Vivimos en una época histórica en la que el trabajo —generalmente bajo la forma de empleo remunerado— organiza nuestras vidas y, en buena medida, marca nuestras identidades. Por ello, el mundo del trabajo puede tener impactos profundos en la vida de las personas, no sólo en el plano económico, sino también en el social, físico y psicológico.
Sin embargo, durante mucho tiempo los análisis y regulaciones sobre las condiciones laborales han pasado por alto una de las formas de trabajo más comunes y necesarias en todas las sociedades, a lo largo de la historia y en todo el mundo: el trabajo de cuidados. El cuidado es, en pocas palabras, el trabajo más importante que existe por dos razones fundamentales: es el que sostiene la vida y el que posibilita que todos los demás trabajos existan. Para que una persona pueda salir a trabajar, necesita tener garantizados los cuidados —para sí misma y para sus seres queridos—, lo que coloca al cuidado en el centro mismo de la vida laboral y de la organización social.
Esta forma de trabajo, pese a ser esencial e imprescindible, ha sido relegada y considerada una actividad subordinada al empleo que genera ingresos, lo cual genera barreras para la participación laboral de las mujeres. Como consecuencia, las empresas que omiten su corresponsabilidad en los cuidados pierden acceso a trabajadoras capacitadas y comprometidas, con niveles de escolaridad promedio superiores a los hombres y con habilidades únicas que no son fáciles de reemplazar.
Incluso la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus más de cien años de historia comprometida con la justicia social como base para alcanzar una paz universal y duradera, no había abordado directamente el trabajo de cuidados en sus 190 convenios adoptados, aunque sí lo había realizado tangencialmente. Desde 1981, el Convenio 156 de la OIT había establecido que las responsabilidades familiares —hoy entendidas como cuidados— no deben constituir un obstáculo para el desarrollo laboral y la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Además, plantea que los Estados implementen medidas para que las necesidades de quienes cuidan se reflejen en las condiciones laborales y de la seguridad social.
En junio de 2019, en la Declaración del Centenario de la OIT se hizo un llamado a promover las inversiones en la economía del cuidado como parte del enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas para hacer frente a las transformaciones radicales que experimenta el mundo laboral. No obstante, fue la pandemia de COVID-19 visibilizó como nunca antes la centralidad de los cuidados y aceleró la difusión de nuevas perspectivas y propuestas sobre el tema. Muchas de las respuestas sociales, económicas y políticas surgidas en ese contexto retomaron ideas que el pensamiento feminista venía formulando desde décadas atrás. Una de ellas es que el trabajo de cuidados sostiene a la participación en el mercado laboral —y no al revés—. Con este nuevo ímpetu, el enfoque se desplazó de la conciliación (donde el problema recae en los individuos) hacia la corresponsabilidad (donde el problema se entiende como público).
Fue así que, la omisión de los cuidados como tema central comenzó a revertirse en 2024 con la Resolución relativa al trabajo decente y la economía del cuidado, que puso de relieve los vínculos esenciales entre la economía de los cuidados, la igualdad de género, el trabajo decente, el desarrollo sostenible y la justicia social.
Sin embargo, participar en el mercado laboral sigue siendo una fuente de sobrecarga para muchas mujeres, y uno de los principales factores que limitan la provisión de cuidados necesarios para el bienestar de la población. Esta tensión se agudiza en un contexto de transformaciones rápidas y profundas en el mundo del trabajo que impactan especialmente a las nuevas generaciones: la inestabilidad del empleo, la informalidad, las pensiones individualizadas, el auge de la economía de plataformas y la expansión de esquemas de trabajo fragmentado. Todo ello sin que las instituciones hayan logrado responder con la rapidez y la contundencia necesarias para proteger los derechos laborales y asegurar el trabajo decente.
No se trata de un fenómeno marginal. Las dificultades para conciliar trabajo y cuidado tienen impactos estructurales que trascienden el ámbito laboral: afectan el bienestar individual, las relaciones familiares y los proyectos de vida, por mencionar solo algunos. Actualmente, se estudia incluso su conexión con fenómenos demográficos como el acelerado descenso de la natalidad que experimenta el país desde hace una década, lo cual plantea desafíos inéditos a nivel poblacional.
Nacimientos registrados en México de 2003 a 2023. Fuente: INEGI
Ante este panorama, las propuestas de los estudios y movimientos feministas cobran una vigencia ineludible. Colocar la vida en el centro de las políticas públicas, revisar las normas y relaciones laborales desde la perspectiva del cuidado y redistribuir este trabajo de forma más equitativa —entre familias, Estado, mercado y comunidad— puede abrir la puerta a transformaciones profundas que mejoren la calidad de vida, la equidad social y la salud económica más allá de la productividad.
Es fundamental reconocer que las políticas que se implementen a través del mercado laboral tendrán un alcance amplio en la población en su conjunto, por lo que constituyen una vía estratégica para avanzar en esta agenda. Revisar las normativas, dinámicas y relaciones de trabajo colocando la vida y el bienestar de la población al centro puede convertirse en el motor de cambios transformadores que mejoren la vida de las personas trabajadoras, de sus familias y, en consecuencia, de la población en su conjunto, así como influir positivamente en la calidad de los empleos y en la economía nacional. La participación en el mercado laboral debería de potenciar el bienestar y la provisión de cuidados, pero en la actualidad representa uno de los principales obstáculos.
Las transformaciones profundas que se requieren —a nivel social, económico y laboral— demandan acuerdos amplios, en línea con el espíritu del tripartismo basado en el diálogo social entre el sector empleador, el sector sindical y el sector del gobierno. La magnitud del reto es tal que los esfuerzos aislados de cada sector no serán suficientes. Pero, desde una mirada optimista, las oportunidades para la corresponsabilidad entre sectores son numerosas.
