Revista Presente (RP): Tu trabajo vincula la esfera pública con la violencia, dos ámbitos que suelen pensarse como opuestos: la primera asociada a la deliberación civil y la segunda a la ruptura violenta de los conflictos. ¿Cómo llegaste a articular esta relación y cómo ha evolucionado tu comprensión del vínculo entre esfera pública y violencia en México a lo largo de tu trayectoria como historiador?
Pablo Piccato (PP): Empecé a leer sobre la esfera pública mientras trabajaba en La tiranía de la opinión.[1] Habermas me ayudó a pensar las condiciones de posibilidad del discurso público y la relación entre sociedad civil y Estado. Estas lecturas teóricas ocurrieron en paralelo a la investigación histórica del libro, que desde el inicio buscaba comprender las prácticas y las ideas en torno al honor y al duelo.
El modelo de Habermas siempre me ha parecido útil, aunque conozco bien las críticas que se le han hecho. Su valor no está en tomarlo de manera literal o ahistórica —como si toda historia de la esfera pública tuviera que replicar el caso europeo—, sino en usarlo como una herramienta que permite iluminar otros contextos y momentos históricos.
En el caso de México, particularmente durante la República Restaurada y el Porfiriato, encontré que el proceso de construcción de una esfera pública liberal —con libertad de prensa y debate— coincidió con el auge del honor y del duelo. Ambas dinámicas estaban profundamente ligadas. El argumento central del libro es que el duelo permitía construir una idea de igualdad y libertad de opinión entre los hombres que conocían los códigos del honor. Creaba un terreno relativamente parejo, con reglas conocidas, donde se delimitaba qué se podía decir y qué no.
Por eso, la historia del duelo quedó enmarcada dentro de una historia de la discusión pública y de las protestas, pero sobre todo de la prensa: de cómo se juzgaban la difamación y las ofensas al honor en el espacio público. Mediante el uso regulado de la violencia —el duelo— se crearon en México las condiciones para un espacio colectivo en el que ciertos hombres de palabra podían disputar y expresar libremente sus opiniones.
Por supuesto, ese proceso implicaba exclusiones. El duelo era una práctica reservada a los hombres, y específicamente a hombres educados que conocían sus códigos. En ese sentido, la violencia del duelo funcionaba al mismo tiempo como una forma de moderar y de contener la violencia, aunque seguía siendo violencia.
Desde mi primer libro, Ciudad de sospechosos,[2] había observado que la violencia interpersonal en la Ciudad de México siempre estuvo gobernada por reglas, a veces implícitas y a veces explícitas. Con el duelo, esas reglas estaban escritas y formalizadas, pero no eran tan distintas de las que seguían las personas de clases populares cuando se enfrentaban en una cantina: la defensa de la reputación, evitar peleas desiguales, enfrentarse cara a cara, buscar un terreno neutral.
En ese sentido, la violencia formaba parte de la creación de un espacio común que excluía a las mujeres, pero que permitía a los hombres reclamar una cierta igualdad en la expresión de sus opiniones. A partir de ahí empecé a interesarme también en la función comunicativa de la violencia. No sólo como destrucción de cuerpos o bienes, o como coerción, sino como un conjunto de actos cargados de significado, interpretados por testigos, víctimas y por la opinión pública. Desde esta perspectiva, la violencia puede entenderse también como un lenguaje.
Es autor de Historia mínima de la violencia en México (El Colegio de México, 2022), Historia nacional de la infamia: Crimen, verdad y justicia en México (Grano de Sal, 2020), La tiranía de la opinión (El Colegio de Michoacán e Instituto Mora, 2015), entre otros libros y artículos en los que ha estudiado el desarrollo de la esfera pública en distintos momentos de la historia de México.
RP: ¿Cómo dirías que ha cambiado el uso de la violencia en la esfera pública? ¿Crees que la dimensión del honor sigue existiendo de alguna forma o consideras que ha desaparecido? Y, en caso de persistir, ¿cómo ha evolucionado?
PP: Sí, empezando por la primera parte: lo que resulta muy evidente en México en los últimos años es que quienes utilizan la violencia —lo que yo llamo los “expertos en el uso de la violencia”— suelen añadir un exceso a su ejercicio. No se trata únicamente de una violencia instrumental, destinada a eliminar al enemigo, a la competencia o a controlar un territorio. Tanto en el caso de los grupos criminales —y en ocasiones también del Estado— la violencia viene acompañada de un excedente simbólico.
