El expresidente Andrés Manuel López Obrador provocó una ruptura histórica en la relación que tradicionalmente habían fraguado los gobiernos de México con las élites intelectuales. Mientras que los regímenes anteriores buscaban atraer a los intelectuales para utilizar su prestigio social y sus habilidades discursivas a favor de su legitimidad, el de López Obrador rechazó y vilipendió a los intelectuales, lo que contribuyó a su gradual descrédito. El expresidente se valió de esta estrategia para fortalecer la retórica antielitista y para debilitar quienes veía como sus adversarios políticos.
Sin embargo, aún no queda claro cuál será la relación del nuevo régimen —cuyos rasgos se están definiendo pero aún no se consolidan— con los intelectuales. Hasta ahora, la actitud del nuevo gobierno es contradictoria. Por un lado, la presidenta Sheinbaum ha disminuido la intensidad y la frecuencia de los ataques retóricos contra las élites intelectuales y académicas. Además, tanto la presidenta como algunos cuadros de Morena se han acercado a algunos intelectuales (con menos prestigio y una obra de menor envergadura respecto a los pensadores cercanos a regímenes anteriores, pero se trata de un acercamiento importante a fin de cuentas). Por otro lado, sin embargo, los ataques del gobierno federal, el Congreso y el partido en el poder contra la libertad de expresión y la prensa crítica, junto con el bajo presupuesto destinado a la promoción del arte, la cultura y la investigación académica, hacen pensar que, en el mejor de los casos, el régimen no escuchará a los intelectuales críticos y, en el peor, cerrará vías para su participación en la vida pública.
Para entender mejor las continuidades, las rupturas y las novedades de la relación entre el nuevo régimen y los intelectuales, es necesario un recuento histórico de las relaciones entre las élites intelectuales y políticas en México. Pero, primero, ¿qué es un intelectual? Se trata de un término controvertido, entre otras razones porque los propios intelectuales son los encargados de definir el concepto. Para efectos de este ensayo, propongo que entendamos al intelectual como una persona que se dedica al ejercicio del pensamiento crítico para analizar asuntos públicos contemporáneos y delinear posibles soluciones a los problemas sociales desde perspectivas amplias y comprehensivas. Por lo tanto, aunque los intelectuales a menudo poseen un alto reconocimiento académico, deben dirigirse al público en general y no sólo a sus pares. Al dialogar con amplias audiencias, los intelectuales desempeñan un papel crucial en la formación, la disputa o el desmantelamiento de hegemonías o consensos ideológicos y políticos. Así, las funciones principales de los intelectuales son influir en la opinión pública y establecer límites o directrices para las decisiones de los grupos de poder, tales como funcionarios, partidos políticos, élites económicas, votantes, movimientos sociales e incluso otros intelectuales.
Por eso, contrario a quien argumenta que la labor del intelectual es solamente criticar al poder político desde una supuesta imparcialidad, mi posición es que en tiempos modernos la relación entre intelectuales y políticos es casi inevitable. Si el intelectual busca incidir en las acciones y decisiones de los distintos grupos de poder, si el político busca discursos para justificar su influencia en la sociedad, y si ambas figuras pretenden “ganar los corazones y las mentes” de los ciudadanos y construir órdenes sociales que se ajusten a sus visiones ideales de la sociedad y el gobierno, entonces una relación —ya de cooperación, ya de conflicto— entre ambos personajes es ineludible.
Un buen punto de referencia para dimensionar la importancia histórica de los intelectuales en nuestro país (y en toda América Latina) es La ciudad letrada del crítico cultural uruguayo Ángel Rama. En este ensayo ecléctico y lúcido, que se ha convertido en un texto clásico de los estudios latinoamericanos, Rama utiliza la ciudad barroca latinoamericana como una metáfora para describir las sociedades fuertemente estratificadas, elitistas y jerárquicas del periodo colonial. Asimismo, el autor emplea la “ciudad letrada” como una analogía para explicar el desarrollo histórico de las élites intelectuales y sus funciones sociopolíticas en las sociedades de América Latina, desde la colonia hasta finales del siglo XX.
