Por Mercedes F. López Cantera
“Pero no entiendo profesora, ¿por qué si apoyo la ley del aborto, me acusan de comunista?”
Esta pregunta, enunciada por una alumna del curso de ingreso a una universidad pública de Argentina, tuvo lugar en el 2018. Por ese entonces, se debatía el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que, con modificaciones mediante, fue aprobado a fines del 2020. En ese momento, mi “deformación profesional” no condujo a buscar respuestas para ese interrogante en el presente, sino que me trasladé automáticamente al pasado. Recordé los primeros años de la década de 1940, cuando el Ministerio del Interior argentino había fundamentado la represión contra el movimiento obrero, el activismo antifascista y otros actores de la sociedad civil en la tesis de un “recrudecimiento de las actividades comunistas”.[1] ¿Por qué esa homologación? ¿Qué condujo a que el gobierno argentino de esos años apelara al “peligro rojo” para ejercer control sobre múltiples causas? ¿Por qué, casi cien años después, se apuntaba contra posturas que defienden una ampliación de derechos como si estas pretendieran una insurrección social?
Estas identificaciones y la perplejidad que despiertan, no son producto exclusivo de una actualidad en la que la emergencia de tendencias a la derecha en el arco político pareciera revivir aquel tormentoso contexto de la entreguerras del siglo XX. A pesar de la proliferación de procesos y expresiones que dan cuenta de un nuevo ciclo ascendente de las derechas, la flexibilidad con la que se etiquetan a diversos intereses con la imagen del comunismo desorienta al debate político cuando no genera una risotada incómoda. Entre el 2018 y el 2021, la pregunta disparadora adquirió distintas versiones: desde políticas de redistribución progresiva de la riqueza, hasta otras luchas de los movimientos de la cuarta ola feminista y del colectivo LGTBIQ+, han sido acusadas de ser parte de una infiltración marxista/comunista. Incluso, esta última fue equiparada a identidades reformistas o progresistas, acusadas de engendrar la subversión del orden.
Sea cual fuera el caso, respondí señalando la subyacente veracidad que encerraban esas asociaciones. Por supuesto que disto de afirmar que las reivindicaciones de las que hemos dado ejemplo sean sinónimos de “comunista”, ni monopolio del amplio abanico de las izquierdas. Ahora bien, ello no significa olvidarnos de la existencia de una lógica propia del conjunto de las derechas que podríamos caracterizar como contrarrevolucionaria. Que abarcó desde banderas reformistas hasta aquellas más radicalizadas.[2] Un tipo de pensamiento que encuentra sus raíces en la reacción contra la Francia revolucionaria y en el combate contra el socialismo y el anarquismo durante el siglo XIX y que, finalmente, hace eclosión tras el estallido ruso de 1917. Hoy, invito a reflexionar sobre el razonamiento que existe detrás de ello, a partir de revisar procesos que se cristalizaron a lo largo de la década de 1930 en Argentina. Al menos como un ejercicio que nos permita empezar a comprender y a tomarnos en serio lo que, más que una burla, debería ser una preocupación.
Tiempos de reacción
La línea que ha marcado la síntesis entre la cuestión comunista con diversas expresiones y banderas políticas se ha correspondido siempre con el peligro potencial que cualquiera de estas significó para la existencia de un orden incuestionable. En otras palabras: el variado arco de las derechas coincide en la inviolabilidad del status quo. La defensa de ello varía según la corriente a la derecha que uno analiza, dado que cada tendencia de esa familia política ubica las bases de esa sociedad o comunidad naturalizada en distintos valores o ideales.
Así ocurrió con la primera expresión contrarrevolucionaria moderna de la historia. El rechazo contra la Ilustración en el siglo XVIII y la difusión del liberalismo revolucionario abroqueló a varios actores. Entre ellos, el mundo católico destacó por instalar la hipótesis de una larga “crisis espiritual” que aquejaría a la humanidad desde su alejamiento de Dios, producto de las transformaciones que acompañaron al proceso de secularización consecuente a 1789. Las “doctrinas anticristianas”, que incluyeron a las corrientes de izquierda desde el socialismo hasta al anarquismo, fueron comprendidas como derivas de ese enemigo liberal. A partir de esta lectura se criticó a la prédica de la “lucha de clases”, entendida como la instigación al odio entre los seres humanos, lo opuesto a la armonía entre las clases o conciliación entre capital-trabajo.
En el caso de la Argentina, estas interpretaciones sobre el enemigo revolucionario nutrieron parte de las lecturas que liberales-conservadores y la naciente extrema derecha elaboraron frente a las transformaciones sociales desde comienzos de siglo. Aun así, fue en el ciclo inaugurado por la Gran Guerra (1914-1918) cuando estas asociaciones se alinearon con el peligro revolucionario asociado al comunismo.
