En 2007, Brasil fue confirmado como país sede de la Copa del Mundo de 2014. La noticia fue interpretada como una conquista nacional y recibió el respaldo del ámbito político, lo que indicaba que el Mundial sería un proyecto de Estado y un vector de inversiones y de visibilidad internacional. Al mismo tiempo, surgieron advertencias sobre el riesgo de su instrumentalización política, poniendo en evidencia cómo el fútbol y el poder público se entrelazarían en el ciclo político que culminaría en la elección presidencial de 2014.
En 2013, Dilma Rousseff, sucesora de Lula, se encontraba en el tercer año de su mandato, y proyectaba la imagen de una gestora competente y era reconocida por su rigor en el combate a la corrupción. En términos de opinión pública, ese capital político era significativo: al final del primer año de gobierno, Rousseff alcanzó un 59% de aprobación; en marzo de 2012, una encuesta indicó un 63% de aprobación del gobierno y un 77% de aprobación personal de la presidenta. Ya en marzo de 2013, en un clima aún optimista, el 65% evaluaba al gobierno como “muy bueno” o “bueno”.
Pero, poco antes del Mundial, empezó un proceso de erosión de la popularidad del gobierno. Para captar los elementos centrales del bienio 2013-2014 —y, con ello, comprender por qué el año del Mundial transcurrió en un clima convulsionado—, resulta útil articular dos dimensiones: el deterioro económico y la reconfiguración del conflicto político, catalizada por movilizaciones callejeras, escándalos y la disputa electoral.
En el plano económico, Rousseff buscó reducir la tasa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custodia)[1] para estimular la inversión y la industria. Entre agosto de 2011 y noviembre de 2012, la tasa cayó de 12,50% al 7,25% anual. Esta orientación combinó la baja de tasas con políticas de crédito e incentivos, como financiamiento público, desgravaciones sobre la nómina salarial, inversión en logística, reducción del costo de la electricidad, depreciación cambiaria y medidas de protección del producto nacional.
En 2013, sin embargo, el Banco Central volvió a elevar la SELIC para enfrentar presiones inflacionarias, lo que comprometió el impulso buscado por la estrategia anterior. En 2014, los efectos de la desaceleración económica global se hicieron más visibles, incluso a través de mecanismos vinculados al patrón exportador brasileño: la caída de la demanda internacional de commodities afectó las exportaciones, la balanza comercial y las cuentas externas. La retracción global también afectó los flujos de inversión extranjera directa. El resultado fue una combinación explosiva: inflación persistente y crecimiento bajo.
Más allá del diagnóstico macroeconómico, el punto es que ese deterioro condicionó el conflicto político en el año del Mundial y de las elecciones. En contextos de bajo crecimiento económico, la tolerancia social ante gastos públicos considerados poco prioritarios tiende a disminuir. La Copa se convirtió en blanco de críticas sobre la eficiencia estatal y las prioridades del gobierno —críticas que ya se habían anticipado en junio de 2013.
La crisis política que se consolida en el bienio 2013–2014 se explica por la intensificación de los antagonismos sociales, en particular entre las clases medias y altas, que ya mantenían una posición crítica frente al Partido de los Trabajadores (PT), pero que en este periodo adquirieron mayor visibilidad y capacidad de movilización. Tres eventos estructuraron este desplazamiento: las manifestaciones de junio de 2013, el escándalo de corrupción en Petrobras y la elección presidencial de 2014. Estos acontecimientos reconfiguraron el campo de disputas en torno a la legitimidad del gobierno y al sentido del proyecto político inaugurado por el lulismo.
Entre junio y julio de 2013, hubo movilizaciones masivas que comenzaron como protestas contra el aumento de las tarifas del transporte público en São Paulo, inicialmente con escasa cobertura mediática. La dinámica cambió tras la represión policial del 13 de junio, que alteró el encuadre público de las manifestaciones. Los participantes, antes caracterizados como “vándalos”, comenzaron a ser presentados como “ciudadanos” que demandaban derechos, lo que amplió la legitimidad social del movimiento. La consigna “no es sólo por veinte centavos” operó como un significante vacío, en el sentido propuesto por Ernesto Laclau, al articular demandas heterogéneas bajo una crítica más amplia al sistema político y a las prioridades estatales. En este contexto, los gastos asociados a la organización de la Copa Mundial de 2014 se convirtieron en un objeto central de impugnación, al ser percibidos como expresión de un uso cuestionable de los recursos públicos frente a las deficiencias en los servicios básicos.
Un aspecto decisivo de este ciclo fue la transformación del sujeto político de la protesta. Las movilizaciones de 2013 introdujeron con mayor claridad la figura del “ciudadano de bien”, asociada a sectores sociales con una identidad política distante de las tradiciones organizativas de la izquierda. Esta transformación alteró la gramática de la contestación, al desplazar el protagonismo desde organizaciones políticas estructuradas hacia formas de movilización más difusas, atravesadas por un fuerte sentimiento antipartidista y por apelaciones a valores morales como el orden, la honestidad y la transparencia. Esta nueva configuración simbólica amplió la base social de la crítica al gobierno y creó las condiciones para la articulación de demandas económicas, institucionales y morales en una narrativa común de rechazo al orden político existente.
En este contexto, la Operación Lava Jato, iniciada en 2014, adquirió una centralidad decisiva. La investigación reveló un esquema de corrupción en Petrobras que involucraba a empresas constructoras, partidos políticos y funcionarios públicos, aunque existían indicios de que estas prácticas precedían al gobierno de Rousseff. Sin embargo, el momento de su exposición pública resultó políticamente determinante, al coincidir con el proceso electoral en el que la presidenta buscaba la reelección. La amplia cobertura mediática del caso contribuyó a erosionar la legitimidad del gobierno, incluso en ausencia de pruebas directas que implicaran personalmente a Rousseff. La operación se convirtió así en un eje estructurante del debate público y en un instrumento que reorganizó el campo opositor en torno a la agenda anticorrupción.
En este escenario, marcado por la desaceleración económica, el legado de las protestas de 2013 y la centralidad de la corrupción en la discusión pública, la elección presidencial de 2014 se desarrolló en un clima de alta polarización. La oposición percibió por primera vez una posibilidad real de derrotar al lulismo. No obstante, tras una contienda sumamente reñida, Rousseff fue reelegida, lo que profundizó las tensiones políticas existentes en lugar de resolverlas.
La Copa Mundial, inicialmente concebida como un proyecto de afirmación nacional, quedó atravesada por críticas al gasto público, demandas de mejora en los servicios y una creciente agenda anticorrupción que adquirió la forma de una cruzada moral. La convergencia de desaceleración económica, escándalos de corrupción y polarización electoral produjo un clima de contestación que permite comprender por qué el Mundial se desarrolló en un contexto de intensa disputa política y por qué ese clima no se disipó con el cierre del torneo, sino que se prolongó en la crisis institucional que culminaría con el impeachment de Dilma Rousseff en 2016.
[1] Tasa de interés overnight fijada por el Banco Central Brasileño (Banco Central do Brasil).