Rama sostiene que históricamente los intelectuales latinoamericanos han desempeñado dos funciones principales: (1) legitimar el orden establecido mediante el poder de la palabra escrita, y (2) moldear las prácticas culturales, las normas morales y las ideologías de las sociedades coloniales y, posteriormente, nacionales. Bajo este prisma, Rama desmenuza los mecanismos con los que los intelectuales participaron en la construcción, el mantenimiento, la configuración, la legitimación e incluso la transformación de los órdenes sociopolíticos en la región.
Sin embargo, de acuerdo con Rama, mientras avanzaba el siglo XIX y, sobre todo, con la entrada del XX, la ciudad letrada fue abriendo gradualmente sus fronteras: no se volvió completamente incluyente, pero sí menos excluyente, puesto que la cultura popular también influía en las obras, preocupaciones e intereses de los intelectuales de élite. Lejos de proponer un análisis lineal sobre cómo los intelectuales legitimaron e impusieron un orden hegemónico en América Latina, Rama plantea una relación dialéctica, en la que los letrados contribuyeron a mantener regímenes sociopolíticos jerárquicos y establecer marcos culturales para unificar a las naciones latinoamericanas, pero también se vieron obligados a aceptar e incorporar los cambios impulsados desde abajo por las clases subalternas en términos culturales, políticos y artísticos.
En resumen, la obra de Rama ayuda a dimensionar la enorme importancia histórica de los intelectuales en América Latina y México. Éstos fueron especialmente relevantes en la construcción de la nación mexicana, como comunidad imaginada, y también lo fueron para delinear, promover y legitimar los proyectos políticos de las distintas facciones liberales y conservadoras del siglo XIX. De ahí que hasta el día de hoy recordemos nombres como los de José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías o Lucas Alamán, por citar tan sólo algunos nombres insignes.
Al contrario de lo que ocurre en nuestros tiempos, en el siglo XIX era muy difícil separar a los políticos de los intelectuales, pues en esa época los hombres (tristemente, no las mujeres) de letras también eran diputados, senadores, funcionarios públicos, secretarios de Estado o hasta presidentes. Por eso, hoy recordamos a intelectuales/políticos, como Ignacio Ramírez “el Nigromante”, Ponciano Arriaga, José María Iglesias o hasta los propios Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, como los próceres del liberalismo y el republicanismo. Sin embargo, para los efectos de este ensayo, lo importante es destacar que los intelectuales desempeñaron un papel crucial para la consolidación de México como Estado, como nación y como república.
Incluso, en la dictadura de Porfirio Díaz, recordada por sus ataques contra la libertad de expresión, su férreo control político y su represión de la disidencia, el régimen fue cercano a varios intelectuales, quienes diseñaron discursos para justificar ante distintos sectores sociales el proyecto político de “orden y progreso”. Además, diversos intelectuales fungieron como ideólogos del porfirismo, como consejeros del dictador o hasta como ministros de Estado. Aquí encontramos a Justo Sierra, Gabino Barreda, Emilio Rabasa y Francisco Bulnes, por mencionar sólo algunos casos notables.
Ya entrado el siglo XX, con mayores niveles de alfabetización, mayor especialización de las profesiones en el mundo, una esfera pública más compleja, medios de comunicación masivos y la consolidación de sistemas políticos multipartidistas en varios países del mundo, emergió la figura del intelectual que conocemos hoy en día, junto con una división más clara —que no infranqueable— entre los intelectuales y los políticos. El famoso caso Dreyfus fue clave para el surgimiento del intelectual moderno, una criatura típica del siglo XX. El affaire Dreyfus fue un escándalo político y judicial en Francia entre 1894 y 1906. Ocurrió cuando el capitán Alfred Dreyfus, de origen judío, fue falsamente acusado de traición. Aunque Dreyfus era inocente y fue víctima de antisemitismo, el ejército francés encubrió las pruebas para proteger su imagen, lo que desató una intensa batalla pública entre sectores conservadores y quienes defendían la verdad y la justicia. La intervención del escritor Émile Zola, con su famoso artículo “J’accuse”, fue fundamental para el surgimiento del intelectual moderno como figura pública comprometida con causas políticas y morales, y como actor capaz de criticar, condicionar y orientar la actuación de las autoridades gubernamentales desde fuera del gobierno.
