En un ensayo que no tiene desperdicio, Pierre Bourdieu1 analiza el quehacer jurídico desde su teoría de los campos. Un campo es un espacio social en donde las personas que lo conforman se disputan definiciones e ideas a partir de posiciones, reglas y tensiones. Por ende, los campos son diferenciados de otros y, en consecuencia, reconocibles interna y externamente.
Uno de estos campos es el del derecho (al que también podemos llamar indistintamente como campo jurídico) en donde se encuentran las personas profesionales del derecho, que se disputan la definición sobre lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal. Asimismo, hay una serie de reglas y posiciones que definen la importancia de las personas que actúan dentro del campo, al igual que las prácticas, las formas de habla y lo que en general se considera legítimo y necesario para pertenecer a ese espacio.
Precisamente, es dentro del campo jurídico en donde se construyen las ideas sobre qué es el derecho y cuál es su función. Y es allí mismo donde se legitiman a través de cátedras, revistas especializadas y el sistema de recompensas. Una de las ideas más fuertes y que encausan el quehacer de la mayoría de las personas profesionales del derecho, es su relación con la política, que no sólo aparece como una esfera distinta (otro campo) sino como algo que, si se atraviesa en el camino, necesariamente contamina al derecho.
Y aunque académicamente pueda ser cierto, como argumentaré más adelante, el contenido de la norma, así como las resoluciones judiciales siempre tienen un contenido político, al ser el derecho un producto social, menos que un sistema independiente de reglas surgidas o de la razón o del propio sistema jurídico.
Al exterior, por otro lado, no necesariamente se le presta atención al campo; es decir a las interacciones entre las personas profesionales del derecho. Lo que hay es más bien una imagen algo caricaturizada, aunque no por ello necesariamente errónea de la función del derecho y en particular, de las personas abogadas y personal jurisdiccional. El derecho aparece como un laberinto ad hoc para que sólo algunas personas salgan beneficiadas.
Aunque cualquier proyecto político tiene una agenda de reformas legislativas y más o menos una expectativa de qué significa la ley, su cumplimiento y cómo garantizarlo, la llegada de López Obrador a la presidencia de la República puso el acento en el contenido político del derecho, yendo incluso más allá de las normas. En resumen, según esta representación, todo el sistema jurídico es político. Así el sistema actual forma parte del proyecto político que él define como neoliberal.
Por lo tanto, según su programa de gobierno, sentar las bases de un sistema no neoliberal, pasa por modificar las normas y la estructura que las hace posible, instituciones, personal y sistema de nombramientos.
El problema es la ignorancia profunda del funcionamiento interno del campo del derecho. Es probable que sí exista una manera neoliberal de entender las relaciones jurídicas, los estudios de Lefebvre, Harvey o para el derecho laboral Macías2, muestran que efectivamente, tanto la legislación como las resoluciones judiciales. Pero si se buscara modificar la manera de hacer y pensar el derecho, la tarea sería mucho más académica. No es el caso. Porque no es la intención buscar una nueva manera de entender la función del derecho ni de resolver las controversias; el acento no se ha puesto en fortalecer la labor judicial y mejorar el acceso a las defensorías públicas, sino en cuestionar las decisiones de las personas juzgadoras a partir de la falta de legitimación popular, como si eso robusteciera por sí solo el contenido de las sentencias.
Ahora bien, el derecho no tiene una realidad material. Por el contrario, es un conjunto de ideas más o menos coherentes y ordenadas en forma de enunciados, sean legislativos o judiciales, que materializan expectativas, representaciones sobre las relaciones sociales deseadas y deseables.
En otras palabras, dan forma al poder y a su ejercicio. En el derecho y su contenido hay relaciones de poder, maneras de ejercerlo y órdenes sociales. Es una convención, nunca estática, sobre cómo queremos que sean las relaciones sociales en cualquier nivel.
El Gobierno actual ha encontrado en la crítica al poder judicial un elemento de lucha electoral. A sabiendas o no, expone la tarea del poder judicial como si fuera uno solo, un solo ente, sin distinciones territoriales y competenciales.
De la mano con lo anterior, ha intentado reformas legislativas sin reparar en que los procedimientos le dan el carácter democrático al contenido formal de la norma. Es a través de éstos que se discute, delibera y ponen en tensión los proyectos políticos que cristalizan en la norma; no son un mero trámite prescindible.
Las resoluciones judiciales, que lo mismo detectan fallas en las carpetas de investigación o declaran inconstitucional una reforma legal (como la electoral) sirven al gobierno para deslegitimar la labor jurisdiccional y colocar a los jueces del lado del régimen anterior. Como consecuencia, cuestionan cómo es posible que una persona juzgadora que no fue electa puede decidir que una norma proveniente de un órgano legitimado popularmente no es congruente con la Constitución.
Son equívocos graves. Se trata de una concepción extremadamente estrecha tanto de la labor jurisdiccional como de la legitimidad de las decisiones que sirve para una agenda electoral. Ya está, incluso, en la discusión pública.
De llegar a la presidencia, desconozco si Claudia Sheinbaum está dispuesta a seguir por ese camino de confrontación y deslegitimación pública. Yo pensaría que no tiene la fuerza política para hacerlo, pero nunca podemos estar seguros.
En cuanto a la candidata opositora, no parecería haber una idea muy clara de qué hacer en el campo jurídico. No tiene gran idea del derecho en la política ni se parece que tenga un proyecto para lograr algo más de lo que tenemos.
La visión de la derecha empresarial sí es muy clara: las leyes sirven para legitimar un orden de cosas, vulnerar derechos laborales, establecer regímenes fiscales que debilitan las finanzas públicas y normativa ambiental extractiva.
En lo que toca al derecho, con todas sus implicaciones: leyes, decisiones judiciales, aplicación de la norma y legitimidad judicial, en la elección nos jugamos lo malo contra lo peor. Lo difícil es saber cuál es cuál.
Alonso Vázquez Moyers (@alonsomoyers) es doctor en Investigación en Ciencias Sociales por Flacsco-México
- Bourdieu, P. y Teubner (2000) La fuerza del derecho, Ediciones Uniandes ↩︎
- Harvey, D. (2005) Breve historia del neoliberalismo, Akal; Macías, M. (2006) “Neoliberalismo y relaciones de trabajo” en Kurzcyn y Puig (coordinadores) Estudios jurídicos en homenaje al doctor Néstor de Buen Lozano, UNAM; y Lefebvre, H. (2020) La producción del espacio, Capitan Swing. ↩︎
