En nuestros días, el concepto de cuidados ha cobrado —no sin razón— notoriedad en la discusión pública sobre las políticas sociales, al punto de haberse vuelto tan común que, en muchos casos, nos resulta extrañamente ajeno. “Encarnen su energía femenina: cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar”, así comienza un video que circuló en redes sociales, publicado por Javier “Chicharito” Hernández, una exestrella del fútbol mexicano. Por suerte, las críticas no tardaron en llegar. Pero más allá de ser un tropiezo de alguien que alguna vez fue ídolo y hoy vive de la nostalgia, sus palabras reflejan algo mucho más profundo: un patrón viejo, aunque aún muy presente, en nuestro imaginario colectivo.
Según su definición más general, el cuidado alude a las acciones que nos permiten gozar de bienestar físico y emocional en el transcurrir de la vida cotidiana. Esa dimensión, sin embargo, no lo resume del todo: también es un entramado dinámico de vínculos afectivos y estructuras comunitarias que desbordan la acción individual para constituirse como un proyecto colectivo y político de sostenimiento continuo de la vida. Pese a su importancia vital, las labores que caen debajo del paraguas del cuidado han sido y siguen siendo ampliamente invisibilizadas. Su exclusión no es arbitraria, sino que responde a una lógica patriarcal que ha confinado las tareas de cuidado al ámbito privado, asignándolas históricamente a las mujeres y despojándolas de valor económico, político y simbólico.
La organización social del cuidado, lejos de ser neutra o natural, refleja una división sexual del trabajo construida a lo largo de siglos, que determina quién cuida, a quién se cuida y en qué condiciones, reproduciendo así desigualdades estructurales de género, clase, raza y territorio en el corazón mismo del Estado moderno. Desde sus orígenes, el orden económico capitalista ha operado a partir de una concepción binaria del trabajo que separa lo productivo de lo reproductivo. Esta distinción no solo jerarquiza ambas esferas, sino que construye al trabajo productivo —remunerado, realizado fuera del hogar y asociado a lo masculino— como el verdadero motor de la economía, mientras relega al trabajo reproductivo —no remunerado, doméstico y feminizado— a un plano invisible y desvalorizado.
Con ello se consolida una falsa dicotomía entre producción y reproducción que ignora la interdependencia entre ambas y sustenta la división sexual del trabajo. Bajo esta lógica, las mujeres son socialmente asignadas a las tareas de cuidado dentro del hogar, las cuales, al ser naturalizadas como expresión de su condición femenina, pierden su carácter de trabajo y son asumidas como actos espontáneos de amor o de beneficencia familiar. Sin embargo, detrás del aparente sentido de intimidad asociado a lo privado se esconde una estructura que sostiene la vida pública.
Más allá de lo doméstico o lo afectivo, el trabajo de cuidados cumple una función indispensable en el sostenimiento del orden económico vigente. Teóricas como Silvia Federici y Nancy Fraser han apuntado, desde lecturas marxistas-feministas, cómo el trabajo reproductivo es un pilar oculto de dicho sistema. Ambas rechazan la división tradicional entre trabajo productivo y reproductivo, y muestran cómo este último no solo mantiene la vida cotidiana, sino que produce el insumo más crucial para la economía moderna: la fuerza de trabajo. Cada jornada laboral depende de una red compleja de cuidados —crianza, alimentación, limpieza, apoyo emocional— que ha sido históricamente relegada al ámbito privado y despojada de valor económico. Lejos de ser externa al modelo de acumulación, esta labor constituye una de sus bases estructurales, al asegurar tanto la reproducción diaria como generacional de la fuerza laboral y, con ello, la continuidad del propio sistema.
Los datos disponibles confirman lo que la teoría feminista ha señalado durante décadas. En México, las labores domésticas y de cuidados no remuneradas realizadas por la población de doce años y más alcanzaron un valor estimado de 8.4 mil millones de pesos a precios corrientes en 2023, lo que representa 26.3 % del Producto Interno Bruto, proporción que crece año con año. Este trabajo recayó desproporcionadamente en las mujeres, quienes asumieron aproximadamente tres cuartas partes del total, lo que da cuenta de la persistente desigualdad de género en la repartición de las tareas de cuidado. Lejos de buscar su mercantilización, atribuirles un valor económico permite visibilizar su papel estructural y obliga a repensar las bases mismas de nuestras economías, sostenidas por la infravaloración de un trabajo realizado en su mayoría por mujeres.