En México, todos estos cambios coincidieron con la Revolución. La compleja relación entre las distintas facciones revolucionarias con diversos grupos intelectuales escapa a los alcances de este ensayo, pero es importante destacar que la participación de intelectuales de distinto signo fue crucial para la redacción de la Constitución de 1917, la cual fue una gran innovación mexicana en el siglo XX, al ser una de las primeras en incorporar los derechos sociales y laborales. Además, después de la fase de violencia armada, los presidentes Obregón y Calles fueron tejiendo vínculos con diversos intelectuales a fin de legitimar y dotar de contenido programático e ideológico al naciente régimen posrevolucionario. José Vasconcelos, de triste final, es el intelectual típico de este momento histórico.
Interesa más, para los objetivos de este texto, entender la compleja relación entre el partido en el poder, el Estado mexicano y los intelectuales en épocas del PRI clásico. En su estudio seminal sobre la relación entre los intelectuales y el Estado durante el régimen posrevolucionario, Roderic A. Camp sostiene que no se trató ni de una relación de cooptación total ni de oposición completa: por un lado, el Estado financiaba instituciones educativas y proyectos culturales colaborando con intelectuales, quienes terminaron ocupando cargos en esas mismas instituciones; por otro lado, los intelectuales criticaban con frecuencia al régimen y buscaban influir en la toma de decisiones gubernamentales, pero trabajaban con recursos estatales e incluso participaban en proyectos del gobierno, lo que incentivaba la autocensura o a la moderación de sus críticas (por ejemplo, rara vez cuestionaban directamente al presidente). En resumen, el Estado posrevolucionario utilizaba a los intelectuales como fuente de legitimidad, mientras que los intelectuales aprovechaban sus vínculos con miembros del partido oficial para influir en la vida pública, las instituciones culturales y las decisiones gubernamentales.
Además, los intelectuales contribuyeron a construir, sostener y dinamizar el nacionalismo revolucionario —la difusa ideología del PRI— que hay que entender más como un marco discursivo y cultural bajo el cual se discutía y disputaba la vida pública que como una doctrina rígida e inamovible. El nacionalismo revolucionario era útil para imponer los objetivos, los códigos morales y el proyecto político del régimen posrevolucionario, pero al mismo tiempo les servía a distintos grupos para resistirse, modificar o negociar las metas del Estado. Por una parte, el Estado se valía del discurso del nacionalismo revolucionario para imponer su proyecto desarrollista sobre la población y para incorporar a diversos sectores sociales a la coalición gobernante y sus bases de apoyo. Por otra parte, distintos grupos, como campesinos, estudiantes, sindicatos y hasta empresarios, se apropiaban de los conceptos asociados al nacionalismo revolucionario (como reparto agrario, desarrollo nacional, Revolución mexicana y otros términos) a fin de resignificarlos y empujar sus propias demandas en la esfera pública. Como articuladores de discursos, propuestas políticas y demandas sociales, los intelectuales desempeñaban un papel fundamental en este proceso de imposición, contestación y negociación.
