La autocrítica y la reforma para los autónomos son impostergables. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, ganó las elecciones de forma arrasadora. De acuerdo con los cómputos distritales, tiene cerca del 60% de los votos de la ciudadanía. Bajo este escenario, tendremos a la primer Presidenta de nuestra historia con un amplio margen de respaldo social.
La composición de las Cámaras está aún por definirse, pero según las estimaciones del Instituto Nacional Electoral, la coalición del partido MORENA y sus aliados apunta a que estarán cerca de conseguir la mayoría calificada en el Congreso.
Ante este escenario, es de suyo conocido que la coalición gobernante ha apostado por la instrumentación de un llamado Plan C, incluso , el líder actual de la Cámara de Diputados, apuesta por su materialización en septiembre del presente año.1 Dentro de dicho paquete de reformas, se encuentra el proyecto para finiquitar, entre otras instituciones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, en lo sucesivo).2
Ante este largo paréntesis introductorio, la narrativa en torno a la relevancia de las instituciones contramayoritarias pareciera no responder ante las demandas actuales del electorado. Ciertamente, los balances de poder se han reconfigurado, al punto que se apuesta a una presidencia fuerte, respaldada por un congreso afín al gobierno.
El INAI, por lo tanto, es una institución que tendrá que responder ante esta nueva realidad. Es necesario hacer énfasis sobre la importancia toral de esta institución para garantizar tanto el acceso a la información como la protección de datos personales. Con todo, es cierto que es necesario formular una autocrítica a estas instituciones en para dotarles de mayor legitimidad y flexibilidad adaptativa ante el contexto actual. Esta demanda pareciera ser avasalladora en todo el Estado Mexicano y el INAI no puede ser omiso ante el contexto actual.
En poco ayuda la narrativa sobre que estas organizaciones son intocables, sino que deben reformarse acorde a las necesidades sociales sin que esto merme su capacidad para garantizar derechos humanos. Abonar al discurso del status quo equivale a legitimar a las críticas esgrimidas en contra de estas autonomías sin pasar por el tamiz de la autocrítica y la propia rendición de cuentas.
En este sentido, el discurso del régimen oficialista hace sentido porque, entre otras cosas, explota la falta de autocrítica del poder judicial y los órganos autónomos. Muchos de ellos se han atrincherado en su presunta intocabilidad para escapar del escrutinio público.
Por otra parte, es también conocido la parálisis legislativa que ha consumado una obstrucción a las funciones operativas del organismo garante. Su Pleno carece de las 7 personas comisionadas necesarias para su funcionamiento regular y perderá a una integrante más el año siguiente. Por ello, tendrá únicamente 3 integrantes en el año 2025.
Una de las críticas frecuentes del titular del ejecutivo federal radica en apuntar contra el esquema de privilegios de los organismos autónomos y su (presunta) falta de resultados ante casos de corrupción.
En ese contexto —que, en un escenario deseable, debería ser construido mediante el diálogo entre autoridades y los nuevos poderes — se considera necesario reflexionar hacia dónde va el INAI y el resto de organismos locales en cada una de las entidades federativas (OGL) que integran al Sistema.
A manera de puntos de fuga para reconsiderar el rol del INAI y OGL:
• Sobre los privilegios y las burocracias. Toda estructura burocrática tiende a ensancharse, haciéndose de más atribuciones para justificar el aumento de su presupuesto.
En esa medida, más allá de lo dispuesto en el artículo 6 de la CPEUM, no se advierte que exista alguna justificación técnica o bien, emanado del razonamiento del legislador, que justifique la existencia de 7 personas comisionadas como el número mas adecuado para garantizar imparcialidad. Si la idea radica en un arreglo impar, 3 integrantes son el mínimo indispensable y replicable a nivel federal y en los estados.
• Por cuanto hace a la estructura burocrática, habría que ponderar qué áreas tienen funciones duplicadas o que, en su defecto, pueden ser absorbidas, ya que si bien algunas de ellas nacieron de una contingencia; podría valorarse si tal arreglo obedece o no a la realidad actual o bien, excede de los dos derechos que son el mandato constitucional del Instituto. Este análisis resulta indispensable para garantizar flexibilidad y menores cargas al erario público.
• En lo relativo al plano de las relaciones internacionales y las comisiones que emanan de ello, habría que replantear lo relativo a la coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tendiente a disminuir costos a través de consulados y embajadas; sin que por esta nueva configuración, se quite de foco el rol de proyección al exterior de ambos derechos.
• Por lo que hace las burocracias y perfiles, los OGL e INAI deben tomar en serio el asumir un rol activo en la profesionalización de su capital humano. Esto permitirá no solo tener determinaciones con solvencia técnica, sino además crear cuadros directivos que respondan a objetivos institucionales en vez de alinearse a la supeditación exclusiva a conocidos o cuadros que exigen lealtad personal; este razonamiento se evidencia a través de las actas del INAI en los cuales, de forma reiterada, se realizan designaciones de forma excepcional al servicio profesional de carrera sin pasar por los concursos de dicho sistema.
• Poblaciones vulnerables y el rol social del INAI. Sobre esta vertiente, hasta el año 2019, solo el 46.2% de la población tenía conocimiento sobre la existencia del INAI y 1.5% sobre un OGL (INEGI, 2019). En esa medida, resulta evidente el desconocimiento de estas instituciones entre la población mexicana.
Es por lo anterior, que, para efectos de construir una política de transparencia, se deben tomar como criterios prioritarios las poblaciones con menos de 15 mil habitantes y de bajos recursos para acudir a centros de personas en reclusión o en su caso, con las personas adultas mayores, para efectos de abatir las brechas de recursos e infraestructura que no permiten que las personas hagan efectivos sus derechos.
Lo anterior, no colisiona con tener conversatorios sobre temas de punta, como es el tratamiento de datos personales por inteligencias artificiales; sino que es el ejercicio de colocar a esos paneles al mismo nivel que los servicios a nivel de calle, puerta por puerta. Si el derecho de acceso no llega, es porque no se ha hecho promoción entre todos los sectores de la ciudadanía. La profundización de los bienes públicos no solo puede ceñirse a las personas más informadas o con mayores recursos, sino que la prioridad debe estar en los sectores que carecen de recursos técnicos o medios para ejercer sus derechos.
Con todo, esta crítica nace de una premisa esencial: que los organismos constitucionalmente autónomos no son perfectos, mas son necesarios para garantizar los derechos que cada uno de ellos tutela. En el caso del INAI y sus pares en las entidades federativas, el mejor arreglo jurídico, hasta ahora, parte de un instituto autónomo que permita ejercer el acceso a la información y garantizar la protección de datos entre todos los poderes federales y a través de entidades federativas y municipios.
En este justo medio, las autonomías no deben quedar estancadas en el discurso de la época de la transición, pues en esta coyuntura parecieran rebasados los supuestos del pasado que les asignaba un rol crucial para garantizar determinados derechos, sino que deben de ser sensibles a la crítica de autoridades y sociedad civil para que, a través de este ajuste, puedan reconfigurarse y con ello, seguir siendo garantes de estos derechos para la sociedad.
Gabriel Espinoza Ibarra
Maestro en derecho de acceso a la información y politólogo por la UNAM.
