Pexels

Localización y sanción: la falta de un enfoque integral de justicia para las personas desaparecidas

Por Mayra Ortiz Ocaña y Laura López Pérez

¿Qué significa para ustedes la justicia? Hemos hecho esta pregunta a muchas familias de personas desaparecidas en México. Las respuestas son variadas. La mayoría de las familias dicen que, para ellas, lo único que importa es encontrar a sus seres queridos. Algunas otras dicen que también luchan por identificar y sentenciar a las personas responsables de la desaparición. Independientemente de las decisiones de cada familia, la postura de las autoridades en México parece ser una relación de suma cero: si se localiza a una persona, no se sigue la investigación penal;  si se obtiene una sentencia, no se continúa la búsqueda de la persona desaparecida. Muchas de las pocas familias que tienen sentencia en sus casos siguen sin encontrar a sus familiares, y la mayoría de quienes han encontrado a sus familiares no tienen sentencia. 

Los casos que relatamos en este artículo nos muestran que esta dicotomía sobre la justicia está presente y que perpetúa el estado generalizado de impunidad en México. En un país con más de 110 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, es necesario generar una aproximación integral y multidimensional de la justicia para las personas desaparecidas que permita concluir el proceso de incertidumbre de cada familia ante la ausencia de sus seres queridos, que abone a la lucha en contra de la impunidad para que estos crímenes no vuelvan a ocurrir y que reafirme la dignidad de las víctimas a través del otorgamiento de reparaciones.

Por lo anterior, es fundamental que las autoridades dejen de tratar el problema de desaparición de personas como una acumulación de hechos aislados, y empiecen a reconocer lo que las familias, colectivos y parte de la sociedad civil han insistido desde hace mucho tiempo: que se trata de un patrón sistemático. Este es un paso necesario para lograr ser más efectivos en la localización, e investigación y persecución penal.     

Aquí hacemos un recuento de la historia de algunas familias que, como miles en México, entablan un difícil camino de exigencia de justicia integral. 

Localización sin sentencia

“Fui a poner la denuncia por la desaparición, y luego-luego me dijeron, vaya al SEMEFO”. Así relata su primer encuentro con las autoridades en México  una madre de un jóven desaparecido en Jalisco. La misma historia se repite, palabras más o palabras menos, entre una docena de familiares de personas desaparecidas, casi todas mujeres, integrantes del colectivo FUNDEJ, en dicho estado. 

Ellas y ellos se reúnen cada martes por la mañana afuera de las instalaciones del SEMEFO en Tlaquepaque, Jalisco, para dar orientación a nuevas familias que continúan acudiendo a buscar a sus seres queridos entre los miles de cuerpos sin identificar que siguen llegando todos los días a este edificio. El estado de Jalisco se ha convertido en el epicentro de las desapariciones en el país. Cada semana acuden con la devastadora certeza de que habrá nuevas familias buscando.

Hasta agosto de 2023, en México hay más de 111,000 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los colectivos de familias de personas desaparecidas han insistido constantemente que este registro no es fiable, y que el número total puede ser hasta dos o tres veces mayor.

Los datos de personas que estuvieron desaparecidas, pero que han sido localizadas, son quizá todavía menos fiables. Colectivos, periodistas y parte de la comunidad académica han denunciado múltiples veces que algunos estados “inflan” las estadísticas para aumentar el porcentaje de personas reportadas como localizadas, y dar una falsa percepción de efectividad en la búsqueda.

Para muchas familias de personas desaparecidas, sin embargo, uno de los escenarios más probables es la localización sin vida de sus familiares, ya sea en el SEMEFO o en una fosa clandestina. De acuerdo con datos de los SEMEFO, en promedio solo 12% de los cuerpos que llegan a esta institución son identificados.

Para las autoridades, esta identificación es una manera de dar los casos por resueltos. Una de las madres integrantes de FUNDEJ relata cómo, a los pocos días de que reconoció una parte del cuerpo de su hijo, la Fiscalía lo reportó como localizado sin vida en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. “Todavía ni me habían entregado el cuerpo, y ya lo estaban reportando como localizado, nomás eso quieren”.

Si bien muchas personas que han encontrado a sus familiares sin vida relatan que sintieron un descanso y un alivio, porque al menos así han calmado su incertidumbre. Para muchas otras la localización les genera muchas más preguntas. ¿Quiénes fueron los responsables de la desaparición? ¿Qué circunstancias llevaron a que esto ocurriera? Por otro lado, de acuerdo con sus deberes legales, la responsabilidad de las autoridades no termina con entregar el cuerpo, sino que tienen que continuar con las indagatorias sobre las circunstancias de la desaparición para garantizar el derecho a la verdad y justicia de las familias de las personas desaparecidas.