Una función adicional de los intelectuales en el régimen posrevolucionario era definir qué objetivos gubernamentales y políticas públicas encajaban con la Revolución mexicana, y cuáles decisiones de gobierno podrían poner en riesgo la gobernabilidad o la delicada pero favorable posición de México en el orden internacional de Guerra Fría. Desde diversas posiciones del espectro político, los intelectuales opinaban sobre las decisiones del gobierno en turno: si concordaban, las posicionaban como muestras del carácter revolucionario y nacionalista del gobierno (ahí tenemos a Emilio Uranga como ideólogo e intérprete del PRI); si las criticaban, lo hacían por ser contrarias al espíritu de la Revolución (aquí tenemos a Cosío Villegas sentenciando: “Todos los hombres de la Revolución Mexicana, sin exceptuar a ninguno, han resultado inferiores a las exigencias de ella”). Por eso, el régimen se esforzaba por tener cerca de sí a diversos intelectuales (incluso como funcionarios públicos o consejeros no oficiales de miembros prominentes del partido), a fin de que legitimaran sus políticas, al caracterizarlas como congruentes con el nacionalismo revolucionario y con el legado de la Revolución.
En la década de 1970, la estrecha relación del régimen posrevolucionario con los intelectuales se fue resquebrajando gradualmente. No fue que el régimen perdió la cercanía y el apoyo de los intelectuales de golpe, sino que un número creciente de intelectuales empezó a ser más crítico del sistema de partido hegemónico. Diversos cambios en el marco legal, el ambiente político y la esfera pública se conjuntaron para permitir un mayor margen de crítica y un reajuste en la relación entre los intelectuales y el PRI.
El movimiento estudiantil de 1968 causó un sismo en el campo intelectual. Pese a que el Estado había reprimido a numerosos movimientos sociales anteriormente, que en 1968 las víctimas de la represión fueran estudiantes universitarios (más cercanos a la experiencia y el círculo social de los propios intelectuales) incentivó a que muchos intelectuales públicos de primer nivel denunciaran al régimen (uno de los casos más famosos, y polémicos, es el de Octavio Paz). Además, muchos miembros activos o personas que vivieron de cerca el movimiento estudiantil se incorporaron a las filas del periodismo, el ensayo político y distintos círculos culturales en los años setenta con una perspectiva crítica y poco afín al régimen, como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis.
Más aún, la llegada de Luis Echeverría al poder con una retórica de “apertura política” fomentó una prensa y una labor intelectual más críticas. Si bien varios intelectuales permanecieron cercanos al echeverrismo, muchos otros adquirieron una actitud más contestataria y fueron rompiendo reglas no escritas. Diversos intelectuales que emergieron en las décadas de 1970 y 1980, a quienes he entrevistado para una investigación académica en curso, me han dicho que leer El sistema político mexicano y El estilo personal de gobernar de Daniel Cosío Villegas los estremeció, ya que en estos libros el historiador criticaba directamente a Luis Echeverría, con lo que los propios intelectuales jóvenes se motivaron para seguir su ejemplo. Lo mismo me han comentado los intelectuales jóvenes de aquella época sobre obras como La democracia en México de Pablo González Casanova y varios textos de Arnaldo Córdova, que les sirvieron como ejemplo para ejercer una labor intelectual más crítica y confrontativa con el poder político, aunque sin perder los vínculos financieros y de diálogo con la clase política.
En otras palabras, en los años setenta, el régimen relajó —mas no abolió— sus medidas de censura y represión a la prensa y la labor intelectual, mientras que los periodistas y los intelectuales redujeron su autocensura. Este proceso se aceleró con la reforma política de 1977, que dio mayores facilidades y garantías para la participación electoral de la oposición. Además, en las décadas finales del siglo XX se fundaron varios medios críticos, como Proceso, Unomásuno, La Jornada y Reforma, así como dos revistas particularmente importantes para la vida intelectual contemporánea de México: Vuelta y Nexos, las cuales priorizaron una dinámica de pluralismo en el debate público y fueron impulsoras importantes de la transición democrática.
