Todo ha cambiado en el fluir silente
del tiempo y de la vida que adelanta;
la provinciana paz es lapso muerto.
Sólo nos queda como encanto cierto
Del aledaño mar, la voz que canta,
Del sol occiduo, lumbre iridiscente.
José Mena Castillo, “Culiacán”, junio de 1951.
Como nunca antes, he sido invitado a participar en reuniones para abordar la crisis que, durante más de dos años, hemos padecido en buena parte de Sinaloa, empezando por Culiacán, y, desde luego, plantear alternativas para enfrentarla en el corto, el mediano y el largo plazo. Al atender estas invitaciones, he encontrado distintos tratamientos: unos cercanos a la lectura policíaca y securitaria; otros relativos al malestar social, la “construcción de paz” y la necesidad de reactivar la economía con una agenda diversa y hasta un poco convulsa de actividades; y otros más próximos a la política stricto sensu, señalando el déficit de la acción pública, con las consecuentes críticas y los reclamos de una más efectiva injerencia de los gobiernos federal y, sobre todo, estatal, algo que resulta perfectamente comprensible si se considera que el surgimiento mismo de tantas iniciativas civiles de todo tipo responde, justo, a esa insuficiencia de la intervención pública frente a un pathos social en aumento (con todo y que en esas manifestaciones se dan cita, como es de suponerse, intereses partidistas que buscan llevar agua al molino electoral, lo que no deja de confundir y enrarecer la atmósfera de la protesta, pero ya se sabe, así es esto).
Uno de nuestros problemas de apreciación de la realidad —algo así escribía Ricardo Piglia en Los diarios de Emilio Renzi— es que hablamos del presente como si ya hubiera pasado. Lo juzgamos sin ninguna perspectiva.
Que estos enfoques se estén imponiendo, obedece, en el fondo, a la visión episódica que anima los diagnósticos y las respectivas propuestas a la mano; algo muy característico de las lecturas políticas y periodísticas del centro del país y el extranjero, así como de las meritorias convocatorias y esfuerzos hechos localmente. Se parte de considerar que la crisis obedece a lo que salta de inmediato a la vista: un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, y de ahí se desgranan una sucesión de hechos y estadísticas (homicidios, desapariciones, detenciones, desapariciones forzadas, o bien negocios quebrados y empleos perdidos, entre otros). El mundo termina, así, traducido en las noticias deprendidas de un resonante episodio, en lo “noticioso” como superficie de una cebolla a cuyas capas profundas no se llega nunca. Uno de nuestros problemas de apreciación de la realidad —algo así escribía Ricardo Piglia en Los diarios de Emilio Renzi— es que hablamos del presente como si ya hubiera pasado. Lo juzgamos sin ninguna perspectiva. Es la exploración de dicha perspectiva lo que anima estas notas.
Por esta, entre otras razones, acepté coordinar un seminario permanente organizado por el Centro de Estudios de Política Cultural (CEPOC), una asociación civil sinaloense que pretende formular las preguntas desde otros miradores y presentar, por consiguiente, respuestas de mayor alcance no a esta crisis en particular, sino al conflicto social que nos ha marcado desde hace por lo menos sesenta años. Expondré aquí los resultados de una sola de las indagaciones que hemos emprendido, imprescindible si es que en verdad se procura ofrecer una explicación y una hermenéutica seria y articulada de lo que ocurre en esta capital que, el pasado 29 de septiembre, cumplió 495 años de haber sido fundada por Nuño Beltrán de Guzmán.
Me referiré al ya prolongado arco trazado por el desarraigo que, en su versión más reciente, desde la década de los cincuenta del pasado siglo, explica en buena medida nuestro déficit de adscripción normativa y cultural, caldo de cultivo óptimo para la incubación y desarrollo del virus de la violencia.