Ese exceso es legible. En el lenguaje de la nota roja y de los medios de comunicación en México, el público puede descifrar e interpretar esos mensajes. No es lo mismo encontrar cuerpos decapitados que encobijados, encajuelados, entambados o colgados de un puente. Cada una de esas formas responde a códigos que la gente reconoce. Son excesos de violencia, porque matar ya implica la aniquilación del otro; sin embargo, se añade algo más porque se busca que la violencia diga algo, que comunique un mensaje.
Ahora bien, si pensamos la esfera pública como la relación entre sociedad civil y Estado, siguiendo el modelo habermasiano, podríamos decir que los grupos criminales no forman parte de la sociedad civil, en tanto que no buscan influir legalmente en decisiones de interés común. Pero también puede argumentarse que sí lo hacen, aunque fuera de la ley: recurren a la violencia como recurso, operan de manera extractiva y parasitaria en la economía y utilizan lenguajes que saben que tanto el Estado como la sociedad civil pueden interpretar. En ese sentido, no son tan ajenos a la esfera pública como podría pensarse desde una teoría liberal clásica.
En cuanto al Estado mexicano, su uso de la violencia ha cambiado. A diferencia de los periodos más autoritarios del PRI —en los años sesenta y setenta—, hoy no recurre de manera sistemática a la represión política: no hay una política generalizada de presos políticos, desapariciones forzadas o eliminación violenta de la oposición como forma de control. El tipo de violencia estatal que vimos en 1968, en la guerra sucia o frente a las guerrillas no opera hoy de la misma manera.
Eso no significa que el Estado no ejerza violencia, sino que lo hace de otra forma y en una relación distinta con la esfera pública. No se puede afirmar que la esfera pública en México esté hoy restringida o controlada directamente por el Estado mediante la coerción. Sabemos que existe violencia contra periodistas, pero en muchos casos proviene de actores criminales o de agentes estatales actuando de manera ilegal. No se trata, en sentido estricto, de una política de violencia de Estado como la que existía décadas atrás, con coordinación, ideología y estructuras represivas claras.
RP: ¿Qué opinión te merecen los debates que se han generado en torno a la esfera pública a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías, Pablo?
PP: Todavía no estoy seguro de que estemos, propiamente, en una nueva era en términos de medios y comunicación. Es cierto que con las redes sociales —Facebook, Twitter, BlueSky y otras plataformas— cualquiera puede convertirse en autor y editor. Existe una mayor capacidad de presentarse ante un público que, en teoría, es infinito. Aunque en la práctica ese público suele estar compuesto por personas que piensan de manera similar, persiste la idea de que uno puede lanzar un mensaje en internet y que, potencialmente, puede ser escuchado por todo el mundo.
Lo que sí ha cambiado, a mi juicio, no es tanto la estructura de la esfera pública, sino la forma en que la subjetividad del autor se vuelve parte central del mensaje. Hoy la comunicación pública está atravesada por expresiones como “yo viví esto”, “yo vi esto”, “yo opino esto”, “estoy enojado”. Ese componente emocional y subjetivo es característico de los nuevos fenómenos comunicativos, en buena medida porque todos pueden participar en ellos.
En cambio, la idea de los echo chambers no es nueva. Siempre han existido. Cuando alguien era comunista leía El Machete; cuando era capitalista, leía El Heraldo de México. La noción de que hubo medios completamente neutrales que todo el mundo leía corresponde a un momento muy breve —y bastante idealizado— de la historia del periodismo. Desde sus orígenes, los periódicos han funcionado como espacios donde ciertos grupos reafirman su visión del mundo. Por tanto, siempre han existido cámaras de eco.
Lo que ocurre hoy es que parece que esas cámaras se han multiplicado, pero si uno observa con cuidado, los patrones no son tantos. Hay, por ejemplo, una derecha racista, sexista y xenófoba, con variaciones internas; y hay una izquierda liberal o democrática, también con matices, pero con premisas compartidas. No se trata de un número infinito de mundos comunicativos. En consecuencia, no creo que la esfera pública haya cambiado de manera tan radical como a veces se sugiere.