En todo este proceso, pese a una mayor independencia y una actitud más crítica, los intelectuales mantuvieron lazos con el gobierno y el partido en el poder. Esos vínculos fueron cruciales para orientar (primero) y legitimar (después) la reforma política de 1977 y los posteriores cambios legislativos para facilitar la participación de los partidos de oposición e ir construyendo, poco a poco, un sistema electoral más robusto y creíble. Asimismo, esta relación fue clave para condenar la violencia armada y la lucha revolucionaria de las guerrillas y las izquierdas más radicales, al tiempo de enaltecer el reformismo, el gradualismo y la participación en el sistema de partidos como única vía legítima para buscar el cambio político en México. De este modo, mientras el régimen posrevolucionario intensificaba su represión contra guerrillas y movimientos campesinos, relajaba la censura contra los intelectuales favorables al gradualismo y promovía la participación política legal de las oposiciones partidistas.
La controversial elección de 1988, en la cual el PRI vio amenazado su dominio político y tuvo que recurrir a artimañas electorales para conservar el poder, marcó un parteaguas en la relación entre los intelectuales y el poder político. Durante las elecciones, diversos intelectuales apoyaron al Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas y algunos más al PAN de Manuel Clouthier. Sin embargo, una vez que se consolidó el fraude electoral, la mayoría de intelectuales optó por reconocer el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, a fin de no atizar un conflicto político que —argumentaban— alcanzaría dimensiones incontrolables. Asimismo, buscaban propiciar condiciones de negociación para seguir transitando lentamente hacia la democracia electoral.
A partir de este momento, un número importante de intelectuales legitimó las reformas económicas y el proyecto político de Salinas, a quien veían como un modernizador. Sin embargo, al mismo tiempo, desde la esfera pública y en diálogos privados con funcionarios de alto rango, miembros del PRI y líderes de otros partidos, los intelectuales promovieron las reformas políticas para construir un sistema electoral más justo y transparente. Además, Salinas puso en marcha una política de acercamiento a los intelectuales, quienes fueron altamente influyentes en su política educativa y cultural, así como en la inserción de México en los circuitos globales de comercio e inversión.
Así, pese a una relación tensa y, por momentos, contradictoria, el salinismo y los intelectuales construyeron vínculos estrechos, que fueron fundamentales para producir un “giro neoliberal a la mexicana”, para impulsar el proyecto de integración comercial con América del Norte y para avanzar lentamente en la transición democrática. La larga polémica de Jorge G. Castañeda con los negociadores del TLCAN es un ejemplo ilustrativo de esta peculiar relación. A un solo tiempo, Castañeda sostenía un diálogo constante y una relación cercana con los funcionarios del salinismo; criticaba su manera de negociar el TLCAN (sobre todo, que no incluyeran cláusulas migratorias y democráticas); aplaudía la mayor apertura e integración de México al mundo; y presionaba para que las reformas económicas se acompañaran de mayor apertura política y elecciones legítimas.
De una manera inesperada, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 reafirmó los lazos entre los intelectuales y la clase política. La mayor parte de los intelectuales con espacios nacionales (salvo los más comprometidos con la izquierda) condenó la violencia armada como vía para el cambio político y ratificó que el gradualismo y el compromiso con los valores liberales constituían el camino deseable para construir una democracia electoral y un sistema político plural en México. Con ello, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se fortaleció el consenso en torno a la transición democrática, y los líderes políticos de todos los partidos estrecharon vínculos con distintos sectores de las élites intelectuales, quienes a su vez promovían con cada vez más fuerza la narrativa de la democratización y la idea de las elecciones limpias como la clave para el cambio de régimen en México.