Un déficit histórico
La sinaloense —y sobresalientemente la culiacanense— es una sociedad desarraigada y, en general, demediada: no ha dado vuelta a las páginas de su historia, no ha convertido sus epílogos en nuevos prólogos, no ha cerrado sus ciclos históricos.[1] Un asunto en el que apenas hemos puesto atención, ubicable desde la Conquista y actualizado a lo largo de los siglos de diferentes maneras, y muy notablemente en los días que corren.
Aquí se localiza una impronta secular, velada por la inercia del tiempo, empezando por la literal extinción de las culturas prehispánicas más avanzadas de esta parte del Septentrión mexicano.[2] Enseguida, ya en la Colonia, el sistema misional y su abrupta crisis (1591-1767) determinaron un segundo desarraigo, pues pese a que en Culiacán las misiones tuvieron un desarrollo desigual debido a las condiciones de la serranía en que se fincaron, al ser expulsados los jesuitas los pueblos indígenas quedaron aislados y convertidos en surtidores de fuerza de trabajo en las minas, acelerando su dispersión y casi se diría su exterminio. A lo cual hay que sumar, en la segunda mitad del siglo XVIII, ya con las reformas borbónicas, la decadencia de las comunidades en los valles y el desarrollo de los reales mineros en la serranía con la labor de los arrieros (personajes en los que encarna el desarraigo) y el bandolerismo, mientras la práctica del contrabando se enseñoreaba en las costas.
Desde aquellos tiempos se consolida un desarraigo que se profundizó en el siglo XIX con el abandono de los Altos, convertidos en una región sin gobierno
Desde aquellos tiempos se consolida un desarraigo que se profundizó en el siglo XIX con el abandono de los Altos, convertidos en una región sin gobierno, lo que históricamente puede documentarse con las insurrecciones de los feroces acaxees y xiximes en la Colonia, la minería expoliadora, el bandolerismo y el arrierismo, la desconfianza en la autoridad y la imposición de la fuerza como recurso para dirimir cualquier conflicto en una población librada a su suerte. Sin embargo, este fue un desarraigo paradójico que bien podríamos denominar, con un oxímoron, como un “arraigo desarraigado” porque, aun con el olvido y el aislamiento, en ese territorio, cuya extensión, por cierto, representa el 40 por ciento del sinaloense, se sedimentaron tradiciones, creencias, un habla, convenciones, una religiosidad y un precario pero relativamente estable ecosistema productivo y comercial.
Y fue precisamente en la economía donde se fraguaron, en esa zona, las condiciones que dieron lugar, desde la segunda mitad del siglo XX, al más reciente de nuestros desarraigos: el más extendido y profundo, el que, bajando de las montañas, ha dejado una perdurable secuela en el resto de la geografía física y humana de la entidad, particularmente en lugares como Culiacán.
Primera ola, las presas
En principio, en el intervalo de 1920-1930 se reunieron dos situaciones: 1) el declive minero provocado por la crisis del patrón plata en el mundo, y 2) la campaña antichina que obligó a una parte de esos migrantes a refugiarse en la intrincada orografía de los cerros. Con lo primero inician las olas de desplazamientos demográficos de la sierra a los valles y las ciudades, y con lo segundo se sienta el precedente para que la gente de esos rumbos aprendiera a cultivar la amapola y procesar la goma de opio.[3]
Más allá de la existencia o no de un acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y México durante la Segunda Guerra, es entonces que empieza a producirse en cantidades industriales la goma de opio que servirá, primero, para producir anestésicos y otros derivados, y después se venderá al mejor postor (casi siempre a compradores estadounidenses) para la producción y comercialización de estupefacientes. Ahora bien, al colapso de la economía y la cultura tradicional de los Altos, contribuyó también otro hecho, resultado no ya de un contexto histórico internacional como el configurado por el Crack del 29 o la conflagración bélica mundial, sino de una decisión tomada en las cumbres del poder federal en México: la puesta en marcha del llamado modelo de desarrollo agroexportador en Sinaloa.
