Ha corrido mucha agua bajo los puentes desde que empezó a hablarse de opinión pública (y en general de lo público) en tiempos del primer liberalismo y la Ilustración (Locke y ese peculiar moderno que fue Rousseau) y, sobre todo, en las discusiones de la filosofía política decimonónica (Stuart Mill y Tocqueville). En su Historia y crítica de la opinión pública (1961), Habermas ofrece un recorrido que va desde la formación de un público moderno de ciudadanos propietarios e instruidos en el siglo XIX, pasando por la “invasión plebeya” de las masas desposeídas e iletradas que pusieron en entredicho a la “publicidad burguesa” (en realidad, dice George Steiner de En el castillo de Barbazul, lo que hicieron fue poner al desnudo el “mito liberal” de una sociedad ordenada y armoniosa desde el fin de las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial), arribando a la sociedad de masas y la sustitución del ciudadano por el consumidor (en el otro extremo del espectro ideológico, habrá que recordar al Schumpetter de Capitalismo, socialismo y democracia —1942— y su noción de mercado político).
De aquí, en aquellos años, el entonces joven filósofo alemán apostó por la apertura de canales de participación de sujetos organizados en partidos y corporaciones; esto, en el Estado social consolidado en la inmediata posguerra. Su apuesta era por una reconstitución de la esfera de lo público —insisto, en aquellos años— fraguada en la representación de intereses que atendieran a racionalidades sustantivas, es decir, a las demandas de actores colectivos no considerados en la negociación política. A estas alturas, sabemos que no ocurrió así. En cualquier caso, el corporativismo social (el gran tema de Schmitter en su ensayo “¿Continúa el siglo del corporativismo?” de 1974), permitió abrigar expectativas de un arreglo democrático distinto del liberal, pero con un sentido, como en la propuesta clásica de Durkheim, estrictamente funcional.
Y en este punto aparece la pregunta: tanto si responde a un orden liberal como a uno corporativo, ¿puede la Opinión Pública definirse con mayúsculas y en singular? He aquí un problema que, por cierto, nos atañe en el Presente y en todos lados, y desde luego que México no es la excepción. Cuando las y los estudiosos hablan de algunos aspectos de la opinión pública en nuestro país durante el período del llamado tránsito democrático, ¿a qué se están refiriendo? Se dice, por ejemplo, que entre los ochenta del siglo pasado y principios del actual se consolidó un “consenso liberal”. Me parece que esto puede ser o no cierto, dependiendo del significado que atribuyamos al vocablo. Si entendemos por opinión pública las postulaciones hechas por una minoría letrada y hegemónica, tendríamos que contestar afirmativamente, pero si le damos un mayor alcance, las cosas no estarán tan claras.
Ahora mismo, encontramos aquí una diferencia entre las generaciones jóvenes de estudiosos (digamos, la mayoría de autores que colaboraron en el número de la revista nexos con el rótulo de Réquiem por la transición democrática de julio de 2025) y las de quienes formaron parte de los debates de los ochenta hasta las primeras dos décadas de la centuria en curso, artífices, en mayor o menor medida, de ese régimen y sus instituciones. Y aunque pareciera un mero ejercicio de urbanidad teórica o historiográfica, este es, me parece, un asunto crucial en los días que corren, ya con el llamado régimen de la 4T instalado en el poder y avanzando a contrapelo de lo que quedó pendiente en el tiempo de la transición: la verdadera división de poderes, el federalismo, la auténtica independencia de los organismos autónomos y, muy particularmente, la ampliación de la participación y capacidad de expresión de los sujetos de la vida social (desde los de carácter identitario hasta los que antes se agruparon —mediatizadamente, no hay que dejar de decirlo— en las grandes centrales corporativas del Estado de la Revolución).
La transición ocurrió, sin duda, empezando por la garantía de elecciones en las que el voto, como se decía, contara y se contara, siguiendo con la consecuente posibilidad de la alternancia y, además, con el florecimiento de una prensa libre, aunque con las cortapisas de su sujeción financiera al dinero público. Sin embargo, dar por sentado que durante ese período se ensanchó la esfera de lo público, eso es más complicado. Más bien, fue el fortalecimiento de una opinión letrada e influyente, esta sí doctrinariamente liberal, la que ciñó el espacio y frustró, en los hechos, la posibilidad de que otras voces se hicieran escuchar.
Quienes formaron el llamado “consenso liberal” fueron una clase política maleable y movediza, por un lado, y una vanguardia intelectual y periodística que, mientras encomiaba la democracia liberal, no tocaba ni con el pétalo de una rosa el despliegue sin freno de la globalización, la apertura indiscriminada de fronteras comerciales, la mal denominada “flexibilización laboral”, el extractivismo a costa de las comunidades, el daño ambiental y, sobre todo, la exclusión realmente vivida y la violencia enseñoreada a lo largo y ancho del país. Y sí, esas oligarquías partidistas y esas minorías ilustradas, vieron impávidas también los impactos del neoliberalismo en la política y el gobierno: la tecnocracia al mando, la fría legitimidad de las certificaciones y condicionamientos de los grandes consorcios financieros, el adelgazamiento del flanco social del Estado, de la seguridad y la infraestructura de servicios.
Por lo demás —fuera de las elecciones, la competencia electoral y la alternancia, que no son poca cosa, pero no bastan—, los propios postulados liberales constituyentes de ese “consenso”, tuvieron una implantación más bien débil: las mayorías legislativas siguieron estando al servicio del Ejecutivo en turno (salvo algunas ocasiones excepcionales), los magistrados de la nación y fiscales de la república eran (como lo siguen siendo) palomeados en Los Pinos (ahora en Palacio Nacional), los flamantes organismos autónomos eran, en un buen número de casos, dependientes de poderes fácticos privados, para mencionar algunos.
Se trató de una opinión ilustrada, digo, y selectiva en sus énfasis y prioridades. Por ello, entre otras cosas, un 84 por ciento de la otra opinión, la opinión social que no tenía vías de acceso al debate y la toma de decisiones, es decir, la opinión que no entraba en el juego de lo “público”, se declarará, de acuerdo con Latinobarómetro (y, ojo, esta medición es de noviembre de 2018), abiertamente insatisfecha con la democracia en un México con un 44 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza.
En su libro Cartas a una joven desencantada con la democracia (2017), José Woldenberg advertía: “Ojalá ese malestar en la democracia no se convierta en un malestar con la democracia, pues entonces estaríamos en problemas mayores”. Precisamente en un artículo de esas fechas, “Woldenberg ante el desencanto” (publicado en el blog “Asidero”, edición digital de nexos, 11 de octubre de 2017), Luis Bugarini señalaba la pertinencia de avanzar en la hibridación de la experiencia democrática electoral con otras que tienen también su andadura histórica, doctrinaria y teórica, acaso de corte socialdemócrata. Ahí, en ese recorrido, tendría que entrar el ensanchamiento de la esfera de lo público.
Hay que estar con la democracia, siempre imperfecta, y por eso hay que intentar perfeccionarla, pero hay que incorporarle, quizá, otros elementos en los que el actual régimen no tiene el menor interés. Como aquel Buzz del mainstream gringo, acaso debamos ir hasta la democracia y más allá.