Una vez alineados en torno a un mismo proyecto político, desde sus respectivas trincheras, los intelectuales mantuvieron un diálogo constante con miembros de todos los partidos, brindaron ideas para las reformas que aseguraron la independencia de la autoridad electoral, y validaron estas reformas una vez aprobadas. Asimismo, reclamaron legalidad en cada contienda electoral y aplaudieron cada victoria de la oposición. Rumbo a las elecciones del 2000, promovieron la idea de “sacar al PRI de Los Pinos” como punto culminante de la transición. Enrique Krauze es uno de los intelectuales representativos de esta época: desde Televisa, la editorial Clío y Letras Libres, promovió un relato histórico que, natural e inevitablemente, culminaría en la construcción de una democracia liberal en México y, pese a que criticaba las acciones gubernamentales que —a sus ojos— alejaban a México de ese camino, también celebraba las decisiones políticas que acercaban al país a esa ruta. Al mismo tiempo, diversos miembros de la clase política lo leían y escuchaban con atención, e incluso mantenían relaciones de diálogo e interlocución con él y con varios miembros de su círculo. Otros intelectuales, como el propio Jorge G. Castañeda, Mariclaire Acosta o José Woldenberg, que ocuparon cargos públicos en las instituciones de la transición, también son ejemplificativos de este momento histórico.
Si tuviera que resumir el papel de los intelectuales entre 2000 y 2018, diría que muchos de ellos se asumieron como guardianes del régimen emanado de la transición democrática. Criticaban las decisiones políticas que se desviaban del proyecto de construir una democracia liberal y un sistema de frenos y contrapesos en México y celebraban las acciones que encajaban en ese programa político. Además, dotaban a las élites políticas de ideas para seguir avanzando en la construcción de su república ideal: una república utópica marcada por la división de poderes, mayores niveles de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, una economía más abierta y globalizada, una sociedad meritocrática con posibilidades de ascenso social mediante el trabajo y el emprendimiento, así como un Estado de derecho robusto pero no interventor en la economía. Al mismo tiempo, eran enérgicos al cuestionar las decisiones políticas que —a su parecer— alejaban a México de estos ideales.
En estos años, los intelectuales siguieron gozando de gran prestigio social, en parte construido por la importancia y el estatus que las élites políticas les conferían. Sin embargo, en México y en el mundo, la figura del intelectual fue perdiendo peso, al tiempo que el personaje del especialista ganó fuerza. Aunque los intelectuales mantuvieron una influencia importante en la esfera pública y en los círculos políticos, los expertos en determinadas disciplinas (economía, educación, salud pública, seguridad, etc.) ganaron espacios en medios de comunicación y en puestos de incidencia sobre las “políticas públicas”.
Con todo, pese a su gradual declive en términos de importancia y prestigio, al posicionarse como guardianes del proyecto de la transición democrática, los intelectuales siguieron gozando de una buena relación con las élites políticas. Además, el Estado mexicano continuó financiando múltiples proyectos promovidos o propuestos por los intelectuales, mediante becas, premios, fideicomisos, publicidad gubernamental en medios y el apoyo a universidades y centros públicos de investigación.
En 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, las cosas cambiaron gradualmente. Al igual que la mayoría de líderes populistas con una visión plebeya sobre la democracia, AMLO redujo de forma importante el papel de los intelectuales para construir y mantener la legitimidad de su gobierno. Algunos intelectuales (como Jorge Volpi, Armando Bartra, Enrique Dussel y varios más) fueron importantes para impulsar su camino hacia el poder y para validar sus decisiones durante el arranque de su gobierno. Y otros más incluso ocuparon cargos públicos relevantes, como Gerardo Esquivel, Andrés Lajous y Paco Ignacio Taibo II.
Sin embargo, mientras fue avanzando su sexenio, como parte de su retórica antielitista y de su discurso en contra de las instituciones construidas durante la transición democrática, López Obrador optó por criticar y ridiculizar a los intelectuales, ya sea por su supuesta falta de conocimiento de las necesidades del pueblo, por formar parte la “oligarquía rapaz” o por presuntamente beneficiarse de la corrupción. Asimismo, el expresidente no se cansó de criticar constantemente a los nichos por excelencia de los intelectuales: universidades, medios de comunicación y proyectos emanados de las becas del Estado.