He aquí una segunda variable a tener en cuenta para comprender las mencionadas homologaciones. La puesta en peligro del orden social siempre se enmarca en un estado de “crisis total” que no solo abriga al escenario nacional sino al mundo que lo rodea. Las tensiones que caracterizaron a la Argentina de la entreguerras fueron comprendidas en clave transnacional. La profunda crisis resultado del cataclismo de Wall Street se sumó a la inestabilidad institucional del período 1930-1943, iniciada con el primer golpe de Estado de este país y continuada por una restauración democrática con fuertes restricciones a la participación política, que estableció una coalición de tendencias liberal-conservadoras ligada a la clase dominante. Este contexto se vio además condicionado por el ascenso de los fascismos y las coyunturas que implicaron la Guerra Civil española y la 2° Guerra Mundial, o sucesos como la “intentona comunista” dirigida por el militar Luiz Carlos Prestes en Brasil. El escenario descripto debería ser comprendido en estos tiempos pandémicos, donde las problemáticas de la propagación del Covid-19 borronean las fronteras territoriales.
Este razonamiento es el que determinó la asociación de todo conflicto social a la amenaza revolucionaria. Los años treinta en la Argentina se caracterizaron por la intensidad en las luchas obreras, signadas por la violencia, muchas de ellas encabezadas por gremios dirigidos por el Partido Comunista local, cuyas alianzas en el ámbito gremial y partidario en la segunda mitad de la década, le otorgó protagonismo. La existencia de ese comunismo respaldó la idea del conflicto como amenaza revolucionaria que la polarización política transnacionalizada respaldaba.
En ese sentido, debemos comprender que los y las defensores del orden no necesariamente temían una posible insurrección: la revolución ya había ocurrido. En otras latitudes, en otra sociedad. Pero el ejemplo de 1917 se había vuelto trauma para estos. La Revolución Rusa y, en particular, la bolchevique emergieron como procesos que ponían en evidencia que ese status quo, natural-divino para sectores religiosos o político-constituyente para otros, podía ser destruido. Para estos actores, la crítica o la existencia de propuestas alternativas a ese ideal, demuestra su vulnerabilidad. Que ese orden es simplemente una construcción. Y ello implica negar las bases de esas identidades políticas.
El “enemigo del orden” fue concebido, por lo tanto, como un producto anómalo del orden defendido. En esa idea de anomalía es que aparece su condición “externa”: es inconcebible para el arco de las derechas que sus enemigos surjan de aquellas estructuras que buscan proteger. Aquí no es menor destacar que desde la erección del Estado Nación argentino en la segunda mitad del s. XIX, ese “agente externo” mutó desde su asociación con las comunidades indígenas, a la inmigración y al anarquismo cuando la “Argentina moderna” comenzó a dar sus primeros pasos. Las interpretaciones antisemitas que se incorporaron a la imagen de ese “otro” avalaron reacciones antiobreras y racistas, como la represión paraestatal ocurrida durante la Semana Trágica de 1919.
Estos aspectos explican por qué el conflicto, las luchas sociales, los problemas estructurales, son comprendidos como motorizados por un enemigo externo. Un adversario que busca internarse en el cuerpo social para poder degenerarlo. Desde sus orígenes, las fuerzas policiales en la Argentina barajaron esta interpretación. Ya en la década de 1900 planteaban la existencia de “agitadores profesionales” entre los y las trabajadores a raíz de la presencia anarquista. Con la democracia conservadora, reinstalada en 1932, el Estado buscó profundizar herramientas de control que obturaran aquellos procedimientos que creyeron parte de ese antagonista infiltrado.
La creación de la Sección Especial de Represión al Comunismo en la Policía de la Capital, respondió a tales fines. Sus tareas de inteligencia, sus allanamientos y detenciones se combinaron a lo largo de los años treinta con la actuación del Poder Judicial. Todo ello habilitó la investigación sobre aquellas acciones de la militancia política de esos años, aunque fundamentalmente del movimiento obrero, que fueron clasificadas como “actividades comunistas”.
Ahora, los diagnósticos que permitieron catalogar a banderas y reivindicaciones como parte del “peligro rojo” coincidieron con aquellos emanados tanto del mundo católico, como de la actuación de la extrema derecha nacionalista surgida en los años veinte como una reacción antiliberal a la apertura democrática de ese período. En los treinta, las ligas nacionalistas publicaron desde sus órganos de prensa denuncias sobre la “penetración” comunista en ámbitos como el cultural, el educativo y, sobre todo, el sindical. Ello fue fruto del análisis sobre las estrategias del PC argentino en el mundo gremial, caracterizadas como parte de un proceder destructivo, propio de la “lucha de clases”, es decir, de su naturaleza. Además de coincidir en ello con los católicos, destacaron el rol de la URSS en esas directivas, avalando la alerta sobre la injerencia “foránea”.