En México, según la última edición de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, las mujeres dedican en promedio casi cuarenta horas semanales a tareas domésticas y de cuidados, mientras que los hombres destinan apenas quince horas a las mismas actividades. La desproporción en el tiempo dedicado a estas labores produce efectos materiales concretos que, junto con otros factores, refuerzan la subordinación económica de las mujeres. Una de sus expresiones más evidentes se encuentra en los niveles de participación laboral: en mayo de 2025, 74.9 % de los hombres de quince años y más formaban parte de la fuerza laboral, frente a solo 45.8 % de las mujeres en el mismo rango etario. Este desequilibrio refleja lo que se conoce como penalización por cuidar: una dinámica que restringe la autonomía económica de las mujeres y que, cuando no pueden prescindir del trabajo remunerado, las obliga a sostener dobles jornadas, al combinarlo con las tareas de cuidado que aún se consideran parte natural de su rol de género.
Más allá de este primer efecto, la sobrecarga de trabajo de cuidados que enfrentan las mujeres tiene consecuencias directas sobre su autonomía y la gestión de su tiempo, obligándolas a reorganizar constantemente su vida cotidiana para cumplir con las exigencias no solo de su trabajo remunerado, también del no remunerado. La escasez de tiempo no solo limita el descanso y el autocuidado, sino que deteriora su bienestar integral, impactando negativamente su salud, educación y capacidad de participación social y política. En este sentido, Clare Vickery propone el concepto de pobreza de tiempo, que entiende la pobreza no solo como falta de ingresos, sino como falta de tiempo libre, reconociendo que ambos son recursos fundamentales para el sostenimiento de la economía y de la vida.
Aunque nos es fácil decir que la participación de las mujeres en la economía y la política ha aumentado en las últimas décadas, la división sexual del trabajo persiste, ajustándose a estos cambios más que desapareciendo. Así, la mayor presencia femenina fuera del hogar no refleja una transformación sustantiva en la organización social del cuidado, sino un reacomodo obedeciendo a las mismas lógicas patriarcales. Aparejados a la sobrecarga estructural, el retiro progresivo del Estado desde los años setenta y la dependencia creciente en el mercado han precarizado la vida de muchas mujeres, empujándolas a asumir una doble jornada laboral sin ofrecerles alternativas reales para enfrentar las exigencias de su doble mandato.
La globalización ha profundizado esta realidad, aumentando la carga de cuidados sobre mujeres racializadas y de bajos ingresos, quienes sustentan la mayoría del cuidado a nivel mundial. Las cadenas globales de cuidado, que implican la migración de mujeres del sur global hacia el norte para cubrir la demanda que dejan las mujeres en estos países al incorporarse al mercado laboral, evidencian la territorialización y racialización de este trabajo. En México, dicha dinámica se refleja internamente con áreas urbanas que dependen de trabajadoras del hogar provenientes de zonas periféricas, quienes a su vez delegan tareas de cuidado a otras mujeres racializadas para poder cubrir sus horarios laborales.
A fin de revertir estas desigualdades, es necesario repensar la corresponsabilidad tanto al interior de los hogares como en relación con el Estado. Aunque la familia mantiene un rol central en la provisión de cuidados en América Latina, también es, como he señalado anteriormente, el ámbito donde más claramente se reproduce la división sexual del trabajo. En tiempos coloniales, el cuidado se organizaba mediante redes horizontales y obligaciones recíprocas que trascendían los lazos de parentesco, situando a la comunidad en el centro de la vida social. Si bien la colonización alteró profundamente estas estructuras, la lógica del cuidado colectivo no desapareció, sino que fue progresivamente reconfigurada por el ideal católico de la familia patriarcal como pilar del orden moral. Este modelo fue desplazando los arreglos comunales e impuso a la familia nuclear como espacio central del cuidado, una función que persistió tras la independencia.
Pero la prevalencia del ámbito familiar en el cuidado dentro de la región no responde únicamente a factores culturales o normativos, sino que se refuerza por el deficiente respaldo de políticas públicas que repartan la carga entre los hogares y el Estado, dando lugar a un familiarismo por defecto. Si bien existen diferencias entre países, los Estados de bienestar latinoamericanos no han logrado garantizar servicios de cuidado accesibles, de calidad y universales para el conjunto de sus poblaciones. Aunque ciertos países, especialmente en el Cono Sur, han avanzado en la construcción de sistemas públicos de cuidado, como el caso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay, en la mayoría de los casos las respuestas estatales han sido fragmentadas e insuficientes.
Por un lado, el acceso a servicios de cuidado suele estar condicionado a la participación en el mercado laboral formal, lo cual resulta insostenible en una región donde la informalidad laboral alcanza el 47.6 % en 2024. Por otro, las transferencias monetarias se han vuelto la estrategia de cajón de muchos gobiernos para cubrir las crecientes necesidades de cuidado; sin embargo, estas medidas no abordan ni su persistente feminización, ni las desigualdades estructurales en las que se inscribe. A esto se suma que las iniciativas actuales se focalizan principalmente en la primera infancia, descuidando a otros grupos cuidado-dependientes como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad o las mismas mujeres cuidadoras, quienes, al cargar desproporcionadamente con estas tareas, frecuentemente sacrifican su propio derecho al cuidado.