El discurso antiintelectual se complementó con acciones de gobierno, como los recortes presupuestarios a las becas, los fideicomisos, los centros públicos de investigación y la Secretaría de Cultura. El financiamiento público a medios también se redujo significativamente. Además, el gobierno optó por la promoción de la “cultura popular” por encima de proyectos culturales más elitistas o eruditos. Más importante aún: el gobierno federal y Morena dejaron de considerar a la mayoría de los intelectuales como interlocutores válidos. Dejaron de prestar atención a sus críticas y comentarios para orientar sus decisiones políticas. Lejos de cooptarlos o cortejarlos para que formaran parte de la coalición gobernante, los catalogaron como parte de la oposición, una oposición indeseable y corrupta, cuyo propósito principal era —desde esos ojos— descarrilar el proyecto histórico de la “cuarta transformación”.
Por otra parte, ante la abierta intolerancia a la crítica mostrada por López Obrador, la mayor parte de los intelectuales que lo apoyaron antes de su gobierno y lo continuaron respaldando durante la presidencia optó por renunciar a su vocación crítica y convertirse más en repetidores del discurso oficial que en orientadores de la toma de decisiones o moldeadores de la agenda política. No hay nada de malo en ser un intelectual militante o comprometido. De hecho, la labor de esta clase de intelectuales es útil para dotar a los partidos políticos de contenido ideológico, discursivo y programático, y para verificar que los líderes políticos sean fieles a los principios y las banderas que dicen defender. No obstante, durante el gobierno de AMLO, muchos intelectuales cercanos a Morena no actuaron como guardianes y orientadores del proyecto político con el que López Obrador llegó al poder. Más bien, justificaron las desviaciones de dicho proyecto político, tal como ocurrió cuando el expresidente toleró y justificó las corruptelas de los miembros de su entorno cercano (Manuel Bartlett, Ignacio Ovalle, Rocío Nahle y un largo etcétera) o cuando AMLO decidió ceder ante todas las exigencias de Trump e incluso trabar amistad con él.
AMLO, sin embargo, no necesitaba a los intelectuales del establishment para mantener la legitimidad de su proyecto político, y tampoco los necesitó para avanzar en la construcción de una nueva hegemonía. Su liderazgo carismático, los ataques contra sus críticos, su olfato político, su talento para controlar la agenda pública y su habilidad para construir estructuras territoriales bastaron y sobraron para preservar la legitimidad de su proyecto político y para establecer, palmo a palmo, un nuevo discurso hegemónico en México. En suma, López Obrador ganaba más denostando a los intelectuales y metiéndolos en el mismo cajón ignominioso en el que estaban el resto de sus “adversarios” que subiéndolos al carro de la “cuarta transformación”.
Así, durante el sexenio obradorista, la relación entre los intelectuales y el poder político osciló entre la complicidad de unos y la animadversión hacia otros. No obstante, durante el inicio de gobierno de la presidenta Sheinbaum, algunos intelectuales comprometidos con Morena están recuperando, lenta y gradualmente, su vocación crítica e imaginativa. Pese a ser empáticos (y por momentos complacientes) con el proyecto político de Sheinbaum, también emiten críticas contra ciertos cuadros de la coalición morenista y recomendaciones sobre cómo deberían actuar los altos cargos del gobierno y el partido. Esta tendencia ha sido clara en los controversiales casos de Adán Augusto López, cuyo secretario de Seguridad en Tabasco ha sido acusado de vínculos con el crimen organizado, y de varios cuadros morenistas que han viajado con lujos que contradicen la retórica de austeridad republicana, como Andy López Beltrán, Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña. Intelectuales cercanos al partido han denunciado los viajes lujosos y el probable involucramiento de Adán Augusto con el grupo criminal La Barredora, y han exhortado a la presidenta a defenestrar a estos cuadros de Morena.