en 1939 inicia la construcción de la presa Sanalona sobre el río Tamazula, y así se prosiguió con el crecimiento de esta infraestructura hasta ahora en que Sinaloa cuenta con trece moles hidroagrícolas
De modo que, contra lo que la narrativa convencional propone, el origen de la primera ola de desplazamientos poblacionales bajados de la serranía no fue la violencia ni la producción y trasiego de enervantes, sino un ensayo modernizador que, como ocurre con frecuencia, arrastró un alud de contradicciones que atraviesan toda nuestra historia contemporánea. Para tener una agricultura tecnificada, en 1939 inicia la construcción de la presa Sanalona sobre el río Tamazula, y así se prosiguió con el crecimiento de esta infraestructura hasta ahora en que Sinaloa cuenta con trece moles hidroagrícolas, cuya posibilidad de captación de aguas es equivalente al 20 por ciento de la capacidad de almacenamiento de las 210 principales presas de México.
Puede hablarse, por lo menos, de dos consecuencias de esta transformación económica. La primera, alude a la necesidad que tuvo el mercado agroexportador de crear, en centros urbanos, plataformas de distribución de los productos agrícolas hacia mercados del exterior (Culiacán es el caso ejemplar), una logística y una infraestructura que fue aprovechada para el traslado de drogas ilegales al extranjero, tal y como sucedió en otras ciudades del país, reveladoramente en Apatzingán en el estado de Michoacán.[4] Y la segunda, que es la que me interesa subrayar en este escrito, es la que tiene que ver con los flujos demográficos obligados por el “reacomodo” de las familias ubicadas en los espacios de los embalses de las presas o sus zonas aledañas. Ambas terminaron ligándose para generar un desarraigo por doble partida, y de esto me ocuparé más adelante.
Junto con el impacto ambiental que supuso el levantamiento de la infraestructura hidráulica (la pérdida de biodiversidad en la sierra, más la contaminación por pesticidas y fertilizantes en los valles regados a través de los flamantes sistemas de riego), el investigador sinaloense Omar Mancera González ha calculado, ante la falta de un registro organizado por parte de las autoridades, que, en diez de las trece presas que conforman la red que ha ensanchado la frontera agrícola, se anegaron 201 poblados, relocalizándose 4,744 familias. El mismo académico ha resumido este recurrente drama humano: “Estos pueblos tuvieron grandes pérdidas en materia cultural y productiva, perdieron su independencia económica porque tenían sus propias parcelas, tierras fértiles que les daban autosuficiencia de sustento e incluso para la venta de sus productos, contrario a las tierras infértiles que les dieron como compensación al ser reubicados”.[5]
Tal es el origen de poblaciones como Villa Adolfo López Mateos, Pueblos Unidos, sindicatura Emiliano Zapata, Palmitas, Campo México, Terahuito, San Marcos y varias más. Algunas crónicas, como las recogidas por el profesor Jesús Cuén Sánchez, han registrado lo que se quedó allá arriba, dando cuenta de la historia de las 13 comunidades desalojadas en la zona donde se edificó la presa Adolfo López Mateos, conocida como El Varejonal, en los Altos de Culiacán y Badiraguato (iniciada en 1957 y culminada en 1964), de las cuales tres eran ejidos, siendo las diez restantes fundadas por el sistema misional (Alicama que llegó a tener el rango de alcaldía) y otras de origen tahue, es decir, prehispánico (Careatapa, Morirato) o colonial (formadas alrededor de haciendas en las que todavía se practicaba el gobierno de la mayordomía, como El Zalate de Los Ibarra). Sitios de una demarcación en la que había actividad agrícola y ganadera, comercio en un subsistema regional, peregrinaciones religiosas, música de bandas locales como la de “Los Moriratos”, festividades patronales y carnavales, para señalar sólo unas cuantas de sus prácticas materiales y simbólicas, no pocas de ellas seculares (“se rezaba el Rosario en la forma antigua”, cuenta una anciana al profesor Cuén).[6]
