A lo largo de la historia, el trabajo de cuidados —es decir, las actividades necesarias para garantizar el bienestar de las personas desde la infancia hasta la vejez— ha sido invisibilizado y asignado casi exclusivamente a las mujeres en el ámbito doméstico. Esta situación ha perpetuado desigualdades de género, limitando su acceso a derechos como la educación, el trabajo remunerado y la participación política. Asimismo, ha profundizado desigualdades socioeconómicas, ya que en muchas ocasiones solo quienes pueden pagar servicios de cuidado de calidad logran acceder a ellos.
Como respuesta a este problema en América Latina han surgido diferentes alternativas desde muy diversos espacios. Movimientos feministas, academia, sociedad civil, organismos internacionales e instancias gubernamentales han logrado colocar en el centro de la discusión pública la necesidad de redistribuir el trabajo de cuidados, entre hombres y mujeres, pero también entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias. Un ejemplo de lo anterior son los sistemas de cuidado. Una alternativa de política para atender a poblaciones específicas, sin limitarse a ello, que requieren de cuidados —infancias, personas mayores y personas con discapacidad—, y también a quienes cuidan.
México no ha sido ajeno a esta discusión. Desde 2020 en el Congreso mexicano se han propuesto, y en algunos casos aprobado reformas que guardan relación con el reconocimiento del derecho al cuidado y la implementación de un sistema de cuidados en el país. En Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México ya operan políticas locales en la materia que representan un precedente relevante para tomar decisiones a nivel nacional. El hecho más reciente relacionado al tema ocurrió el 26 de junio de 2024 cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, durante un encuentro de mujeres, anunció la creación de un Sistema Nacional de Cuidados.
A propósito de este preámbulo, resulta oportuno precisar en las siguientes páginas qué es un sistema de cuidados, discutir cuáles son los elementos que lo conforman, así como los desafíos que podría enfrentar su implementación a nivel nacional en México.
¿Qué es un sistema de cuidados?
Todas las personas, en alguna etapa de nuestras vidas, necesitamos de cuidados. Cuidar hace referencia a todas aquellas actividades como alimentar, asear, acompañar, educar, brindar afecto, procurar salud y atender a quienes, por edad, enfermedad o discapacidad, requieren apoyo para realizar sus actividades diarias. Implica realizar un trabajo sin el cual, la reproducción humana no es posible. De ahí la importancia de implementar políticas que lo consideren parte de la protección social que un Estado debe otorgar para garantizar bienestar a su ciudadanía.
Un sistema de cuidados puede describirse como un conjunto de programas, servicios, infraestructuras, normas y acciones coordinadas desde el Estado con la finalidad de cambiar la organización social de la responsabilidad de cuidar y proteger los derechos de quienes reciben y brindan cuidados. Bango y Cossani (2021) destacan que su finalidad es “construir una nueva organización social de los cuidados” a través de su redistribución y la provisión de servicios de calidad. Para lo cual, definen como indispensable un modelo de gobernanza que garantice la coordinación efectiva entre distintos niveles e instituciones de un gobierno.
Además de las características ya mencionadas, de acuerdo con la definición de Bango y Cossani (2021) el diseño de un sistema de cuidados debe considerar cinco principios: reconocimiento del cuidado como un derecho al que todas las personas deben acceder en condiciones dignas; corresponsabilidad entre hombres y mujeres y, entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias para cuidar; universalidad en el acceso a servicios de calidad; promoción de la autonomía de las personas que requieren cuidados y financiamiento solidario para que el acceso a servicios de calidad no dependa de la capacidad de pago de las personas.
Hay un elemento que distingue a los sistemas de cuidados de otras alternativas de política. Este es la consideración de cuatro componentes sin los cuales, los objetivos planteados anteriormente difícilmente podrían lograrse:
- Marcos normativos en donde se plasmen de manera clara las responsabilidades de los actores e instituciones involucradas en la implementación del sistema.