Aunque la familia puede asumir parte de su provisión, los cuidados no deben recaer exclusivamente en ella, por lo que el Estado, el mercado y la comunidad también deben involucrarse para equilibrar esta carga. Si bien las alternativas de mercado son importantes, no pueden prevalecer sobre los servicios públicos, pues esta lógica genera profundas desigualdades en el acceso al cuidado y transforma esta labor en una mera mercancía. Por ello, la corresponsabilidad en los cuidados debe ir acompañada de procesos de desfamiliarización, desfeminización y desmercantilización, que se sitúen en el centro de las políticas de bienestar en América Latina.
Reconocer la dependencia de nuestras sociedades en las labores de cuidado exige el diseño e implementación progresiva de políticas públicas sólidas que aseguren el derecho colectivo a cuidar, a cuidarse y a ser cuidados. Desafiar la naturalización del cuidado como una responsabilidad femenina es clave para repensar la organización social del trabajo de cuidados. Este desafío demanda revisar y reconstruir continuamente nuestras bases sociales, cuestionando la centralidad que se le asigna a la familia como principal proveedora de cuidados.
Buscar una organización social del cuidado justa, que comparta responsabilidades con el Estado, nos obliga a cuestionar nuestra relación con este último. Elsa Dorlin señala que el Estado no es neutral, sino un actor histórico en la producción y legitimación de desigualdades y violencia estructural. Por ello, enfrentamos una tensión profunda y difícil de resolver: ¿cómo exigir justicia a un sistema que institucionaliza la injusticia social?
El Estado, por medio de sus instituciones, promete bienestar y seguridad, pero los resultados son insuficientes para garantizar condiciones de vida dignas para toda la población. Es crucial cuestionar las lógicas que rigen su acción, ya que, al condicionar la protección, no solo se reproducen jerarquías sociales, sino que se refuerzan formas históricas de dominación. Un ejemplo claro es la criminalización desproporcionada que ejerce la policía sobre ciertos grupos por motivos de clase o raza, lo que evidencia que su papel como fuerza protectora no se aplica por igual. De este modo, el Estado moderno no solo distingue quién merece protección y quién queda excluido, sino que convierte el bienestar —y posiblemente el cuidado— en un recurso limitado y condicionado, distribuido mediante criterios de jerarquización en lugar de principios universales.
A esto se suma que el Estado enfrenta una paradoja: mientras promete protección, reproduce estructuras opresivas que la socavan. Esta contradicción se evidencia en la lógica militarizada que hoy define su actuar, donde un imaginario de amenaza perpetua, inculcado tanto en espacios públicos como privados, justifica la expansión del aparato penitenciario-militar. Si el lenguaje bélico inunde y coloniza nuestras relaciones sociales al fabricar enemigos instrumentales al negocio de la seguridad, ¿qué espacio queda para un modelo de cuidado desde el Estado genuinamente centrado en lo colectivo?
Tales desafíos evidencian la complejidad entrelazada que enfrenta la realidad actual del cuidado. Este brota de lo colectivo: de esos gestos cotidianos y persistentes que no solo sostienen nuestras estructuras sociales, sino que hacen posible una vida digna. Pero la forma en que se organiza nuestra sociedad continúa ignorando esta verdad, sobre todo a las mujeres que, día tras día y lejos del reconocimiento, sostienen el trabajo que mantiene la vida en marcha. Detrás de cada labor no reconocida, de cada contribución ignorada, se esconde el patrón recurrente de nuestras desigualdades.
Develar estas últimas expone la paradoja de un sistema que exalta la autosuficiencia mientras depende del trabajo sistémicamente invisibilizado de las mujeres. Se trata de una estrategia deliberada que naturaliza el cuidado como un rol femenino, como queda claro en las recientes publicaciones del mencionado exfutbolista mexicano. Estos mensajes no son casuales, pues refuerzan la estructura simbólica que sostiene la desigualdad y perpetúan la división sexual del trabajo.
El cuidado, liberado de su carga de género y asumido de manera colectiva, se transforma en un acto político de gran potencial transformador. Como advierte Joan Tronto, al haber sido estructuralmente excluido de la política, el cuidado representa una fractura silenciosa —o silenciada— en la promesa democrática contemporánea: una democracia genuina únicamente puede construirse integrando el cuidado como valor central de su proyecto político moderno. Es en ese reclamo urgente de justicia donde el viejo grito feminista perdura con potencia: lo personal es político.