Segunda y tercera olas, la Operación Cóndor y la violencia
Estos primeros movimientos de migración forzada se han sostenido, al ritmo de los requerimientos de la infraestructura hidroagrícola, durante ochenta años. En ese dilatado curso, ocurrió una segunda y explosiva ola de desplazamientos, la propiciada por el despliegue de la Operación Cóndor, iniciativa del gobierno de EEUU, trasladada, desde la lógica securitaria, de América del Sur (de ahí la denominación del ave de Los Andes) a México: no se trataba ya de un combate a la insurgencia guerrillera, sino de erradicar (así se decía) la producción y trasiego de estupefacientes. No puedo aquí pormenorizar en el tema, baste por lo pronto asentar que durante dichos operativos militares —en los cuales, además de la persecución directa, se utilizaron herbicidas y defoliantes altamente tóxicos que afectaron indiscriminadamente a la naturaleza y a la población— desaparecieron (según el comparativo censal de 1970-1980) más de 2,000 comunidades de la región conocida como el Triángulo Dorado. Entretanto, por esas fechas, en un estudio realizado por el Colegio de Abogados Eustaquio Buelna de Culiacán, con base en los testimonios de 457 reos acusados de delitos contra la salud, internos en el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa (IRSS), ¡solamente en los meses de marzo y abril de 1978!, se concluía que el 85 por ciento de los reclusos estaba integrado por campesinos jornaleros de escasos recursos y el resto por jóvenes urbanos en condiciones de precariedad.[7]
Lo que sobrevino después es del conocimiento público. En la medida en que los productores de drogas se fueron convirtiendo en traficantes y expandieron sus alcances hemisférica y transoceánicamente, en su tercera ola, los desplazamientos forzados empezaron a responder, como lo siguen haciendo, a las dinámicas de la violencia entre grupos armados: enfrentamientos entre organizaciones, extraccionismo de recursos naturales, despojo y extorsión como parte de la diversificación del ilegalismo, entre otras. En un estudio hecho por la investigadora Laura Rubio, se establecía que “desde el 2008 (hasta 2014) la violencia interna ha desplazado en Sinaloa a casi 2 mil familias. Este 2015 (o sea, en sólo un año) el desplazamiento pudo haber alcanzado los 25 mil. Para darnos una idea de la magnitud del hecho —informaba Rubio—, el conflicto del neozapatismo y los desplazados por razones de posesión de tierras y diferencias religiosas en Chiapas, generó esa cifra de desplazados en diez años.[8]
Nada más en lo que va de la crisis iniciada en septiembre del 2024, se cuentan oficialmente más de 3,600 familias forzadas al desplazamiento,[9]
Giro demográfico y extrañamiento social
De manera que, esquemáticamente, se pueden identificar tres grandes olas de migración interna, intrínsecamente mezcladas en sus consecuencias, asociadas a: 1) la transformación de la economía regional con la adopción del modelo agroexportador y la infraestructura hidroagrícola que lo ha acompañado (desde 1939 hasta la fecha), 2) la Operación Cóndor (de 1977 a principios de los ochenta), y 3) la causada por la violencia en la serranía (de mediados de los setenta al día de hoy). Con esto, se ha operado un palmario giro demográfico en el estado, documentado en el siguiente cuadro:
Como se puede observar, no sólo se trata de que la composición demográfica de Sinaloa pasó a ser mayoritariamente urbana, sino de que, desde el año 2000, la población rural, comparada consigo misma, ha decrecido, y esa tendencia es, al parecer, irreversible. No obstante, dicha mengua demográfica de lo rural, antes que una secularización tal y como se entiende en las lecturas clásicas de la modernización, ha emparejado las pautas de comportamiento colectivo en ambos medios debido a la hibridación cultural que las migraciones internas han traído consigo. La mengua poblacional de lo rural no ha entrañado, necesariamente, su mengua cultural sin más, sino una integración sui generis en cada caso, en cada período y en cada lugar.
