Política feminista: más allá de la transversalización

Por Estefanía Veloz

La integración de las mujeres en la política ha sido, en los hechos, una incursión importante, pero a la vez superficial dentro de una actividad aún dominada por los hombres.

La visibilidad del movimiento feminista y la politización de las mujeres en todo el mundo han convocado a una reflexión colectiva sobre conductas normalizadas en el pasado y sus modificaciones en el presente. En este ensayo, esbozo algunos avances y faltantes para construir un México más igualitario para las mujeres.

En primer lugar, quiero destacar que, aunque la institucionalización de la perspectiva de género ha limitado la política feminista, sobre todo a la paridad constitucional y al presupuesto público, es importante destacar que el histórico atraso económico y social de las mujeres en el país precisaba de herramientas gubernamentales para construir un país más democrático e igualitario.

En este sentido, la lucha de las mujeres contra dicho atraso logró dos avances institucionales: la promoción de la igualdad de género desde el gobierno federal y la creación de presupuestos con perspectiva de género. Esto no fue menor, ya que no es lo mismo una cámara de representantes con 58 mujeres, como la del periodo 1988-1991, que una de 241 mujeres como la que tenemos hoy.

Mucho ha cambiado a 67 años de que las mujeres tomaran el derecho al sufragio. Actualmente, el logro de la paridad constitucional para la nueva integración de las cámaras legislativas es el resultado del camino labrado por muchas mujeres que lograron establecer que la violencia sea un tema de interés público y que exista una categoría específica, constante y estructural que considere las afectaciones desiguales a las mujeres: la violencia política de género ejercida por las instituciones, los partidos y los medios de comunicación hacia aquellas mujeres que deciden ejercer sus derechos políticos.

Antes no existía un marco legal uniforme que se ocupara de la violencia política de género y por ello, en su momento, diversas autoridades implementaron un protocolo para atender esa problemática: seis de los tribunales electorales crearon diversos criterios jurisprudenciales en la materia. Aunque esto implicó algunas limitantes que han restringido su eficacia. Por ejemplo, en el ámbito penal, hasta el año pasado, no había un solo asunto sobre violencia política en el que se hubiera resuelto a favor de la víctima, de ahí que hubiera la necesidad de establecer un marco normativo que regulara la violencia política, así como sus consecuencias en los ámbitos penal, administrativo y electoral.

Por lo anterior, es preciso mencionar que lo logrado hasta el momento no es suficiente. Lo que antes se pensaba como una cuestión meramente cuantitativa se tornó en cualitativa, puesto que la simple estampa de la paridad obliga también a modificar patrones de conducta. Esto último, supone la atención a una disparidad social entre sexos que, a su vez, resulta en una asimetría en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el acceso a los mismos.

En segundo lugar, quiero destacar que, a través de muchas luchas y diversos procesos políticos, se ha buscado hacer de la esfera pública un entorno seguro para las mujeres que anhelan incidir en la toma de decisiones de diversos procesos políticos. Pero, a pesar de las conquistas en los diseños institucionales ya mencionados, son las prácticas informales las que evidencian que la vida pública no es todavía un entorno favorable para las mujeres.

Un espacio que también se ha encargado de menoscabar la participación política de las mujeres es el de los medios de comunicación. Por décadas, éstos han desarrollado estereotipos sobre el papel de la mujer en la sociedad: como acompañante, como adorno, para embellecer el encuadre; la mujer como elemento marginal en el reparto de comunicadores.

Las mujeres que participan en política, ya sea en menor o mayor medida, han visto su vida privada convertida en objeto de escrutinio mediático y cuestionamiento siempre de una forma personal y machista, pese a los avances institucionales. Lo anterior quiere decir que sus vínculos afectivos, su pasado, datos personales y cualquier cosa que se encuentre sobre ellas, es usada para desprestigiarlas.

Al carecer de contenidos o garantías formativas en el conocimiento del feminismo y sus reivindicaciones, el registro noticioso queda a la deriva de la expresión de los reporteros o la filiación política del diario o medio, lo cual en la televisión se agrava aún más. Además, en varios casos es evidente que hay diferencias en el acercamiento a las noticias y a la temática de la mujer, lo cual es  revelador de una formación o toma de conciencia diferenciada, o de una explicable actitud de género. Pienso que es posible afirmar que el discurso de los medios es desigual, carente de profundidad teórica y que requiere de los mínimos elementos de comprensión, ya que este bagaje conceptual ayudaría para entender y narrar de mejor manera las reivindicaciones, causas y manifestaciones públicas de las mujeres. Por esta razón, no sólo es necesario un enfoque transversal en los medios y en los espacios gubernamentales; también es indispensable aceptar y modificar el hecho de que la integración de las mujeres en la política ha sido, en los hechos, una incursión importante, pero a la vez superficial dentro de una actividad aún dominada por los hombres.

Me explico: por un lado, gracias a distintos mecanismos institucionales, las elecciones de junio pasado tuvieron la mayor paridad de la historia de nuestro país. Pero, por otro lado, quedó marcado el brutal recordatorio de lo mucho que nos falta para tener una democracia digna, pues, durante ese proceso electoral, 21 candidatas fueron asesinadas. Y como lo personal es político y el hacer política no requiere necesariamente de un partido o de una candidatura, el valor político del feminismo y sus luchas busca sentarse en la mesa de toma decisiones no para discutir solamente más herramientas en torno a la violencia que colocan siempre a las mujeres en una posición pasiva que requiere de la protección de Estado y castigo al agresor, sino para construir una nueva visión del Estado y la sociedad.

Así pues, para consolidar una verdadera democracia y caminar hacia un mundo igualitario, es necesario ir más allá de cumplir con requisitos institucionales y la fetichización del enfoque transversal. De poco servirán los avances si, en la política y en la conversación pública, no existen diferencias entre la actividad institucional y no institucional, pues las dos contemplan conflictos de intereses construidos dentro de las relaciones de poder, en donde la mujer tiene un lugar de subordinación. Hoy en día, ya se normalizó la mirada transversal de género, ahora debemos ir más allá: normalizar la igualdad de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Mientras eso no se logre de manera efectiva, aún estaremos muy lejos de tener una democracia realmente inclusiva.

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