“El diablo no tiene razón, pero tiene razones”, les decía el Juan de Mairena de Machado a sus alumnos. Por eso, siendo fiel al sentido pedagógico de la cita de Machado y sin pretender equiparar al Presidente López Obrador con el diablo, hay que asentar que, en efecto, no son pocas las razones para reformar el Poder Judicial en México. Esta no es ninguna novedad. No sólo se trata de los expedientes empolvados en los juzgados, de las sentencias postergadas indefinidamente o, en un plano propiamente político, de la supeditación al Ejecutivo en los tiempos del autoritarismo priista, sino también de su dependencia de los poderes políticos y económicos durante el periodo del llamado tránsito a la democracia, en el cual, por lo demás, el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguió siendo (como aún ocurre), en primera y última instancia, una facultad del presidente de la República.
Pero las razones no bastan, se requiere tener razón en las causas y planteamiento concretos del problema. Por eso, pese a las razones que la motivan, debe decirse que la propuesta hecha por el presidente López Obrador, comprometida también por la que será su sucesora, Claudia Sheinbaum, no resolverá los graves problemas de impartición de justicia imperantes en el país. Todavía más, es muy posible que los acentúe.
Hay que decirlo en plata: la reforma prevista en el denominado “Plan C”, con visos de éxito después de los resultados electorales —con la mayoría calificada en el Legislativo, Morena y sus aliados podrán aprobar dicha iniciativa y otras más de similar calado—, tiene un propósito evidentemente político.
Lo tiene, en principio, porque la elección de magistrados y jueces no ha probado de manera significativa su contribución a la impartición de justicia, ni su eficacia en la resolución de los expedientes judiciales con la mayor imparcialidad posible. Todo lo contrario, en Bolivia, la reforma constitucional de 2009 ha sido un desastre y ha derivado en la instrumentalización del Tribunal Supremo por parte de los sucesivos gobiernos, desde Evo Morales hasta la actualidad. En otros lugares, como Suiza, se eligen jueces locales, y en Estados Unidos hay elecciones (partidistas o apartidistas) de jueces en algunos estados, aunque los juzgadores federales y los de la Corte Suprema son propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. A lo cual se añade el hecho de que los cargos de dicha corte son vitalicios, lo cual hace rápidamente anacrónico el sentido de su nombramiento (precisamente por su carácter vitalicio y por esa falta de adecuación con los tiempos, actualmente, como se sabe, Trump, está siendo favorecido en sus diferentes litigios por varios de los jueces que le correspondió designar).
Lo complicado del nombramiento o elección de jueces, ministros y magistrados es que, a diferencia de otros cargos de elección popular (presidente, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores), estos demandan conocimiento especializado de las leyes y experiencia en su interpretación y aplicación. Es decir, exigen el dominio de una competencia muy específica. Hasta donde entiendo, no hay mejor manera de determinar esa experiencia que a través de la evaluación del servicio de carrera judicial. Que este mecanismo deba revisarse y corregirse para evitar el influyentismo y otros vicios es algo que tendría que hacerse como un ejercicio puntual y riguroso de selección de juzgadores del Poder Judicial federal y los poderes judiciales locales.
Todo ello, sin considerar la pesada carga de la eleccionitis que ya de por sí nos implica tanto a la ciudadanía como a los órganos electorales federal y locales: en 2025 tendría que elegirse, de acuerdo con la declaración del próximo coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, alrededor de 1800 cargos de jueces, magistradas y magistradas y ministras y ministros del Poder Judicial federal; a los cuales se sumarían, según considera la iniciativa, la elección de 5025 magistradas, magistrados y jueces de los órganos jurisdiccionales estatales.
Una reciente encuesta de El Financiero reveló que solamente un 11% de la ciudadanía supone conocer bien la propuesta de reforma, mientras que un 62% declaró conocerla poco o nada. Esto no es gratuito, no tiene nada más que ver con una cultura cívica parroquial y paternalista, sino con una de las atribuciones fundamentales de la democracia en las sociedades complejas: se vota para que quienes gobiernan resuelvan de la mejor manera los asuntos de interés público, entre ellos, desde luego, el de la delegación de la tarea de impartir justicia. El símil vale: sólo en una aeronave de locos, los pasajeros nombrarían por su voluntad al capitán y la tripulación. Llevar a buen destino un avión requiere un conocimiento y una competencia que los pasajeros son incapaces de determinar.
En tal sentido, podríamos imaginar un experimento mental que nos ubique, más bien, en las antípodas de la propuesta de la autodenominada 4T. Y, curiosamente, podríamos hacerlo por razones muy similares a las manifestadas por sus impulsores: dejar al detentador o detentadora del Ejecutivo el nombramiento de ministros, a final de cuentas con o sin la sanción del Senado (como acaba de ocurrir con la última designación hecha por López Obrador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), es arriesgarse a tener como máximos jueces a personas alineadas con el poder. Y esto es lo que, ciertamente, ha venido ocurriendo, diríase, desde que México se rige, por lo menos formalmente, por un régimen de división de poderes.