En lo relativo a Culiacán, tenemos que mientras en 1950 su población era de 48,936 habitantes, en 1960 ascendía a 85,024, hasta llegar en 2020 a 1,003,530. Un inusitado incremento demográfico en la capital del estado.
Queda claro, así, que la segunda mitad del siglo XX significa un tiempo de inflexión fundamental para entender los cambios económicos, sociales, culturales, y el vuelco transgresor que, con sus crisis reiteradas (los episodios espectaculares que son abordados sin perspectiva alguna), han cruzado a Culiacán hasta el día de hoy. Y una sustancial parte de nuestros problemas, tiene que ver con el desarraigo acentuado en esta mediana duración.
¿qué “rencor social” se fueron reservando hasta ponerlo en acto de maneras, incluso, insospechadas?, ¿qué extrañamiento sufrieron al encontrarse con un paisaje físico y humano que no entendían y al que prácticamente arribaron con una mano delante y otra detrás?,
Para empezar, la migración forzada hacia las ciudades y los valles en los cuales están enclavadas, trastocó la vida de las familias que tuvieron que dejar sus lugares de origen. Por eso, algunas de las preguntas que sin demora tendríamos que hacernos son: ¿de qué manera el modelo de acumulación de capital distintivo del Milagro Agrícola Sinaloense, que colapsó los sistemas productivos locales, junto con el narcotráfico y su combate —y ahora otras actividades delincuenciales—, afectaron la vida de estas personas que tuvieron que abandonar su residencia en el medio rural para migrar a la ciudad? Por así decirlo, ¿qué “rencor social” se fueron reservando hasta ponerlo en acto de maneras, incluso, insospechadas?, ¿qué extrañamiento sufrieron al encontrarse con un paisaje físico y humano que no entendían y al que prácticamente arribaron con una mano delante y otra detrás?, ¿cómo experimentaron sus descendientes ese extrañamiento, ese desencanto social?, ¿qué puertas encontraron abiertas para “rehacer” su vida, para reinventarse como seres con un presente y un porvenir, teniendo caminos muy limitados para transitar?, ¿qué nuevos códigos, fuera de la sociedad convencional, encontraron y fueron ellos mismos creando para abrirse paso en un mundo donde no tenían cabida?
Consecuencias de inicio
Mi hipótesis es que las primeras dos olas de desplazamientos —las prohijadas por el modelo agroexportador, el aniquilamiento de ecosistemas naturales, productivos y culturales tradicionales con las presas y la Operación Cóndor—, al enfrentar a la autoridad pública con la población (trátese de gente ordinaria o dedicada al ilegalismo, pues apenas hubo distingo en esto), profundizaron la desconfianza, el sentimiento de agravio y el alejamiento de las esferas normativas y convencionales de relación social. De esta marea del desarraigo venido de lo rural, más el que experimentaron quienes ya vivían en la ciudad, se derivan, en buena medida, fenómenos como el radicalismo político de la juventud universitaria,[10] el movimiento urbano-popular de precaristas sin vivienda, el desdibujamiento de espacios y formas de adscripción citadina, el quiebre de los principios y las representaciones que organizaban una jerarquía y un horizonte de vida, todo esto en los setenta del siglo XX. Dos desarraigos, entonces, que van, como se dice, “junto con pegado”, y que se fundirían y refundirían persistentemente en los centros urbanos y el medio rural.
Por lo mismo, porque fueron procesos simultáneos, hay que considerar también la manera en que las pequeñas villas urbanas como Culiacán, en camino de convertirse en “ciudades letradas” de fines de los cincuenta a principios de los sesenta (florecimiento de una plástica, una música, un teatro, una labor editorial y una literatura), pasaron de tener un 36 por ciento de sus moradores oriundos de otros lugares en 1950, al 70 por ciento llegados de fuera en 1980, ya convertidas en urbes extensas y complejas. La mancha urbana de la capital sinaloense, explicablemente, se incrementó casi siete veces en dos décadas: de 1,599 hectáreas en 1970 a 8,303 en 1990.