Las conclusiones producto de esas observaciones condujeron a una operación de calificación/descalificación. Lo que Marcelo Casals Araya denominó como “criterios de clasificación”, elaborados a partir de la imagen del enemigo comunista.[3] En base a ello, referentes del catolicismo como de grupos nacionalistas pudieron validar o no ideas frente a sus seguidores, mientras que el Estado pudo concluir qué era legal o ilegal. Aceptable o – como décadas más tarde terminó ocurriendo – eliminable.
La igualdad como problema
Si hubo una marca que caracterizó a los estudios sobre la pluralidad de derechas existentes desde el siglo XX hasta el siglo XXI, esta ha sido el hincapié en el atentado que han constituido para las libertades individuales. No obstante, la profunda reacción que contra las corrientes feministas de la cuarta ola alentó la gestación de entidades e, incluso, partidos “celestes”, como de grupos anarcocapitalistas, encuentra sus bases en otro aspecto. Y este es la potencial igualdad que encierra el reconocimiento a diversidades sexuales y a derechos reproductivos. Si nos remontamos a qué aspectos determinaron la operación de calificación/descalificación que definió a las “actividades comunistas” combatidas por derechas, católicos y el Estado argentino en los treinta, podemos rescatar un hilo conductor entre aquellos años y nuestra agitada actualidad.
Un eje destacable dentro de la represión a entidades y modalidades de lucha entre 1932 y 1943 fueron aquellas banderas que apelaban a identidades más allá de la nacional. El llamado a la huelga general por el movimiento obrero había sido objeto de disciplinamiento desde comienzos de siglo por la fuerza policial. Durante la primera mitad de los años treinta, comunistas (y en menor medida anarquistas) recurrieron a esa consigna como estrategia de lucha. Desde el Ministerio del Interior se denunció a ese tipo de prácticas, valorando en contrapartida a aquellas negociaciones o reclamos más de tipo corporativo. Más allá del peso en términos de correlación de fuerzas que una huelga general significa, para el Estado la apelación a una unión de clase implicaba un rechazo a la identidad nacional defendida por la constitución.
La solidaridad extra nacional fue todavía impugnada por derechas y católicos. El clasismo iba en contra de la unión nacional pretendida por la extrema derecha, en la que obreros y patrones constituían un todo que debía ser armónico. Mientras, el mundo católico veía un atentado contra la adhesión a una fe que trascendía desigualdades sociales y otras diferencias. En esa misma línea, los grupos nacionalistas cuestionaron a los sindicatos “rojos” no solo por su tendencia a la solidaridad clasista, sino también por la inclusión de consignas “no obreras”. La propuesta de la extrema derecha apuntó a la formación de un sindicalismo anclado solamente en reivindicaciones salariales y laborales, que excluyera reclamos contra el fraude, la represión y otras críticas al gobierno de turno, así como encolumnarse en conflictos internacionales.
Esto mismo se vio reflejado en las acciones policiales durante la década, que apuntaron a obturar reclamos que excedieran los límites de las necesidades económicas. “La política en los sindicatos” fue puesta en cuestión y asociada al peligro rojo. En los citados informes del Ministerio del Interior de 1941 y 1942, se explicitó que el gobierno argentino tenía total interés en reconocer a los “verdaderos representantes de la clase obrera”, lo que marginaba a aquellas entidades “desviacionistas” que tomaran reclamos que “no corresponden” al mundo del trabajo.
Los gremios de tendencia clasista fueron caracterizados como “mascaradas rojas”. De acuerdo con ello, el enemigo ajeno a la Nación, el “rojo”, desarrollaba una silenciosa infiltración que se valía de camuflaje para lograr la mayor de las adhesiones posibles. De esa manera, el antifascismo cayó dentro de las “actividades comunistas”. A pesar que ese fenómeno nucleó a una pluralidad de identidades políticas críticas de la URSS, como el anarquismo y el socialismo, la asociación del antifascismo con el comunismo hizo que esa homologación fuera extensiva a cualquier activismo en solidaridad o con la II° República Española o con los Aliados. Lo ajeno de esas luchas a las “problemáticas nacionales” se sumó a la condena y rechazo por el conjunto de los defensores del orden.[4] La formación de Frentes Populares impulsada por la URSS desde 1935 contra el monstruo fascista abonó esa tesis. Si bien en la Argentina esta política no llegó a concretarse, la potencial llegada al gobierno de una coalición similar (y los ejemplos de Francia y de España) generó un temor mucho mayor que el de otras estrategias más intransigentes que el comunismo local sí había desplegado.