Además, la idea de una esfera pública completamente neutral es una ficción. Ni siquiera Habermas plantea que eso haya existido realmente. La esfera pública es un ideal normativo, no una descripción exacta de cómo funcionan los medios o el debate público. Desde ese punto de vista, mantengo cierto escepticismo histórico respecto a cuánto ha cambiado la esfera pública con la llegada de las redes sociales.
En cuanto a la llamada “era de la posverdad”, la idea de que antes existió un momento en el que los hechos pesaban más que las opiniones también es discutible. Si observamos la historia del periodismo en México, al menos desde principios del siglo XIX, encontramos que siempre ha sido, en gran medida, un periodismo de opinión. Con nombre y apellido, los autores presentaban sus ideas y juicios sobre la realidad. Hasta hoy, una parte muy significativa de los periódicos está compuesta por columnas de opinión que no siguen los mismos criterios de verificación, contraste de fuentes o búsqueda de respuestas que exige el periodismo informativo ideal.
Ese predominio de la opinión no es nuevo. Lo que ha cambiado es nuestra concepción de la verdad. Hoy la ciencia y el derecho cuentan con procedimientos específicos para construirla, pero históricamente la verdad periodística muchas veces emanaba de la voz autorizada del autor: “si yo lo vi, entonces es verdad”. Esa lógica sigue operando, aunque ahora convive con otros criterios.
La inteligencia artificial introduce riesgos evidentes, sobre todo por su capacidad para producir imágenes o videos altamente verosímiles de hechos que nunca ocurrieron. Sin embargo, no estoy seguro de que ese efecto sea permanente. La manera en que miramos las imágenes está cambiando. Videos evidentemente falsos —como montajes humorísticos de figuras públicas— ya se consumen con una mirada más crítica.
La idea de que la fotografía es sinónimo de verdad es una construcción del siglo XX que hoy resulta insostenible. En realidad, la fotografía nunca fue una representación pura de la verdad: siempre pudo ser encuadrada, editada o manipulada, ya fuera en el cuarto oscuro o con herramientas digitales. Lo que ocurre ahora es que esa creencia se ha vuelto imposible de sostener.
Creo que, en los próximos años, cambiará profundamente la forma en que atribuimos verdad y autoridad a las imágenes y a los mensajes. No sé exactamente cómo ni cuándo, pero es difícil pensar que seguiremos interpretando los productos de la inteligencia artificial del mismo modo en que durante décadas se interpretaron, casi sin cuestionamiento, las fotografías periodísticas de guerra o de acontecimientos históricos.
RP: Desplazándonos ahora hacia Estados Unidos, ¿cómo explicar este momento en la esfera pública estadounidense, considerando lo que ocurrió en la Universidad de Columbia?
PP: En cuanto a lo que ocurrió en Columbia, quisiera aclarar primero que yo no estuve al frente ni en la primera línea de nada. Mi papel fue más bien el de observador y, cuando fui director del Departamento de Historia, intenté actuar como intermediario, apoyando a colegas y estudiantes. No tuve un rol protagónico. Aun así, la experiencia ha sido profundamente deprimente.
Columbia fue durante buena parte del siglo XX una universidad identificada con el pensamiento crítico: profesores y estudiantes que desafiaban convenciones, que introducían ideas provocadoras y que las expresaban abiertamente. Hoy, la institución está peligrosamente cerca de la eliminación de temas “incómodos”, la restricción de discusiones legítimas y el debilitamiento de principios centrales de la vida académica, como la libertad de cátedra y la diversidad intelectual. Esa ofensiva existe, y mi impresión es que la universidad, como institución, no ha defendido la libertad de pensamiento y expresión con la firmeza necesaria.
Cuando hablo de “la universidad”, me refiero específicamente a su liderazgo burocrático. Ese nivel directivo ha respondido con demasiada docilidad a las presiones externas, en parte porque busca evitar cualquier forma de protesta. No se trata únicamente de presión gubernamental; hay también dinámicas internas que explican esta actitud. Al mismo tiempo, existe otra universidad: la de los profesores, los estudiantes, los seminarios y las aulas. Esa vida cotidiana sigue siendo rica y activa. En términos generales, quienes formamos parte de la institución seguimos haciendo nuestro trabajo, y salvo casos específicos, la censura directa aún no es sistémica. Todo esto está en riesgo, sin duda, pero esa universidad “cotidiana” sigue siendo, por ahora, una buena universidad.