- La profesionalización del trabajo de cuidados para garantizar condiciones laborales dignas a quienes se dedican a él.
- La generación de información que permitan saber de manera oportuna cuáles son las necesidades de las poblaciones que requieren de cuidados y el impacto real de los servicios y programas otorgados.
- La implementación de campañas culturales para sensibilizar a las personas sobre la importancia de la redistribución del trabajo de cuidados.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la construcción de un sistema de cuidados en México?
La discusión en torno al reconocimiento, redistribución y valorización del trabajo de cuidados no es un tema reciente en México. Desde hace varios años, distintos espacios académicos, legislativos y de la sociedad civil han abordado y explorado diversas alternativas para su atención. Sin embargo, adquirió una visibilidad diferente durante el proceso electoral de 2024, cuando las y los candidatos a la presidencia y al gobierno de la Ciudad de México incorporaron propuestas relacionadas al tema en sus plataformas de campaña. Y se intensificó aún más tras la elección de Claudia Sheinbaum como presienta de la República, quien recientemente anunció su intención de crear un Sistema Nacional de Cuidados.
En este contexto, y considerando los elementos que definen a un sistema de cuidados —entre ellos, la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias; la articulación institucional; y la equidad de género— resulta pertinente reflexionar sobre la viabilidad de su construcción en México, así como identificar los principales desafíos que podría enfrentar su implementación.
El primer desafío es evitar la confusión entre la implementación de un sistema y el aumento en la oferta estatal de servicios y programas de cuidado. Como describo en el apartado anterior, los servicios y programas constituyen solo uno de los cinco componentes que integran un sistema de cuidados. Si bien su ampliación es deseable, asumir que esta medida, por sí sola, reducirá las desigualdades de género en la organización social del cuidado resulta limitado. Para alcanzar dicho objetivo, es indispensable avanzar de manera simultánea en los demás componentes: el fortalecimiento de los marcos normativos, la profesionalización del trabajo de cuidados, la producción de información y la implementación de campañas culturales orientadas a la sensibilización sobre desigualdades de género.
El segundo desafío se relaciona con la necesidad de diversificar las alternativas de servicios y programas. Si bien las experiencias locales en México se han focalizado en transferencias monetarias, centros de cuidado infantil y estancias para personas mayores; las experiencias a nivel regional demuestran que las posibilidades son más amplias. Por ejemplo, los servicios de asistencia para personas con discapacidad, los esquemas de atención domiciliaria, las políticas de tiempo5, y las regulaciones laborales y de seguridad social6 para conciliar la vida laboral y familiar. Responder a las diferentes necesidades de las personas que requieren cuidados demanda una oferta flexible y adecuada a los contextos territoriales y demográficos del país. De ahí la importancia de ampliar las alternativas.
El tercer desafío es la fragmentación institucional. Hoy en día, tanto las políticas como la información relacionada con el cuidado, están dispersas entre distintas dependencias y niveles de gobierno, lo que limita el impacto positivo de los esfuerzos ya existentes. Si la apuesta es la creación de un sistema a nivel nacional, una estrategia de coordinación interinstitucional e intergubernamental, que permita integrar esfuerzos, recursos y saberes, es indispensable. Esta estrategia, debe establecer con claridad las competencias de cada actor e institución, definir mecanismos efectivos de cooperación y fomentar la adopción de marcos normativos armonizados que sustenten la implementación del sistema. Una articulación sólida permitirá optimizar el uso de los recursos públicos, evitar duplicidades en la ejecución de tareas y particularmente, diseñar políticas a partir de la corresponsabilidad, uno de los principios rectores en la construcción de un sistema de cuidados.