Así, a comienzos de los años cuarenta, las numerosas detenciones, allanamientos y prohibiciones que tuvieron por objeto a las múltiples organizaciones antifascistas fueron justificadas por filocomunistas. La solidaridad de clase, el antifascismo, la “política” en el mundo gremial, cuando no representaban al comunismo en sí mismo, eran comprendidos como “vectores comunizantes”. Es decir, la adhesión inicial a cualquiera de esas banderas significaba el camino hacia la comunión con el enemigo rojo.
En ese sentido, el catolicismo y los grupos nacionalistas incorporaron dentro de la preocupación por estos vectores a lo que definieron como “grupos vulnerables”, entre los cuales destacaron las mujeres. Para los años de entreguerras, estas corrientes manifestaban su tolerancia al rol de aquellas como trabajadoras o activistas. En todo caso, las mujeres partícipes de entidades “comunizantes” caían en sus redes o por desesperación o por frivolidad. Los nacionalistas explicaban que la afiliación de las mujeres a gremios dirigidos por las izquierdas era resultado de la miseria que padecían y de la que se aprovechaban estos sindicatos. A su vez, comprendían al activismo de las intelectuales en el antifascismo por “moda” o por “libertinaje sexual”. En uno u otro caso la participación de mujeres en esas esferas era un acto de irracionalidad.
Aún más críticas del activismo femenino, sea de izquierdas o antifascista, fueron las militantes de entidades como la Acción Católica. Frente a la lucha contra la desigualdad de los sexos, enarbolaron la defensa de la mujer trabajadora siempre que sus actividades no se superpusieran con sus tareas de madre y esposa. Las católicas enunciaron que no era necesaria ninguna “vanguardia iluminada” que explicara la subordinación al mandato de la familia o del esposo, ya que eso también significaba una elección realizada por las propias mujeres.
Sospechas que son certezas
Reformistas, revolucionarios, clasistas, antifascistas y feministas. Una diversidad de identidades impugnadas por ser “vectores comunizantes”, es decir, un peligro inminente para aquellos valores-cimientos defendidos por las derechas. Sin embargo, ese orden custodiado también ha ido mutando tanto como las distintas “mascaradas rojas” que fueron denunciadas. Tal como el mundo católico defendió la religión en clave de Antiguo Régimen, liberal-conservadores y otras expresiones alejadas del autoritarismo levantaron los valores democráticos como opuestos a estas desviaciones. De esa manera, ello no sólo colaboró en la definición de actores tradicionalistas o de extremistas, sino además en poner límites claros al juego democrático comprendido como orden constituyente.
La flexibilidad y rigidez del pensamiento del amplio conjunto de las derechas nos permite comprender la constante pretensión de mantener un control. Una permanente vigilancia que alerte ante el más mínimo juicio contra eso que se cree indiscutible, lo que alienta el retorno de viejas asociaciones u homologaciones a pesar de la distancia que separa a procesos, luchas y reivindicaciones desde 1917 hasta el 2020. Ese carácter rígido no excluye que esas clasificaciones sean flexibles y extensivas; así, derechos reproductivos o denunciar el cambio climático se convierten en sinónimos de insurrección social dada la potencial capacidad de transformación que inauguraría la crítica que encierran.
“¿Pero entonces somos chivos expiatorios?”, respondió aquella alumna en el invierno del 2018. No tengo dudas de que no. Para esas ideologías, simplemente, estos “otros” que conformamos siempre estaremos bajo sospecha.
[1] Nos referimos a los informes presentados por el ministro Miguel Culaciati. En “Sesiones Ordinarias”, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 28 de agosto de 1941 y 24 de junio de 1942.
[2] Dos advertencias. Primero, las referencias en este texto al anticomunismo no se circunscriben a una reacción contra el comunismo soviético, aunque este y los PPCC no puedan ser descartados como factores. Segundo, las críticas de los trotskismos y el anarquismo quedan afuera de esta idea de anticomunismo por ser manifestaciones que cuestionan al mundo soviético por obturar procesos revolucionarios.
[3] Casals Araya, Marcelo, La creación de la amenaza roja, Santiago de Chile, LOM, 2016.
[4] No obstante, una minoría de intelectuales católicos, influidos por la figura de Jacques Maritain, participó de acciones antifascistas.