Sentencia sin localización

En la Ciudad de México, una familia busca a Eduardo y Marcos, sobrino y tío, desaparecidos desde septiembre de 2020. Ambos desaparecieron después de acudir a un local de venta de micheladas. La historia es similar a la de tantas otras miles de familias en el país: cuando sus familiares se percataron de que Eduardo y Marcos estaban tardando en regresar y no se pudieron comunicar con ellos, comenzaron a buscarlos. La familia empezó por el último lugar donde supieron que se encontraban. 

Después de denunciar la desaparición y de mucha insistencia, consiguieron lo que no muchas familias de personas desaparecidas en México logran: que las autoridades de la fiscalía comenzaran a realizar diligencias de búsqueda e investigación. Consiguieron acceso a las cámaras de seguridad del local en el que estaban Eduardo y Marcos, casi lograron ver el momento del posible plagio. Casi, porque en el momento en el que el registro de las cámaras mostraba la llegada de un vehículo afuera del local, un elemento de la policía de investigación interrumpió la reproducción de video y no les permitió ver qué pasó. La familia de Eduardo y Marcos ha seguido exigiendo la muestra de los videos, pero las autoridades les respondieron que las cámaras dejaron de servir, que ya no se tiene el registro de las otras cámaras de seguridad de casas particulares. Parece una broma o un chiste cruel. Así de inverosímil es muchas veces el actuar de las autoridades en México.

A pesar de la poca colaboración de las autoridades de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada de Personas, pocos meses después de la desaparición de Eduardo y Marcos se detuvieron a 7 personas presuntamente vinculadas con la desaparición de Eduardo y Marcos. Con cada detención, la familia ha tenido esperanza de encontrar a Eduardo y Marcos, de que les digan dónde están. Los perpetradores, sin embargo, se han negado a hablar.

Para los familiares de Eduardo y Marcos, las personas detenidas no son un consuelo. Además de la incertidumbre que viven todos los días por no saber dónde están sus seres queridos, se unen las intimidaciones y amenazas que han recibido desde que detuvieron a las 7 personas que presuntamente cometieron la desaparición. Los familiares de los perpetradores han tirado balazos al aire frente a su casa, los han seguido en vehículos mientras caminan. 

Para las 111,000 personas desaparecidas y no localizadas en el país existen alrededor de 40 sentencias por el delito de desaparición (1). Los hechos de desaparición sancionados ocurren en distintas entidades federativas como Sonora, la Ciudad de México, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Coahuila e Hidalgo. De una muestra de 32 sentencias obtenida a través de solicitudes de información (2), es posible afirmar que de todas las sentencias, menos de un tercio de los procesos de investigación y sanción llevaron a la localización de las personas desaparecidas. Si bien se había identificado y capturado a algunos de los perpetradores, estos seguían sin revelar el paradero de la víctima. Estos números demuestran que además de que la justicia penal es altamente difícil de obtener, ésta además no garantiza que las familias puedan encontrar a sus seres queridos.

Pexels

Si bien el año en que se emitieron algunas de las sentencias referidas en el párrafo anterior precede a la reforma penal de 2008, cambio legal que marcó la historia de transición del sistema inquisitivo a acusatorio, en muchas de las sentencias habría sido posible emplear las herramientas establecidas a partir de la mencionada reforma. El nuevo sistema penal mexicano está construido para que figuras, como el procedimiento abreviado, puedan ser empleadas para brindar incentivos para las personas investigadas a cambio de la disminución de sus condenas. En el caso del procedimiento abreviado, es posible ofrecer sentencias menores a cambio de que las personas procesadas den información del paradero de las personas desaparecidas. Sin embargo, a partir de lo reconstruido en las sentencias estos incentivos no son empleados para avanzar hacia la localización de las personas desaparecidas.

La perpetración de violencia en contra de la familia de Eduardo y Marcos deja claro que el proceso penal trae aparejado una serie de consecuencias en las que no se piensan cuando las Fiscalías celebran la detención de un gran número de presuntos responsables. Por un lado, las personas detenidas tienen redes, ya sea familiares o de estructuras criminales, que pueden ejercer violencia independientemente de que haya una persona detenida. Si la persona detenida forma parte de una organización criminal, es altamente posible que otros perpetradores sigan en libertad y que la persona detenida no tenga mayores incentivos de dar pistas sobre el paradero de la persona desaparecida pues la organización criminal sigue activa y acusarlos lo pondría en peligro. Por otro lado, la violencia ejercida en contra de la familia de Eduardo y Marcos es un ejemplo de cómo la persecución penal puede llevar al aumento del riesgo de quienes buscan y de los pocos mecanismos de protección que tienen las autoridades para mantenerlos a salvo.