El cuarto desafío para la construcción de un sistema nacional de cuidados es garantizar, desde el diseño de la política, que la perspectiva de género sea aplicada de manera adecuada y no se reduzca únicamente a la atención de mujeres que cuidan. Si bien es cierto que históricamente somos quienes realizamos la mayor parte del trabajo de cuidados, el objetivo del sistema debe ser transformar esa realidad, no reforzarla. En este sentido, el sistema no debe limitarse a una política compensatoria para las mujeres, o a una recompensa por cuidar. Por el contrario, debe constituirse como una herramienta del Estado —en coordinación con otros actores— que promueva activamente la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Sólo de esta manera el cuidado dejará de ser una carga individual para reconocerse como una responsabilidad colectiva y valorada socialmente.
Finalmente, el quinto desafío es garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios requiere recursos públicos suficientes, especialmente considerando la diversidad de poblaciones involucradas: infancias, personas mayores, personas con discapacidad y quienes brindan cuidados. Para que el acceso sea equitativo, el financiamiento debe basarse en el principio de solidaridad, evitando que dependa de la capacidad económica individual. En este sentido, una reforma fiscal resulta indispensable. Así como se propone redistribuir el trabajo de cuidados, también es necesario redistribuir los recursos que lo financian. Este último punto no es cosa menor, la experiencia de países como Uruguay7 demuestra que una reforma fiscal puede ser la base para logar cambios más significativos en otras áreas de gobierno como la política social.
Conclusiones
La construcción de un Sistema Nacional de Cuidados en México representa una oportunidad significativa para transformar profundamente la forma en que se reconoce, valora y distribuye el trabajo de cuidados en el país. Aunque el tema ha ganado un lugar cada vez más visible en la agenda pública —especialmente a partir del proceso electoral de 2024 y el reciente anuncio de la presidenta—, consolidar una política nacional en la materia demanda prestar atención a una serie de desafíos conceptuales, institucionales y financieros. Solo así será posible garantizar que este esfuerzo contribuya de manera efectiva a reducir desigualdades de género y a asegurar condiciones de vida dignas para quienes cuidan y quienes requieren cuidados.
En este sentido, es importante resaltar que la implementación de un sistema a nivel nacional no es una opción que se limite a ofrecer atención a poblaciones específicas —como las infancias, las personas mayores o las personas con discapacidad— por el contrario, implica adoptar una visión estructural que reconoce el cuidado como un derecho humano, una necesidad social universal y una responsabilidad colectiva. Este enfoque es el que permite reorganizar las responsabilidades del cuidado entre el Estado, el mercado, las comunidades y las familias, y redistribuirlas equitativamente entre hombres y mujeres.
Para lograrlo, es indispensable que el sistema se fundamente en marcos normativos sólidos, que profesionalice a quienes se dedican al cuidado, que genere información pertinente para la toma de decisiones, y que implemente estrategias culturales de sensibilización sobre la importancia de redistribuir el cuidado como un bien público. Estos componentes deben ser concebidos no como acciones adicionales, sino como condiciones necesarias para garantizar la efectividad y sostenibilidad del sistema.
Como mencioné a lo largo del texto, los desafíos para la implementación de un sistema de cuidados a nivel nacional son varios. Diversificar las alternativas para garantizar el derecho al cuidado; ampliar la oferta de modalidades de atención —como servicios comunitarios, esquemas domiciliarios, regulaciones laborales y políticas de conciliación— y asegurar su accesibilidad y calidad; procurar una articulación institucional robusta, capaz de coordinar a los diferentes niveles y sectores de gobierno, y una reforma fiscal que garantice los recursos necesarios para sostener una política de esta magnitud.
Sin embargo, esto no quiere decir que su implementación sea imposible. El reto es grande, sobre todo si se piensa a nivel nacional, ya que implica considerar las profundas desigualdades sociales y territoriales que caracterizan al país. En este sentido, resulta útil considerar los esfuerzos que ya se están llevando a cabo en distintas entidades y municipios. Las experiencias locales no sólo demuestran que es posible avanzar en la reorganización social del cuidado, sino que ofrecen aprendizajes valiosos para el diseño de una política nacional. Fortalecer estos procesos desde el ámbito local es una vía efectiva para sentar las bases de un sistema más amplio, efectivo y sostenible.
