las condiciones en las que acceden a tener sexo con varones. No es justa una ley que no tenga en cuenta las deficiencias en la información sobre anticoncepción y el desigual acceso que tienen varones y mujeres a los medios que permiten prevenir embarazos. Si el embarazo no deseado es una consecuencia de una larga cadena de injusticias reproductivas y dificultades estructurales, las mujeres no debemos ser las únicas que carguen con las consecuencias.

Tampoco es aceptable la pretensión de que las mujeres llevemos adelante embarazos no planificados o no deseados si la responsabilidad por el cuidado de niños/as recae preponderantemente sobre nosotras, y esa carga desproporcionada dificulta nuestra subsistencia económica, nuestra independencia, nuestras oportunidades laborales o de determinar libremente un plan de vida.

La legalización del aborto en Argentina fue fruto de múltiples caminos recorridos con paciencia y persistencia durante años y décadas. El movimiento feminista argentino generó un temblor y el tsunami verde que arrasó con las resistencias políticas conservadoras. Sus réplicas ya se sienten por América Latina.

 

[1] C. Trebisacce, “Violencia y derechos en la agenda feminista de los años ochenta,” en Tarducci y Daich (comps.), Mujeres y feminismos en movimiento. Politizaciones de la vida cotidiana, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2018.

[2] Daich y Tarducci, “De feminismos y violencias: recuperar la historicidad de las luchas para enfrentar nuevos desafíos”, Mujeres y feminismos en movimiento. Politizaciones de la vida cotidiana, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

[3] Alcaraz, M., ¡Que sea ley!, Marea, Buenos Aires, 2018.

[4] Pecheny, “’Yo no soy progre, soy peronista’ ¿Por qué es tan difícil discutir políticamente sobre aborto?”, en Bergallo (comp.), Aborto y justicia reproductiva, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011.

[5] Hablar de “el feminismo” como un sólo movimiento político es una simplificación. Indudablemente existen movimientos feministas con agendas, ideas y luchas diferentes, pero han logrado articularse suficientemente para potenciar una serie de reclamos comunes y aptos para concretarse en propuestas concretas.

[6] Bergallo, “La lucha contra las normas informales que regulaban el aborto en la Argentina”, en R. Cook, J. Erdman y B. Dickens (eds.), El aborto en el derecho transnacional. Casos y controversias, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2016.

[7] Puede verse un relato extenso sobre las vicisitudes del caso en L. Puyol y P. Condrac, “La muerte de Ana María Acevedo: bandera de lucha del movimiento de mujeres”, en A. Peñas Defago y J. Vaggione (comps.), Actores y discursos conservadores en los debates sobre sexualidad y reproducción en Argentina, Católicas por el derecho a decidir, Córdoba, Argentina, 2011.

[8] Se trata del caso de M.G. Véase http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-185863-2012-01-20.html

[9] L. Szwarc y S. Fernández Vázquez, “Aborto medicamentoso. Transferencias militantes y transnacionalización de saberes en Argentina y América Latina”, RevIISE-Revista De Ciencias Sociales Y Humanas, núm. 12, vol. 12, 2018.

[10] Bergallo, “La lucha contra las normas informales que regulaban el aborto en la Argentina”, op. cit.

[11] CSJN, “Fallos: 335:197”, 2012.

[12] Rosenberg, Gerald, The Hollow Hope. Can Courts Bring About Social Change?, University of Chicago Press, Chicago, 1991.

[13] Alcaraz, ¡Que sea ley!, Marea, Buenos Aires, 2018.

[14] Hopp y Garibotti, “Substitution Activism: The Impact of #MeToo in Argentina”, en Fileborn y Lowey-Hughes (eds.), #MeToo and the Politics of Social Change, Palgrave- Macmillan, Cham, 2019.

[15] Idem.

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