Juzgar entre balas

Las reformas presentadas por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024 comprenden una enorme diversidad de materias. En el paquete se contemplan modificaciones relacionadas con becas para jóvenes, pueblos y comunidades indígenas, vivienda, prisión preventiva oficiosa, trenes de pasajeros, prohibición de sustancias tóxicas, traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA, austeridad, protección y cuidado animal, etcétera. Sin embargo, la reestructuración del Poder Judicial es el tema que más ha llamado la atención, principalmente la elección por voto popular de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del TEPJF, magistraturas disciplinarias, magistraturas de circuito y judicaturas de distrito. El cambio propuesto contempla acabar con los mecanismos ya estructurados, bajo los cuales, las ternas presentadas por el Ejecutivo al Senado de la República cuentan con el respaldo político, la legitimidad y el consenso necesarios. Es importante destacar que los requisitos de elegibilidad de magistrados y jueces no cambian en lo sustancial, pero los perfiles que busquen entrar al Poder Judicial Federal cambiarán significativamente, ya que se dejan de lado los estudios especializados para abrir paso a perfiles afines ideológicamente al gobierno en turno, cercanos a grupos de poder, o bien, que estén dispuestos a asumir compromisos con otros estos grupos, ya sea político o con los poderes fácticos; a los cuales les favorece contar con juzgadores cercanos y coptados.

El problema del poder judicial es estructural, que los jueces, ministros y magistrados sean electos mediante voto libre y directo no garantiza inmunidad ante los vicios propios de la labor judicial. Igual de legítimo es el juez designado mediante concurso que el juez electo por voto directo. La reforma debe vigilar, sancionar y modernizar a la judicatura. En ese sentido, el artículo 96 de la iniciativa presentada contempla que sea la propia ley la que establezca la forma y duración de las campañas para los cargos de mando del Poder Judicial Federal, así como las demás disposiciones para llevar a cabo este tipo de elecciones.

De acuerdo con el artículo 96, fracción I, las etapas del proceso electivo de los integrantes del Poder Judicial Federal son las siguientes: a) la postulación de candidaturas, b) la verificación de los requisitos de elegibilidad, c) la campaña electoral, d) la elección, y e) la declaración de validez de los comicios.

Si bien es cierto que la iniciativa presentada deja a merced de la legislación secundaria las campañas electorales judiciales, hay aspectos que sí considera de origen, como, por ejemplo, la prohibición de las precampañas y del proselitismo de partidos políticos en favor de alguna de las personas postuladas. Por otro lado, el mismo numeral 96 estipula que los otros serán elegidos de manera directa y secreta dentro de la misma jornada electoral prevista el primer domingo de junio del año de la elección.

Lo alarmante de esta elección mediante voto público y directo es que es innegable que en nuestro país la delincuencia y el crimen organizado han afectado los procesos electorales. Estamos poniendo a los eventuales ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del TEPJF, magistraturas disciplinarias, magistraturas de circuito y judicaturas de distrito, a la violencia que han ejercido los grupos criminales en los comicios.

Es importante señalar que según el informe Votar entre balas de Data Cívica, de 2018 al 16 de junio de 2024, en nuestro país se han registrado 1999 amenazas, asesinatos, ataques, armados, desapariciones y secuestros contra personas funcionarias de gobierno, integrantes de partidos políticos y/o candidatos.

Votar entre balas señala que 2023 fue el año en el que se registraron más víctimas de violencia político-criminal, con 570 personas e instalaciones atacadas, seguido por 2022, con 486. Por su parte, en lo que va de 2024 se registraron 29 personas precandidatas y candidatas asesinadas. Además, personas precandidatas y candidatas han sufrido otros tipos de ataques como (amenazas 32), (ataques armados 14), (atentados 37 ), (secuestros 9) y (desapariciones 0) en lo que va de este año.”

Es evidente a todas luces que los grupos criminales se han valido de los procesos electorales para ejercer violencia electoral. Han intentado reducir las opciones del electorado, han intimidado a candidatos, infunden el miedo a los votantes para modificar la organización y los resultados electorales, buscando anteponer sus intereses. En este sentido, el informe Urnas y Tumbas define el concepto de violencia electoral como:

“Sarah Birch, Ursula Daxecker y Kristine Höglund sintetizan varias definiciones y afirman que la violencia electoral es una estrategia usada por actores gubernamentales y privados para influir en el curso y el resultado de un concurso electoral. La influencia, por cierto, es multidimensional en tanto involucra actos contra personas, propiedades, instituciones e infraestructura, y puede suceder en cualquier momento del ciclo electoral.^”

En dicho informe, señalan que en la elección intermedia: “los tres principales partidos opositores entregaron en 2021 un informe a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que relataban cómo la extorsión, la intimidación y la violencia eran hechos cotidianos durante el proceso electoral en varios estados.”

Es alarmante y preocupante la injerencia de grupos criminales en los procesos electorales, nos enfrentamos ante un auténtico debilitamiento de la democracia y un deterioro a la ya desgastada gobernabilidad de nuestro país. Esta es una preocupación real para el ‘pueblo’, ya que según la Encuesta Nacional de Calidad de la Democracia en México (ENCADE) de 2021, 57% de los encuestados considera que el crimen organizado si puede influir en las elecciones.

Es cierto que el ejercicio del poder supone casi siempre una ventaja a favor de quién lo tiene y una desventaja para el sometido. En un estado de derecho, el poder sólo se justifica si está encaminado a lograr beneficios en favor del interés general, y no de los intereses particulares del individuo o de los individuos investidos de autoridad.

Durante mucho tiempo hemos supuesto que al interior y exterior del Estado no debía de existir ningún otro poder de dominación con carácter irresistible, y que los poderes económicos, mediáticos sociales, religiosos, internacionales o del crimen organizado que se expresan dentro del Estado eran poderes derivados y subordinados a él; sin embargo, esos poderes, conocidos como poderes fácticos o factores reales de poder se han colocado en nuestros días indebidamente, en muchos casos, por encima de la autoridad del Estado.

Está por demás demostrado que las redes criminales no se dedican exclusivamente a actividades ilegales económicas, sino que además para ello ejercen tareas correspondientes a las funciones del Estado mismo. En sus territorios proporcionan seguridad, imparten justicia y realizan funciones como por ejemplo, de asistencia social.

Estamos ante el riesgo inminente de que, con la complicidad de los grupos criminales y el reconocimiento, tendremos a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del TEPJF, magistraturas disciplinarias, magistraturas de circuito y judicaturas de distrito, ejerciendo una auténtica gobernanza criminal.

La elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del TEPJF, magistraturas disciplinarias, magistraturas de circuito y judicaturas de distrito, puede abrir la puerta a que estos grupos multipliquen su poder a partir del capital político operando la elección de los impartidores de justicia en “sus” territorios, proyectando y ampliando su poder más allá de sus fronteras territoriales.

Es improrrogable una profunda reforma al Poder Judicial. Pero, la prisa no debe ser la trampa para que los candidatos a jueces, sean cooptados por la delincuencia organizada.

Es urgente y necesario tocar a las instituciones, para optimizarlas, fortalecerlas y mejorarlas; un cambio estructural al Poder Judicial se construye desde el diálogo, la reflexión y el consenso, no desde la prisa, la ocurrencia, la imposición, el capricho y la politiquería.