Lo anterior hace palpable la falta de una mirada integral por parte de las autoridades de procuración de justicia. En ese sentido, falta entonces una estrategia  de protección para las familias de las personas desaparecidas, que muchas veces son amenazadas e intimidadas por las redes de perpetradores. Además, es fundamental pensar en las estructuras criminales que permiten las desapariciones y cuya identificación y desmantelamiento sería necesaria para asegurar que quienes estén detenidos tengan incentivos para dar pistas sobre el paradero de las personas desaparecidas. Sin esta estrategia integral, detener y sentenciar a más personas significa solo más riesgo para las familias y una situación de muy bajos incentivos para que los perpetradores cooperen. 

Conclusión

¿Qué es, entonces, justicia para las familias de personas desaparecidas? ¿Cómo se puede lograr justicia en un país en el que la desaparición de personas continúa ocurriendo sistemáticamente?

Los incentivos de reducción de penas no funcionan porque están diseñados para ofrecer beneficios de manera aislada e individual, como si cada persona desaparecida fuese también un caso aislado. Como si las más de cien mil personas que continúan desaparecidas en México fueran, cada una, casos aislados.

Los incentivos no funcionan porque no atienden la realidad del problema: una o un pequeño grupo de personas sentenciadas por desaparición no se traduce en la desarticulación de las estructuras criminales que ejecutan las desapariciones. Estas estructuras criminales no están desvinculadas de las redes comunitarias y vecinales, con presencia dentro y fuera de cárceles y centros de detención. Desde el punto de vista de las personas sentenciadas por desaparición, no es difícil imaginar por qué los incentivos de reducción de penas no funcionan. ¿Cuáles son los incentivos para cooperar si te van a matar en la cárcel o cuando salgas?

Las familias de personas desaparecidas saben que estas acciones, con las que las autoridades suelen dar por resuelto un caso, son insuficientes. Si bien saben que nada les regresará el tiempo ni el dolor que han sentido por la incertidumbre de no saber dónde están, luchan constantemente para que sus familiares no se queden en el olvido ni en impunidad, y para que otras familias no tengan que pasar por el mismo dolor. Ante la insistencia de las familias, las autoridades suelen ofrecer, en el mejor de los casos, fragmentos de una justicia que debería ser integral. 

Para pensar en justicia para las personas desaparecidas y sus familias es importante pensar en las condiciones particulares que tienen las desapariciones en México. A diferencia de otros ejemplos de países con problemas sistemáticos de desaparición del siglo pasado en América Latina, como Argentina o Perú, en México no ha existido un momento de transición en el que se ponga un punto final, aunque sea de forma simbólica, a la violencia generalizada. Lo anterior en los países mencionados ayudó al inicio de un proceso de enjuiciamiento masivo de perpetradores de los crímenes. Por el contrario, en México nos encontramos desde hace años frente a una espiral de violencia que parece no tener fin. 

Dentro del contexto violento, las desapariciones se han convertido en una estrategia recurrente de los actores armados, incluyendo tanto el Estado como organizaciones criminales. Ante esta situación, la búsqueda de justicia para las víctimas de desaparición se vuelve un reto enorme ya que la mayoría de los perpetradores siguen activos. Por esto, tanto la localización como la persecución penal implica riesgos mayúsculos para quienes buscan. 

Las familias de personas desaparecidas, a pesar de todos estos riesgos, no han dejado de avanzar en el arduo camino que implica la búsqueda de justicia integral. Les preguntamos: ¿Por qué continúan buscando y exigiendo, incluso en algunos casos después de haber encontrado a sus familiares? Para algunas familias que han localizado a sus seres queridos, la exigencia continua es una forma de reivindicar la importancia de la vida de sus familiares. Seguir buscando a otras personas desaparecidas es, para ellas, ayudar a que otras familias puedan acercarse a sentir descanso de la incertidumbre, ayudar a que otras familias no pasen por lo que ellas han pasado. Es rehusarse a que caigan en el olvido.

Ellas y ellos construyen los andamiajes de la verdadera justicia en México. Es una exigencia a la que todas y todos nos podemos y deberíamos sumar.

(1)  https://quintoelab.org/fragmentos/desaparicion-forzada-sentencias/ ; https://www.mexicoevalua.org/solo-33-sentencias-federales-por-desaparicion-forzada-en-mas-de-20-anos/ 

(2) https://odim.juridicas.unam.mx/sites/default/files/Informe_Sentencias_Penales.pdf

Pexels
Siguiente
La Bibliosmia
Más artículos
La disputa por los libros de texto, entre retóricas vacías