La académica Iliana Padilla Reyes, a quien debo el dato anterior, en un estudio sobre la geografía de la violencia delincuencial en Culiacán, hace hallazgos sobresalientes al localizar los espacios de recurrencia delictiva y los sectores habitados por quienes delinquen (que no es lo mismo que donde se lleva a cabo la transgresión). Ubicadas las características de los sectores en que se está produciendo delincuencia (desde la ligada a homicidios hasta la patrimonial), encuentra que éstos son los que tienen una historia, desde los años setenta, y sobre todo los ochenta y noventa del siglo pasado, como asentamientos irregulares ocupados por gente que tuvo que desplazarse del medio rural al urbano, es decir, hay ahí una historia pendiente y de la que tenemos que hacernos cargo para saber con qué conflicto estamos tratando y cómo puede gestionarse. En esta ciudad —informa también Padilla Reyes—, el 58 por ciento de los detenidos por la policía entre el 2000 y el 2010 provino de estas colonias y su edad iba de los 13 a los 27 años; eran adolescentes y jóvenes que buscaron, por diferentes motivos, obtener satisfactores y reconocimiento desde la ilegalidad.[11]
A esto hay que agregar la tragedia del juvenicidio: entre el 2007 y el 2018 se cuentan 7,600 hombres y mujeres de entre 15 y 35 años asesinados en Sinaloa. Los adolescentes y jóvenes han sido, en este sentido, víctimas y victimarios en un escenario donde el involucramiento con redes criminales ofrece expectativas de ingresos y prestigios súbitos y, del otro lado, una vida que puede acabar rápido, pero que se vive con intensidad. Una decisión que se relaciona con un desarraigo valorativo y material. Ahí estuvo, y en gran parte sigue estando, antes del reclutamiento forzado o con engaños, eso que podemos llamar el ejército semirural (o semiurbano, como se quiera, porque en el maremágnumdemográfico la distinción se ha vuelto indiscernible) de reserva de la actividad transgresora.
Un presentismo intenso
Esto permite entender cómo la tercera ola de desplazamientos —ocasionada por los puros y duros enfrentamientos entre grupos de civiles armados y ya no desde la resistencia u oposición a la violencia pública—, auspiciaron eso que investigadores como José Manuel Valenzuela han llamado un “presentismo intenso”.[12]
El mismo declive de la adscripción religiosa puede explicarse, aunque no como única causa, por este desarraigo, por este extravío del sentido de trascendencia. No se trata sólo, repito, de un proceso de secularización moderno, sino quizá de lo contrario, de una pérdida o fragmentación de un horizonte moral y normativo: en 1950, el 98.1 por ciento de las y los sinaloenses se reconocían católicos, el 0.5 por ciento se adscribían a otras religiones y el 0.1 por ciento se decían ateos, mientras que el 2020, el 77.6 por ciento eran (por lo menos declarativamente) católicos, 9.1 por ciento de otras religiones y 13.3 por ciento ateos. Un literal y creciente desencantamiento de la existencia.
“Hey tú, vergas, qué vergas le ves a ese verguillas”, he escuchado decir a más de un joven cuando reclama a su pareja la atención puesta a otro varón en un espacio público.