En México, la democracia sindical ha tenido avances significativos en los últimos años, lo cual puede ser un factor crucial para impulsar cambios desde el sector trabajador. Las mujeres trabajadoras necesitan ocupar puestos de decisión dentro de los sindicatos para que sus experiencias, conocimientos y necesidades se reflejen en los procesos de negociación colectiva y permeen la cultura sindical en su conjunto. De este modo, las negociaciones colectivas podrán incorporar dimensiones relacionadas con el cuidado: desde los horarios laborales hasta el uso de las cuotas sindicales para apoyar soluciones comunitarias.
El sector empleador, por su parte, ha demostrado iniciativa en la implementación de políticas de cuidados, tanto por la importancia del tema como por los beneficios que puede generar. La experiencia ha demostrado que las políticas laborales de cuidados pueden incrementar la satisfacción con el empleo, reducir la rotación de personal y la pérdida de talento y/o capacidad instalada, promover culturas organizacionales más saludables e incluso aumentar la productividad. No debe perderse de vista que el trabajo no remunerado de cuidados —en su mayoría realizado por mujeres— ha funcionado como un subsidio invisible que permite al sector empleador reducir los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, que forman parte esencial de sus operaciones aunque rara vez se contabilicen. Este arreglo insostenible está generando problemas importantes para las personas empleadoras que buscan conformar equipos de trabajo de calidad en todos los niveles de la producción.
A su vez, el gobierno actual ha colocado a las mujeres, los cuidados y el bienestar en el centro de la política pública. Este giro es especialmente significativo para avanzar en los derechos de las mujeres, ya que la sobrecarga de responsabilidades y tareas de cuidados no remunerados constituye, junto con la violencia, uno de los nudos estructurales que impide alcanzar la igualdad sustantiva. La construcción progresiva de un sistema nacional de cuidados representa un cambio revolucionario en la concepción del Estado como agente corresponsable, con capacidad de intervenir mediante servicios, transferencias directas y políticas de licencias y permisos.
La participación activa de los tres sectores —trabajador, empleador y gobierno— puede abrir la puerta a alianzas tripartitas para desarrollar nuevas iniciativas de cuidados a nivel local, adaptadas a las necesidades concretas de quienes cuidan y de quienes requieren cuidados. Para aliviar efectivamente la carga de sostener la vida, los cuidados deben ser locales, accesibles y culturalmente pertinentes. Las alianzas de este tipo son un recurso invaluable para diseñar soluciones innovadoras y a la medida. Por ejemplo, los servicios de cuidados promovidos y parcialmente financiados por los sindicatos, instalados en espacios de las empresas y cofinanciadas por la empresa, con equipamiento o mantenimiento a cargo de recursos públicos (como los presupuestos participativos) constituyen una forma concreta de colaboración tripartita.
El diálogo social y la negociación colectiva serán fundamentales para imaginar, diseñar, pilotear e implementar nuevas formas de coloca los cuidados al centro del mundo del trabajo, de modo que el empleo se convierta en un facilitador del bienestar y no en un obstáculo para la sostenibilidad de la vida y la reproducción social.
Los retos siguen siendo muchos, pero las soluciones se vuelven más accesibles cuando se abordan de forma colectiva. Uno de los desafíos más apremiantes es la provisión de cuidados en las zonas rurales, donde predominan la informalidad y la escasez de servicios públicos, y donde la diversidad cultural de México exige estrategias que no respondan únicamente a una lógica urbana y mestiza. Involucrar a las cadenas de valor, fortalecer la organización comunitaria y a los gobiernos municipales podría abrir el camino a nuevas formas de corresponsabilidad en los cuidados que aún están por imaginarse.
Sin embargo, existen herramientas normativas que pueden dar sustento a los cambios necesarios en el mundo del trabajo para enfrentar un entorno global cada vez más desafiante. El Convenio 156 sobre personas trabajadoras con responsabilidades familiares es una de ellas. La Recomendación 165 que lo complementa ofrece un marco todavía más amplio. Entre otras consideraciones, establece que:
[…] las autoridades competentes, con la colaboración de las organizaciones públicas y privadas interesadas — y en especial de las organizaciones de empleadores y de trabajadores —, y con arreglo a los recursos de que dispongan para reunir datos, deberían tomar las medidas necesarias y oportunas para: […] determinar, mediante encuestas sistemáticas llevadas a cabo particularmente en las comunidades locales, las necesidades y preferencias en materia de servicios y medios de asistencia a la infancia y de ayuda familiar.
Estos marcos normativos, aunque poco conocidos, ofrecen una base sólida para transformar el mundo del trabajo desde una perspectiva de cuidados. Implementarlos de forma efectiva requiere voluntad política, diálogo social y cooperación sostenida entre los actores clave. El desafío consiste en traducir estos compromisos internacionales en políticas concretas, presupuestos adecuados y servicios accesibles para toda la población.
La OIT puede ser el espacio privilegiado de diálogo para plantear transformaciones cruciales para la vida social: ¿Queremos que el Estado asuma el cuidado como una de sus funciones centrales? ¿Queremos que el trabajo remunerado ocupe progresivamente menos espacio en nuestras vidas e identidades?
Reformular el lugar del cuidado en nuestras economías y sociedades implica imaginar un nuevo pacto social basado en la corresponsabilidad. La plataforma de diálogo tripartito que constituye el centro de la OIT puede tener un papel estratégico en esta transformación. Fortalecer la capacidad para promover políticas de cuidado y trabajo decente no solo será crucial para la igualdad de género, sino también para garantizar que el trabajo del futuro sea compatible con la vida que queremos sostener.