Por eso mismo, más que pensar en elecciones —“partidistas” o “apartidistas”, aquí no nos vamos a chupar el dedo, pues sabemos que detrás de las postulaciones estarán los intereses políticos—, estamos emplazados a discutir mecanismos que restituyan a la impartición de justicia su sentido último: contar con juzgadoras y juzgadores que actúen con la mayor imparcialidad, respetuosos de la ley y conocedores del canon jurídico para su interpretación. En eso consiste la legitimidad democrática del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales: en su condición de garantes del Estado de derecho, y no en su popularidad social o su alineamiento partidista explícito o tácito.
Los últimos dos componentes de la iniciativa —la sustitución del Consejo de la Judicatura y las nuevas reglas procesales— tendrían que discutirse, en consecuencia, en este mismo marco. Por lo que hace a lo primero, vale la pena preguntar si debe sustituirse el Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Justicia Federal y un órgano de administración judicial. En principio, este punto no parece presentar ningún problema. Aunque, atendiendo a lo antes mencionado —en tanto en que sus miembros tendrían que ser ministras o ministros electos popularmente—, ventilar aquí el asunto pierde sentido por todo lo dicho anteriormente.
Con respecto a lo segundo, las nuevas reglas procesales propuestas, más allá del acuerdo en asuntos tan básicos como la justicia expedita, ocurre algo semejante. Se puede abordar el tema de la desaparición de algunos fideicomisos, pero en lo concerniente a la elección de juzgadores en los poderes judiciales locales, aplican las mismas consideraciones expuestas líneas arriba.
Otro tema que cabe destacar y que, hasta antes de la participación de la ministra Margarita Ríos Farjat en el foro con diputados federales del pasado 28 de junio, había estado ausente del debate público, es que, muy convenientemente, en la iniciativa de Morena y aliados, se olvida que la impartición de justicia pasa forzosamente por la procuración, esto es, por la labor de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. En aras de no abusar del espacio, recupero sólo la información brindada por el periodista Arturo Ángel: al año (los datos son del INEGI en 2022) se cometen más de 26 millones 800 mil delitos en México, de los cuales se denuncian ante el ministerio público poco menos de 2 millones 165 mil, y de éstos el Ministerio Público envía apenas 228 mil 903 ante un juez (11% de los casos denunciados). Es decir, sólo el 0.8% del total de los delitos cometidos llegan a juicio.
Esta no se puede tratar como una cuestión aparte: la procuración de justicia va junto con su impartición: no puede haber reforma del Poder Judicial sin reforma de las fiscalías, esto es, de la cada vez más compleja y especializada labor ministerial. Todavía más compleja —por hablar solamente de esta rama del derecho— debido al sistema penal acusatorio, que requiere dejar atrás la visión de un policía reactivo y construir el perfil de una policía científica, capaz de resguardar una escena del crimen, tener conocimientos de criminalística para recopilar evidencia de manera profesional y objetiva, generar y probar hipótesis sobre hechos delictivos, realizar detenciones sin violar los derechos humanos del inculpado, entre otros aspectos de los que estamos a años luz. Ahí, y no en el funcionamiento del Poder Judicial, reside uno de los principales problemas de la justicia en México.
Pero no abriguemos ilusiones. La iniciativa presentada va a salir adelante porque López Obrador es muy obcecado y puede hacerlo. Es cierto. Pero va a salir, sobre todo, porque es un convencido de la “soberanía popular radical”, esa misma que culmina con la aparentemente paradójica exterminación democrática de la democracia. He estado releyendo a Maurice Joly (¡un libro dirigido a Luis Napoleón y publicado en 1864!) estos días, y la lectura que Fernando Savater hace en su prólogo me ha sorprendido por su aplicabilidad a la situación que estamos viviendo en nuestro país. Interpretando al Maquiavelo de Joly, escribe Savater:
No es preciso ir explícitamente contra las presiones de autodeterminación popular (siempre radicales), sino que basta con vaciarlas de contenido para luego utilizarlas en sentido opuesto al que fueron concebidas (…). La propuesta de Maquiavelo (del Maquiavelo de Joly) es absolutizar la superficie democrática para mejor pervertir su fondo; sustraer el contenido de las instituciones y fórmulas antidespóticas para sustituirlo por la médula misma del despotismo.
Y sí, sólo un ciego no vería que la reforma al Poder Judicial proveniente del oficialismo tiene un evidente interés político. Un interés guiado por la conveniencia, podría pensarse. Aunque también, y esta no es cosa menor, por la convicción. Tal es, al final, el quid del asunto para una oposición en verdad democrática: ¿de qué manera interrumpir inteligentemente el engañoso discurso de la “soberanía popular radical”?, ¿de qué manera desmontarlo y exhibirlo en su incongruencia?, ¿de qué manera invertir al Mairena de Machado y asumir que, aunque tenga razones, el diablo no tiene la razón?
Ronaldo González Valdés. Culiacán, Sinaloa (1960). Sociólogo, historiador y ensayista. Sus últimos dos libros publicados son George Steiner: entrar en sentido (Prensas de la Universidad de Zaragoza, España, 2021) y Culiacán, culiacanes, culiacanazos (Ediciones del Lirio, México, 2023).