Un punto clave de lo ocurrido en Columbia es que no debe entenderse como un proceso impuesto exclusivamente desde afuera. Las protestas —por ejemplo, contra el genocidio— no fueron inspiradas por actores externos. Fueron impulsadas por estudiantes de Columbia, conscientes de su lugar en la historia y de su responsabilidad frente a lo que ocurre en el mundo. Protestan porque no están de acuerdo con lo que sucede, y eso es coherente con lo que estas universidades ofrecen: formar líderes críticos, capaces de intervenir en la historia. En ese sentido, se trata de un movimiento genuino, no racista ni antisemita, sino una forma legítima de presencia política.
Tampoco es cierto que toda la represión o la censura provenga exclusivamente del gobierno de Trump. Estas dinámicas comenzaron antes. Dentro de la propia universidad existen actores —miembros de la junta de gobierno, donadores, algunos profesores y estudiantes— que desean el silencio y han promovido una lógica claramente macartista, muchas veces instrumentalizando el discurso del antisemitismo para deslegitimar las protestas. Eso no viene solo de afuera; es una contradicción interna de la universidad.
Lo que cambia con un gobierno abiertamente autoritario es que esas fuerzas internas ganan poder, porque cuentan con respaldo gubernamental. No estamos ante un debate equilibrado entre dos posiciones intelectuales. Hay un grupo que tiene el apoyo directo del Estado, y ese respaldo se ejerce mediante la extorsión política. Eso distorsiona completamente la idea de una discusión pública abierta dentro de la universidad.
A esto se suma otro proceso de fondo. En los últimos cuarenta años, Columbia ha crecido enormemente en prestigio y recursos, acercándose al modelo de otras universidades de la Ivy League como Harvard o Princeton. Históricamente, Columbia fue el “pariente pobre” de la Ivy League: una universidad urbana, con menos recursos, donde estudiaron figuras como Jack Kerouac o Allen Ginsberg. Hoy, en su aspiración por consolidarse como una gran potencia académica, la acumulación de recursos y el crecimiento del endowment se han vuelto criterios centrales de decisión.
Ese afán corporativo ha subordinado, en muchos casos, los criterios académicos y la libertad de cátedra. Es evidente que ciertas áreas científicas requieren financiamiento, donadores y apoyos gubernamentales, pero eso no debería implicar sacrificar principios fundamentales en el resto de la universidad, como está ocurriendo ahora.
Finalmente, en relación con la esfera pública en Estados Unidos, desde fuera puede parecer que ha sido completamente copada por discursos violentos de derecha, impulsados por redes sociales y grandes medios de comunicación. Fox, CNN y otras corporaciones mediáticas han girado hacia la derecha. Sin embargo, esto no refleja necesariamente un consenso social amplio. Muchas de esas voces no representan un movimiento orgánico de opinión, sino discursos promovidos o incentivados por el propio gobierno.
Existe una relación directa entre el Estado y los medios que distorsiona nuestra percepción de la esfera pública. La censura y la presión no operan siempre de forma explícita, sino mediante chantajes: amenazas de retirar licencias, imponer multas o bloquear adquisiciones empresariales. Esa lógica recuerda mucho a lo que Habermas describía para el siglo XX: una esfera pública degradada, comercializada, cada vez más controlada por el Estado y el capital, donde la discusión racional es desplazada por la propaganda.
Desde ese punto de vista, lo que estamos viendo hoy no es el fin de la esfera pública, pero sí una forma avanzada de su distorsión y privatización.
[1] Pablo Piccato, La tiranía de la opinión: El honor en la construcción de la nación mexicana, 1800-1910 (México: Instituto Mora y El Colegio de Michoacán, 2015), originalmente publicado en inglés como The Tyranny of Opinion: Honor in the Construction of the Mexican Public Sphere (Durham: Duke University Press, 2010).
[2] Pablo Piccato, Ciudad de sospechosos: Crimen en la Ciudad de México, 1900-1931 (México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2010), originalmente publicado en inglés: City of Suspects: Crime in Mexico City, 1900-1931 (Durham: Duke University Press, 2001).