El habla ordinaria del culiacanense ha cambiado también drásticamente. Una hibridación lingüística que señaló el académico Everardo Mendoza: “En la concentración de pobladores de origen diverso (…) se interrelacionan variedades lingüísticas de distintos pueblos rurales que, presionados por la norma urbana existente, van modificando sus usos, no sin pelear una intensa negociación por también influir con sus variantes (…). Es importante conocer cuál y cómo es el habla urbana de esta ciudad, cuándo lo ranchero dejó de serlo y qué tan ranchero es el hablar urbano de los culichis actuales”[13]. Esta hibridación, mediada por las tensiones del performance de la violencia, se ha traducido en un habla con un vocabulario precario y plagado de sinonimias al vuelo: “Hey tú, vergas, qué vergas le ves a ese verguillas”, he escuchado decir a más de un joven cuando reclama a su pareja la atención puesta a otro varón en un espacio público. Algo más que economía del lenguaje, algo más que un síntoma: una manera de estar en el mundo, dirían los fenomenólogos.
Al estrés decisional generado por el vuelco demográfico en las ciudades, le siguieron la carencia de opciones de vida en la formalidad, la adopción del “no nacimos pa’ semilla” como mantra y la atomización social, causados, en buena medida, por el desarraigo acentuado desde la segunda mitad del siglo XX en la región, y arquetípicamente en su ciudad capital. A cambio, como he señalado antes, lo que ha florecido —estoy tentado a decir que más bien ha estallado— es un presentismo intenso entre la población joven (y no tan joven), manifestada en su performance social —incluido el outfit personal de mujeres y hombres—, su habla acelerada, su propensión al consumismo manifestado en sus gustos musicales (de la música de viento tradicional y el corrido campirano, a los “tumbados” y la llamada nueva música regional mexicana con su amalgama de banda, trap, rap, sus letras incitadoras de un aspiracionismo que hace el elogio de la obtención del éxito por cualquier medio).
¿Un nuevo acuerdo social?
En vía de mientras, porque esto ya es materia de otro escrito, digamos dos cosas más:
Primero, no podemos dejar de ubicar una responsabilidad pública en lo ocurrido en los últimos sesenta años en Sinaloa y en ciudades como Culiacán. En lo general y en lo particular, el gobierno federal desconoció el singular espesor de lo local y, si mucho, aplicó políticas modernizadoras, tanto económicas como sociales, planas y rasas; mientras que los gobiernos estatales simplemente dejaron pasar y dejaron hacer (para no hablar de las franjas de liminaridad de lo político con lo delincuencial). En ambos casos, lo que ha quedado es la intervención reactiva frente a hechos consumados cuya causalidad histórica sigue siendo un enigma.
la sociedad tiene que salir de su pasmo, violentarse para realizar un hecho de conciencia del cual surja una agenda pública, una suerte de nuevo acuerdo social.
Y, segundo, ante esta reactividad o inacción sin más, la sociedad tiene que salir de su pasmo, violentarse para realizar un hecho de conciencia del cual surja una agenda pública, una suerte de nuevo acuerdo social. Y, más allá o junto con las medidas securitarias, en lo que se tendría que trabajar de inmediato es en la reconversión de la economía: en los términos de la CEPAL, Sinaloa ha pasado de ser un territorio económicamente estancado a uno definitivamente perdedor. Lo otro, tendría que ser una política social transversal que considere el desarrollo urbano, la movilidad y los entornos físicos adecuados para fomentar nuevas adscripciones, junto con la promoción de relaciones horizontales de solidaridad en las colonias y comunidades a partir del ejercicio de la auténtica gobernanza. Acompañar la agregación de valor en la economía a la incorporación de valor a nuestras relaciones sociales (y aquí deberían entrar iniciativas de economía creativa, de restitución de un nuevo sentido identitario, de animación sociocultural, entre otras).
No entendemos, porque ni siquiera nos hemos hecho la pregunta, con qué conflicto hemos topado. Los tomadores de decisiones tendrían que partir de aquí para el diseño y ejecución de políticas públicas. Espero que nos demos cuenta de esto más temprano que tarde, porque la celebrada resiliencia de la sociedad convencional no es eterna y está al filo de confundirse con otro ánimo social, éste sí pasivo e inmovilizador: la pura resignación.
