A partir de 2015, el concepto de Sistema Nacional de Cuidados entró en nuestro marco de referencia de las políticas públicas de género gracias a la visión progresista y de derechos, así como a una cierta audacia y capacidad de innovación del Gobierno de Uruguay. En un primer momento, al leer sobre esta propuesta, me pareció sólida, pero sobre todo posible. Con ella, se inauguraba una nueva era que traería consigo diez años de intensos debates sobre los cuidados y sus modalidades de organización institucional.
Hago esta última precisión porque los cuidados siempre han existido, y la organización social también. Me explico: como dice Joan Tronto, “los cuidados están en todas partes” y son una condición preexistente de la vida y de lo social. Todo lo que hemos sido, somos y seremos, está atravesado, protegido y sostenido por una red de acciones y vínculos de sentido que nos han permitido llegar hasta el momento presente, así como visibilizarnos en el futuro. Los cuidados son las tareas, acciones y relaciones –materiales y subjetivas– que hacemos y tenemos para procurar el bienestar mínimo para el desarrollo de las personas que, por edad, u otras razones, no pueden hacerlo de manera autónoma. Estas tareas, llevadas a cabo desproporcionadamente por mujeres, pueden realizarse dentro o fuera del hogar y pueden ser remuneradas o no. Esto no cambia el sentido del cuidado, porque los cuidados siempre son un trabajo dado que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo y el bienestar humano, lo que les confiere un carácter productivo y económico.
Por su parte, la organización social y comunitaria de los cuidados es la suma de acciones cotidianas y vínculos de sentido que, en su mayoría, sostienen las mujeres y niñas en la región y en el mundo, la cual responde no solo a las necesidades urgentes sino también a lo que es posible dar y brindar en términos materiales, subjetivos, emocionales y económicos. Estas formas de organización, estos arreglos sociales de los cuidados, implican siempre una gran carga de emociones y vínculos pues nada de lo que se hace al respecto –comunitariamente, vecinalmente– está desprovisto de sentido. Son verdaderas “cadenas de favores” lo suficientemente fiables como para sostener, hoy en día, nuestras economías. No obstante, pese a ser redes densas de cuidado y soporte mutuo, no necesariamente son recíprocas. Si revisamos los datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, en 2019, los cuidados no remunerados en México sobrepasan la aportación al Producto Interno Bruto de toda la industria manufacturera anual; de modo que al hablar de cuidados remunerados estamos considerando solo una pequeña parte de todo lo que implica el trabajo de cuidados en general.
En México, concretamente, ha habido avances importantes y destacados. Uno de ellos se produjo en la Constitución de la Ciudad de México (2017) cuando se incluyó en su artículo 9, Apartado B, el “derecho al cuidado”. Aunque tuvo poco desarrollo conceptual, fue un aporte innovador que sentó las bases para que en 2025 el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México esté ya en construcción. Así mismo, en 2020, el Programa Nacional de Igualdad 2020-2024, programa rector de la política nacional de igualdad de México, incluyó por primera vez un objetivo completo sobre las “3R”, promoviendo el Reconocimiento, la Reducción y la Redistribución de los trabajos de cuidados no remunerados entre los actores que se benefician del trabajo gratuito de las mujeres. Se puso el debate en el centro y durante cuatro años el grueso de las instituciones de gobierno trabajaron bajo el mandato de construir un Sistema Nacional de Cuidados. Seguíamos sin saber bien los cómos, pero conocíamos a fondo los datos que nos permitieron los por qués.
En 2019, un grupo de Diputadas presentó la propuesta de Reforma del artículo 4° Constitucional para incorporar el Derecho al Cuidado. Posteriormente, en 2020, un grupo de Senadoras progresistas presentó el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cuidados, el cual quedó en espera, por lo que en septiembre del año 2024 volvió a presentarse la propuesta de Ley en el Senado. Ninguna de estas propuestas fue prioritaria para alguna de las dos Cámaras, pero el Objetivo 2 del Programa Nacional de Igualdad (Proigualdad), era suficientemente fuerte como para hacer confluir a todas las instituciones de gobierno para tratar de impulsar sus acciones. Todo esto, sumado a lo que se llamó en 2021, “la Alianza Global por los Cuidados” –una iniciativa multiactor de Onu Mujeres e Inmujeres–, se logró mantener el debate y la cuestión de los cuidados en el efímero candelero de la política.
En el ámbito regional, en enero de 2023, el Estado argentino presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la solicitud de Opinión Consultiva “El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Para noviembre del mismo año, la CoIDH había recibido alrededor de 129 amicus curiae, incluidos documentos provenientes del gobierno mexicano,, así como de instituciones educativas y organizaciones civiles del país. La intervención mexicana enfatizó la dimensión pública, igualitaria y digna del derecho al cuidado, con argumentos sobre obligaciones estatales, interseccionalidad y corresponsabilidad. Cabe señalar que dicha solicitud y los aportes recibidos para su fundamentación, representan un importante avance en el reconocimiento del derecho humano al cuidado en la región.
Hoy no hay duda de que es necesario impulsar un Sistema de Cuidados, aunque poco se sabe de cómo sería posible su institucionalidad. En primer lugar, debe haber una relación inequívoca entre el fondo y la forma, entre el concepto (los cuidados) y la forma de estructurarlos (el sistema). Es fundamental que ambas partes de la ecuación se correspondan: si los cuidados son, finalmente, una configuración en la que se produce y reproduce la vida y la sociedad, el sistema que lo articule no puede ser ajeno a ello. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos innovar, desde las políticas públicas y desde la ciudananía, desde las personas cuidadoras y quienes son cuidadas, desde el Estado, la comunidad y las empresas, cuál será el modelo de gobernanza que logre rescatar no solo lo pragmático (quien cuida a quien y cuánto cuesta en tiempo y en presupuesto), sino también la humanidad en un sentido amplio.
Una articulación de cuidados no puede ir de arriba hacia abajo pues los cuidados están, fundamentalmente, abajo. Esta realidad, la de los cuidados de todos los días (los que se producen entre las vecinas, amigas, etc.) que se erigen como soluciones urgentes al abandono del Estado, sigue viva. Puede que el Estado no haya vislumbrado aun la profundidad ética necesaria para entender que las políticas de los cuidados son parte de su salvación y no su problema. Reconocer esa ética no es solo una opción moral, es también una urgencia política.