Hay otra diferencia crucial: mientras que AMLO no necesitaba a los intelectuales para cimentar la legitimidad de su proyecto político y construir su discurso hegemónico, a Sheinbaum y al partido en el poder sí les vendría bien contar con la cercanía de más voces y plumas inteligentes. Esto es así por dos motivos principales. En primer lugar, si a Morena le interesa la consolidación de un discurso hegemónico que sirva como marco para discutir, entender y disputar la vida pública (como ocurría con el nacionalismo revolucionario), entonces más le valdría rodearse de intelectuales que contribuyan a dotar de consistencia ideológica y programática al “humanismo mexicano”. En segundo lugar, ante la debilidad de la oposición, son necesarias la crítica y las propuestas de intelectuales afines al morenismo que sean capaces de establecer directrices y límites morales, ideológicos y políticos al ejercicio del poder. Sin ningún tipo de deliberación interna y exposición al escrutinio, cualquier movimiento político se vuelve ciego ante sus errores, se oxida y pierde vigor.
Sin embargo, la mayoría de críticas, propuestas y directrices de los intelectuales comprometidos con Morena aún son tímidas, y no es claro que la presidenta y el partido los observen como interlocutores relevantes, que los consideren para la toma de decisiones y que los escuchen con atención. Además, luego de un sexenio de campañas de desprestigio contra los intelectuales críticos y de sumisión de la mayoría de intelectuales militantes, es difícil que el campo de la imaginación política y el debate público recobre los bríos que alguna vez tuvo. La discusión pública parece ir subiendo de nivel en este arranque de gobierno, pero a la vez se observan signos preocupantes de censura contra la crítica, mientras que la retórica oficialista sigue promoviendo la “unidad del movimiento” ante todo.
Por si fuera poco, la mayoría de intelectuales cercanos a Morena aún carece de la estatura que tenían los intelectuales que históricamente moldearon o influyeron en la toma de decisiones de los gobiernos mexicanos. Mientras tanto, las oposiciones partidistas siguen empantanadas, sin saber cómo contrarrestar el discurso oficial y construir bases sociales para ir reposicionándose poco a poco; y los intelectuales cercanos a estos partidos —como los partidos mismos— parecen seguir estancados con los viejos discursos de la transición democrática. Como sea, pese a las alarmantes actitudes de censura e intolerancia ante la crítica, es una buena noticia que la esfera pública se esté revitalizando. En medios de comunicación, programas de opinión, la prensa escrita y hasta en libros y revistas, los debates sobre la vida pública, sobre el rumbo que lleva el país en este cambio de régimen y sobre los horizontes de futuro para México se están tornando más interesantes, profundos, y vibrantes.
En este momento de cambio de régimen, los intelectuales comprometidos tienen la inusual oportunidad de incidir en la consolidación de este nuevo régimen, es decir, en sus normas, prácticas, límites e instituciones. Al mismo tiempo, los intelectuales críticos tienen la oportunidad de denunciar los rasgos indeseables del nuevo régimen, proponer ideas para contener, modificar o matizar los cambios políticos en ciernes y dotar de herramientas discursivas a sectores opositores de la sociedad civil y la clase política. Sin embargo, para ello, es necesario que tanto unos como otros desempolven su habilidad política y busquen caminos para incidir en las decisiones de los líderes de todos los partidos. También es menester que se tomen en serio su responsabilidad pública, como orientadores, guardianes e ideólogos de distintos proyectos políticos, y se dediquen a pensar en los grandes temas de nuestra época, trascendiendo los análisis coyunturales y superficiales.
En este nuevo régimen, México sigue necesitando a sus intelectuales y éstos, por su parte, deben estar a la altura de este momento histórico.
Jacques Coste es analista político, historiador y autor de Derechos humanos y política en México (Tirant lo Blanch e Instituto Mora, 2022). Cursa un doctorado en historia en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, en donde estudia la transición mexicana a la democracia.