Textos de Ronaldo González Valdés en la Revista Presente.
[1] He desarrollado esta conjetura en un libro publicado hace tiempo, Sinaloa: una sociedad demediada, Juan Pablos, 2007. El presente ensayo forma parte de una investigación que pronto dará lugar a un nuevo texto que corrige y agrega enfoques, consideraciones e información a las tesis sostenidas en aquél.
[2] Huey Colhuacan, el nombre prehispánico de la zona donde se ubicaba la principal sede del señorío Tahue, significa “lugar en que se adora al dios Coltzin”, aunque también tiene otras acepciones: “cerro torcido” y “lugar donde se tuercen los caminos”. Actualmente no hay en Culiacán alusión alguna a los tahues, salvo una calle perdida en los atareados berenjenales de la colonia Industrial-El Palmito. Esa cultura no llegó siquiera a constituir, después de la Conquista, un rasgo identitario. En lo que fue este señorío que dominó la región en que hoy se asienta Culiacán, de los 200,000 tahues que la habitaban en 1530, sobrevivían solamente 8,000 en 1570 (Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa, México, El Colegio de México-FCE, 1999. El autor extrae esta información del texto de Peter Gerhard, Frontera norte de la Nueva España 1519-1821, México, UNAM, 1986).
[3] Agradezco al historiador Félix Brito Rodríguez su generosidad al compartir el avance de su investigación en curso “La sierra que desborda al Estado: historia social y violencia en los Altos de Sinaloa”.
[4] El investigador Joel Herrera, a quien agradezco haberme dado a conocer una primera versión, realizó un estudio comparativo entre Michoacán y Sinaloa, próximo a publicarse en su versión en inglés, titulado “Building States and illicit markets in postrevolutionary Mexico”.
[5] El libro de Mancera González, Etnografía de la relocalización. Impactos socioambientales y empoderamiento pacifista en comunidades desplazadas por la construcción de presas, está disponible en versión electrónica, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2025.
[6] Cuén Sánchez, José de Jesús, De los Altos a la costa. Síntesis histórico geográfica de Villa Presidente Adolfo López Mateos, Culiacán, H. Ayuntamiento de Culiacán y La Crónica de Culiacán, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, 1999.
[7] Está información en Ortiz Pinchetti, Francisco, Miguel Cabildo, Federico Campbell e Ignacio Rodríguez (coautores), La Operación Cóndor, México, Editorial Proceso, 1981.
[8] Laura Rubio Díaz-Leal, Desplazamiento interno inducido por la violencia: Una experiencia global, una realidad mxicana, Ciudad de México, ITAM, 2014, disponible en https://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/libro_desplazamiento_una_realidad_mexicana.pdf
[9] Mario Núñez, “«No hay retornos oficiales de familias desplazadas en Sinaloa»: Sebides”, El Sol de Sinaloa, 17 de junio de 2026, enhttps://oem.com.mx/elsoldesinaloa/local/no-hay-retornos-oficiales-de-familias-desplazadas-en-sinaloa-sebides-30600727 (consultado el 15 de octubre de 2026).
[10] El ensayo insurreccional del “asalto al cielo” en el valle agrícola de Culiacán en 1973, el grupo de “los enfermos” y su relación con la Liga Comunista 23 de Septiembre, cuyas filas se alimentaron mayoritariamente de esa juventud de origen rural.
[11] Padilla Reyes, Iliana, Geografía de la violencia en Culiacán, México, Universidad Autónoma de Sinaloa, 2017.
[12] Valenzuela Arce, José Manuel, Corridos tumbados. Bélicos ya somos, bélicos morimos, México, Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC-Universidad de Guadalajara, 2023.
[13] Mendoza Guerrero, Everardo, El habla de Culiacán, Culiacán, Universidad Autónoma de Sinaloa, Instituto Municipal de Cultura de Culiacán y Colegio de Sinaloa, 2011.
